Entrevista “Padres de familia de comunidades rurales desconocen sobre trata de personas”

Martha del Castillo, Coordinadora de Proyectos de CEDISA.

1. ¿Qué es el padrinazgo y qué lo caracteriza?
El padrinazgo en su concepción más amplia, refiere a que los padrinos son los que hacen las veces de los padres cuando éstos faltan. Entonces, se responsabilizan de la educación, de la salud y de la alimentación del ahijado o ahijada. Pero, en estos últimos tiempos se ha empleado este concepto para hacer referencia a apadrinamiento de obras, de cosas, incluso de animales y de plantas. El concepto se ha ampliado un poco más, pero en su sentido más puro es el de apadrinar a personas.
2. Con respecto a los padres de familia de comunidades rurales que practican el padrinazgo, ¿considera usted de que en su mayoría son conscientes de que sus hijos podrían ser víctimas de redes de tratantes?
Si hablamos de comunidades indígenas y rurales de la selva, la gran mayoría de padres y madres ni siquiera conocen el tema de la trata de personas, por lo tanto, no ven absolutamente ningún peligro o riesgo en buscar padrinos. Generalmente, la gente del campo suele buscar padrinos que sean personas de confianza para ellos o personas que tienen cierta posición económica, o que tienen algún cargo importante en el Estado o fuera de él, pero que viven en la ciudad. Por lo general, los padrinos son gente que vive en la ciudad.
3. ¿Cuáles son los factores socioeconómicos que enmarcan la práctica del padrinazgo en comunidades rurales? ¿Qué factores posibilitan que esta práctica cultural sea utilizada como mecanismo de captación por redes de tratantes de personas?
No podríamos decir que haya un solo factor, como el económico, sino que hay una mezcla de todo. La gente del campo que suele buscar padrinos en gente de la ciudad, lo ve más como una costumbre o tradición. No es que la gente del campo esté esperando que los padrinos se hagan cargo del ahijado, sino que es parte de una costumbre, es más como tener un personaje de la ciudad como un “compadre”, es más como un privilegio. La gente del campo lo ve y siente así, no es porque estén pensando en que si no tienen dinero, van a entregar a sus hijos. Si eso se presenta a lo largo de todo un proceso y de toda una vida, y con la confianza que logran tener en sus compadres, puede que se dé esta otra figura de encargarlo al padrino o a la madrina. Para la gente de la ciudad, ahí es donde hay el aprovechamiento, no todos los padrinos o madrinas asumen la responsabilidad de este padrinazgo como tiene que ser, como la responsabilidad de hacerse cargo del ahijado o ahijada (no solo en el aspecto económico, sino con consejos, con orientaciones y con información). No todos los padrinos asumen esta responsabilidad. Y en muchos de los casos, este padrinazgo se aprovecha para poder desarrollar actividades ilícitas como la trata de personas. Los tratantes se aprovechan de la buena fe y de la confianza de las familias del campo.
4. ¿Cuál es la diferenciación que existe en la práctica de padrinazgo entre las diversas comunidades rurales en el Perú? 
Diría que en el fondo no hay una diferenciación marcada porque todo se basa en relaciones de confianza. El padrinazgo se basa en relaciones de confianza y en relaciones de cariño que se van profundizando a lo largo del tiempo. Creo que en ese sentido, sin conocer el padrinazgo en otras partes del país, yo me atrevería a decir que lo origina ese sentimiento de confianza y cariño por parte de los que buscan el padrinazgo. Lo que se tiene conocimiento por información general y por datos estadísticos, es que el tema de la trata de personas está concentrado más en aquellas ciudades donde hay muchísimo movimiento económico, por ejemplo, en Madre de Dios, donde hay minería y un desorden en la legalidad de las actividades productivas. En el Cusco también tengo entendido que los porcentajes de trata de personas con finalidad de explotación sexual son altos. San Martín, desde hace muchos años, viene siendo considerada una zona de paso para los tratantes de personas. Hace unos años, en un proyecto sobre este tema, fuimos testigos de que en Yurimaguas, cada vez con mayor frecuencia, hay chicas de comunidades indígenas que son captadas con engaños, son traídas a Tarapoto donde pernoctan y luego son llevadas a otros lugares de destino.  Generalmente, Tarapoto es un lugar de paso, pero no quiero decir que sea exclusivamente así, también hay chicas que han sido captadas en otros lados, vienen y son explotadas aquí. Es un flujo bastante dinámico que se da en este tema de la trata de personas, solo que no es visible, y creo que hasta ahora las autoridades no tienen una forma de registrar y controlar todavía esto.
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Editorial N° 201: ENTREGA DE HIJOS A “PADRINOS” PONE A NIÑOS EN RIESGO DE TRATA DE PERSONAS

Con la esperanza de brindarles mejor educación y acceso a necesidades básicas miles de padres entregan a sus hijos para que vivan con otras personas. Trasladar el cuidado y protección de hijas e hijos a otras personas o familias es una práctica frecuente y aceptada en muchas zonas de nuestro país. El deseo de brindar nuevas oportunidades a sus descendientes, pero también el reconocimiento de la falta de capacidad para hacer frente a las responsabilidades de ser padres, impulsa a miles de personas a entregarlos a alguien a quien consideran honesto y comprometido con el buen desarrollo de los niños.
Esta tradición se basa en la práctica social del padrinazgo, costumbre legítima basada en el principio de la solidaridad social, que  no solo creaba lazos de compadrazgo entre los padres y los padrinos, sino entre los propios ahijados, quienes, al compartir un mismo padrino, se consideraban hermanos de pila, [es más] los padrinos suelen ocupar un estrato social y tener una capacidad económica más alta, y, precisamente por ello, las familias los eligen como compadres: piensan en la posibilidad de que, llegado un momento de dificultad, serán ellos quienes podrán auxiliarlos o hacerse cargo de uno o más hijos de la familia, ayudarlos con su educación o encontrarles un trabajo.
Lamentablemente, esta solidaria forma de relaciones humanas ha sido aprovechada por los tratantes de personas para captar fácilmente a víctimas menores de edad, generando vínculos falsos de confianza con las familias, lo que les permiten fungir como supuestos padrinos o compadres para sacar de sus hogares o comunidades de origen a las nuevas víctimas de explotación.
De acuerdo al Ministerio Público, el padrinazgo es una modalidad de captación recurrente en comunidades andinas y amazónicas. Al 2014 se registraron 30 casos de víctimas de trata de personas captadas de esta manera. Además, los tipos de explotación en los que terminan cayendo las víctimas son generalmente son servidumbre en el servicio doméstico, mendicidad, explotación laboral, explotación sexual, entre otros.
Unas de las principales conclusiones del estudio sobre rutas de la trata de personas fue que se evidenció el alto nivel de desconocimiento tanto del delito como de los derechos de ellos mismos así como de los niños y adolescentes. Si consideramos que el padrinazgo es una costumbre de comunidades donde la información que previene la captación no llega y donde no se conocen los derechos inherentes a cada uno, estamos frente a una condición de total vulnerabilidad de estas familias siendo los niños los más expuestos a ser víctimas de tratantes de personas.
Sobre esto, si bien el IV Informe Alternativo señala que el Estado concentró sus esfuerzos en la prevención, éste esfuerzo solo llegó a un total de 1 millón 28 mil personas informadas que, por equivalencia, representa a la población del Callao en comparación a los 31 millones de habitantes que hay en el Perú; se puede decir que solo el 3.3% de los peruanos fue informado. Si tomamos en cuenta que el padrinazgo es una costumbre de comunidades donde la información que previene la captación no llega y donde no se conocen los derechos inherentes a cada uno, estamos frente a una condición de total vulnerabilidad de estas familias siendo los niños los más expuestos a ser víctimas de tratantes de personas.
Consideramos que una labor de prevención sostenida que involucre a la escuela y otros espacios de la comunidad,  permitirá evitar que más  niñas, niños y adolescentes caigan en esta modalidad de trata. Labor importante cumple en este aspecto  las radios  distritales y comunales por cuanto pueden generar debate y conocimiento sobre el delito y sus formas de prevenirlo; y otros espacios a los que recurre la población de las comunidades más alejadas como las oficinas derivadas del Ministerio Público, Ministerio de la Mujer y Ministerio de Salud.
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Entrevista “El Estado debe llegar antes de que el delito se cometa”

Dr. Godofredo Miguel Huerta Barrón, Director General de Seguridad Democrática Ministerio del Interior.

1. ¿Cuáles son las acciones que se vienen desarrollando para la elaboración del PNAT 2017 – 2021 y para cuándo se estima que se tendría finalizado?
La elaboración del nuevo Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2017 – 2021 inició en febrero de este año y cuenta con cinco fases o etapas. Una fase inicial de evaluación participativa del Plan 2011-2016 donde se buscó realizar un análisis y valoración conjunta de su pertinencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad, a fin de obtener insumos y lecciones aprendidas para la elaboración del nuevo Plan Nacional. Para ello se llevó a cabo un taller en febrero de este año donde se contó con la participación de los integrantes de la Comisión Multisectorial, actores de la sociedad civil y de organismos internacionales.
Una segunda fase de análisis prospectivo, se llevó a cabo de marzo a junio y comprendió la revisión y análisis de los principales documentos disponibles sobre la política pública sobre trata de personas, estudios e informes internacionales, e informes de avances de cumplimiento del Plan 2011-2016. Esta segunda fase también comprendió un análisis de la situación de la trata de personas en el país con expertos. A partir de este recojo de información, se elaboró una propuesta de marco conceptual del nuevo Plan Nacional, el cual fue luego revisado por los diversos actores en dos talleres de validación. Actualmente, la versión final de este documento se está validando por los miembros de la Comisión Multisectorial.
Ahora bien, durante el mes de junio, se tomó la decisión de iniciar el proceso de elaboración del Diagnóstico situacional sobre la trata de personas en el Perú, con el objetivo de contar con información sobre las dinámicas en torno al fenómeno, magnitud de la trata de personas por Regiones, perfiles de los agentes criminales y de las víctimas a nivel nacional y regional, entre otros, cuyas conclusiones permitieran continuar con el proceso de elaboración del PNAT 2017 – 2021.
En este sentido, durante el mes de setiembre se establecieron reuniones con el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), con el objetivo de presentar los avances en la elaboración del nuevo Plan 2017 – 2021, así como los problemas identificados en el proceso de diseño ante la falta de información. Asimismo, se evaluaron las alternativas metodológicas para continuar con la elaboración del Plan.
Así, se han realizado en el mes de diciembre los talleres de construcción de la visión del nuevo Plan Nacional, así como sus lineamientos y objetivos estratégicos. Cabe resaltar que se apuesta por un proceso participativo, donde se involucre a la mayor cantidad de actores posibles, incluyendo representantes de las ONGs con experiencia en el tema de trata de personas y actores de la cooperación internacional y la academia.
 Con el trabajo realizado durante estas reuniones, se ha iniciado la elaboración de la propuesta del nuevo Plan 2017-2021, especialmente las metas, actividades e indicadores. Se espera poder contar con un documento para febrero del 2017, a partir del cual se dará un proceso de validación a nivel de Comisión Multisectorial y redes regionales. Este proceso culminará con una validación oficial del PNAT 2017-2021 para su derivación a Presidencia de Consejo de Ministros para su aprobación correspondiente.
2. Teniendo en cuenta el balance de la ejecución del PNAT 2011-2016, ¿cuáles son los cambios o aspectos más importantes que se deben considerar en el nuevo PNAT?
El Plan, a diferencia de su predecesor, se construye en el marco de un proceso de consolidación de la política pública de lucha contra la trata de personas en el país. Los diversos sectores cuentan con mayor experiencia en la materia, con lecciones aprendidas, con normativa e institucionalidad que, aunque perfectible, brinda un sistema de soporte a lo que serán las futuras acciones y actividades a realizar como parte del nuevo plan. En ese sentido, esperamos que este nuevo Plan pueda incidir de mayor y mejor manera en la realidad del delito a nivel nacional.
La construcción de este instrumento parte de la constatación de que el foco de atención de los esfuerzos del Estado y estoy seguro también aquellos de la sociedad civil y las organizaciones internacionales- es la víctima y la población en situación de riesgo de trata de personas. Este debe ser el principio orientador de todo el documento, desde las secciones más generales, hasta las actividades e indicadores específicos. En el nuevo Plan Nacional, toda acción del Estado debe buscar la construcción de un entorno seguro que evite la aparición de nuevas víctimas, así como procesos de protección y restitución de derechos para aquellas personas que ya han pasado por un proceso de trata y se encuentran en una etapa de reintegración a la sociedad y re-construcción de su proyecto de vida. Creo que este enfoque, si bien ya presente en el Plan 2011-2016 y en las nuevas herramientas normativas, entra con mucha más fuerza en el Plan 2017-2021.
En cuanto a los ejes específicos, considero que la mayor apuesta es por una prevención adecuada. El Estado debe llegar antes de que el delito se cometa. Para ello, el nuevo Plan Nacional busca que los sectores focalicen sus esfuerzos en las zonas identificadas como puntos de origen de la trata de personas. Se debe establecer de manera específica cuáles son los lugares de captación de víctimas de trata de personas y aquellas circunstancias que causan situaciones de riesgo ante este delito. Allí se buscará llevar servicios educativos, de capacitación profesional y de inserción laboral, así como nuevas estrategias de lucha con la pobreza y la corrupción. Como Estado, nos estamos poniendo una meta alta, pero es nuestra responsabilidad encontrar los medios para ello.
3. ¿Qué tan importante es que todos los sectores del Estado, miembros de la Comisión Multisectorial cuenten con un presupuesto anual específico para la lucha contra la Trata de Personas? 
Es imprescindible. Sin presupuesto, las metas y acciones que se indicaba en la respuesta anterior no podrán cumplirse y el nuevo Plan quedará solo en el papel. Justamente uno de los mayores obstáculos para el cumplimiento del Plan 2011-2016 fue la falta de recursos económicos en los diversos sectores del Estado, problemática también expuesta por los diversos informes alternativos elaborados por sociedad civil.
Ante ello, cada Sector y los gobiernos regionales y locales, deben otorgar la debida importancia a la lucha contra la trata de personas. Esta se refleja también en el nivel de inversión que se realiza, tanto en recursos humanos como económicos. No podemos construir un nuevo Plan, aprobar un nuevo reglamento y un Protocolo Intersectorial, para luego no traducir todo ello en acciones concretas en nuestros planes anuales con el presupuesto correspondiente.
Cabe precisar que la estimación de costos para la implementación del Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017 – 2021 se realizará en la fase estratégica, una vez que se hayan formulado los objetivos y acciones estratégicas, así como actividades e indicadores.
4. Con respecto al presupuesto asignado y rectoría nacional en la lucha contra la trata de personas ¿qué tipo de medidas se han adoptado o piensan adoptar para la implementación y monitoreo de las acciones que se realicen desde los gobiernos locales y regionales, considerando el reto de la descentralización? 
Actualmente, en el país, existen 24 Redes Regionales contra la trata de personas. Este año, como resultado de la asistencia técnica brindada por el Ministerio del Interior y otros Sectores que conforman la Comisión Multisectorial, se constituyó la Red Regional de Apurímac. Nos encontramos en proceso de creación de la Red de Lima provincias y Lima Metropolitana, que ya cuentan con proyecto de ordenanza de creación. Por otro lado, se cuenta con seis planes regionales contra la trata de personas aprobados en las regiones de: Madre de Dios, Ayacucho, Loreto, Puno, Cusco y Tumbes, mediante ordenanzas regionales y Resolución Ejecutiva Regional. La región Tumbes fue la última en aprobar su Plan Regional en el mes de julio de 2016.
Esta institucionalidad, con avances diferenciados según cada zona específica, es la base para la implementación del nuevo Plan Nacional 2017-2021 en los Gobiernos regionales y nacionales. Estas instancias de representación, participarán del proceso de validación del nuevo Plan y ejecutarán las acciones y actividades a su cargo. A fin de que este proceso se desarrolle de manera adecuada, la Dirección General para la Seguridad Democrática del Ministerio del Interior llevará a cabo un proceso de asistencia técnica reforzado, con mayor presupuesto y personal abocado al seguimiento de las Redes Regionales y Locales. Además, se plateará un trabajo conjunto entre los diversos miembros de la Mesa Multisectorial, a fin de no superponer esfuerzos sino, más bien, focalizar recursos y poder abarcar una mayor cantidad de regiones y localidades.
Finalmente, durante los primeros meses del próximo año, la Dirección General realizará una aproximación diagnóstica respecto de la lucha contra la trata de personas en las regiones del país. Ello nos permitirá conocer fortalezas y debilidades de cada zona, y programar las capacitaciones y asistencias técnicas necesarias para su fortalecimiento con miras a la implementación del nuevo Plan Nacional 2017-2021.
5. ¿Cómo se considera y valora la participación de la sociedad civil en la elaboración e implementación del nuevo PNAT? ¿Se tiene previsto consultar y recoger las propuestas y opiniones de la sociedad civil a nivel regional con relación a la elaboración del nuevo PNAT? ¿Se han definido mecanismos para ello?
La sociedad civil participa de la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, a través de dos representantes: CHS Alternativo y Movimiento el Pozo. Estas organizaciones participan de las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Comisión Multisectorial, así como de los talleres de construcción del nuevo Plan Nacional. También participan otras instituciones públicas y privadas especializadas en el tema, que sin duda fortalecen la construcción del nuevo Plan.
Sin perjuicio de ello, la sociedad civil será un interlocutor importante durante la aproximación diagnóstica en regiones, siendo un aliado fundamental para conocer la realidad de la trata de personas en la zona y el funcionamiento de las instituciones estatales. Además, durante el proceso de validación del Plan Nacional 2017-2021, se tiene previsto un acercamiento con las Mesas Regionales, donde la sociedad civil participa. En tal sentido, podrán brindar sus aportes para la consolidación de acciones, actividades e indicadores que sean efectivos en la prevención y persecución del delito, así como la protección y reintegración de la víctima.
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Editorial N° 200: ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO ESPECÍFICO Y EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS SON CLAVE EN LA ELABORACIÓN DEL PNAT 2017-2021

El Ministerio del Interior estima que para febrero del 2017 la Comisión Multisectorial podrá comenzar con el proceso de validación del Plan Nacional de Lucha contra la Trata de Personas 2017-2021. Una vez validado, el PNAT 2017-2021 deberá ser derivado a la Presidencia del Consejo de Ministros para ser aprobado. Este proceso, según el propio Ministerio del Interior, debería haber comenzado un año antes de su publicación.
Desde CHS Alternativo proponemos una ampliación del plazo de vigencia del actual PNAT 2011-2016, para que el Estado siga contando con un plan que, a pesar de sus limitaciones, defina objetivos y metas para el Estado. Esta ampliación es posible dado que el PNAT 2011-2016 fue aprobado por Decreto Supremo del sector Interior, y no debería superar el segundo semestre del año. De ese modo se podría elaborar apropiadamente el nuevo PNAT.
Ahora bien, la elaboración del Nuevo PNAT 2017-2021, debiera ser el resultado de una evaluación de la experiencia con el actual PNAT, y en ese sentido CHS Alternativo viene aportando con sus evaluaciones periódicas sobre su ejecución. En este tiempo, por ejemplo, se ha dado cuenta de la evolución cíclica de su presupuesto, pasando de un aumento paulatino de los recursos asignados, al decrecimiento de los últimos años. Así, durante el 2015, el PNAT contó con un presupuesto de más de 14 millones de soles (el presupuesto más alto durante su vigencia); sin embargo, el 2016, de acuerdo al IV Informe Alternativo, se redujo a 6 millones 485 mil soles.
Respecto a la elaboración del nuevo PNAT, es importante brindarle un nuevo enfoque al eje de prevención. Este eje, según el IV Informe Alternativo, fue el que  mayor gasto reportó por parte del Estado y que mayores esfuerzos concentró; sin embargo, es imposible medir el impacto de estas acciones porque no se presentaron indicadores claros.
Pese a esto, el Estado reportó una acción concentrada cada vez más en la difusión de información y en el desarrollo de capacidades, lo que desde CHS Alternativo consideramos es necesario cambiar. Por ello venimos planteando, como parte de nuestra participación en la Mesa Multisectorial de Trata, la importancia de afianzar la acción del estado en dos aspectos: 1) promover una mayor preocupación en los factores estructurales que hacen sostenible a este delito; y, 2) realizar esfuerzos articulados, especialmente en zonas de riesgo, para desarrollar entornos protectores para las personas en riesgo.
Además, si bien es necesario darle fuerza al eje de prevención dentro del PNAT 2017-2021, el enfoque de la lucha contra la trata de personas debe enfocarse cada vez más énfasis en la fase de atención y reintegración de las víctimas. Y es en estos puntos en los que el Perú muestra sus mayores deficiencias según el IV Informe Alternativo.
Dentro de los cuatro ejes de acción aprobados por el estado en el PNAT 2011-2016, el eje de atención a la víctima presenta las mayores deficiencias debido a que existen pocos albergues especializados para la atención de las niñas, niños y adolescentes y ninguna para personas adultas, y ningún plan aprobado para darle a la víctima la oportunidad de una reintegración plena a la sociedad y de recuperar su proyecto de vida.
Sin importar cuan titánica parezca esta tarea por parte del Estado, todos los sectores deben comprometerse de manera articulada a lograr resultados efectivos en esta materia, de lo contrario, estaremos condenando a las más de dos mil víctimas anuales que identifica el Estado a repetir los círculos de la explotación.
Finamente, la persecución del delito no puede ser obviada. Pese al desarrollo de una institucionalidad más específica, que incluye la creación de dependencias policiales, fiscalías y juzgados especializados, nos podemos olvidar que la impunidad sigue siendo muy elevada y es necesario un shock de medidas para cambiar estos aspectos que son vitales. Eso incluye un enfoque en la investigación más proactivo y no reactivo; acuerdos y consensos fiscales y judiciales sobre la aplicación de los delitos; y, especialmente, la superación de un conjunto de estereotipos y prácticas que alejan a la víctima de la justicia.
Fuente:
  • IV Informe Alternativo 2015-2016. Balance de la sociedad civil sobre la situación de la trata de personas en el Perú. CHS Alternativo. Noviembre, 2016
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NP 025 - 2016 - Un psicosocial que visibiliza una amenaza global

El tráfico de órganos como finalidad de la trata de personas

En nuestro país, la Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (Ley 28950), considera como uno de los fines del delito a la extracción o tráfico de órganos o tejidos somáticos o sus componentes humanos.

El Sistema Oficial de Registro de Denuncias de la Policía Nacional (RETA-PNP), no reporta ningún caso de trata con fines de tráfico de órganos en nuestro país. Asimismo, CHS Alternativo solo ha conocido un caso relacionado a esta finalidad de trata de personas, que fue derivado a las autoridades. Sin embargo, existe un contexto global de preocupación sobre este problema, como lo ha expresado la OMS en su Resolución 57.18, donde exhorta a los países a tomar “medidas para proteger a los grupos más pobres y vulnerables del turismo de trasplantes y la venta de tejidos y órganos”. 

Desde CHS Alternativo consideramos que, por la complejidad de este tipo de casos (que necesariamente tendría que involucrar a profesionales altamente calificados y a entidades médicas públicas o privadas), deben ser denunciados directamente a las autoridades correspondientes, evitando en todo momento generar alarma en la población que puede tener lamentables consecuencias e, inclusive, desincentivar prácticas como la donación de órganos o desconfianza frente a denuncias reales en el futuro.

En este sentido, nuestras autoridades deben esclarecer si existe una amenaza real o estamos ante una alarma infundada, generada por una publicación en redes sociales sobre la existencia de un caso de tráfico de órganos en Huaycán, que derivó en la agresión a dos trabajadores de una encuestadora a quienes acusaron de ser traficantes de órganos, y el lamentable fallecimiento de una persona. Asimismo, recalcamos la importancia del fortalecimiento de las capacidades de la policía en las comisarías sobre las finalidades de la trata de personas, a quienes la población acudirá en primera instancia en busca de escucha y respuesta adecuada.   

Finalmente, invocamos a la población a tomar con cautela la información que se difunde a través de las redes sociales, y a buscar asesoría del Estado u organizaciones sociales que están en la capacidad de brindar información veraz.
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Editorial N° 199: DICIEMBRE ABRE LAS PUERTAS A NUESTRAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES A LA TRATA DE PERSONAS

Llegó diciembre y con él las ansiadas vacaciones escolares. Pero para miles de niñas, niños y adolescentes, estos meses comprendidos entre diciembre y marzo, suponen un verdadero riesgo para su libertad y su vida.
Un estudio publicado este año por CHS Alternativo sobre Rutas de la Trata de personas en la Amazonía peruana reveló que entre diciembre y marzo las/los adolescentes se encuentran más vulnerables a caer en las redes de los tratantes. Esto se debe, en gran medida, a que diciembre suele ser el mes en el que las/los jóvenes salen de sus casas para buscar trabajo y poder financiar sus libros, útiles e incluso la matrícula del siguiente año. Esta necesidad de conseguir recursos, confabula con la oferta de trabajo en sectores productivos asociados con la informalidad minería ilegal, época de cosecha, turismo por carnavales- y las actividades económicas alternas que se producen como consecuencia. La proliferación de prostibares en La Pampa en Madre de Dios y La Rinconada en Puno, son dos claros ejemplos del ciclo de explotación que describimos y que comienza, muchas veces, en estos meses.
Qué exista una estacionalidad asociada a este delito brinda una herramienta a los padres de familia, tutores en los colegios y autoridades para estar más atentos. La policía y la fiscalía a través de la DIVINTRAP y la FISTRAP, por ejemplo, podrían concentrar sus recursos y esfuerzos organizando operativos en las rutas que suelen seguir los tratantes en estas épocas del año. En el caso de los colegios, si sabemos que llegado diciembre aumenta la vulnerabilidad de sus estudiantes, se deberían incluir medidas preventivas como charlas que permitan orientar a que los jóvenes busquen trabajo conscientes de sus derechos y de los riesgos a que se exponen, como las falsas oferta de trabajo y con conocimientos suficientes sobre el tema para poder identificar propuestas laborares de alto riesgo.
Este año, dos encuestas realizadas por CHS Alternativo, entre enero y febrero -en asociación con GFK- revelaron que más de 590 mil personas afirmaron haber sido víctimas de explotación sexual a cambio de algún bien o beneficio cuando tenían menos de 18 años. Este preocupante hallazgo complementa un estudio exploratorio sobre explotación sexual en niños, niñas y adolescentes (ESNNA) -realizado en cuatro regiones- que reveló que en nuestro país existían entre 14 y 26 mil mujeres entre 10 y 17 años expuestas a explotación sexual.  Esta exposición al riesgo se da principalmente debido a que los tratantes suelen utilizar el conocimiento que tienen de las costumbres locales para infiltrarse en círculos de confianza y aprovecharse de la necesidad económica al momento de cazar víctimas.
El mismo estudio de rutas, revela, por ejemplo, al padrinazgo como uno de los principales factores de riesgo. En estos casos, luego de ganarse la confianza de la familia, los tratantes suelen asumir el rol del padrino, figura  que ocupa un estrato social de respeto en la comunidad y ofrece ayudar a solucionar los problemas económicos de la familia o guiar a sus hijos para acceder a mejores oportunidades de vida. Según la fiscalía (SISTRA-MP), entre enero del 2015 y julio del 2016 se identificaron 2445 casos de trata de personas, de los cuales el 56% fueron casos de niñas, niños y adolescentes.
Las investigaciones realizadas nos permiten conocer las características del delito y consideramos clave el fortalecimiento de las acciones que se centran en la prevención a nivel nacional, así quitamos a los tratantes el acceso a estas puertas de vulnerabilidad de la población; ya que la mejor defensa es aquella que cubre todos los flancos.
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III Encuentro Interregional Sur

“AVANCES Y RETOS EN EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN DE LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS”

La interrelación de la acción contra la trata de personas entre Cusco, Madre de Dios y Puno; la necesidad de una mayor intervención de los gobiernos regionales y locales de las tres regiones, en un trabajo coordinado en la materia; así como los distintos avances y retos en la construcción de experiencias de trabajo en red entre actores públicos y de sociedad civil, llevaron a la conceptualización y puesta en marcha de los encuentros interregionales, que hasta la fecha habían tenido dos ediciones: Cusco (Abril, 2015) y Madre de Dios (Marzo, 2016).
La presente edición retomó estas expectativas y planteó la lectura del problema de la trata de personas con especial énfasis en la situación de Puno y su relación con las otras regiones.
El 3er encuentro presentó una oportunidad para evaluar los alcances de los procesos previos iniciados en Cusco y Madre de Dios, con la finalidad de desarrollar acciones que garanticen esfuerzos interregionales.

Objetivo general:

Fortalecer el diálogo regional e interregional y el fortalecimiento de la articulación entre actores públicos y de sociedad civil para la prevención, persecución y protección de víctimas en materia de trata de personas.

Descarga la memoria del evento
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NP 022 - 2016 - Parlamentarias Shaefer y Huilca le exigen al Ministro del Interior que presente ante el Congreso el balance de la Implementación del Plan Nacional de Lucha Contra la Trata 2011-2016

Como parte de la primera reunión del grupo de trabajo Sobre Respuesta Integral Frente a la Trata de Personas de la Comisión de la Mujer y Familia, Capital Humano y Social Alternativo presentó su IV Informe de evaluación de la gestión del Estado. El ¨IV Informe Alternativo: Balance de la Sociedad Civil Sobre la Situación de la Trata de Personas en el Perú 2015-2016¨ es un análisis de los logros, retos y esfuerzos realizados por el Estado en el marco de la implementación del Plan Nacional de Lucha Contra la Trata 2011-2016. ¨Este informe incluye preguntas claves y recomendaciones de los distintos actores de la sociedad civil que esperamos guíen a nuestros parlamentarios en su rol fiscalizador de las actividades del Estado en esta materia,” aseguro Pedro Córdova, director de CHS Alternativo.

La congresista Karla Shaefer, quien es miembro titular del grupo de trabajo, convocó a CHS Alternativo a participar de esta reunión para exponer las preocupaciones de la sociedad civil a los demás parlamentarios miembros. ¨El Ministro del Interior, Carlos Basombrío debió de haber venido al Congreso a rendir cuentas sobre la implementación del PNAT 2011-2016 en setiembre¨, aseguró Shaefer. Aprovechando la presencia del Director General de Seguridad Democrática, Dr Miguel Huertas, la congresista exigió públicamente que el Ministro Basombrío acuda al Parlamento para presentar su balance de gestión en materia de trata de personas.

Durante la presentación se dio a conocer que el 90 por ciento del presupuesto específico designado a la lucha contra este delito fue ejecutado por dos de los nueve ministerios consultados (Interior y Mujer). De los otros siete ministerios que proporcionaron información, la mayoría ejecutó menos de la mitad de su presupuesto en el 2016 y algunos ni siquiera solicitaron presupuesto específico para el 2017. Para el sub director de CHS Alternativo, Luís Enrique Aguilar, el informe demuestra que ¨los sectores del Estado no tiene un sentido de urgencia y priorización de las acciones contra la trata de personas.¨

Para la parlamentaria Indira Huilca, presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso, es lamentable que el Estado haya reducido en más del 50% su presupuesto específico para realizar acciones de lucha contra la trata de personas del 2015 al 2016. ¨Vamos a asumir la lucha contra la trata de personas como un problema urgente, por ello es muy valioso que este grupo inicie su trabajo con la presentación de este informe¨, aseguró Huilca.

Ante el planteamiento de estos retos el Dr. Huertas aseguró que el Ministerio del Interior, que además tiene en sus manos la dirección de la Comisión Multisectorial de Lucha Contra la Trata de Personas, tiene la intención de asignar ocho millones de soles a su presupuesto a este rubro. ¨Sabemos que el estado tiene muchas carencias, estamos trabajando en la especificación de nuevos tipos penales para incluir nuevas formas de explotación en el Nuevo Código Procesal y así disminuir los índices de impunidad en el poder judicial, y queremos trabajar en la planificación de un presupuesto consensuado entre todos los sectores para el 2018,¨ aseguro Huertas. El Director General de Seguridad Democrática también reiteró el compromiso de la Comisión Multisectorial de aprobar el nuevo Plan Nacional de Lucha Contra la Trata 2017-2021, coordinaciones de las que asegura participará CHS Alternativo en representación de la Sociedad Civil.

El IV Informe Alternativo fue publicado con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer (KAS) y la Agencia de Los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a quienes agradecemos su participación y compromiso en la lucha contra la trata de personas.
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NP 021 - 2016 - “CHS Alternativo presentará su IV Informe Alternativo 2015-2016: Balance de la sociedad civil sobre la situación de la Trata de Personas en el Perú ante la Comisión de la Mujer del Congreso.”

Informe da cuenta sobre los aciertos y retos que el Estado tiene que afrontar en la lucha contra la trata de personas con miras al 2017.

El martes 15 de noviembre a las 11 a.m., en la sala 4 del edificio Víctor Raúl Porras Barnechea  del Congreso de la República, tendrá lugar la presentación del “IV Informe Alternativo: Balance de la Sociedad Civil Sobre la Situación de la Trata de Personas en el Perú 2015-2016”. La Congresista Karla Shaefer, Coordinadora del Grupo de Trabajo Sobre Respuesta Integral Frente a la Trata de Personas de la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República, extendió la invitación a Capital Humano y Social Alternativo (CHS Alternativo) durante la instalación del grupo de trabajo el 09 de noviembre.

Con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer (KAS) y la Agencia de Los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el IV Informe Alternativo evalúa los logros y retos de los distintos sectores con competencias en la lucha contra la trata de personas. Esta evaluación fue realizada utilizando como punto de comparación el Plan Nacional de Acción Contra la Trata de Personas 2011-2016 (PNAT 2011-2016), aprobado por la Comisión Multisectorial.

La presentación del informe, de participación  abierta para todos los miembros del Congreso, es una oportunidad para informar a nuestros legisladores sobre los avances y agenda pendiente en esta lucha con miras al nuevo plan de acción contra la trata 2017-2021. Que los congresistas cuenten con información actualizada, puedan absolver dudas, creas estrategias y hacer propias las demandas de la sociedad civil es el principal objetivo de este intercambio de ideas e información.

En la agenda pendiente del Estado para el 2017, el IV Informe Alternativo identifica como puntos urgentes la aprobación del nuevo Plan Nacional de Lucha Contra la Trata  2017-2021 (PNAT 2017-2021). Por otro lado, los hallazgos del IV Informe Alternativos se encuentran divididos de acuerdo con los principales ejes de intervención –Prevención, Persecución y Protección y Asistencia a las Víctimas- identificados por la Comisión Multisectorial de Lucha Contra la Trata de Personas.
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Editorial N° 198: LA TRATA DE PERSONAS COMO UN COMPONENTE CENTRAL EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER

En el Perú el delito de trata de personas afecta desproporcionadamente a las mujeres, según reportes del sistema SISTRA del Ministerio Público, 9 de cada 10 víctimas de este delito, entre julio del 2015 y julio del 2016, fueron mujeres.
A pesar de esta estadística, el problema no es percibido como un problema de género por nuestra sociedad. Una evidencia de este hecho es la gran indiferencia y estigma que existe con respecto a las víctimas de trata de personas   que muchas veces son descalificadas y revictimizadas, confundiéndolas con trabajadoras sexuales (que a su vez son sujeto de discriminación y maltrato). Estos estigmas contribuyen a que la población en general y los decisores de políticas en particular, muestren poco o ningún interés por el tema. Si a las autoridades que todos los años definen su presupuesto para atender   los temas que consideran prioritarios y urgentes, les alarmara que el 90 por ciento de las mujeres adultas que denunciaron ser víctimas de trata de personas, no recibieron atención y protección alguna de parte del Estado entre el 2015 y el 2016, probablemente no hubiéramos visto los fondos destinados para esta lucha reducirse a la mitad de un año otro.
La trata de personas es un problema de género, y grave. Evidencia el poco valor que muchas veces le asigna la sociedad y la familia a la mujer, que al verse enfrentada a situaciones de dificultades económicas, pobreza o falta de oportunidades, en su búsqueda de soluciones, se ve envuelta en situaciones de riesgo que la pueden llevar a la trata de personas.
La evidente falta de reconocimiento de los derechos de la mujer, lleva a que muchas víctimas no logren identificarse a sí mismas como tales, dejando de denunciar los abusos que se cometen contra ellas. Uno de los principales argumentos de los tratantes cuando les llega la hora de defenderse en un juicio es, que las mujeres se encuentran ahí (encerradas y en situación de explotación) por su propia voluntad. Y nosotros nos preguntamos ¿cómo puede tener libre determinación una persona que ha sido despojada de su dignidad, es rechazada por la sociedad y muchas veces es culpada por la situación de explotación en la que se encuentra por parte de las autoridades que deberían resguardarla?
En el día de la No Violencia Contra la mujer, CHS Alternativo quiere expresar un clamor a nombre de todas esas víctimas mujeres que aún se encuentra en situación de explotación. Un reclamo al Estado para que haga por ellas lo que debe: garantizar el respeto de sus derechos humanos. Y un reclamo a la sociedad por sus repetidas muestras de indolencia, por resistirse a dejar de lucrar con la libertad del otro, por no querer reconocer su rol permisivo ante el maltrato que sufren las mujeres en nuestra sociedad.
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Entrevista “Trata de personas, responsabilidad compartida”


Entrevista a Ariel Ramírez Quiroga. Sub director de la Fundación Munasim Kullakita.
Ante la celebración del II Gabinete Binacional entre Perú y Bolivia que tuvo lugar en Sucre, Ariel Ramírez Quiroga de la organización sin fines de lucro boliviana Munasim Kullakita discute la importancia de ampliar las acciones binacionales más allá de los compromisos y el diálogo. El objetivo, asegura, es ofrecer soluciones a situaciones urgentes como las que se viven en la zona minera de La Rinconada en Puno donde miles de personas, víctimas de trata, viven bajo condiciones de explotación.
1. ¿Cuáles son las modalidades de trata internacional más frecuentes entre Perú y Bolivia y a qué sectores de la población suele afectar más? 
Nuestra Fundación efectuó una profunda investigación sobre el problema de la trata en Bolivia que publicó en el texto “Dinámicas de la Trata, Proxenetismo y Violencia Sexual Comercial en NNA en Bolivia”. En base a esta investigación identificamos que la forma más común de captación de adolescentes bolivianos con fines de trata al Perú es mediante el engaño con falsas promesas de trabajo, utilizando como puntos de salida fronterizos Desaguadero y Casani.
En estos estudios también logramos identificar numerosos casos de captación mediante acciones coercitivas, como las son el secuestro o amedrentamiento. En estos casos las niñas, niños y adolescentes son sacados el sector de Apolo, colindante con Iquitos y Madre de Dios. Las poblaciones más afectadas son niñas y adolescentes mujeres entre los 11 a 17 años.
2. Actualmente se estima que más de 2,500 adolescentes bolivianas, entre 14 y 17 años, son víctimas de trata con fines de explotación sexual en la zona minera de La Rinconada en Puno. ¿Qué acciones han tomado los gobiernos de Perú y Bolivia para lidiar con este problema?
Lamentamos comentar que las acciones binacionales solo han quedado manifestadas en seminarios o talleres. Es fundamental que existan operativos conjuntos en estos sectores tanto la policía, fiscalía y si es posible sociedad civil como veedores, situaciones que hasta la fecha no existen.
En La Rinconada el delito de la trata de personas no solo alcanza a las niñas y adolescentes sino a otros sectores de la población. Además, desde Bolivia hemos identificados muchos casos de trata que tienen como destino Iquitos y Madre de Dios, por lo que las acciones no se deben concentrar en Puno sino en otros puntos clave del país.
3. ¿Qué políticas públicas conjuntas entre Perú y Bolivia de deberían tomar para luchar contra la trata de personas? 
Como primera acción los gobiernos siembre buscan aprobar protocolos, sin embargo, protocolos existen muchos. Lo que falta son acciones operativas en terreno efectivas.
Para que estas operaciones sean efectivas deben implicar necesariamente la utilización de agentes encubiertos de ambos países, para identificar e investigar los casos de niños, niñas y adolescentes en La Rinconada, Iquitos y Madre de Dios.
Una operación efectiva también implica la realización de Operativos Conjuntos con las instancias competentes de ambos países, una vez efectuada la investigación. Luego de estas operaciones se debe priorizar el resguardo y protección de las víctimas y finalmente, se debe gestionar y procurar su repatriación.
4. El año pasado ¿qué compromisos se firmaron en la isla de Esteves con respecto a la trata de perdonas? ¿Esta semana en Sucre se vio un avance sobre estos acuerdos? 
En el I Gabinete Binacional que se desarrolló en la Isla de Esteves en Puno en el 2015 entre Perú y Bolivia, se llegó a tres principales acuerdos competentes a la trata de personas.
El primero consistió en llevar adelante una agenda estratégica de cooperación que atienda los desafíos del presente y se proyecte con visión de futuro, particularmente en beneficio de los pueblos de las zonas fronterizas andina y amazónica, de gran riqueza natural y diversidad cultural.
En un segundo acuerdo ambas naciones reiteró su  voluntad de enfrentar decididamente el narcotráfico, el lavado de activos, la corrupción, el contrabando, la trata de personas y la minería ilegal, a cuyo efecto dispusieron se otorgue la máxima prioridad al cumplimiento de los compromisos del Plan de Acción adjunto, como punto de partida de una estrategia binacional integral.
Finalmente en un tercer momento se resolvió la suscripción de un acuerdo para fortalecer la lucha contra la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y los delitos conexos. Todos estos puntos fueron ratificados este año durante el II Gabinete Binacional que se desarrolló en Sucre y esperamos se puedan cumplir e implementar de manera certera.
5. ¿Qué avances puntuales se lograron en la lucha contra la trata de personas durante el II Gabinete Binacional?
Durante el II Gabinete Binacional se llegó a dos acuerdos visibles. El primero tiene que ver con la elaboración de un Protocolo Binacional de investigación, rescate y repatriación. Y un segundo relacionado al trabajo con organizaciones especialistas de la sociedad civil y el estado boliviano en las acciones mencionadas a través de reuniones binacionales destinadas a compartir experiencias.
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Editorial N° 197: LA TRATA DE PERSONAS ENTRE PERÚ Y BOLIVIA: UN PROBLEMA MÁS ALLÁ DEL PROTOCOLO

El intercambio vivo de culturas, pueblos, lenguas, y costumbres entre Perú y Bolivia, así como la historia y topografía que los unen, hacen que sean los dos países que mayores puntos en común comparten de todo el Continente Americano. Lamentablemente esta concordancia también se traslada a la lucha en común que libran contra la trata internacional de personas que afecta a ambos países.
Según la Secretaría de Estado de los EEUU, Perú y Bolivia son catalogados como países de Tier2, una categoría que describe a aquellos Estados que no cumplen con los estándares mínimos internacionales pero que realizan esfuerzos contra la trata. Es un problema que se origina en los grandes paralelos de pobreza y desigualdad que hacen que los ciudadanos y ciudadanas de los dos Estados sean blancos fáciles para los tratantes. Y que se potencia por las rutas fronterizas de contrabando y tráfico de drogas que nutren a las rutas de trata de personas y tráfico de migrantes.
Las consecuencias de este problema en común, que afecta en su mayoría a víctimas procedentes de Bolivia como país de origen, podemos verlo en zonas de alta concentración de minería ilegal como La Rinconada, en Puno. En este lugar las autoridades estiman que más de 2500 bolivianas, en su mayoría jóvenes y adolescentes, se encuentran en condiciones de trata con fines de explotación de sexual. La localidad cuenta con cerca de 71 mil trabajadores de diversas industrias informales que alimentan el círculo delictivo, sin embargo, la localidad solo cuenta con 48 efectivos policiales.
Esta semana el Presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski viajó a Sucre para reunirse con su homólogo Evo Morales en el II Gabinete Binacional entre Perú y Bolivia. Entre los temas prioritarios en agenda se encontraba la articulación de esfuerzos para luchar contra actividades ilícitas entre las cuales se enumeró a la trata de personas. A su regreso de Bolivia, la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana María Romero, quien anunció como parte de un plan estratégico la convocatoria de reuniones trasnacionales destinadas a compartir experiencias sobre este delito.
CHS Alternativo celebra que desde el año pasado -cuando se llevó a cabo el I Gabinete Ministerial en la Isla de Esteves en Puno- la lucha contra la trata de personas sea un tema de agenda bilateral. Sin duda la aprobación del Acuerdo entre la República de Perú y la República de Bolivia para fortalecer la lucha contra la trata de personas, el tráfico de migrantes y los delitos conexos, será fundamental para el desarrollo de políticas de Estado certeras en esta material. Sin embargo, de año en año los avances del Estado no son lo suficientemente significativos para disuadir a los delincuentes que encuentran en la trata de personas un negocio extremadamente rentable debido a los altos índices de impunidad que se manejan entre ambos países.
Desde la conformación de la Fiscalía Especializada de Trata de Personas en Puno en agosto del 2015, el Ministerio Público ha liderado más de 15 intervenciones, rescatado a más de 300 víctimas en colaboración con la policía y ha denunciado más de 100 casos penalmente. De esta pequeña experiencia podemos deducir que la realización de operaciones conjuntas en el terreno es la mejor forma de recabar información que de otra manera permanecería oculta a simple vista. Luego de estas operaciones, el resguardo y protección de la víctima, así como su repatriación y reinserción debería ser prioridad. Sobre este último punto el II Gabinete Binacional logro importantes avances aprobando el “Protocolo Binacional de Investigación, Rescate y Repatriación”, pero ese es solo el primer paso.
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Editorial N° 196: DE LA ESCLAVITUD A LA MESA

Los peruanos invertimos millones de soles al año en conservas de atún sin preguntarnos los procesos que confluyeron para que ese producto llegue a nuestra mesa a los precios de oferta que solemos aprovechar en el escaparate. Desde hace varios meses la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) viene denunciando que, desde la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Tailandia en él 2010, el Perú consume conservas de atún producto de la utilización de mano de obra proveniente de niños, esclavos e inmigrantes ilegales.
Una publicación de la revista Caretas muestra la cruda e injusta realidad a la que son sometidas miles de personas, incluidos niños, niñas y adolescentes, que son obligados a vivir en condiciones insalubres en barcos pesqueros, trabajando más de 20 horas al día. Según la SNI, la industria pesquera en el Perú es cómplice de esta realidad a través de las empresas Fanny, A-1, Bell’s y Florida, cuyos empresarios deciden ignorar una realidad denunciada internacionalmente para generar mayores ganancias.
Desde CHS Alternativo, consideramos que situaciones como éstas generadas por amplias brechas económicas y sociales, son inaceptables y configuran una de las peores formas de trata de personas con fines de explotación laboral.  En este sentido, las políticas de nuestro país deben apuntar al respeto de los derechos humanos de todas las personas que son parte de la cadena de producción de los bienes que consumimos las y los peruanos, sean o no elaborados en nuestro país.
Lamentablemente, estas empresas no son las únicas. En el Perú esto ya ocurre en otras industrias como la agrícola, textil, minera y tala. Para afrontar esta tendencia y hacer que estas prácticas no sean económicamente viables, existen dos caminos. El primero, implica que el estado sancione a estas empresas por incurrir en prácticas de competencia desleal al comprar materia prima que no cumpla con los estándares mínimos de respeto a los derechos humanos. El segundo, que requiere la  participación de todos como ciudadanos/as, es sancionar con la no compra de sus productos a empresas que sabemos están aprovechándose de las malas prácticas que ocurren en otros países para bajar sus precios.
Según la SNI, en los últimos tres años se han perdido más de 125 mil empleos en la industria pesquera producto del ingreso de materia prima importada a un menor precio. La esclavitud moderna en la forma de trata de personas con fines de explotación laboral nos afecta directa o indirectamente a todas y todos. Por eso, ya no es suficiente revisar las etiquetas en los mercados para corroborar si las empresas a las que les compramos cumplen con estos entandares. Es nuestro deber ciudadano estar informados y utilizar el consumo responsable como un arma de lucha y respuesta solidaria.
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NP 017 - 2016 - Sala de Villa Stein tiene hasta el 13 de octubre para sustentar fallo en caso de trata ante el CNM

La resolución del Consejo Nacional de la Magistratura abre investigación preliminar por presunta infracción al deber de motivación de las resoluciones judiciales.

Lima, 05 de octubre del 2016 - El Consejo Nacional de la Magistratura otorgó diez días hábiles, hasta el 13 de octubre, a los miembros de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia para que presenten la documentación “que consideren pertinente” en su defensa. Esto luego que el CNM resolviera investigar a los doctores Javier Villa Stein, Josué Pariona, Dubelí Rodríguez, César Hinostroza y José Neyra por considerar que existe una “presunta infracción al deber de motivación” del fallo que emitieron frente a un caso de trata de personas. Si la investigación determina la existencia de una falta grave, como lo es la falta de “motivación”, los magistrados de la Sala Pena Permanente de la Corte Suprema podrían ser sancionados.  

Al considerar que la sentencia emitida por la sala presidida por Villa Stein no estaría suficientemente “motivada”, el CNM quiere decir que los criterios que usó la Sala podrían haber sido insuficientes para resolver el caso; o, que los magistrados no justificaron suficientemente su decisión. Para Luis Enrique Aguilar, Sub Director de Capital Humano y Social Alternativo (CHS Alternativo), en este caso los jueces no consideraron leyes nacionales e internacionales que protegen a una adolescente frente a la explotación en prostitución y el trabajo infantil.

Antecedentes:

En el 2015 el Ministerio Público presentó ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema un recurso de nulidad solicitando se revierta el fallo de la Corte Superior de Madre de Dios que absolvía del delito de trata de personas a Elsa Cjuno Huillca. En este caso, donde la víctima tenía 14 años, quedó probado que la menor era explotada más de 12 horas al día vendiendo alcohol en un “prostibar” de propiedad de Cjuno Huillca. El 28 de enero, sin embargo, la Sala presidida por Villa Stein rechazó el pedido de nulidad bajo el criterio que el trabajo de dama de compañía, por más de doce horas al día, realizado por una menor de edad, “no implica por sí mismo explotación laboral,” debido a que no produce cansancio físico.

En su oportunidad CHS Alternativo consideró preocupante “cómo los jueces interpretan la explotación laboral, ya que la capacidad de una persona de estar explotada o no, no tiene que ver con el esfuerzo que requiere el trabajo, sino principalmente con la capacidad de poder decidir si está o no en una relación laboral,” asegura Aguilar.  Por eso, entre el 13 y 14 de setiembre del 2016, Capital Humano y Social Alternativo (CHS Alternativo), Grupo de Iniciativa Nacional por los Derechos del Niño (GIN) y Terre des Hommes Suisse denunciaron el fallo ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Posteriormente, el 28 de setiembre el CNM resolvió abrir una investigación preliminar que podría terminar en una sanción a los magistrados de la Sala Pena Permanente de la Corte Suprema si se determina que no “motivaron” adecuadamente su sentencia.

CHS Alternativo interpreta que existe una clara falta de motivación en la sentencia de la Sala presidida por Villa Stein, debido a que no se consideraron leyes vigentes como el Código de Derechos del Niño, la Convención de Derechos de Niño e incluso nuestra regulación en relación al trabajo infantil, al trabajo forzoso o la  trata.  “La sentencia parece no considerar que la víctima era una menor de edad realizando actividades prohibidas para una menor de edad, como vender alcohol; que es una actividad peligrosa,” razona el subdirector de CHS Alternativo. Asimismo, para Aguilar resulta más grave que “los magistrados no consideren que la situación de dama de compañía en una menor de edad, más allá si hayan contacto sexual con los clientes, ya es una situación de explotación sexual porque se la está colocando en un lugar sexuado con la finalidad clara de explotarla.”

El 13 de octubre los magistrados deberán presentar por escrito cualquier prueba que consideren pertinente al Consejo Nacional de la Magistratura. Por un lado, para CHS Alternativo, esta es una oportunidad para los jueces de aclarar su decisión. Por otro, si es que se llega a la conclusión de que los magistrados no resolvieron adecuadamente y son sancionados, esta podría ser una oportunidad para la víctima de iniciar un proceso constitucional de amparo. Recordemos que, en el largo plazo, el Tribunal Constitucional es el único que tendría la potestad de decirle a la Corte Suprema que revise el caso.

CHS Alternativo realizará un seguimiento permanente a este caso por su trascendencia, ya que el objetivo es que las cientos de denuncias por trata de personas que esperan un veredicto no caigan en la impunidad por la mala interpretación de la norma de algunos jueces.

Datos Informe Alternativo 2015-2016:

1. Entre enero del 2015 y mayo del 2016, la DIRINTRAP-PNP reportó la realización 32 mega-operativos y 195 operativos donde se rescataron a 2,361 víctimas.

2. Del 2009 a julio del 2016 de 2666 imputados solo 109 han recibido sentencias. Además menos de tres de 100 procesados son sentenciados.

3. De enero a diciembre del 2015, de 321 procesos penales que ingresaron por mesa de partes, solo dos recibieron sentencias.

4. De enero a mayo del 2016, en un total de 302 casos en proceso, 42 obtuvieron sentencias condenatorias y 11 fueron absueltos. 227 siguen en proceso.  

5. 86% de las víctimas que denuncian no son derivadas por la PNP ni reciben atención por parte del ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
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NP 015 - 2016 - Presupuesto asignado contra trata de personas se redujo más de 50% en 2016

Sociedad civil presentó balance anual sobre trata de personas

En el marco del Mes Nacional contra la Trata de Personas, la ONG CHS Alternativo presentó hoy los principales hallazgos del IV Informe Alternativo 2015-2016, que es un balance de la sociedad civil sobre la situación de la trata de personas en el Perú, en la sede principal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con la participación de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, el viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior, Rubén Vargas, el embajador de Estados Unidos en Perú, Brian A. Nichols, entre otras autoridades.

Sobre la inversión del Estado en la lucha contra este delito, se señaló que “el presupuesto específico asignado para la lucha contra la trata de personas se redujo de 14,1 millones en el 2015 a 6,4 millones en el 2016. Sólo se ha ejecutado el 29% del presupuesto asignado en el 2015”, indicó Pedro Córdova, director ejecutivo de CHS Alternativo. La inversión para frenar este delito equivale hoy a 20 centavos por persona al año.

Según información estadística del Ministerio Público, cada año se registran más casos de trata de personas. Sin embargo, pese a este incremento sostenido, la asignación presupuestal ha ido disminuyendo. “El Gobierno no ha invertido lo suficiente en protección y atención de víctimas de trata de personas”, declaró el Embajador de Estados Unidos en Perú, Brian A. Nichols.

Por otro lado, el Programa de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos del Ministerio Publico solo recibió el 10% del presupuesto requerido para el año 2015. Para el año 2016, esta asignación subió a 11.75%.

Se reveló que de los 26 Gobiernos Regionales, las 43 Municipalidades de Lima Metropolitana y los 108 Gobiernos Locales que fueron consultados en la elaboración del documento, solo 7 informaron sobre la asignación de presupuesto para combatir la trata de personas en sus jurisdicciones.

El viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior, Rubén Vargas, aseguró que se asignarán 8 millones de soles para la lucha contra la trata de personas para el año 2017.

Esta presentación fue realizada gracias al apoyo de la Konrad Adenauer Stiftung (KAS) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Descarga aquí los Principales Hallazgos del IV Informe Alternativo.
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Entrevista “Se requiere un mayor número de abogados defensores para la lucha contra la trata de personas”

Entrevista a la Dra. Gisella Vignolo Huamaní, Viceministra de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
1. Sobre la administración de justicia en casos de trata de personas, entre enero del 2015 y junio del 2016 solo 109 de 4666 imputados han recibido sentencias. ¿Qué se puede hacer desde el Ministerio de Justicia para reducir estos altos índices de impunidad? 
El Ministerio de Justicia está trabajando en tres ejes. El primero es fortaleciendo el trabajo de nuestros defensores de víctimas, tenemos 272 abogados que han atendido a 517 víctimas pero definitivamente sabemos que es insuficiente ya que aún existen cifras ocultas. En un segundo eje estamos trabajando con los Gobiernos Regionales para que existan planes regionales ya que es la única forma de que cada región pueda actuar de una manera articulada. Y el tercer eje es de apoyo en la capacitación de operadores de justicia, para que exista una jurisprudencia que sea más garantista para la víctima ya que hemos encontrado que existen muchas deficiencias.
 2. El Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas (PNAT) 2011- 2016 establece que el 100% de abogados públicos, jueces y fiscales deben ser capacitados sobre el delito de la trata de personas. ¿A qué nivel se ha avanzado?
Si bien no puedo dar un porcentaje, si puedo decir que hasta el momento no hemos logrado ese objetivo. En el caso del Ministerio de Justicia, más que dar capacitación nuestra preocupación se encuentra en incrementar el número de defensores legales. Tenemos que fortalecernos en los dos temas contando con un mayor número de abogados y mejorando la calidad de abogados en las regiones donde más se cometen estos delitos.
 3. En relación a la reintegración y reinserción de víctimas de trata. ¿Cuáles son las acciones que está realizando el MINJUS?
Esa no es una competencia directa del MINJUS ya que la reinserción es una competencia de otros sectores. Sin embargo, si queremos ser un apoyo dentro del plan de reinserción de la víctima ya que todo el esfuerzo que hacemos del estado es inútil sino logramos que salga de estas redes criminales y entienda que puede tener otros proyectos de vida. Queremos trabajar de manera más articulada y por eso vamos a impulsar la aprobación del Plan Nacional de Lucha Contra la Trata de Personas (PNAT) 2017-2021.
 4. Pese a las competencias que establece el Nuevo Reglamento de la Ley de Trata de Personas, muchos gobiernos locales todavía no cuentan con instancias especializadas en la materia ni normativas que desarrollen a nivel local el Plan de Acción contra la Trata de Personas. ¿Qué acciones ejecutará el MINJUS para remediar esta situación?
Nos estamos acercando lo suficiente a los gobiernos regionales para que ellos comprendan que no solamente es una responsabilidad del gobierno central, también le corresponde a los Gobiernos Regionales y Locales. Hasta el momento hemos brindado capacitaciones en cuatro regiones y eso ha permitido que ya contemos, o estén por salir, nuevos planes regionales. Ahí lo que ofrecemos es asistencia técnica para que ellos conozcan en qué consiste y cuáles son los cuatro ejes en los que hay que trabajar (prevención, presupuesto, persecución y protección).
 5. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores solo dos víctimas extranjeras fueron repatriadas entre enero del 2015 y julio del 2016, sin embargo el Ministerio Público reporta por lo menos 169 víctimas procedentes de otros países y la policía 574. ¿Qué se puede hacer para proteger a las víctimas de trata internacional? 
Si bien se están firmando algunos acuerdos internacionales, nos preocupa desde el MINJUS que aún se encuentre pendiente la aprobación de la nueva Ley de Migraciones, el Decreto Legislativo 1236. Hasta este momento no contamos con una condición migratoria regular para las víctimas extranjeras, un número que sigue creciendo. Esto limita nuestra capacidad de darles tratamiento en hospitales, educación y oportunidades de reinserción. Creo que es un tema en el que tenemos una obligación en el Ministerio de Justicia y lo vamos a impulsar junto con el Ministerio del Interior.
 6. Finalmente, ¿qué opina sobre la sentencia de la Sala Permanente de la Corte Suprema que negó el pedio de nulidad del Ministerio Público a una sentencia que absolvía a una supuesta tratante bajo el argumento que no se puede corroborar la existencia de explotación laboral? 
Ya hemos mencionado nuestra preocupación respecto a esa sentencia ya que nos permite demostrar que todavía tenemos que seguir trabajando en el tema de la capacitación para conocer que la trata tiene diferentes modalidades. En esa sentencia se observa, por ejemplo, que el trabajo de dama de compañía por más de 12 horas del día y con ingesta de alcohol no constituye un supuesto de explotación laboral, debido a que esta actividad no agota la fuerza física de la víctima. Esto contraviene el tratado nacional, los tratados internacionales y deja en desprotección a las víctimas. Ellas necesitan nuestro apoyo. Esa decisión judicial no nos ayuda en este caso. Por eso es necesario levantar la voz e insistir que debemos lograr jurisprudencia nacional que proteja a esta población.
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Editorial N° 195: EN LA SOMBRA DE LA REVICTIMIZACIÓN

En setiembre del 2015 la Directora del Centro de Atención Residencial “Hogar Gracia” denunció la violación de una joven de 15 años por parte de un miembro del personal de limpieza de su institución. En la denuncia se detalla que la adolescente fue presuntamente ultrajada sexualmente hasta en tres oportunidades por Máximo César Olivares Sánchez, de 47 años, por lo que el Ministerio Público debió ponerla en custodia de una tía. Sin embargo, la madre de la joven recientemente denunció ante un medio de comunicación que teme que su hija haya regresado a la condición de explotación de la que habían intentado protegerla.
Este caso nos recuerda el peligro a la revictimización al que se encuentran expuestas las víctimas de trata de personas una vez denunciado el delito. Según los Principales Hallazgos del IV Informe Alternativo alrededor del 40% de las denuncias por trata de personas registradas por el Ministerio Público entre el 2009 y julio del 2016 se concentraron en nuestra capital. Sin embargo, Lima solo cuenta con dos albergues especializados en total son tres que entre enero del 2015 y mayo del 2016 lograron atender a 126 casos, según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En el Perú existe una gran carencia de Centros de Atención Residencial (CAR) ya que los existentes solo cuentan con la capacidad de albergar a 80 mujeres, menores de edad, de las cerca de 3500 víctimas reportadas por el Ministerio Público desde el 2009.
La situación de las víctimas de trata de personas necesita nuestra atención urgente. Sin embargo, esa urgencia no se evidencia cuando el Estado toma la decisión de reducir a la mitad el presupuesto asignado para la lucha contra este delito de 14 millones en el 2015 a 6 millones en el 2016. Pero no es solo importante que se incremente el presupuesto sino que el Estado tenga ideas claras de cómo ejecutarlo ya que en los últimos dos años el nivel de ejecución presupuestal no superó el 50% en las 10 entidades gubernamentales consultadas.
Desde el fallo de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que no considera que una denuncia sea un caso de trata con fines de explotación sexual  porque la posibilidad de ser dama de compañía fue solo una sugerencia y no el fin primigenio con el que fue llevada a trabajar a un bar. Hasta las carencias instituciones que pudieron haber dado lugar a que una situación de explotación sexual ocurra mientras la víctima se encontraba en el cuidado de un centro especializado administrado por El Estado. Queda claro que aún queda un camino largo por recorrer en el que el cuidado y la protección de las víctimas son piezas claves en el proceso de reinserción de las sobrevivientes de este delito.
Para que el Estado cumpla su deber y pueda asegurarles que reciban la oportunidad de ver un futuro más allá de la situación de esclavitud que vivieron, se requiere mayor presupuesto para implementar más albergues de atención especializada. Además, en este proceso es necesario dar una atención psicológica a largo plazo que realice un seguimiento para garantizar una mejora real en la calidad de vida de las sobrevivientes. Y, finalmente, es indispensable dar acceso a posibilidades educativas o de formación laboral que les proporcione una alternativa viable para su integración en la sociedad. Los retos son claros y la necesidad apremiante, las víctimas no pueden esperar más.
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NP 013 - 2016 - CHS Alternativo capacita a operadores de Centros de Atención Residencial en Trujillo

Los días 5 y 6 de septiembre, Capital Humano y Social Alternativo realizó en Trujillo un taller de capacitación a 30 operadores de dos Centros de Atención Residencial (CAR) del INABIF, con el objetivo de capacitarlos en el uso de la “Guía para la Atención a víctimas de Trata de Personas en Centros de Atención Residencial de Niñas, Niños y Adolescentes”.


Esta actividad es parte de una serie de capacitaciones que se vienen realizando a nivel nacional en coordinación con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), en regiones como Puno, Cusco, Arequipa, Loreto, La Libertad, Piura, Madre de Dios y Lima.

Este primer taller en Trujillo estuvo enfocado en las características de la trata de personas y los estándares de atención de los Centros de Atención Residencial (CAR), en el marco de un trabajo participativo en el cual se realizaron dinámicas y análisis de casos.


La capacitación permitió que los participantes adquieran un mayor entendimiento sobre el delito de la trata de personas, específicamente, sobre las variables que predisponen a una persona a caer en una situación de explotación y sobre las consecuencias de este delito en las víctimas y sobrevivientes.

Esta actividad fue realizada gracias al apoyo del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América.
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Entrevista “El reto en la lucha contra la trata de personas es incrementar el presupuesto del Estado”

Entrevista al Director General de Seguridad Democrática del Ministerio del Interior, Miguel Huerta.
1. En la agenda de trabajo del Ministerio del Interior se han establecido 29 acciones para los primeros 100 días de gestión. Entre estas se encuentran un programa de recompensas, 30 megaoperativos, la incorporación de 500 detectives para investigación criminal, la conformación de equipos especiales de inteligencia, entre otros. ¿En qué medida estas acciones tienen implicancia en la lucha contra el delito de la trata de personas?
En el caso de la Policía Nacional trabajamos con la Dirección de Investigación de Delitos de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (DIRINTRAP). Tenemos la indicación desde la Alta Dirección del Ministerio del Interior de articularnos con esta Dirección para el desarrollo de las labores de investigación sobre este delito. También, es una disposición realizar megaoperativos para enfrentar este flagelo. Una de las indicaciones claras es la necesidad de que esta Unidad (la DIRINTRAP) se potencie para la realización de estas actividades en estos primeros 100 días. Otro aspecto es la incorporación en la lista de los más buscados a aquellos que están implicados en este delito. Nosotros ya hemos identificado algunos casos emblemáticos y estamos tramitando para que puedan ser incorporados en esta lista. En este marco, también estamos especializando más a la Policía. Hoy se ha inaugurado el sexto curso de capacitación en materia de trata de personas dirigido a 50 efectivos que no solo provienen de la DIRINTRAP de Lima, sino de otras regiones a nivel nacional. Tendrán 5 semanas de capacitaciones tanto teóricas como prácticsa en materia de trata de personas, en una alianza estratégica con la Universidad Católica del Perú.
2. Con respecto al trabajo de la Dirección General para la Seguridad Democrática en la lucha contra la trata de personas, ¿qué va a diferenciar su gestión actual con la gestión anterior? ¿Qué acciones priorizará su Dirección para enfrentar este delito?
Más que diferencias, lo que queremos es fortalecer el trabajo intersectorial en este tema. ¿Eso qué implica? Una articulación muy cercana con la DIRINTRAP para la realización de estos megaoperativos, y también la articulación con otros entes del Estado para el cumplimiento de las normas que existen y para el cumplimiento de las acciones previstas en prevención, rescate, rehabilitación e investigación de este delito. Un aspecto fundamental es articular de la mano con la sociedad civil. Es por ello que en la reciente sesión ordinaria que hemos llevado a cabo el 12 de septiembre, hemos incorporado a dos instituciones de la sociedad civil como miembros invitados formalmente dentro de la Comisión, una de ellas es CHS Alternativo y la otra Movimiento El Pozo. Más allá de que hayan sido elegidos como representantes de la sociedad civil ante la Comisión Multisectorial, nosotros tenemos un espacio abierto de articulación con otros actores de la sociedad civil en sus expertises correspondientes. Lo que nosotros queremos es un trabajo amplio, abierto y que permita una articulación entre el Estado y la sociedad civil en este objetivo que es la lucha contra la trata de personas.
3. En relación a la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, ¿qué estrategias propondría para el fortalecimiento de este espacio de coordinación intersectorial?
Uno de los aspectos que hemos buscado es el fluido diálogo con los distintos actores que forman parte de esta Comisión Multisectorial. Hemos tenido ya reuniones bilaterales con el Ministerio Público, con el Ministerio de Justicia, también estamos estableciendo estas articulaciones con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Lo que queremos, más allá de los espacios de articulación formal que se tienen en las sesiones ordinarias o extraordinarias, es buscar potenciar el diálogo de articulación bilateral con todos estos estamentos. Estamos trabajando muy cercanamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, hay una serie de compromisos binacionales que obran en países de la región. La idea es enrumbar al objetivo de plasmar todo aquello que está comprometido en la normatividad vigente en aras de luchar contra este flagelo. Ese es el horizonte de orientación que se nos ha diseñado a la labor que debemos de cumplir.
4. ¿Cuáles han sido los principales resultados del Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas (PNAT) 2011 – 2016? ¿Cómo se ha venido trabajando en el diseño del nuevo PNAT para el período 2017-2021?
Sobre el PNAT 2011-2016, hay tres líneas estratégicas fundamentales, una es la prevención del delito, otra es la persecución y la tercera es la protección y asistencia a las víctimas. Estas líneas estratégicas están abarcando 10 objetivos estratégicos y 30 metas. En el tema de prevención, se han podido llegar a informar a cerca de 8 millones de personas sobre esta problemática, con todas las campañas que se han realizado, como las tres ediciones de la campaña Corazón Azul, otras campañas anteriores y las que ahora nosotros estamos impulsando como el Movimiento Ramón Castilla. Son más de 69 mil funcionarios públicos, docentes y estudiantes que hemos venido capacitando a lo largo de este tiempo. En el eje de persecución, el funcionamiento de la DIRINTRAP es un aporte muy importante, así como los 26 departamentos desconcentrados de esta Dirección a nivel nacional. Ahora hay ocho Fiscalías Especializadas en la Investigación del delito de Trata de Personas, y lo que estamos avanzando en articulación con el Ministerio Público es el Sistema Intertrata, que es otro reto que hemos asumido. En el 2015 se realizaron 19 megaoperativos. En el eje de persecución, según el Informe que se presentó al Congreso este año, el Poder Judicial nos ha señalado que, de todos sus Distritos Judiciales a nivel nacional, han realizado 42 sentencias condenatorias entre el 2014 y 2015. En el eje de protección, un avance que hay que saludar es el perfeccionamiento del tipo penal del delito de trata de personas, que se consiguió a través de la Ley N° 30251, la modificatoria de Reglamento de la Ley, la aprobación del Protocolo Intersectorial y del Protocolo específico que nosotros tenemos, la Policía Nacional, también se ha avanzado en ello a nivel del Ministerio Público y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y la implementación de 40 Cámaras Gesell y 20 Salas de Entrevista Única con ese objetivo.
5. En las próximas semanas se realizará la presentación del Cuarto Informe Alternativo. Balance desde la Sociedad Civil sobre la situación de la Trata de Personas en el Perú. Para el actual período de gobierno, ¿cuáles considera que son los principales retos y desafíos del Estado en la lucha contra la trata de personas? 
El principal reto es el incremento de presupuesto. Hay la voluntad de la Alta Dirección del Ministerio del Interior de avanzar en ese camino. Otro reto que tenemos es la formulación del nuevo PNAT 2017-2021. También, otro reto es el implementar adecuadamente los protocolos intersectoriales para una debida atención, porque es uno de los serios problemas que tenemos. En relación al nuevo PNAT, hemos contratado a una consultora que está trabajando en ello. se han tenido reuniones y talleres en la formulación de ese plan, y hay un inicial producto que es un marco conceptual, que todavía es inicial y que vamos a compartir con los miembros de la Comisión para poder recibir sus aportes, y continuar en lo que resta del año en el proceso de formulación. Lo que queremos nosotros es que este proceso de formulación del nuevo Plan sea un proceso participativo, por ello, vamos a tener espacios de articulación con los distintos miembros de la Comisión Multisectorial y también con la sociedad civil.
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