El intercambio vivo de culturas, pueblos, lenguas, y costumbres entre Perú y Bolivia, así como la historia y topografía que los unen, hacen que sean los dos países que mayores puntos en común comparten de todo el Continente Americano. Lamentablemente esta concordancia también se traslada a la lucha en común que libran contra la trata internacional de personas que afecta a ambos países.
Según la Secretaría de Estado de los EEUU, Perú y Bolivia son catalogados como países de Tier2, una categoría que describe a aquellos Estados que no cumplen con los estándares mínimos internacionales pero que realizan esfuerzos contra la trata. Es un problema que se origina en los grandes paralelos de pobreza y desigualdad que hacen que los ciudadanos y ciudadanas de los dos Estados sean blancos fáciles para los tratantes. Y que se potencia por las rutas fronterizas de contrabando y tráfico de drogas que nutren a las rutas de trata de personas y tráfico de migrantes.
Las consecuencias de este problema en común, que afecta en su mayoría a víctimas procedentes de Bolivia como país de origen, podemos verlo en zonas de alta concentración de minería ilegal como La Rinconada, en Puno. En este lugar las autoridades estiman que más de 2500 bolivianas, en su mayoría jóvenes y adolescentes, se encuentran en condiciones de trata con fines de explotación de sexual. La localidad cuenta con cerca de 71 mil trabajadores de diversas industrias informales que alimentan el círculo delictivo, sin embargo, la localidad solo cuenta con 48 efectivos policiales.
Esta semana el Presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski viajó a Sucre para reunirse con su homólogo Evo Morales en el II Gabinete Binacional entre Perú y Bolivia. Entre los temas prioritarios en agenda se encontraba la articulación de esfuerzos para luchar contra actividades ilícitas entre las cuales se enumeró a la trata de personas. A su regreso de Bolivia, la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana María Romero, quien anunció como parte de un plan estratégico la convocatoria de reuniones trasnacionales destinadas a compartir experiencias sobre este delito.
CHS Alternativo celebra que desde el año pasado -cuando se llevó a cabo el I Gabinete Ministerial en la Isla de Esteves en Puno- la lucha contra la trata de personas sea un tema de agenda bilateral. Sin duda la aprobación del Acuerdo entre la República de Perú y la República de Bolivia para fortalecer la lucha contra la trata de personas, el tráfico de migrantes y los delitos conexos, será fundamental para el desarrollo de políticas de Estado certeras en esta material. Sin embargo, de año en año los avances del Estado no son lo suficientemente significativos para disuadir a los delincuentes que encuentran en la trata de personas un negocio extremadamente rentable debido a los altos índices de impunidad que se manejan entre ambos países.
Desde la conformación de la Fiscalía Especializada de Trata de Personas en Puno en agosto del 2015, el Ministerio Público ha liderado más de 15 intervenciones, rescatado a más de 300 víctimas en colaboración con la policía y ha denunciado más de 100 casos penalmente. De esta pequeña experiencia podemos deducir que la realización de operaciones conjuntas en el terreno es la mejor forma de recabar información que de otra manera permanecería oculta a simple vista. Luego de estas operaciones, el resguardo y protección de la víctima, así como su repatriación y reinserción debería ser prioridad. Sobre este último punto el II Gabinete Binacional logro importantes avances aprobando el “Protocolo Binacional de Investigación, Rescate y Repatriación”, pero ese es solo el primer paso.
