Una clase para frenar la epidemia de agresiones sexuales a menores

Los alumnos del último curso de secundaria de la escuela Rauwane Sepeng, ubicada en uno de los escasos descansos orográficos que concede el corredor del platino, en el noroeste de Sudáfrica, están calculando la fricción entre dos cubos de cuatro y ocho kilogramos dibujados en la pizarra. Al poco de tocar el timbre, Lydia Ganda deja sus cosas sobre la mesa del profesor. Ella no viene a hablar de física. Ni siquiera de algo que vaya a computar para la media académica. Va a hablar de sexo.

"Antes de iniciar cualquier relación sexual necesitamos consentimiento. Tenemos que preguntar. La respuesta solo puede ser  o No. No hay proceso más correcto que el de preguntar, esperar la respuesta y respetarla", escribe para empezar en la pizarra, donde antes estaban los cubos y las fórmulas matemáticas.


Violencia sexual contra menores
En octubre de 2017, la sociedad sudafricana asistía consternada al escándalo por los supuestos abusos sexuales cometidos por un guardia de seguridad en una escuela primaria de Soweto, el histórico barrio al oeste de Johannesburgo. Hasta 87 estudiantes denunciaron haber sido agredidas, incluidas varias violaciones. Un año después, el acusado fue absuelto después de que la Corte Suprema de South Gauteng calificase de burda la cadena de errores cometidos durante la investigación policial.
“Se está produciendo un ataque a gran escala contra la infancia en Sudáfrica. Hay un gran problema en el sistema educativo, familias rotas, niños que crecen huérfanos a consecuencia de la epidemia del VIH y que no reciben la educación que necesitan porque sus padres tampoco la tuvieron... Pero también existe un problema con una policía mal pagada, profesionales sanitarios sin la preparación adecuada y un sistema judicial colapsado. Al final, los niños, que son los más vulnerables, son los que sufren las consecuencias”, resume Christina Rollin, una de las mayores expertas de un país en plena emergencia contra la violencia sexual a menores.
Un estudio publicado por The Lancet alerta de que uno de cada tres estudiantes sudafricanos ha sufrido algún tipo de agresión sexual en su vida y el propio Gobierno reconoció en el Parlamento que hasta el 9,1% de las violaciones denunciadas en el país — ya que de por sí con una de las tasas más elevadas del mundo, 70,5 por cada 100.000 habitantes—correspondían a niños de nueve años o menos. Casi siempre, hasta en un 80% de los casos, los responsables son personas cercanas.
La primera, la de los propios menores, también chicos. “Hay una reacción física en el hombre que hace que, aunque sea agredido, su cuerpo reaccione, lo que provoca que muchos cuestionen su identidad sexual y se culpen a sí mismos por haber disfrutado”. Asumen los abusos como un marco aceptable de comportamiento y lo transmiten al formar su propia familia: “Padres que son padres sin haber aprendido a serlo, sin haber recibido ejemplos adecuados y que vuelcan en sus hijos sus propios problemas (…) Madres, continúa Rollin, que se niegan a creer que esa violencia esté ocurriendo en su casa”.
La segunda, la del propio Estado que esconde el problema para no tener que enfrentarse a su propio espejo. Teniendo en cuenta que apenas uno de cada nueve casos son denunciados, extrapoblaciones de investigadores de la Universidad de la Ciudad del Cabo elevan la cifra de abusos por encima del 35% del alumnado. 
La tercera estructura, la judicial, también alimenta impunidad. Entre un 40% y un 60% de los casos denunciados son retirados antes de llegar a la Corte y cuando lo hacen suele haber pasado tanto tiempo que se han perdido testigos, pruebas o la propia vida de las víctimas. 
Fuente: El País

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La violencia física extrema y la manera abierta en que la infligen las fuerzas militares refleja una cultura generalizada de tolerancia de la humillación y un propósito deliberado de causar dolor o sufrimiento físico y mental a los civiles de las minorías étnicas en Myanmar, señalaron los expertos en derechos humanos integrantes de la Misión Investigadora de la ONU para ese país.

En un informe, la Misión describió las tácticas brutales empleadas en los estados de Kachin y Shan y destacó las “operaciones de limpieza” de 2017 que obligaron a 700.000 rohinyás a huir a Bangladesh, subrayando que las atrocidades registradas en el estado de Rakhine son un indicador de los intentos genocidas del ejército contra esa minoría.

La Misión halló que los soldados practicaron rutinaria y sistemáticamente violaciones, algunas de ellas masivas, y otros actos de violencia sexual contra mujeres, niñas, niños, hombres y transgénero, transgrediendo de manera flagrante las leyes humanitarias internacionales.

Rendición de cuentas
“La comunidad internacional debe pedir a los militares de Myanmar que rindan cuentas por el tremendo dolor y sufrimiento causado a personas de todos los géneros en el país”, dijo Marzuki Darusman, presidente de la Misión.
Darusman ha insistido desde que la Misión empezó sus indagaciones en la importancia de que haya una rendición de cuentas que “no sólo concierne al pasado, sino también al futuro”.
“Myanmar está destinado a repetir su ciclo de violencia y violaciones a los derechos humanos a menos que se ponga fin a la impunidad”, ha alertado en repetidas ocasiones.
Los expertos entrevistaron a cientos de sobrevivientes y testigos de la violencia sexual en el norte del país, en Kachin y Shan, y en el occidente, en el estado de Rakhine.

Denuncias de atropellos

Radhika Coomaraswamy, una de las integrantes de la Misión, destacó la diferencia que normalmente existe entre las denuncias de ataques y violencia sexual entre hombres y niños y personas transgénero, llamando a romper ese silencio.
El informe, divulgado en el segundo aniversario del inicio de las operaciones, es un recordatorio de la necesidad de que haya una rendición de cuentas.
La mayor parte de los asaltos estuvieron dirigidos contra mujeres y niñas e incluyeron golpizas, quemaduras con cigarrillos, apuñalamientos, violaciones y esclavitud sexual en las bases militares. La Misión documentó también casos de violación y tortura sexual a hombres y niños.
Christopher Sidoti, el otro integrante de la Misión, refirió que por primera vez se enfatiza la violencia contra las personas transgénero. “Hablamos con mujeres rohinyás transgénero y encontramos que son doblemente víctimas, una por ser rohinyás y otra por ser transgénero”, explicó.
La Misión afirmó que la conclusión que puede hacerse tras oír los relatos es que la violencia sexual perpetrada por los militares birmanos fue parte de una estrategia deliberada y bien planeada para intimidar, aterrorizar y castigar a la población civil.
La Misión Investigadora para Myanmar presentará su informe final al Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2019.
Marzuki Darusman fue el fiscal general de Indonesia; Radhika Coomaraswamy trabajó como representante especial de la ONU para niños y conflictos armados y fue relatora especial sobre violencia contra mujeres y niñas; y Christopher Sidoti ocupó el cargo de comisionado de derechos humanos en Australia.
Fuente: News ONU
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Miraflores: extranjeras son explotadas

En un operativo, realizado por la División de Trata de Personas de la PNP y la municipalidad del distrito, se desarticuló este ilícito negocio.
Tras recibir información sobre la presencia de un prostíbulo que funcionaba en el departamento de un edificio, en la cuadra uno de la calle Colón, la policía y los agentes de la comuna llegaron al lugar la tarde del miércoles.
Así, detuvieron a la ciudadana venezolana Johana del Valle Peña Matheus (21), quien trabajaba como administradora del local. Ella y otros sujetos, en proceso de identificación, se aprovecharon de su situación de vulnerabilidad como migrantes en nuestro país para captarlas bajo diferentes modalidades, como la falsa oferta de trabajo. Esta vez, se pudo rescatar a cuatro venezolanas, entre los 19 y 33 años. 

Fuente: El Popular
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Chimbote: Joven es detenido con pornografía infantil

En un grave lío se encuentra envuelto un joven de 21 años de edad, quien fue detenido por los efectivos policiales de la comisaría San Pedro.
Se trata de José Rodolfo Liñán Rivas, a quien los agentes le hallaron una memoria micro SD que contenía vídeos de pornografía infantil.
De esta manera él quedó en calidad de detenido en flagrancia para descartar si forma parte de alguna red que distribuye este material ilegal.
El joven transitaba en una moto carguera, de placa de rodaje 8662-1H, por la manzana C del pueblo joven San Pedro cuando fue intervenido por la Policía en mérito a la sindicación de una menor de 16 años de haberle robado su equipo celular minutos antes.
Liñán Rivas se mostró bastante nervioso con la intervención policial y negó haber participado en el robo del equipo móvil de la menor; sin embargo, cuando se le realizó el registro personal se le halló una memoria micro SD que contenía el material ilícito.

Fuente: La industria
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Iquitos: Red de pedófilos reclutaban a niñas a través de facebook

Una denuncia pública a través de Facebook puso en sobreaviso a la Policia Nacional del Perú sobre un presunto pedófilo que solicitaba niñas de entre 8 a 10 años para tener relaciones sexuales.
Gracias a esta publicación, los agentes pudieron dar con una red de pedofilia que operaba en el país y se dedicaba a la comercialización de material pornográfico infantil.
Según un informe de Domingo al Día, Kaiki López Méndez, un trabajador municipal de Iquitos, y Juan Pérez Irarica, un DJ conocido como "Juanmix", conforman la banda criminal de pedófilos los "Ñañitos de Iquitos", quienes violaban a las niñas, las grababan durante el acto y luego comercializaban los videos.
Una conversación difundida por las redes sociales evidenció cómo operaban estos sujetos. López Méndez, de 25 años, le pide a un usuario que lo ayude a reclutar a una menor de 10 años.
Tras la denuncia, la policía inició una investigación y logró dar con los paraderos de los pedófilos. Kaiki López fue encontrado en Iquitos, mientras que Juan Pérez Irarica, de 29 años, fue detenido en Lima.

¿Cómo prevenir el abuso infantil?

La psicóloga Doris Woolcott señala que la pedofilia es una patología donde no existe el arrepentimiento. Según ella, los niños vulnerables emocionalmente son quienes podrían caer más fácilmente en los engaños de los abusadores sexuales de menores.
“Ellos creen, ellos confían. Si pasan por un momento de poca atención, descuido, se sienten con malestar en la familia, es ahí que con mucha rapidez van a alguien que los empieza a ‘conquistar’, porque los empiezan a tratar bien y fácilmente les van a creer”, asegura.
Por eso, la mejor recomendación para evitar que los hijos sean víctimas de esta perversión es establecer límites, confianza e información oportuna sobre la sexualidad.
Fuente: La República
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Marco normativo no basta para combatir la violencia contra la mujer

En nuestro país, desde el 2011 se avanzó en el marco normativo; no obstante no es suficiente para combatir la violencia hacia niñas y mujeres, advirtió la adjunta para los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo, kathia Revollar Añaños.
Hay que precisar que desde el 2015, se cuenta con la Ley N°30364, el protocolo de acción conjunta de todas las instituciones que deben atender a las víctimas de violencia.
Revollar señaló que en su rol fiscalizador la Defensoría del Pueblo identificó que se requiere más presupuesto, una articulación entre todos los sectores en los niveles intergubernamentales para poder atender de forma más sostenida e integral la problemática de la violencia hacia las mujeres.
La Defensoría del Pueblo al realizar un trabajo de supervisor a todo el sistema de atención en los Centros de Emergencia Mujer, detectaron que los equipos multidisciplinarios que deberían existir no es están completos, que hay agotamiento profesional en los servidores y que dependen del Programa Nacional contra la violencia sexual y familiar, a pesar de que desde el 2015, en la Ley ya no se tipifica así pues ahora se desarrollaron 16 formas de agresión contra las mujeres.
Debido a esto se ha recomendado el cambio en la estructura organizacional del Ministerio de la Mujer en su conjunto.
La ministra Gloria Montenegro dispuso la conformación de una comisión que adecue el programa a lo que seria la ley N°30364, para atender la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, siendo un tema de connotación pública y del Estado.Hay que resaltar que la Defensoría del pueblo esta incluida ene el plan de acción para la prevención de la violencia contra la mujer como la entidad supervisora como una forma de fortalecer el sistema de atención. En ese sentido sus recomendaciones son escuchadas por el gobierno.
Fuente: Diario Correo

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Piura: Exigen salida de gerente regional por denuncia por acoso

Los consejeros regionales Alfonso Llanos Félix Maldonado, y hasta el alcalde de Piura, Juan José Díaz, exigen la salida del gerente general del Gobierno Regional, Jesús Torres, por presuntamente acosar sexualmente a una extrabajadora suya. Según la denunciante, le habría hecho tocamientos indebidos y propuestas indecentes para renovarle su contrato.
Llanos y Maldonado le solicitaron al gobernador Servando García que separe al funcionario mientras duren las investigaciones. “No solo por este tema tan delicado debería irse, sino también por su ineficacia en la ejecución presupuestal, la cual no llega ni a la cuarta parte”, refirió Llanos.
Maldonado, a su turno, dijo que con todos estos hechos "la imagen del Gobierno Regional está bastante deteriorada y esto, lamentablemente, arrastra al Consejo Regional".
El alcalde de Piura, Juan José Díaz, por su parte, quien había denunciado a Torres por presunta falsificación de documentos, manifestó “que una persona que se comporta como el actual gerente regional jamás trabajaría en la municipalidad y corresponde que el gobernador asuma el rol de líder y tome la decisión correspondiente. Me parece que los hechos denunciados son más que evidentes”.
La Defensoría del Pueblo solicitó formalmente al gobernador que las investigaciones por este caso se efectúen de manera inmediata y de forma independiente. Mientras que el Colectivo por la Igualdad de Género en Piura calificó como lamentable la denuncia y se solidarizó con la supuesta víctima. El Centro de Emergencia Mujer la asiste legal y psicológicamente. 
Fuente: Perú 21
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Más de 300 casos de acoso sexual atendieron los CEM entre enero y julio de 2019

Las mujeres continúan siendo víctimas de los acosadores y nada parece frenar este delito. Entre enero y julio de este año, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) del Ministerio de la Mujer han atendido un total de 382 casos de acoso sexual en espacios públicos.
Según el informe de esa entidad, 366 mujeres fueron víctimas de este delito, lo que representa el 95.8%. Un total de 182 víctimas han sido mujeres adultas (49.7%); 180 fueron niñas y adolescentes (49.7%); mientras que cuatro de los casos correspondieron a adultas mayores (1.1%).
En tanto, de la cifra total hay 16 casos de hombres acosados en espacios públicos. Doce de ellos (75%) son niños y adolescentes, mientras que cuatro (25%) son adultos.
Según el informe, el 2.1% (8 casos) de acosadas en plena vía pública padece de algún tipo de discapacidad. Mientras que en el 23.6% (90 casos), el CEM ha interpuesto una denuncia. Así también, en el 47.9% de los casos, los CEM han solicitado medidas de protección (183 casos). De igual forma, el 80.6% (308) cuenta con algún tipo de patrocinio legal.
Lima lidera el ranking de las regiones con mayor número de casos de acoso sexual en espacios públicos, en los siete primeros meses de este año con 140 casos (36.6%).
A la capital le sigue La Libertad con 31 denuncias (8.1%); Áncash, 23 (6.0%); Huánuco, 18 (4.7%); Arequipa, 17 (4.5%); Loreto, 16 (4.2%); San Martín, 16 (4.2%); Cusco, 14 (3.7%).
Hostigamiento. Entre enero y julio de 2019 también se atendieron 626 casos de hostigamiento sexual en los Centro de Emergencia Mujer del país. De esta cifra, el 29% de los casos son mujeres menores de 18 años.
De igual manera, en 425 casos las víctimas fueron mujeres entre los 18 y 59 años; mientras que 194 incidentes las que sufrieron hostigamiento tenían 17 años o menos. 
Fuente: Diario Correo
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Áncash reporta más de 5 mil casos de violencia contra la mujer

Áncash es la quinta región con más casos de violencia familiar a nivel nacional, de acuerdo a las estadísticas que maneja el Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). 

Hasta la actualidad se han reportado más de 5'200 casos de violencia contra la mujer en los 26 Centros de Emergencia Mujer de la región. La titular del  Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Gloria Montenegro, en la región, dijo que la estadística puede resultar preocupante, también consideró que evidencia que las mujeres cada vez se animan más por denunciar a sus agresores. 

“Las denuncias se han duplicado, eso es muy doloroso, pero es bueno porque significa que la mujer está confiando en el sistema, en los centros de emergencia mujer y quiere apoyo, por eso es que el trabajo tiene que ver con el tema de salud, y también con el sistema de justicia”, señaló Gloria Montenegro en su llegada a Chimbote para la inauguración de dos Centros de Emergencia Mujer en los distritos de Chimbote y Nuevo Chimbote.

La ministrar reflexionó en que existe una “cultura machista que necesita ser desterrada” de la sociedad. En ese sentido, consideró que la igualdad de género y evitar actos de violencia contra los grupos vulnerables, debe realizarse “de manera transversal” con el apoyo de las entidades no solo del Ejecutivo, sino también los gobiernos regionales y locales. 

“Necesitamos mas educación, más sensibilidad social y sobre todo prevenir la violencia. Cuando se escuche que una vecina que llora o grita, levanten (el teléfono) y marquen la línea 100, para ayudar a esa mujer”, señaló.

“No puede haber desarrollo humano si existe violencia, delincuencia y falta de valores en el país. Queremos una sociedad protectora de niños, niñas y adolescentes. ¡Nada justifica la violencia!”, enfatizó también.

Fuente: El Comercio y Diario Correo



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Venezolanas que viven en Perú denuncian ser víctimas de acoso, explotación y discriminación

Un estudio sobre la violencia de género reveló que el 100 por ciento de las mujeres venezolanas residentes en el Perú entrevistadas con este propósito han sido víctimas de algún tipo de violencia; tanto física, psicológica, verbal, acoso sexual, acoso sexual callejero y xenofobia.
El estudio fue elaborado el Centro de Atención Psicosocial (CAPS) como parte del proyecto “Integrando Horizontes”, que involucró a ciudadanas venezolanas afincadas en los distritos de San Juan de Lurigancho, Los Olivos, San Martín de Porres, Cercado de Lima, Independencia, así como en las ciudades de Tumbes y Zarumilla.
Esta iniciativa, liderada por la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF), tiene como objetivo crear conciencia sobre la violencia de género y los derechos de las mujeres peruanas y venezolanas.
Con respecto a la violencia en el trabajo la investigación ha detectado que existe explotación laboral contra mujeres venezolanas, ya que realizan jornadas largas por salarios menores a los que les pagan a las mujeres peruanas, generando fracturas en la relación entre ambos grupos por el trato diferenciado.
“Muchas veces también son blanco de ataques y malos tratos de parte de las mujeres peruanas que las acusan de ocupar los espacios laborales que les pertenecen. Por otro lado, el acoso sexual del que son víctimas por parte de empleadores o compañeros de trabajo, generan que no lo denuncien y tengan que lidiar con el temor de perder sus puestos laborales porque no cuentan con un contrato formal que las ampare”, explicó Jacquely Fontela, presidenta ejecutiva del CAPS.
Por su parte, Marina Navarro, presidenta ejecutiva de Amnistía Internacional en Perú, señaló que las mujeres venezolanas son víctimas de discriminación que tienen que ver más con la xenofobia, y eso es lo que marca la diferencia de lo que sufren las mujeres peruanas.
“A las mujeres migrantes se las sexualiza por su forma de vestir o por comportarse, es decir, que se actúa considerando estereotipos que no tienen base. La xenofobia no tiene nacionalidad”, comentó.
Mientras que la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF), a través de su directora de proyectos, Giovanna Brazinni, informó que están trabajando una iniciativa que involucra a la empresa privada, al Estado y a la comunidad, para generar la auto-gestión de la propia población (peruanos y venezolanos), que les permita acceder a una mejor calidad de vida, romper estereotipos y generen empatía entre ambas poblaciones.
Finalmente, se espera que los resultados del estudio permitan sensibilizar y prevenir la violencia basada en género (VBG), la explotación sexual y la trata de personas, a fin de mejorar la integración de venezolanos migrantes con la población peruana y, sobre todo, crear conciencia sobre la situación que atraviesan con el fin de disminuir la xenofobia en el país.
Fuente: El tiempo
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