La zona de la Triple Frontera entre Colombia, Perú y Brasil es el enclave idóneo para el tráfico ilegal, no solo de droga o recursos naturales, también de personas. Casi siempre, mujeres y niñas
Ni se nos ocurriría mencionarla. Si nos preguntaran por un lugar donde se sufra la trata, pocas veces contestaríamos la Amazonia o la triple frontera amazónica entre Colombia, Perú y Brasil. Sin embargo, ningún país se libra de este delito que comercia con las personas como si fueran mercancía, que en el 62% de los casos son mujeres y en el 23% niñas, en torno al 80% de las veces, con objetivo de explotarlas sexualmente
Con el confinamiento forzoso y toda la atención puesta en los más de 699.252 casos confirmados y 19.917 personas fallecidas por covid-19 en toda la Panamazonia (hasta el 28 de julio), la acción humanitaria y el fortalecimiento de la sanidad pública, resulta más difícil que nunca medir el impacto de la trata, pero los expertos en terreno aseguran que la crisis económica ha incrementado el narcotráfico, la tala ilegal y el tráfico y la explotación de personas.
La ubicación fronteriza de las localidades de Puerto Nariño (Colombia), Caballococha (Perú) y Atalaia do Norte (Brasil), unidas y separadas por el río Amazonas, son el caldo de cultivo idóneo para el tráfico ilegal, no solo de droga o recursos naturales, también de personas. Aquí, toda la comunicación se realiza dentro y a través del río Amazonas. Las lanchas, botes y demás embarcaciones cruzan constantemente de una orilla a otra y, sin apenas controles, cambian de país.
Puerto Nariño (Colombia) es un destino vacacional muy popular en la región. Un pequeño y tranquilo municipio, de calles peatonales y cuidados jardines, a orillas del río Loretoyaco, ideal para pequeños cruceros fluviales y ver a los delfines rosados en su hábitat. En esta idílica población las estudiantes del internado indígena de San Francisco de Loretoyaco son el objetivo de muchas miradas de deseo. Hombres mayores las seducen a la salida del colegio para que naveguen en su compañía a Caballococha durante el fin de semana, prometiéndoles diversión, regalos, ropa, un móvil o pequeñas cantidades de dinero.
Las adolescentes, con las circunstancias de precariedad que asolan a sus familias, no prevén un futuro próspero, por lo que consideran esas propuestas una oportunidad para mejorar sus vidas. Las redes de trata conocen bien esa situación de vulnerabilidad y se aprovechan. No son grandes organizaciones criminales, sino individuos que frecuentan o residen en la zona. Dominan el contexto y se organizan para captar, trasladar y explotar. Así, los fines de semana, se genera en la zona mucho movimiento de adolescentes desplazadas a locales de alterne conocidos como “prostibares”, generalmente, propiedad de traficantes de coca y utilizados para todo tipo de negocios ilícitos, a menudo con la connivencia de las autoridades locales.
El confinamiento de la covid-19 ha agravado aún más esta realidad. En su aspecto positivo, la pandemia ha implicado la cohesión comunitaria, el refuerzo de las actividades de pesca y cultivo, y el fortalecimiento de la práctica de la medicina tradicional para combatir los síntomas del virus. Pero, respecto a la trata, se ha dado un paso atrás creándose un falso imaginario de protección, ya que se creyó que el cierre de fronteras y la paralización del turismo ofrecería más protección, pero no ha sido así. Las economías ilegales siguen operando y ahora encuentran más necesidades y grupos de jóvenes desocupados más fáciles de captar.
Esta zona de la Triple Frontera acumula (hasta el 28 de julio) 14.927 personas contagiadas y 362 fallecidos y casi no se habla de las implicaciones sociales del confinamiento en niños y adolescentes. Pero la pandemia ha aumentado el abandono escolar, los centros educativos están cerrados y sin conectividad, han aumentado las carencias diarias por culpa del desempleo, el turismo es nulo y el casi abandono del Estado en los territorios ha hecho que las economías ilegales sigan ofreciendo —ahora como una de las pocas alternativas posibles— un sustento básico a las familias a través del narcotráfico, talas ilegales y otras actividades ilícitas, entre ellas, la explotación sexual.
Una red protectora de orilla a orilla
Nathalia Forero vivió en este internado de Loretoyaco. Hoy es la coordinadora de la RETP-Red de Enfrentamiento a la Trata de Personas en la Triple Frontera que nació hace cuatro años para luchar contra esta realidad y como fruto de un trabajo previo de investigación. Se identificaron dos modalidades fuertes de explotación: una sexual comercial de niños, niñas y adolescentes; y otra, la laboral, es decir, el trabajo esclavo. Pero la investigación también puso de relieve que muchas situaciones de abuso y explotación se habían naturalizado como parte de una economía de subsistencia.
Ella y otros miembros de la red, antes del confinamiento impuesto por la covid-19, recorría las comunidades fronterizas visibilizando las amenazas a las que estaban expuestas las jóvenes: “Lo que aquí ocurre es explotación sexual y trabajo esclavo a la vez. Y vimos que es esencial trabajar en red, independientemente pero pensando en la Amazonia como en un todo conectado”.
