En setiembre del 2015 la Directora del Centro de Atención Residencial “Hogar Gracia” denunció la violación de una joven de 15 años por parte de un miembro del personal de limpieza de su institución. En la denuncia se detalla que la adolescente fue presuntamente ultrajada sexualmente hasta en tres oportunidades por Máximo César Olivares Sánchez, de 47 años, por lo que el Ministerio Público debió ponerla en custodia de una tía. Sin embargo, la madre de la joven recientemente denunció ante un medio de comunicación que teme que su hija haya regresado a la condición de explotación de la que habían intentado protegerla.
Este caso nos recuerda el peligro a la revictimización al que se encuentran expuestas las víctimas de trata de personas una vez denunciado el delito. Según los Principales Hallazgos del IV Informe Alternativo alrededor del 40% de las denuncias por trata de personas registradas por el Ministerio Público entre el 2009 y julio del 2016 se concentraron en nuestra capital. Sin embargo, Lima solo cuenta con dos albergues especializados en total son tres que entre enero del 2015 y mayo del 2016 lograron atender a 126 casos, según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En el Perú existe una gran carencia de Centros de Atención Residencial (CAR) ya que los existentes solo cuentan con la capacidad de albergar a 80 mujeres, menores de edad, de las cerca de 3500 víctimas reportadas por el Ministerio Público desde el 2009.
La situación de las víctimas de trata de personas necesita nuestra atención urgente. Sin embargo, esa urgencia no se evidencia cuando el Estado toma la decisión de reducir a la mitad el presupuesto asignado para la lucha contra este delito de 14 millones en el 2015 a 6 millones en el 2016. Pero no es solo importante que se incremente el presupuesto sino que el Estado tenga ideas claras de cómo ejecutarlo ya que en los últimos dos años el nivel de ejecución presupuestal no superó el 50% en las 10 entidades gubernamentales consultadas.
Desde el fallo de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que no considera que una denuncia sea un caso de trata con fines de explotación sexual porque la posibilidad de ser dama de compañía fue solo una sugerencia y no el fin primigenio con el que fue llevada a trabajar a un bar. Hasta las carencias instituciones que pudieron haber dado lugar a que una situación de explotación sexual ocurra mientras la víctima se encontraba en el cuidado de un centro especializado administrado por El Estado. Queda claro que aún queda un camino largo por recorrer en el que el cuidado y la protección de las víctimas son piezas claves en el proceso de reinserción de las sobrevivientes de este delito.
Para que el Estado cumpla su deber y pueda asegurarles que reciban la oportunidad de ver un futuro más allá de la situación de esclavitud que vivieron, se requiere mayor presupuesto para implementar más albergues de atención especializada. Además, en este proceso es necesario dar una atención psicológica a largo plazo que realice un seguimiento para garantizar una mejora real en la calidad de vida de las sobrevivientes. Y, finalmente, es indispensable dar acceso a posibilidades educativas o de formación laboral que les proporcione una alternativa viable para su integración en la sociedad. Los retos son claros y la necesidad apremiante, las víctimas no pueden esperar más.
