Dr. Godofredo Miguel Huerta Barrón, Director General de Seguridad Democrática Ministerio del Interior.
1. ¿Cuáles son las acciones que se vienen desarrollando para la elaboración del PNAT 2017 – 2021 y para cuándo se estima que se tendría finalizado?
La elaboración del nuevo Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2017 – 2021 inició en febrero de este año y cuenta con cinco fases o etapas. Una fase inicial de evaluación participativa del Plan 2011-2016 donde se buscó realizar un análisis y valoración conjunta de su pertinencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad, a fin de obtener insumos y lecciones aprendidas para la elaboración del nuevo Plan Nacional. Para ello se llevó a cabo un taller en febrero de este año donde se contó con la participación de los integrantes de la Comisión Multisectorial, actores de la sociedad civil y de organismos internacionales.
Una segunda fase de análisis prospectivo, se llevó a cabo de marzo a junio y comprendió la revisión y análisis de los principales documentos disponibles sobre la política pública sobre trata de personas, estudios e informes internacionales, e informes de avances de cumplimiento del Plan 2011-2016. Esta segunda fase también comprendió un análisis de la situación de la trata de personas en el país con expertos. A partir de este recojo de información, se elaboró una propuesta de marco conceptual del nuevo Plan Nacional, el cual fue luego revisado por los diversos actores en dos talleres de validación. Actualmente, la versión final de este documento se está validando por los miembros de la Comisión Multisectorial.
Ahora bien, durante el mes de junio, se tomó la decisión de iniciar el proceso de elaboración del Diagnóstico situacional sobre la trata de personas en el Perú, con el objetivo de contar con información sobre las dinámicas en torno al fenómeno, magnitud de la trata de personas por Regiones, perfiles de los agentes criminales y de las víctimas a nivel nacional y regional, entre otros, cuyas conclusiones permitieran continuar con el proceso de elaboración del PNAT 2017 – 2021.
En este sentido, durante el mes de setiembre se establecieron reuniones con el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), con el objetivo de presentar los avances en la elaboración del nuevo Plan 2017 – 2021, así como los problemas identificados en el proceso de diseño ante la falta de información. Asimismo, se evaluaron las alternativas metodológicas para continuar con la elaboración del Plan.
Así, se han realizado en el mes de diciembre los talleres de construcción de la visión del nuevo Plan Nacional, así como sus lineamientos y objetivos estratégicos. Cabe resaltar que se apuesta por un proceso participativo, donde se involucre a la mayor cantidad de actores posibles, incluyendo representantes de las ONGs con experiencia en el tema de trata de personas y actores de la cooperación internacional y la academia.
Con el trabajo realizado durante estas reuniones, se ha iniciado la elaboración de la propuesta del nuevo Plan 2017-2021, especialmente las metas, actividades e indicadores. Se espera poder contar con un documento para febrero del 2017, a partir del cual se dará un proceso de validación a nivel de Comisión Multisectorial y redes regionales. Este proceso culminará con una validación oficial del PNAT 2017-2021 para su derivación a Presidencia de Consejo de Ministros para su aprobación correspondiente.
2. Teniendo en cuenta el balance de la ejecución del PNAT 2011-2016, ¿cuáles son los cambios o aspectos más importantes que se deben considerar en el nuevo PNAT?
El Plan, a diferencia de su predecesor, se construye en el marco de un proceso de consolidación de la política pública de lucha contra la trata de personas en el país. Los diversos sectores cuentan con mayor experiencia en la materia, con lecciones aprendidas, con normativa e institucionalidad que, aunque perfectible, brinda un sistema de soporte a lo que serán las futuras acciones y actividades a realizar como parte del nuevo plan. En ese sentido, esperamos que este nuevo Plan pueda incidir de mayor y mejor manera en la realidad del delito a nivel nacional.
La construcción de este instrumento parte de la constatación de que el foco de atención de los esfuerzos del Estado y estoy seguro también aquellos de la sociedad civil y las organizaciones internacionales- es la víctima y la población en situación de riesgo de trata de personas. Este debe ser el principio orientador de todo el documento, desde las secciones más generales, hasta las actividades e indicadores específicos. En el nuevo Plan Nacional, toda acción del Estado debe buscar la construcción de un entorno seguro que evite la aparición de nuevas víctimas, así como procesos de protección y restitución de derechos para aquellas personas que ya han pasado por un proceso de trata y se encuentran en una etapa de reintegración a la sociedad y re-construcción de su proyecto de vida. Creo que este enfoque, si bien ya presente en el Plan 2011-2016 y en las nuevas herramientas normativas, entra con mucha más fuerza en el Plan 2017-2021.
En cuanto a los ejes específicos, considero que la mayor apuesta es por una prevención adecuada. El Estado debe llegar antes de que el delito se cometa. Para ello, el nuevo Plan Nacional busca que los sectores focalicen sus esfuerzos en las zonas identificadas como puntos de origen de la trata de personas. Se debe establecer de manera específica cuáles son los lugares de captación de víctimas de trata de personas y aquellas circunstancias que causan situaciones de riesgo ante este delito. Allí se buscará llevar servicios educativos, de capacitación profesional y de inserción laboral, así como nuevas estrategias de lucha con la pobreza y la corrupción. Como Estado, nos estamos poniendo una meta alta, pero es nuestra responsabilidad encontrar los medios para ello.
3. ¿Qué tan importante es que todos los sectores del Estado, miembros de la Comisión Multisectorial cuenten con un presupuesto anual específico para la lucha contra la Trata de Personas?
Es imprescindible. Sin presupuesto, las metas y acciones que se indicaba en la respuesta anterior no podrán cumplirse y el nuevo Plan quedará solo en el papel. Justamente uno de los mayores obstáculos para el cumplimiento del Plan 2011-2016 fue la falta de recursos económicos en los diversos sectores del Estado, problemática también expuesta por los diversos informes alternativos elaborados por sociedad civil.
Ante ello, cada Sector y los gobiernos regionales y locales, deben otorgar la debida importancia a la lucha contra la trata de personas. Esta se refleja también en el nivel de inversión que se realiza, tanto en recursos humanos como económicos. No podemos construir un nuevo Plan, aprobar un nuevo reglamento y un Protocolo Intersectorial, para luego no traducir todo ello en acciones concretas en nuestros planes anuales con el presupuesto correspondiente.
Cabe precisar que la estimación de costos para la implementación del Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017 – 2021 se realizará en la fase estratégica, una vez que se hayan formulado los objetivos y acciones estratégicas, así como actividades e indicadores.
4. Con respecto al presupuesto asignado y rectoría nacional en la lucha contra la trata de personas ¿qué tipo de medidas se han adoptado o piensan adoptar para la implementación y monitoreo de las acciones que se realicen desde los gobiernos locales y regionales, considerando el reto de la descentralización?
Actualmente, en el país, existen 24 Redes Regionales contra la trata de personas. Este año, como resultado de la asistencia técnica brindada por el Ministerio del Interior y otros Sectores que conforman la Comisión Multisectorial, se constituyó la Red Regional de Apurímac. Nos encontramos en proceso de creación de la Red de Lima provincias y Lima Metropolitana, que ya cuentan con proyecto de ordenanza de creación. Por otro lado, se cuenta con seis planes regionales contra la trata de personas aprobados en las regiones de: Madre de Dios, Ayacucho, Loreto, Puno, Cusco y Tumbes, mediante ordenanzas regionales y Resolución Ejecutiva Regional. La región Tumbes fue la última en aprobar su Plan Regional en el mes de julio de 2016.
Esta institucionalidad, con avances diferenciados según cada zona específica, es la base para la implementación del nuevo Plan Nacional 2017-2021 en los Gobiernos regionales y nacionales. Estas instancias de representación, participarán del proceso de validación del nuevo Plan y ejecutarán las acciones y actividades a su cargo. A fin de que este proceso se desarrolle de manera adecuada, la Dirección General para la Seguridad Democrática del Ministerio del Interior llevará a cabo un proceso de asistencia técnica reforzado, con mayor presupuesto y personal abocado al seguimiento de las Redes Regionales y Locales. Además, se plateará un trabajo conjunto entre los diversos miembros de la Mesa Multisectorial, a fin de no superponer esfuerzos sino, más bien, focalizar recursos y poder abarcar una mayor cantidad de regiones y localidades.
Finalmente, durante los primeros meses del próximo año, la Dirección General realizará una aproximación diagnóstica respecto de la lucha contra la trata de personas en las regiones del país. Ello nos permitirá conocer fortalezas y debilidades de cada zona, y programar las capacitaciones y asistencias técnicas necesarias para su fortalecimiento con miras a la implementación del nuevo Plan Nacional 2017-2021.
5. ¿Cómo se considera y valora la participación de la sociedad civil en la elaboración e implementación del nuevo PNAT? ¿Se tiene previsto consultar y recoger las propuestas y opiniones de la sociedad civil a nivel regional con relación a la elaboración del nuevo PNAT? ¿Se han definido mecanismos para ello?
La sociedad civil participa de la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, a través de dos representantes: CHS Alternativo y Movimiento el Pozo. Estas organizaciones participan de las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Comisión Multisectorial, así como de los talleres de construcción del nuevo Plan Nacional. También participan otras instituciones públicas y privadas especializadas en el tema, que sin duda fortalecen la construcción del nuevo Plan.
Sin perjuicio de ello, la sociedad civil será un interlocutor importante durante la aproximación diagnóstica en regiones, siendo un aliado fundamental para conocer la realidad de la trata de personas en la zona y el funcionamiento de las instituciones estatales. Además, durante el proceso de validación del Plan Nacional 2017-2021, se tiene previsto un acercamiento con las Mesas Regionales, donde la sociedad civil participa. En tal sentido, podrán brindar sus aportes para la consolidación de acciones, actividades e indicadores que sean efectivos en la prevención y persecución del delito, así como la protección y reintegración de la víctima.
