El aumento de personas venezolanas viviendo en Perú ha generado preocupación entre algunos compatriotas por sus efectos en el mercado laboral y por el cambio en el panorama social. Sin embargo, ¿qué tan “alarmante” es esta situación? Tenemos algunas respuestas que compartir, pero antes debemos señalar que resultan paradójicos este tipo de preocupaciones en un país que tiene el 10% de sus nacionales en el exterior. Efectivamente, son aproximadamente 2’885,787 (INEI-OIM) las y los peruanos que viven fuera de nuestro país, superando algunos flujos las 700 mil personas (Estados Unidos).
Sobre la preocupación ciudadana por el impacto de la migración venezolana, podemos señalar que la alarma social es tan entendible como infundada, pues desconoce el aporte que las y los migrantes ha generado en el Perú, e impide dar cuenta de los compromisos internacionales que ha asumido el Estado peruano. Nuestra historia es expresión de importantes flujos migratorios, muchos de los cuales no fueron realizados en libertad, como es el caso de la migración china, japonesa y africana. La integración de estos colectivos permitieron que elementos tan valorados como nuestra gastronomía sean parte de nuestra identidad.
El error más frecuente es considerar que la migración venezolana hacia Perú es significativa. La propia experiencia peruana ha demostrado que en situaciones de crisis de cualquier índole, la movilidad de personas es una respuesta natural, pues se busca protección y mejores condiciones de vida. Lo cierto es que, según un último reporte de Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en base a estadísticas oficiales, son 27,905 venezolanos los que han obtenido un permiso temporal de permanencia (al 3 de febrero). Este número de personas en movilidad, al igual que el número de personas que han solicitado refugio, todavía no supera el número de peruanas y peruanos que se movilizaron hacia Venezuela durante los años 80 y 90, donde se estima viven en 95 mil compatriotas.
La preocupación se desdibuja aún más al preguntarnos si acaso el Perú es su destino final. Lo cierto es que la OIM ha informado que la mayoría de venezolanos que dejan Venezuela tienen a Chile (79.6%) y Argentina (19.8%) como países de destino final. Asimismo, se relativiza más esta preocupación cuando se analiza la participación de los migrantes venezolanos en el mercado laboral, que está concentrada en ocupaciones elementales (cocina, limpieza, etc.), servicios y venta en comercios y mercados; y, en menor medida, venta de productos artesanales, electricidad y las telecomunicaciones.
Todo este imaginario colectivo, basado en la escasa información, impide prestar atención a la situación de desprotección que enfrentan los colectivos migratorios como el venezolano. Si bien no necesariamente se ha generado reacciones masivamente xenófobas, existe el riesgo de un aprovechamiento político y/o social que generen mayores riesgos para quienes ya están enfrentando los riesgos propios de un tránsito con escasa seguridad y la falta de redes sociales de soporte para su integración en los países donde deben residir.
El Estado debe brindar protección internacional, basada en sus compromisos internacionales, y en cierta medida lo viene haciendo, pero con medidas temporales. Sin embargo, poco se sabe de las medidas que se están adoptando para brindar la protección internacional complementaria que extiende la protección que se debe brindar a toda persona refugiada, a aquellas personas que por su vulnerabilidad también lo necesitan. En ese sentido, corresponde saber cuánto ha avanzado la implementación de la calidad migratoria humanitaria.
Pero esta protección también se debe extender a medidas específicas propias de situación de vulnerabilidad. En ese sentido, es necesario controles migratorios eficientes, que puedan servir para identificar víctimas de trata o de tráfico ilícito de migrantes, servicios de información y de acompañamiento, rutas de atención y protección, entre otras medidas deben ser implementadas. Pero estas medidas no deben ser reactivas, sino permanentes. Y deben también provenir desde la sociedad civil, generando opciones de albergue, de acceso a trabajos seguros, y principalmente apoyando la integración de las personas migrantes e identificando aquellos casos donde la persona puede estar viviendo en la explotación. Superemos nuestros prejuicios y reemplacémoslos por empatía, tolerancia y fraternidad.
