En las últimas semanas se han venido produciendo algunos cambios, despidos y reasignaciones en distintas instancias públicas cuyas funciones están directamente vinculadas a la prevención, persecución y protección a víctimas de trata de personas y otras formas de explotación, especialmente a mujeres, niños, niñas y adolescentes, de delitos terribles que azotan a nuestro país como lo son la trata de personas y la explotación sexual.
Esta situación es preocupante porque genera inestabilidad, retrasos y en algunos casos trunca procesos de coordinación e implementación de planes, programas y políticas públicas; pero además, porque en muchos casos se trata de personal con un nivel de especialización, en el cual el Estado ha invertido tiempo y recursos para gestionar sus competencias individuales, y que por consiguiente es difícil de reemplazar repentinamente, en muchos casos sin un proceso de transición y transferencia de conocimientos.
Lo anterior redunda en la desprotección de víctimas y personas en situación de riesgo frente a los delitos antes señalados, quienes deberían ser el centro de atención al momento de tomar decisiones en la gestión pública.
Todo ello dificulta una mayor institucionalización del aparato del Estado, la que debiera dar continuidad a procesos adecuadamente estructurados y planificados; procesos que a la larga se sostienen en equipos y personas que, además de su compromiso por impulsarlos, han adquirido competencias específicas para el ejercicio de estas labores. Las rotaciones o cambios de personal no siempre son bienvenidas si estas no se sostienen en criterios técnicos y profesionales y por el contrario responden a razones distintas a las de fortalecer la labor ya emprendida.
En una coyuntura como la actual, en la que los ciudadanos perciben en gran magnitud la violencia, inseguridad e impunidad, es imperativo dar señales claras de que el gobierno está actuando con responsabilidad y firmeza en la persecución de estos delitos, así como una protección integral a las víctimas.
Desde CHS Alternativo nos comprometemos a seguir trabajando de la mano en la lucha contra la trata de personas. Los nuevos funcionarios de las diversas entidades estatales contarán con toda nuestra disposición para trabajar de forma articulada y esperamos lo mismo de ellos. Sin embargo, apelamos al buen criterio del Estado, para evaluar con detenimiento cada cambio realizado, pues implica un atraso inevitablemente y que, si queremos trabajar por la construcción de un país sin trata de personas, será necesario que los funcionarios puedan tener el las competencias y el tiempo suficientes para tomar acciones efectivas.
El Estado debería impulsar un servicio civil estable y eficiente en materia de trata de personas, y ese trabajo debe iniciarse evaluando los resultados del personal; manteniendo al que se encuentra altamente calificado; e identificando nuevos perfiles que fortalezcan esta labor.
