Entrevista “La trata de personas solo puede crecer cuando hay corrupción”

Carlos Basombrío, exministro del Interior.
 La III Cumbre de las Américas se está llevando a cabo en la ciudad de Lima y tiene como tema la “Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción”. Sin embargo, el tema de trata de personas está pasando desapercibido. ¿Cuál es la relación entre trata de personas y corrupción?
La trata de personas puede existir por un conjunto de factores: las necesidades de las víctimas, organizaciones criminales que se dedican a ese negocio ilegal, pero también por la complicidad de actores estatales que por acción u omisión permiten que esto se produzca. Esto, generalmente, es consecuencia de pagos ilegales que permiten que esto ocurra. Desde el chofer del ómnibus que permite que entre una persona indocumentada, hasta el inspector de bares que no vigila si hay menores de edad trabajando, así como algunos policías, entre otros ejemplos. Entonces la trata de personas como fenómeno delictivo solo puede crecer cuando hay corrupción. Creo que ese es el punto medular que explica que las organizaciones latinoamericanas de trata de personas han querido introducir al debate.
De las siete Cumbres anteriores a esta, solo dos incluyeron en sus declaraciones finales alguna preocupación por incluir a la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. ¿Qué está pasando con las cabezas de Estado? ¿Cree usted que la preocupación ante este tema es débil?
Por lo que he percibido es que la trata de personas es un delito por el cual las sociedades y Estados están tomando más conciencia paulatinamente, creo que en el caso de CHS Alternativo ha hecho un trabajo notable para difundir la esclavitud moderna y crear obligaciones estatales para crear legislación que lo sanciona. Pero todavía estamos en una etapa inicial de la conciencia social.
¿Por qué los registros de casos de trata de personas en la región son tan diferentes entre sí?
En términos generales, los delitos están subregistrados en América Latina y en el caso de trata de personas por la razón de que hay una conciencia reciente y una acción estatal relativamente reciente. Además, hay muchas personas que no perciben la trata de personas como un delito; en alguna de sus modalidades, cuando se llevan a una niña a trabajar como empleada doméstica, por mencionar un ejemplo. Ahí hay un trabajo duro por concientizar y eso irá trayendo más condenas y mejores estadísticas.
¿Cuál es el rol que cumple la sociedad civil en este tipo de eventos? ¿Cuál es el alcance al que puede llegar?
En una Cumbre tenemos los textos formales vinculados que ya se han venido discutiendo por los gobiernos en los meses previos, muy raro sería cambios importantes en esto. Habiendo una Cumbre paralela y medios de comunicación de toda la región, algunas cosas se pueden lograr en el campo de la consciencia y la difusión.
¿Qué esperaría de esta Cumbre en relación al tema de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes? ¿Cómo pedir a los jefes de Estado que reaccionen ante este delito y tomen medidas más severas o, de lo contrario, que asuman un compromiso verídico para luchar contra este fenómeno?
Ojalá que, como en las anteriores Cumbres, haya alguna mención o un plan de acción, que es más importante que la mención. Es difícil establecer impactos aislados, las cosas no cambian solo por un ángulo del problema, sino por múltiples intervenciones y probablemente algo pueda haber influido por esas menciones. Pero creo que lo que más influye es el trabajo de organizaciones como CHS Alternativo que han desarrollado consciencia, herramientas, legislación y vigilancia.
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Editorial N° 231: PAÍSES DE LA CUMBRE… ¡REACCIONEN!

Los días 13 y 14 de abril se realizará en la ciudad de Lima la VIII Cumbre de las Américas, donde los mandatarios de cada país discutirán, como tema principal, sobre la corrupción y cómo esta impacta en la vida de las personas.
Es sorprendente que solo en dos de las siete cumbres anteriores (IV y VII), solo se haya mencionado, tangencialmente, uno de los principales delitos que atenta simultáneamente contra la libertad, la vida y la dignidad de los seres humanos.
Desde CHS Alternativo, en alianza con ObservaLATrata, hemos hecho llegar a la Cancillería del Perú y a la oficina de las Cumbres un manifiesto donde se exhorta a los países americanos a asumir con seriedad, fuerza e inversión pública la lucha contra la trata de personas.

SITUACIÓN EN AMÉRICA LATINA
En octubre de 2017, ObservaLATrata se presentó en la Audiencia Regional sobre Trata de personas ante la CIDH con un informe trabajado por IDEHPUCP, en colaboración con los países que conforman este observatorio.
Este documento reporta que existen problemas comunes en varios países de América Latina, empezando porque no existe un registro único sobre la trata de personas en el mundo o porque los funcionarios de entidades competentes no están capacitados para tipificar el delito como tal.
Entre las causas estructurales de la trata de personas, resaltan factores socioeconómicos como las economías informales e ilegales, la pobreza y desigualdad y la globalización y el crecimiento de las migraciones. De esta manera es más fácil mantener la trata de personas funcionando en la región.
Entre los factores socioculturales, resaltan la legitimación de la explotación de personas, considerando que existe una oferta y una demanda, la violencia de género en aumento, permitiendo la objetivización de la mujer cada vez con mayor normalidad, y los vínculos familiares y emocionales inestables.
También se concluye que las mujeres son casi tres veces más afectadas que los hombres en la trata de personas. Las finalidades más comunes fueron la explotación sexual y la explotación laboral, abarcando un 91% de los casos registrados.
Sin embargo, el punto que compete a esta VIII Cumbre de las Américas se remite a los factores institucionales, como la corrupción e informalidad en las instituciones públicas y la débil presencia del Estado.

LA TRATA DE PERSONAS EN CUMBRES ANTERIORES
Es preocupante que un problema tan estructural como la trata de personas, y que daña a tantas personas en nuestro continente, sea tratado de manera tan tibia.
Considerando la constante ausencia y malas prácticas del Estado ante las víctimas de trata de personas, no es sorpresa que los mandatarios responsables de los países americanos hayan dejado pasar la oportunidad de atacar este delito de manera conjunta en espacios tan importantes como lo es la Cumbre de las Américas.
De siete Cumbres realizadas, solo dos mencionaron la necesidad de trabajar en la lucha contra la trata de personas en sus declaraciones finales: la IV y la VII Cumbre de las Américas.
Y, en aquellas Cumbres donde sí se mencionó este fenómeno, el abordaje fue bastante escueto, generalizando el trabajo a realizarse para reducir los números que acompañan a la trata de personas.

NUESTRA DECLARACIÓN
Resulta imprescindible que los países participantes de la VIII Cumbre de las Américas se comprometan, con medidas y políticas efectivas, a enfrentar la corrupción en todos los campos de la vida social económica y política de nuestros países, así como sus diversas expresiones delictivas entre las que se encuentra el favorecimiento de la trata y el tráfico de personas.
Exhortamos a los Estados a hacer de la lucha contra la trata y el tráfico de personas una acción prioritaria y, en esa medida, cumplir con el financiamiento de los planes  de trabajo ya acordados por las altas autoridades de nuestros países y, a profundizar  los acuerdos de y entre los Estados para el enfrentamiento de la corrupción, que acelera y facilita la trata y el tráfico de personas, en especial los factores socioeconómicos, culturales e institucionales, que motivan la existencia de estos delitos que amenazan gravemente el desarrollo humano y sostenible de América y el Caribe.
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Trata de menores en la selva: estas son las rutas del delito

Un estudio de la ONG CHS revela cuáles son los trayectos que siguen las mafias para captar, trasladar y explotar a sus víctimas


El Comercio (20.03.2018)

Las bandas criminales dedicadas a la trata de menores en la selva se desplazan mediante tres importantes rutas que cruzan hasta seis regiones del país: Loreto, San Martín, Ucayali, Huánuco, Cusco y Madre de Dios. Así lo detalla un estudio de la ONG Capital Humano y Social Alternativo (CHS).

La explotación de menores demandó que, entre el 2016 y el primer semestre del año pasado, la policía y el Ministerio Público realizaran 80 operaciones en Loreto y 5 en Madre de Dios. Solo en julio del 2017 más de 80 campamentos en tres caseríos de La Pampa (zona de minería ilegal en Madre de Dios) fueron destruidos en tres días. Unas 220 personas fueron intervenidas y 20 mujeres (12 de ellas menores) rescatadas.

—Iquitos y Huánuco—

La primera ruta empieza en Santa Rosa (Loreto), ubicada en la triple frontera con Colombia y Brasil, pasa por Iquitos, Nauta, y llega a Tarapoto y Nueva Cajamarca (San Martín).

Las menores son llevadas desde Iquitos hacia la triple frontera por vía fluvial o a la región San Martín por carretera.

En Iquitos son captadas dentro de los asentamientos humanos de Belén, Punchana y San Juan con el engaño de la oferta laboral. También a través de sus propios familiares y parejas, que se convierten en operadores para las redes de tratantes.

Iquitos es la segunda ciudad con mayor cantidad de víctimas de trata después de Huánuco, según un informe de la Defensoría del Pueblo.

La segunda ruta parte desde Huánuco hacia Tingo María, pasa por Pucallpa y luego por Contamana, Requena y Nauta, en Loreto.

En Huánuco las menores son captadas vía falsos anuncios de trabajo que se colocan en las plazuelas de Santo Domingo y San Francisco.

El crecimiento de bares y locales nocturnos en Huánuco ha sido evidente. Entre el 2007 y el 2014 se emitieron 107 licencias para el funcionamiento de cantinas. Hoy más de 200 de estos locales
estarían funcionando.


—En Cusco—

El tercer camino empieza en Cusco, sigue por Urcos y Ocongate, y llega a Mazuko, Huepetuhe, La Pampa y Puerto Maldonado. Las redes
operan bajo el trato directo con las familias y vía anuncios de trabajo.

CHS identificó que la primera modalidad está enfocada en Quillabamba y La Convención, mientras que la otra se desarrolla en la calle Belén a través de dos locales que exponen los avisos.

Vía El Comercio

Descarga el estudio "Rutas de la trata de personas en la Amazonia Peruana"
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Esclavitud en el Siglo XXI


El “Índice Global de Esclavitud” (2016) es una herramienta creada por la fundación Walk Free con el objetivo de visibilizar la esclavitud en el mundo de hoy.

Los resultados de este estudio muestran la prevalecencia de la esclavitud moderna, medio por el cual las víctimas son despojadas de su libertad de diversas maneras, entre ellas, la trata de personas para la explotación sexual y laboral. 

Fueron 167 países estudiados a nivel mundial, entre ellos están los que muestra la gráfica y que corresponden a algunos países de América Latina y Caribe. En cada país se muestra el total de personas que son víctimas de esclavitud moderna y el porcentaje que significan dentro de la población total de cada país.

Por otro lado, el estudio “Víctimas de Trata en América Latina, entre la desprotección y la indiferencia”(2017), elaborado por Women’s Link Worldwide, con la participación de CHS Alternativo, presentó las siguientes conclusiones:

1. El desconocimiento sobre cuáles son los elementos que componen la trata y los contextos en donde puede producirse hace ineficaz la actuación del Estado en la prevención de la misma.
2. La identificación de víctimas de trata falla porque las autoridades tienden a ver migrantes en situación irregular y no verifican si son potenciales víctimas de trata. Y en materia de asistencia, también hay fallas, pues las víctimas de trata solo pueden acceder a sus derechos de protección y asistencia si contribuyen con la investigación penal. No se les ofrecen los servicios que requieren para recuperar su proyecto de vida.
3. Ninguno de los cinco países de estudio (Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú) produce datos o cifras que visibilicen la magnitud de la trata interna o trasnacional.

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Entrevista “Cusco es un lugar de tránsito de migrantes centroafricanos hacia Brasil”

Según últimas cifras, el Perú hasta febrero del presente año, ha entregado permiso temporal de permanencia a 27,905 venezolanos que escaparon de una situación absolutamente perjudicial e insostenible para ellos. Según su percepción, ¿cuánto ha aumentado el número de ciudadanos venezolanos que usan el terrapuerto? ¿En qué porcentaje?
Tengo a la mano un reporte de últimos 3 días de este mes y no registra ningún ingreso o salida de venezolanos. Tenemos europeos, africanos, pero no venezolanos. Sí hay ciudadanos venezolanos en Cusco, pero yo presumo que ellos están viniendo a través de otros medios. Y me remito a las estadísticas que manejamos en el terminal y los manifiestos que las empresas nos dejan.
 Es verdad que a partir de la situación económica y política que atraviesa Venezuela, se han abierto las puertas para ellos. Sin embargo, ¿hay migrantes de otras nacionalidades que también pasan por Cusco como lugar de tránsito o destino? ¿Cuáles son las nacionalidades más frecuentes en estas migraciones?
En el año 2015 y 2016 hemos tenido prácticamente el ingreso masivo de centroamericanos, provenientes de Jamaica y de Haití. Se dirigían hacia la hermana república de Brasil. Al año 2017, se venció el plazo de ingreso al Brasil de personas extranjeras sin ningún tipo de visa, por lo tanto, no se reportaron mucho. Este año han empezado a ingresar ciudadanos africanos de Congo, Camerún y Nigeria. Las edades fluctúan entre los 20 y 30 años y hay tanto hombres como mujeres, incluso con niños.
 ¿Cusco es, en su mayoría, lugar de destino o de tránsito? ¿Cuáles son los destinos más comunes hacia dónde van los migrantes? ¿Existe un patrón que se sigue entre nacionalidad y lugar de destino?
Cusco es un lugar de tránsito. Durante el 2015 y 2016 hemos detectado a los “coyotes”, que son personas que dominan el español y que esperaban a los haitianos y jamaiquinos en las fronteras de Tumbes y Ecuador para trasladarlos hasta Brasil. La ruta era desde Tumbes a Lima, Cusco, Puerto Maldonado hasta Iñapari (ciudad de la frontera con Brasil). Por eso cobraban un promedio mínimo de 3000 dólares.
 Sabemos que en los terrapuertos hay personas que no se movilizan de forma voluntaria, sino que están siendo víctimas de trata de personas. ¿Cómo hacer para proteger a los migrantes, venezolanos o de otras nacionalidades del delito de trata de personas?
Durante estos años hemos tenido que ser extremadamente flexibles porque se trataba de leyes brasileras que permitían a los haitianos prácticamente el ingreso gratuito con la finalidad de utilizar su mano de obra en el Brasil. Por tanto nosotros los orientamos, les brindamos la información para que viajen y no sean explotados o que no se dejen engañar.
 ¿Cómo se trabaja en la prevención de este delito desde un espacio tan clave como un terminal terrestre?
Efectivamente, hemos sugerido a las empresas para que acrediten correctamente a los pasajeros de toda procedencia y les den las garantías debidas en el trayecto y el transporte. Además, verificar que tengan la documentación del caso. En materia legal, cuando los migrantes arribaban al Cusco, nosotros hemos tratado de brindar todo el apoyo y orientación para que no se dejen sorprender.
 ¿Han implementado o planificado acciones de prevención para evitar trata de personas y tránsito de niños, niñas y adolescentes?
Creo que nos falta avanzar mucho en el tema de la prevención. En el transcurso de estos últimos días, a las localidades de Puerto Maldonado y Puno han viajado 68 menores de edad. Un 70 % mujeres y el resto varones. Sin embargo, estas personas la mayoría viajan con una diversidad de documentos: la autorización notarial o judicial, la autorización de la policía por supuesta pérdida de documento y otras con la autorización de los padres. Lo conveniente sería tener una sola norma para los menores de edad que viajen. A los centros mineros y lugares de explotación sexual son conducidas bajo estos pretextos.
Por eso, también sería bueno que el tema de la trata de personas y la explotación sexual se incluya en los currículos escolares. Sería importante esa orientación a los jóvenes, porque ellos son susceptibles de ser engañados. Pero además tenemos sitios en Cusco donde se publican falsas ofertas laborales y sería importante que autoridades como el Ministerio de Trabajo también ejerzan acciones de control y prevención en esos lugares.
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Editorial N° 230: MIGRANTES EN RIESGO

El aumento de personas venezolanas viviendo en Perú ha generado preocupación entre algunos compatriotas por sus efectos en el mercado laboral y por el cambio en el panorama social. Sin embargo, ¿qué tan “alarmante” es esta situación? Tenemos algunas respuestas que compartir, pero antes debemos señalar que resultan paradójicos este tipo de preocupaciones en un país que tiene el 10% de sus nacionales en el exterior. Efectivamente, son aproximadamente 2’885,787 (INEI-OIM) las y los peruanos que viven fuera de nuestro país, superando algunos flujos las 700 mil personas (Estados Unidos).
Sobre la preocupación ciudadana por el impacto de la migración venezolana, podemos señalar que la alarma social es tan entendible como infundada, pues desconoce el aporte que las y los migrantes ha generado en el Perú, e impide dar cuenta de los compromisos internacionales que ha asumido el Estado peruano. Nuestra historia es expresión de importantes flujos migratorios, muchos de los cuales no fueron realizados en libertad, como es el caso de la migración china, japonesa y africana. La integración de estos colectivos permitieron que elementos tan valorados como nuestra gastronomía sean parte de nuestra identidad.
El error más frecuente es considerar que la migración venezolana hacia Perú es significativa. La propia experiencia peruana ha demostrado que en situaciones de crisis de cualquier índole, la movilidad de personas es una respuesta natural, pues se busca protección y mejores condiciones de vida. Lo cierto es que, según un último reporte de Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en base a estadísticas oficiales, son 27,905 venezolanos los que han obtenido un permiso temporal de permanencia (al 3 de febrero). Este número de personas en movilidad, al igual que el número de personas que han solicitado refugio, todavía no supera el número de peruanas y peruanos que se movilizaron hacia Venezuela durante los años 80 y 90, donde se estima viven en 95 mil compatriotas.
La preocupación se desdibuja aún más al preguntarnos si acaso el Perú es su destino final. Lo cierto es que la OIM ha informado que la mayoría de venezolanos que dejan Venezuela tienen a Chile (79.6%) y Argentina (19.8%) como países de destino final. Asimismo, se relativiza más esta preocupación cuando se analiza la participación de los migrantes venezolanos en el mercado laboral, que está concentrada en ocupaciones elementales (cocina, limpieza, etc.), servicios y venta en comercios y mercados; y, en menor medida, venta de productos artesanales, electricidad y las telecomunicaciones.
Todo este imaginario colectivo, basado en la escasa información, impide prestar atención a la situación de desprotección que enfrentan los colectivos migratorios como el venezolano. Si bien no necesariamente se ha generado reacciones masivamente xenófobas, existe el riesgo de un aprovechamiento político y/o social que generen mayores riesgos para quienes ya están enfrentando los riesgos propios de un tránsito con escasa seguridad y la falta de redes sociales de soporte para su integración en los países donde deben residir.
El Estado debe brindar protección internacional, basada en sus compromisos internacionales, y en cierta medida lo viene haciendo, pero con medidas temporales. Sin embargo, poco se sabe de las medidas que se están adoptando para brindar la protección internacional complementaria que extiende la protección que se debe brindar a toda persona refugiada, a aquellas personas que por su vulnerabilidad también lo necesitan. En ese sentido, corresponde saber cuánto ha avanzado la implementación de la calidad migratoria humanitaria.
Pero esta protección también se debe extender a medidas específicas propias de situación de vulnerabilidad. En ese sentido, es necesario controles migratorios eficientes, que puedan servir para identificar víctimas de trata o de tráfico ilícito de migrantes, servicios de información y de acompañamiento, rutas de atención y protección, entre otras medidas deben ser implementadas. Pero estas medidas no deben ser reactivas, sino permanentes. Y deben también provenir desde la sociedad civil, generando opciones de albergue, de acceso a trabajos seguros, y principalmente apoyando la integración de las personas migrantes e identificando aquellos casos donde la persona puede estar viviendo en la explotación. Superemos nuestros prejuicios y reemplacémoslos por empatía, tolerancia y fraternidad.

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"El estado no tiene presupuesto para la lucha contra la trata"

Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las fiscalías especializadas contra el crimen organizado, comenta que los jueces interpretan este delito como proxenetismo y eso es un gran error


(El Comercio, 06.03.2018)

El fiscal superior explica la problemática de la trata en el Perú y las dificultades para prevenirla y enfrentarla.

—¿Cuál es la situación de este delito en el país?
Existe un gravísimo problema de trata de menores, sobre todo vinculado a la explotación sexual. Enfrentarlo es uno de los más grandes retos del Ministerio Público. Hace dos años creamos el sistema de las fiscalías de lucha contra la trata de personas. Están en Tumbes, Iquitos, Tacna, Madre de Dios, Puno, Cusco, Lima y Callao.

—¿Por qué en estas regiones?
Normalmente, la trata de personas está vinculada a otros delitos [presentes en estas regiones]. Entre ellos, están el narcotráfico y la minería ilegal, en la que hombres buscan tener relaciones. Hay que recordar que las víctimas de trata tienen un perfil. El tratante no busca cualquier joven o niña. Las víctimas son de poblaciones vulnerables.

—¿Desde la desarticulación de La Agencia, una red de explotación tacneña, en febrero del 2017, qué tanto se ha avanzado?
Hemos realizado operaciones en varias regiones. Uno de los últimos golpes fue el de una organización criminal de Lima y Arequipa [caso de Las Mamis de Ceres]. La trata no es un delito que lo comete una sola persona. Es realizada por una organización criminal. Es un delito que perdura en el tiempo y que tiene fases en su consumación. Necesitan una estructura y división de roles entre sus integrantes. Para desarticular estas organizaciones, se hace inteligencia.

—¿Por qué solo tres de cada cien acusados de trata son sentenciados?
Este es un grave problema. Los jueces aún no han podido, o querido, entender la trata de personas. Se interpreta que no hay trata, sino proxenetismo. El fiscal de Madre de Dios me dice: “Nosotros vamos por trata, pero los jueces por proxenetismo” y entonces se suelta al detenido. Pero ya hubo un encuentro de jueces donde se ha invitado a fiscales de trata para que expliquen la problemática y el tipo penal. Espero que el delito se entienda mejor.

—En las organizaciones hay muchas mujeres involucradas. 
Lamentablemente, en una gran mayoría de casos las organizaciones están integradas por mujeres. Muchas de ellas han sido víctimas de trata. Con los años se convierten en tratantes.

— ¿Qué más se puede hacer para prevenir la trata?
Para combatir la trata, debemos empezar por la prevención. Tiene que estar articulada entre varios ministerios, la sociedad en general y los medios de comunicación. El único diario que veo que se está preocupando por estos temas es El Comercio. Si usted ve televisión, no va a encontrar un solo spot de cómo prevenir la trata, ni siquiera en el canal del Estado.

— ¿Siente que hay apoyo para combatir la trata?
El Estado no tiene un presupuesto para la lucha contra la trata. Cada institución la enfrenta con su presupuesto ordinario. Tenemos que rescatar a la víctima desde el punto psicológico y médico, no solo físico. No hay albergues especializados en esto. Estamos buscando la manera de generar un presupuesto para crear estos albergues.

Vía El Comercio
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Evitar la desaparición para prevenir la explotación, por Luis Enrique Aguilar


(El Comercio, 04.03.2018)

Bruno (2011) y Jimena (2018) son dos nombres que no deberemos olvidar. Ambos deben formar parte de nuestra memoria colectiva y hay que recordarlos cada vez que desaparezca una persona menor de edad. Por supuesto, sus trágicas historias son expresión de una escalofriante realidad. Según la información sistematizada por CHS Alternativo, entre los años 2008 y 2016 desaparecieron 34.216 personas (más de 10 desapariciones diarias), historias que corresponden a niñas, niños y adolescentes, pero también a personas con capacidades diferentes, adultas mayores, entre otras. De estas, el 2016 solo pudo identificarse el paradero del 23% de desaparecidos de ese año.

El Estado ha reaccionado frente a la preocupación pública y a sus propios errores. El caso de Bruno generó la aprobación de le Ley 29685, que establece que la policía debe recibir y tramitar la denuncia de desaparición en forma inmediata, sin esperar 24 horas de la desaparición (la familia del niño no pudo presentar su denuncia). Ahora, la desaparición y el asesinato de Jimena han generado la decisión de implementar un sistema de alerta pública, siguiendo una práctica de otros países: la alerta Amber. Esta iniciativa es difícil de cuestionar, pero también de implementar.

La desaparición de una persona necesita ser conocida por la ciudadanía para facilitar su ubicación. Pero una medida de este tipo debe implementarse con cuidado y coherencia, evitando caer en la añeja práctica de “construir sin invertir”. Que el Estado haya centrado su preocupación en la urgencia de esta alerta y esté involucrando al sector privado es completamente razonable. Pero también es válido preguntarse cómo va a implementar esta medida para que sea eficaz, al menos mucho más que la Ley 29685. Por ejemplo, surgen preguntas como: ¿La alerta será emitida para todos los casos de desaparición de personas comprendidos en la ley? ¿Las empresas privadas estarán obligadas a difundir la alerta o será una iniciativa voluntaria? ¿Qué información y características tendrá la alerta? ¿Podrá oponerse la familia a la difusión de la alerta? ¿Quién autorizará finalmente su emisión? ¿Cuánto tiempo tendrá la autoridad para decidir emitir la alerta? ¿Contamos con la tecnología necesaria?

Cada interrogante ha tenido una respuesta diferente en los países que han implementado este tipo de alerta. Pero en los casos más exitosos esta medida es acompañada del fortalecimiento de toda la capacidad estatal necesaria para hacer frente al problema, especialmente de la investigación policial. Para el caso peruano, deberemos al menos: aumentar el personal especializado y volver realidad la búsqueda nacional; dotar de la tecnología necesaria a las autoridades a cargo; registrar adecuadamente la información y analizarla constantemente; facilitar la geolocalización de la persona desaparecida cuando cuenta con un celular; facilitar acceder rápidamente a sus cuentas en redes sociales, entre otras múltiples medidas. Asimismo, también se necesitan procedimientos, protocolos, autorizaciones, coordinaciones, entre otras medidas.

Así pues, la respuesta debe ser integral, y para que lo sea también es necesario analizar la relación entre la desaparición de personas y otros fenómenos sociales. Uno de los más preocupantes es la explotación de personas con fines sexuales, que involucra la trata de personas y otras formas de explotación que buscan comerciar con la sexualidad de menores de edad. CHS Alternativo ha podido constatar a lo largo de 9 años que muchos casos de desaparición de personas menores de edad eran finalmente situaciones de explotación sexual. Estas circunstancias se han evidenciado también por la correlación entre el número y características de las víctimas de explotación sexual menores de edad.

Por ejemplo, se calcula que el 80% de las víctimas de trata de personas son mujeres, la mayoría con fines de explotación sexual. Cifra cercana al porcentaje de mujeres desaparecidas según el portal del Estado (www.teestamosbuscando.pe), donde puede constatarse que de los casos registrados, el 90% corresponde a mujeres. De ellas el 56% tenía entre 15 y 18 años; porcentaje similar al que calculara el Ministerio Público el año 2015 para los casos de víctimas de trata de personas (50%).

Estos son indicios y no conclusiones, pero si estas coincidencias son expresión de la relación entre la desaparición y la explotación, el Estado probablemente logre disminuir los números de personas desaparecidas y, a la vez, los casos de trata de personas o explotación sexual de niñas, niños o adolescentes.

*El autor es subdirector de CHS Alternativo, ONG especializada en temas de trata de personas, explotación sexual de menores y explotación laboral infantil.

Vía El Comercio
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El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo será sede de la muestra fotográfica sobre trata de personas “De la ilusión al infierno”


La muestra fotográfica “De la ilusión al infierno” busca sensibilizar a la población sobre la realidad que existe detrás de la trata de personas, mostrando la afectación en sus derechos de mujeres que representan a víctimas que fueron engañadas o seducidas para luego ser explotadas. Según cifras del Ministerio Público, asciende a casi un 80 % del total de víctimas de trata de personas.

Explotación sexual, explotación laboral, trabajo forzoso y otras finalidades de la trata de personas serán mostradas en 33 fotografías que serán expuestas en el pasaje Zela del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (Av. Salaverry 655, Jesús María) entre el 1 y el 16 de marzo del presente año entre las 9:00 am y 4:00 pm.

Esta muestra es presentada a raíz de un convenio firmado entre CHS Alternativo y el Programa Impulsa Perú del MINTRA, que tiene la finalidad de desarrollar actividades conjuntas que contribuyan a la mejora y/o generación de fortalecimiento de capacidades, con miras a promover el empleo, mejorar las competencias laborales e incrementar los niveles de empleabilidad de las víctimas de trata de personas.

Las fotografías expuestas pertenecen a Piero Pereira, fotógrafo y curador de esta puesta, Luis Alberto Sánchez en coautoría con María Eugenia Neira y al archivo de CHS Alternativo.
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