Trata de menores en la selva: estas son las rutas del delito

Un estudio de la ONG CHS revela cuáles son los trayectos que siguen las mafias para captar, trasladar y explotar a sus víctimas


El Comercio (20.03.2018)

Las bandas criminales dedicadas a la trata de menores en la selva se desplazan mediante tres importantes rutas que cruzan hasta seis regiones del país: Loreto, San Martín, Ucayali, Huánuco, Cusco y Madre de Dios. Así lo detalla un estudio de la ONG Capital Humano y Social Alternativo (CHS).

La explotación de menores demandó que, entre el 2016 y el primer semestre del año pasado, la policía y el Ministerio Público realizaran 80 operaciones en Loreto y 5 en Madre de Dios. Solo en julio del 2017 más de 80 campamentos en tres caseríos de La Pampa (zona de minería ilegal en Madre de Dios) fueron destruidos en tres días. Unas 220 personas fueron intervenidas y 20 mujeres (12 de ellas menores) rescatadas.

—Iquitos y Huánuco—

La primera ruta empieza en Santa Rosa (Loreto), ubicada en la triple frontera con Colombia y Brasil, pasa por Iquitos, Nauta, y llega a Tarapoto y Nueva Cajamarca (San Martín).

Las menores son llevadas desde Iquitos hacia la triple frontera por vía fluvial o a la región San Martín por carretera.

En Iquitos son captadas dentro de los asentamientos humanos de Belén, Punchana y San Juan con el engaño de la oferta laboral. También a través de sus propios familiares y parejas, que se convierten en operadores para las redes de tratantes.

Iquitos es la segunda ciudad con mayor cantidad de víctimas de trata después de Huánuco, según un informe de la Defensoría del Pueblo.

La segunda ruta parte desde Huánuco hacia Tingo María, pasa por Pucallpa y luego por Contamana, Requena y Nauta, en Loreto.

En Huánuco las menores son captadas vía falsos anuncios de trabajo que se colocan en las plazuelas de Santo Domingo y San Francisco.

El crecimiento de bares y locales nocturnos en Huánuco ha sido evidente. Entre el 2007 y el 2014 se emitieron 107 licencias para el funcionamiento de cantinas. Hoy más de 200 de estos locales
estarían funcionando.


—En Cusco—

El tercer camino empieza en Cusco, sigue por Urcos y Ocongate, y llega a Mazuko, Huepetuhe, La Pampa y Puerto Maldonado. Las redes
operan bajo el trato directo con las familias y vía anuncios de trabajo.

CHS identificó que la primera modalidad está enfocada en Quillabamba y La Convención, mientras que la otra se desarrolla en la calle Belén a través de dos locales que exponen los avisos.

Vía El Comercio

Descarga el estudio "Rutas de la trata de personas en la Amazonia Peruana"
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Esclavitud en el Siglo XXI


El “Índice Global de Esclavitud” (2016) es una herramienta creada por la fundación Walk Free con el objetivo de visibilizar la esclavitud en el mundo de hoy.

Los resultados de este estudio muestran la prevalecencia de la esclavitud moderna, medio por el cual las víctimas son despojadas de su libertad de diversas maneras, entre ellas, la trata de personas para la explotación sexual y laboral. 

Fueron 167 países estudiados a nivel mundial, entre ellos están los que muestra la gráfica y que corresponden a algunos países de América Latina y Caribe. En cada país se muestra el total de personas que son víctimas de esclavitud moderna y el porcentaje que significan dentro de la población total de cada país.

Por otro lado, el estudio “Víctimas de Trata en América Latina, entre la desprotección y la indiferencia”(2017), elaborado por Women’s Link Worldwide, con la participación de CHS Alternativo, presentó las siguientes conclusiones:

1. El desconocimiento sobre cuáles son los elementos que componen la trata y los contextos en donde puede producirse hace ineficaz la actuación del Estado en la prevención de la misma.
2. La identificación de víctimas de trata falla porque las autoridades tienden a ver migrantes en situación irregular y no verifican si son potenciales víctimas de trata. Y en materia de asistencia, también hay fallas, pues las víctimas de trata solo pueden acceder a sus derechos de protección y asistencia si contribuyen con la investigación penal. No se les ofrecen los servicios que requieren para recuperar su proyecto de vida.
3. Ninguno de los cinco países de estudio (Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú) produce datos o cifras que visibilicen la magnitud de la trata interna o trasnacional.

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"El estado no tiene presupuesto para la lucha contra la trata"

Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las fiscalías especializadas contra el crimen organizado, comenta que los jueces interpretan este delito como proxenetismo y eso es un gran error


(El Comercio, 06.03.2018)

El fiscal superior explica la problemática de la trata en el Perú y las dificultades para prevenirla y enfrentarla.

—¿Cuál es la situación de este delito en el país?
Existe un gravísimo problema de trata de menores, sobre todo vinculado a la explotación sexual. Enfrentarlo es uno de los más grandes retos del Ministerio Público. Hace dos años creamos el sistema de las fiscalías de lucha contra la trata de personas. Están en Tumbes, Iquitos, Tacna, Madre de Dios, Puno, Cusco, Lima y Callao.

—¿Por qué en estas regiones?
Normalmente, la trata de personas está vinculada a otros delitos [presentes en estas regiones]. Entre ellos, están el narcotráfico y la minería ilegal, en la que hombres buscan tener relaciones. Hay que recordar que las víctimas de trata tienen un perfil. El tratante no busca cualquier joven o niña. Las víctimas son de poblaciones vulnerables.

—¿Desde la desarticulación de La Agencia, una red de explotación tacneña, en febrero del 2017, qué tanto se ha avanzado?
Hemos realizado operaciones en varias regiones. Uno de los últimos golpes fue el de una organización criminal de Lima y Arequipa [caso de Las Mamis de Ceres]. La trata no es un delito que lo comete una sola persona. Es realizada por una organización criminal. Es un delito que perdura en el tiempo y que tiene fases en su consumación. Necesitan una estructura y división de roles entre sus integrantes. Para desarticular estas organizaciones, se hace inteligencia.

—¿Por qué solo tres de cada cien acusados de trata son sentenciados?
Este es un grave problema. Los jueces aún no han podido, o querido, entender la trata de personas. Se interpreta que no hay trata, sino proxenetismo. El fiscal de Madre de Dios me dice: “Nosotros vamos por trata, pero los jueces por proxenetismo” y entonces se suelta al detenido. Pero ya hubo un encuentro de jueces donde se ha invitado a fiscales de trata para que expliquen la problemática y el tipo penal. Espero que el delito se entienda mejor.

—En las organizaciones hay muchas mujeres involucradas. 
Lamentablemente, en una gran mayoría de casos las organizaciones están integradas por mujeres. Muchas de ellas han sido víctimas de trata. Con los años se convierten en tratantes.

— ¿Qué más se puede hacer para prevenir la trata?
Para combatir la trata, debemos empezar por la prevención. Tiene que estar articulada entre varios ministerios, la sociedad en general y los medios de comunicación. El único diario que veo que se está preocupando por estos temas es El Comercio. Si usted ve televisión, no va a encontrar un solo spot de cómo prevenir la trata, ni siquiera en el canal del Estado.

— ¿Siente que hay apoyo para combatir la trata?
El Estado no tiene un presupuesto para la lucha contra la trata. Cada institución la enfrenta con su presupuesto ordinario. Tenemos que rescatar a la víctima desde el punto psicológico y médico, no solo físico. No hay albergues especializados en esto. Estamos buscando la manera de generar un presupuesto para crear estos albergues.

Vía El Comercio
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Evitar la desaparición para prevenir la explotación, por Luis Enrique Aguilar


(El Comercio, 04.03.2018)

Bruno (2011) y Jimena (2018) son dos nombres que no deberemos olvidar. Ambos deben formar parte de nuestra memoria colectiva y hay que recordarlos cada vez que desaparezca una persona menor de edad. Por supuesto, sus trágicas historias son expresión de una escalofriante realidad. Según la información sistematizada por CHS Alternativo, entre los años 2008 y 2016 desaparecieron 34.216 personas (más de 10 desapariciones diarias), historias que corresponden a niñas, niños y adolescentes, pero también a personas con capacidades diferentes, adultas mayores, entre otras. De estas, el 2016 solo pudo identificarse el paradero del 23% de desaparecidos de ese año.

El Estado ha reaccionado frente a la preocupación pública y a sus propios errores. El caso de Bruno generó la aprobación de le Ley 29685, que establece que la policía debe recibir y tramitar la denuncia de desaparición en forma inmediata, sin esperar 24 horas de la desaparición (la familia del niño no pudo presentar su denuncia). Ahora, la desaparición y el asesinato de Jimena han generado la decisión de implementar un sistema de alerta pública, siguiendo una práctica de otros países: la alerta Amber. Esta iniciativa es difícil de cuestionar, pero también de implementar.

La desaparición de una persona necesita ser conocida por la ciudadanía para facilitar su ubicación. Pero una medida de este tipo debe implementarse con cuidado y coherencia, evitando caer en la añeja práctica de “construir sin invertir”. Que el Estado haya centrado su preocupación en la urgencia de esta alerta y esté involucrando al sector privado es completamente razonable. Pero también es válido preguntarse cómo va a implementar esta medida para que sea eficaz, al menos mucho más que la Ley 29685. Por ejemplo, surgen preguntas como: ¿La alerta será emitida para todos los casos de desaparición de personas comprendidos en la ley? ¿Las empresas privadas estarán obligadas a difundir la alerta o será una iniciativa voluntaria? ¿Qué información y características tendrá la alerta? ¿Podrá oponerse la familia a la difusión de la alerta? ¿Quién autorizará finalmente su emisión? ¿Cuánto tiempo tendrá la autoridad para decidir emitir la alerta? ¿Contamos con la tecnología necesaria?

Cada interrogante ha tenido una respuesta diferente en los países que han implementado este tipo de alerta. Pero en los casos más exitosos esta medida es acompañada del fortalecimiento de toda la capacidad estatal necesaria para hacer frente al problema, especialmente de la investigación policial. Para el caso peruano, deberemos al menos: aumentar el personal especializado y volver realidad la búsqueda nacional; dotar de la tecnología necesaria a las autoridades a cargo; registrar adecuadamente la información y analizarla constantemente; facilitar la geolocalización de la persona desaparecida cuando cuenta con un celular; facilitar acceder rápidamente a sus cuentas en redes sociales, entre otras múltiples medidas. Asimismo, también se necesitan procedimientos, protocolos, autorizaciones, coordinaciones, entre otras medidas.

Así pues, la respuesta debe ser integral, y para que lo sea también es necesario analizar la relación entre la desaparición de personas y otros fenómenos sociales. Uno de los más preocupantes es la explotación de personas con fines sexuales, que involucra la trata de personas y otras formas de explotación que buscan comerciar con la sexualidad de menores de edad. CHS Alternativo ha podido constatar a lo largo de 9 años que muchos casos de desaparición de personas menores de edad eran finalmente situaciones de explotación sexual. Estas circunstancias se han evidenciado también por la correlación entre el número y características de las víctimas de explotación sexual menores de edad.

Por ejemplo, se calcula que el 80% de las víctimas de trata de personas son mujeres, la mayoría con fines de explotación sexual. Cifra cercana al porcentaje de mujeres desaparecidas según el portal del Estado (www.teestamosbuscando.pe), donde puede constatarse que de los casos registrados, el 90% corresponde a mujeres. De ellas el 56% tenía entre 15 y 18 años; porcentaje similar al que calculara el Ministerio Público el año 2015 para los casos de víctimas de trata de personas (50%).

Estos son indicios y no conclusiones, pero si estas coincidencias son expresión de la relación entre la desaparición y la explotación, el Estado probablemente logre disminuir los números de personas desaparecidas y, a la vez, los casos de trata de personas o explotación sexual de niñas, niños o adolescentes.

*El autor es subdirector de CHS Alternativo, ONG especializada en temas de trata de personas, explotación sexual de menores y explotación laboral infantil.

Vía El Comercio
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El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo será sede de la muestra fotográfica sobre trata de personas “De la ilusión al infierno”


La muestra fotográfica “De la ilusión al infierno” busca sensibilizar a la población sobre la realidad que existe detrás de la trata de personas, mostrando la afectación en sus derechos de mujeres que representan a víctimas que fueron engañadas o seducidas para luego ser explotadas. Según cifras del Ministerio Público, asciende a casi un 80 % del total de víctimas de trata de personas.

Explotación sexual, explotación laboral, trabajo forzoso y otras finalidades de la trata de personas serán mostradas en 33 fotografías que serán expuestas en el pasaje Zela del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (Av. Salaverry 655, Jesús María) entre el 1 y el 16 de marzo del presente año entre las 9:00 am y 4:00 pm.

Esta muestra es presentada a raíz de un convenio firmado entre CHS Alternativo y el Programa Impulsa Perú del MINTRA, que tiene la finalidad de desarrollar actividades conjuntas que contribuyan a la mejora y/o generación de fortalecimiento de capacidades, con miras a promover el empleo, mejorar las competencias laborales e incrementar los niveles de empleabilidad de las víctimas de trata de personas.

Las fotografías expuestas pertenecen a Piero Pereira, fotógrafo y curador de esta puesta, Luis Alberto Sánchez en coautoría con María Eugenia Neira y al archivo de CHS Alternativo.
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LEY Nª 28950

"El que promueve, favorece, financia o facilita la captación, transporte, traslado, acogida, recepción o retención de otro, recurriendo a la violencia, la amenaza u otras formas de coacción, la privación de libertad, el fraude, el engaño, el abuso del poder o de una situación de vulnerabilidad, o la concesión o recepción de pagos o beneficios, con fines de explotación, venta de niños, para que ejerza la prostitución, someterlo a esclavitud sexual u otras formas de explotación sexual, obligarlo a mendigar, a realizar trabajos o servicios forzados, a la servidumbre, la esclavitud o prácticas análogas

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