Editorial N° 154: REGISTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS, ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

Persona desaparecida es aquella ausente de su domicilio habitual respecto de la cual se desconoce su paradero – Ley 28022.
El Perú cuenta con el Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas (DS 017-2003-IN), una herramienta oficial y clave en el trabajo de búsqueda de personas que realiza la Policía Nacional del Perú, y consiste en el ingreso de los datos de la persona desaparecida en una plataforma digital que está interconectada a nivel nacional facilitando la difusión en línea de la información ingresada con todos los organismos públicos y privados que tienen injerencia en este tema.
Para un adecuado funcionamiento del Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas,  se le otorgó carácter oficial a través de la RM N° 1750-2003-IN y fue manejada desde la plataforma web peruanosdesaparecidos.org, con apoyo de la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Dirección de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia PNP. Capital Humano y Social Alternativo asumió el rol de administrarla temporalmente, actuar  como entidad técnica  y promover a través del uso de la página, campañas de prevención y de atención, involucrando inclusive al sector privado.
Actualmente, el manejo de esta página es responsabilidad del Ministerio del Interior y debería brindar el número real de personas desaparecidas en el país, las cifras registradas son estimadas y han sido generadas sobre datos reportados en Lima.
Será importante, que parte de la implementación y fortalecimiento que se está haciendo en el Ministerio del Interior, nos permita contar, por ejemplo, con un detalle de las cifras registradas basadas por regiones. Según el reporte del Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas, al 2014 han sido denunciadas por desaparición un total de 571 menores de edad, no sabemos cuáles pertenecen a Lima, al oriente o a la sierra de nuestro país.  Será necesario, para el manejo correcto de este sistema de información, proporcionar las claves que permiten el acceso al uso de este registro, así como capacitar sobre el uso de estas  herramientas al personal policial para mejorar su función preventiva y represiva.
A finales del año pasado seguimos el  caso de una menor peruana de iniciales A.I.M.M secuestrada por presunto caso de trata de personas, todos supimos, a través de los medios de comunicación, que fue llevada a Ecuador por un hombre llamado Alcides Geovanny Aguilar Solórzano (45), de nacionalidad ecuatoriana.
¿Qué pasó el 9 de agosto de 2014, cuando la madre de la menor fue a poner la denuncia por desaparición a la comisaría de Zarumilla -Tumbes? Nada, pues no encontró respuesta por parte de la policía.
¿Qué debió pasar entonces? De acuerdo a la Ley 29685, una vez recibida la denuncia, la Policía Nacional del Perú recibe y tramita en forma inmediata la denuncia presentada sobre desaparición; remite una nota de alerta con los datos y la fotografía de la persona y comunica al Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas hasta siete días de ocurridos los hechos. En el caso de ésta menor, como en muchos otros, no sucedió así y la ley 29685 no se cumplió.
Insistimos que no puede continuar la falta de uso de herramientas clave como el Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas. En el caso de la menor desaparecida en Tumbes, fue la propia madre quien vino hasta Lima, meses después de sucedido los hechos, a solicitar que la DIVIPD coloquen nuevamente los datos de su hija, ya que no figuraba porque la habían registrado con datos incorrectos.
Es indispensable el fortalecimiento de la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas que tiene a cargo trabajar por miles de, niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres que se hallan en calidad de desaparecidos y que por ello son vulnerables a delitos que rompen sus derechos como seres humanos.
Insistimos en la necesidad de fortalecer a la PNP como actores clave en el proceso de búsqueda de aquellos peruanos desparecidos. Esperamos y seguimos trabajando para evitar más casos de búsquedas dilatadas y bajo presión como el que vive aún la familia de la pequeña de iniciales A.I.M.M, que a la fecha, sigue desaparecida.
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¿Qué es la trata de personas?

La trata de Personas es un delito que ocurre mediante engaño, amenaza o uso de la fuerza. Trasladan a la víctima muy lejos de su casa, la mantienen incomunicada y la explotan sexual o laboralmente, entre otras modalidades. 

Las adolescentes, entre 13 y 17 años de edad, son las más vulnerables a ser víctimas del delito de trata de personas en el Perú.

Los captores principalmente utilizan las redes sociales como Facebook y a avisos en los periódicos y agencias de empleo para contactar a víctimas en este rango de edad. 

Las personas son captadas a través de la oferta de trabajos bien remunerados para mujeres adolescentes.

Te aconsejamos ver el siguiente vídeo para que así puedas aprender más sobre este delito y prevenir ser víctima de trata. 




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Los resultados más contundentes en la lucha contra la trata de personas se dan cuando existe el mayor grado de cooperación entre sectores público, privado y sociedad civil


Flavio Mirella - Representante de UNODC en Perú y Ecuador



El 2014 ha sido un año en el cual se ha alcanzado un progreso en la institucionalización de la lucha contra la trata de personas en el Perú con la conformación de organismos especializados y el fortalecimiento del marco legislativo, entre otros. ¿Cuáles considera usted que han sido los principales logros en este año?  

El Ministerio Público ha mostrado un importante avance al haber generado una Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas. Sin embargo, si bien es importante, ha partido de la conversión de una fiscalía penal ya existente, se demuestra así una necesidad de contar con fiscalías especializadas para este tipo de delito y otros, por lo que es de esperar que el Estado impulse de forma integral la especialización orgánica con la implementación de más fiscalías especializadas en otras regiones. Esto podría empezarse en las regiones consideradas más vulnerables.

Por otro lado, la modificación del Art. 153 sobre trata de personas ha sido fundamental en tanto facilita la aplicación de la ley así como lo posiciona dentro del conocimiento social; es de resaltar también que se haya eliminado un aspecto confuso referido al consentimiento de la víctima que ahora está expresamente señalado como no valido en el caso de aplicación de medios de acuerdo a lo descrito en la  ley 28950, inclusive para víctimas adultas de trata.

Se resalta también que está aumentando el nivel de concientización social con respecto a la problemática de la trata de personas por ejemplo, la participación de Perú en la campaña contra la trata de personas “Corazón Azul” de UNODC.  Es notable el esfuerzo que desplegó el Estado para ello.    

¿Cuál es el rol que deben cumplir las organizaciones de la sociedad civil en la lucha contra este delito?  

Enfrentar el delito de la trata de personas no es una tarea exclusiva de las entidades estatales. Los resultados más contundentes se dan cuando existe el mayor grado de cooperación entre sector público y los sectores privado y Sociedad Civil.

Las víctimas de este deplorable delito no pueden ser estigmatizados de doble manera, por el tratante y por la sociedad que los acoge; en este sentido, la sociedad civil debe ser informada y sensibilizada para identificar posibles casos de trata de personas, reportar estas  posibles situaciones y facilitar la reinserción de la víctima en su comunidad. Las organizaciones de la sociedad civil son socios estratégicos del Estado y un canal muy importante para lograr lo expuesto.    

La Oficina de las Nacionales Unidas contra la Droga y el Delito emitió el último mes de noviembre el Reporte Global sobre la Trata de Personas. ¿Cuáles han sido los principales hallazgos de este reporte?  

El Reporte Global sobre Trata de Personas 2014, nos presenta tendencias preocupantes sobre un número creciente de víctimas infantiles. Por ejemplo, el número de niñas víctimas ha pasado del 10% del total de las víctimas, en el 2004, a 21% en el 2011 y, en el mismo periodo, el número de niños ha subido de 3% al 12%.

También, el Reporte Global indica que el trabajo forzoso, como modalidad de explotación, está en aumento, pasando del 32% al 40% de todos los casos reportados.

Una tendencia positiva es el aumento del número de países que cumple con el Protocolo de Trata de Personas de las Naciones Unidas (146 hasta agosto 2014). Sin embargo todavía no se puede reportar una tendencia hacia la alza en cuanto al número de sentencias.    

¿Cuáles son las líneas de trabajo que UNODC tiene programado trabajar para el año 2015 en el Perú en relación a la lucha contra la trata de personas?  

Durante el año 2014, UNODC ha realizado esfuerzos conjuntos tanto con instituciones del estado como con la sociedad civil. Una de nuestras actividades clave fue la de impulsar la primera mesa de trabajo para el fortalecimiento de la ley contra la trata de personas.

Para el 2015, UNODC está comprometido a seguir brindando asistencia técnica a los organismos del estado para que se pueda implementar fiscalías especializadas contra la trata de personas. Otro aspecto muy importante en el cuál nos enfocaremos es que Perú cuente con servicios adecuados para acoger y reinsertar a sobrevivientes de la trata de personas.    
El vínculo entre la trata de personas con el crimen organizado y otros fenómenos delictivos como el lavado de activos, la extorsión y el sicariato es cada vez más evidente. ¿Qué estrategias se pueden implementar a fin de combatir la expansión de estos delitos?   

El objetivo final del tratante es el lucro ilícito a través de la explotación del ser humano. Por ende, cualquier estrategia debe tener una fuerte orientación a reducir incentivos como estos, e identificar y decomisar el dinero y los bienes obtenidos a través de las redes de trata.  Esto incluye aplicar una labor y coordinación inter-agencial más proactiva, además de una investigación penal con alcances de investigación patrimonial y  financiera forense.

 La corrupción y la impunidad son dos factores que influyen en detrimento de las estrategias para combatir la trata de personas. Esto se ve reflejado en el limitado acceso a la justicia de las víctimas y las reducidas sentencias a los tratantes. ¿Considera usted que desde el Estado se está haciendo lo necesario para facilitar el acceso a la justicia de las víctimas y fortalecer el sistema penal?  

Considero que siempre se puede hacer más. Por ejemplo, se necesita contar con fiscalías especializadas contra la trata de personas. Estas fiscalías deberían tener una visión holística, que al mismo tiempo cuenten con un sistema –igualmente especializado– de asistencia a sobrevivientes de trata de personas. Finalmente, se necesita fomentar un uso mayor de mecanismos adecuados de recolección de testimonios como la cámara de Gesell.  
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Madre de Dios: Se presentó informe sobre avances en lucha contra la trata de personas

La ciudad de Puerto Maldonado (Madre de Dios) fue sede de la presentación del Informe Alternativo de la Sociedad Civil “Balance de la Política Nacional y Regional Contra la Trata de Personas”, sobre las medidas que se adoptan contra este delito.

El objetivo de la presentación de este informe, elaborado por CHS Alternativo, en colaboración con el Observatorio Latinoamericano contra la Trata de Personas, la Red Andina de Migrantes (RAM) y la Red Kawsay, fue hacer un balance respecto de la implementación del “Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2011-2016”.


Este plan de aplicación a escala nacional y a nivel de la región Madre de Dios, busco identificar los avances y dificultades en materia de prevención y persecución del delito de trata de personas, así como la protección y asistencia a las víctimas en el Perú.

Asimismo, es importante destacar que el Informe Alternativo fue presentado el día 24 de noviembre de los corrientes ante la Mesa de Trabajo de lucha contra la Trata de Personas de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República.


DATO:

De acuerdo con el Sistema de Información estratégica sobre la Trata de Personas (SISTRA) del Ministerio Público, el distrito fiscal de Madre de Dios tiene registradas 173 denuncias, desde el 2009 hasta el 2013, siendo el segundo con mayor número de denuncias registradas en el país después de Lima.

Entre enero y setiembre de este año, el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público reveló que la región Madre de Dios registró 23 casos de trata de personas, ubicándose en el tercer lugar después de Lima con 81 casos y Loreto con 55.
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ACTIVIDAD DELICTIVA DE TRATA DE PERSONAS SUBE POR ASCENSOR, MIENTRAS SANCIONES LO HACEN POR ESCALERAS


Yehude Simon - Congresista de la República


El día miércoles 3 del presente la Premier y el Ministro del Interior cumplieron, luego de tres años de espera, con la rendición de cuentas del Estado al Congreso de la República sobre la situación de la trata de personas en el Perú, según la Ley N°29918. ¿Cuáles son sus impresiones sobre esta presentación?

Para ser la primera presentación, después de que se aprobó el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2011-2016, el 23 de setiembre de 2012, creo que podemos decir que por fin el Estado está haciendo algo contra este tipo de prácticas ilegales.La Premier en su presentación habló de estadística, de cuánto  dinero mueve este negocio, porcentajes de adultos, niños, niñas, involucrados, cuántas personas son víctimas en el Perú y a nivel mundial, en qué lugar nos encontramos como país en el contexto global en índices de víctimas de este delito, mientras que el Ministro del Interior, manifestó sobre la focalización en algunas regiones del Perú, sobre los logros alcanzados por el Grupo de Trabajo Multisectorial contra la Trata de Personas, y sobre la falta de medidas legislativas, sin embargo, el problema de la trata de personas en el Perú , no es de legislación sino de persecución y sanción a los autores de los delitos, la legislación existe, ahora tenemos que sancionar y perseguir, creo que la parte doctrinaria está bien, pero aún se queda solo en eso, teoría, falta lo esencial que son los resultados. 

En su presentación la Primera Ministra Ana Jara estimó que hoy en día en el Perú existen aproximadamente 67mil personas víctimas de la trata de personas. Ante esta dimensión del delito, ¿considera efectivas las estrategias del Estado?

Es cierto, lo que se dice, pero la estrategia del estado está fallando. Por una parte decimos que existen como 67mil víctimas, pero cuánto de esto se ha registrado en el Sistema  de registro y estadística del delito de personas y afines RETA-PNP, sólo 293 denuncias, y en el Sistema  Estratégico  sobre Trata de personas SISTRA, solo 326 reportes, en otras palabras, lo que se está haciendo es insuficiente, además si a esto le añadimos el poco presupuesto que destinamos a esta lucha, los resultados siempre van a ser mínimos, mientras esta actividad va creciendo día a día. La actividad delictiva sube por ascensor y las sanciones por escalera.

Teniendo en cuenta que solo el 0.0025% del presupuesto del Estado fue designado para lucha contra la Trata de Personas este año, ¿cómo podría mejorarse la estrategia del Estado para disminuir la impunidad entre los tratantes y proteger a las víctimas?

Con tan poco presupuesto para una actividad ilegal tan lucrativa es poco lo que se puede hacer, si bien es cierto que año a año se ha venido incrementando de 1.6 millones a cerca de 4 millones del 2013 al 2015, lo primero que tiene que hacer el ejecutivo es aprobar la política nacional contra la trata de personas, el protocolo intersectorial para la atención de las víctimas, los lineamientos para la acción multisectorial e intergubernamental, etc. Además debe crear un Registro Nacional e Internacional de tratantes.

La Premier se comprometió a garantizar el presupuesto para el funcionamiento de las Fiscalías Especializadas en el Delito de Trata de Personas, sin embargo el Presupuesto General de la Republica aprobado recientemente no contempla la transferencia de recursos a estos organismos. ¿Qué medidas se pueden implementar para asegurar que las Fiscalías cuenten con el presupuesto necesario para realizar sus labores?

Son ellos los que deben transferir los recursos, sin embargo al día de hoy se han convertido algunas fiscalías penales a fiscalías especializadas en el delito de trata de personas, no es lo ideal, pero algo se ha avanzado. Además son los Gobiernos Regionales, los llamados a ser los responsables en los ejes de prevención, protección y asistencia a las víctimas de trata de personas, por lo cual deben separar un porcentaje de su presupuesto para implementar acciones de lucha contra la trata de personas.
Durante la rendición de cuentas en el Congreso, el Ministro de Interior Daniel Urresti pidió “precisar leyes para combatir mejor la trata de personas” y que “necesitamos de manera urgente herramientas legales que nos faciliten este combate…”, aduciendo que “este tema está originando que de los detenidos solo un porcentaje pequeño llegue a la cárcel, porque (el resto) logra evadir la justicia debido a estos vacíos que hay”. ¿Está de acuerdo usted con estas afirmaciones?
No estoy de acuerdo con esas afirmaciones, las leyes existen, deben aplicarse. En el Perú se sanciona con pena de hasta 35 años y minino de 8 años, pero son contados con los dedos de la mano, los casos en que se han aplicado sentencias drásticas. Menos aún se sanciona a las organizaciones que se dedican a la trata de personas.

Qué medidas se pueden promover a fin de garantizar la adecuada aplicación de la norma sobre la trata de personas, tomando en cuenta que existe una confusión conceptual entre la trata de personas, proxenetismo y la prostitución, como se evidenció en la presentación del Ministro Urresti?

Capacitar a Policías, fiscales y jueces no sólo en el conocimiento de la ley 28950, sino en la diferencia que existe entre la trata de personas y el proxenetismo. Muchas veces se castiga por proxenetismo lo que en realidad es trata de personas, aplicándose penas benignas.También a las autoridades que intencionalmente y por favorecer a los que realizan trata de personas, los denuncian por Proxenetismo, a ellos se les debe denunciar por prevaricato.

¿Qué medidas considera que deben implementarse para un mejor funcionamiento del Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2011-2016, dado el limitado progreso en función de los resultados esperados?

Debemos establecer indicadores que permitan evaluar la labor que realiza el Estado para combatir este delito, por ejemplo, controles migratorios, intercambio de información internacional, colaboración con agentes relacionados al Turismo, etc.

Con los recursos existentes, ¿Cómo podría adecuarse este Plan para obtener mejores resultados?

Una primera medida es la suscripción de todos los convenios y tratados sobre el combate a la Trata de Personas. Además de incrementar el monto del presupuesto, debería recurrirse a organismos internacionales que proporcionan recursos para el combate a la trata de personas.Programas de reinserción laboral, las personas que han sido explotadas muchas veces han carecido de posibilidades de estudio y se ven en la necesidad de continuar en un sistema de explotación, darles trabajo es una posibilidad de ayuda y ese trabajo podría ser buscando estímulos tributarios a las empresas que las contraten.
Comentarios finales.Finalmente, tenemos que mejorar uno los sistemas de información, dos que las víctimas puedan acceder a formular sus denuncias sin ningún temor, tres darles a las víctimas las garantías necesarias, y atenderlas como tal y no como parte del delito, cuatro hay que hacer seguimiento y persecución de esta actividad en forma permanente, para lo cual debemos aumentarle su  presupuesto.

Y por último, debemos ratificar el Convenio 189 de la OIT, es hora que el ejecutivo lo remita al Congreso de la República,  para que ratifiquemos el trabajo del régimen laboral a favor de las trabajadoras del hogar, que son cerca de medio millón de personas y que muchas de ellas son niñas. 
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Editorial N° 153: LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS DEBE SER IMPLACABLE

Para CHS Alternativo, el 2014 ha sido un año importante por los avances que se han dado en la lucha contra la trata de personas. En el aspecto político, la Premier Ana Jara y el ministro del Interior, Daniel Urresti, presentaron ante el Congreso de la República los avances sobre la intervención del Estado en relación a esta temática, sentando una línea importante que permitirá seguir anualmente las acciones que el Estado realiza en la lucha contra este delito.
Según lo expuesto por el ministro Daniel Figallo, y difundido por los medios de comunicación, el Estado cuenta con una Política Nacional contra la trata de personas y sus diversas formas de explotación, que estaría lista para ser publicada bajo Decreto Supremo en los próximos días. Este documento, cumple con los estándares internacionales establecidos por Naciones Unidas y cuenta con el Protocolo contra la trata de personas, el mismo que se divide en tres ejes: atención de los factores sociales y culturales que la generan; persecución y sanción eficiente de los delitos de trata y explotación de personas; y efectiva protección y recuperación de las víctimas.
Considerando que ha habido un incremento en el presupuesto invertido por el Estado a la lucha contra la trata de personas, los poco más de 4 millones de soles destinados a combatir este delito son, como lo han reconocido ministros y congresistas, aún insuficientes, debiendo incrementarse en los próximos años.
Los esfuerzos conjuntos de la sociedad civil y del Estado en la lucha contra la trata han dado sus frutos, se logró la modificación del Art. 153  de la Ley 28950 que no toma en cuenta el consentimiento de la víctima de trata en el caso de aplicación de medios de acuerdo a lo descrito en la misma, se han creado nuevos albergues que pueden alojar a víctimas de este delito y se ha observado una mejor coordinación entre los sectores para la atención de las víctimas; si bien esto es un proceso a mediano plazo, el trabajo conjunto entre el Estado y la sociedad civil involucra también al sector privado y esto es positivo para el país.
Durante el 2013, el Ministerio Público, a través del Observatorio de Criminalidad registró 53 detenidos y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) tiene registrados 120 internos por el delito de trata de personas a nivel nacional, estas cifras son un referente que deberá incrementarse a medida que se trabaje de acuerdo al Plan Nacional y las normas mejor detalladas con las que se cuenta ahora para la lucha contra este delito.
Necesitamos que el Estado garantice que los registros de casos de trata de personas se den adecuadamente en todas las zonas y no solo en aquellas donde un policía comprometido se dedica a ello; debe garantizar además que las víctimas rescatadas serán tratadas siempre con respeto con un enfoque intercultural y de derechos humanos.
Seguiremos alertas para que estos avances se concreten y afianzar el cumplimiento de la política pública asegurando que los esfuerzos positivos y las buenas prácticas sigan adelante y sean replicados en todas las regiones.
Somos conscientes que el rol de la sociedad civil es el de vigilar permanentemente el cumplimiento de las políticas públicas y, aunque somos muy exigentes con nuestra labor, nos mantendremos así con el fin de que la lucha contra la trata de personas sea implacable este 2015.
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LEY DEL ESTADO PARA COMBATIR TRATA DE PERSONAS ES PRECISA

De 300 casos de trata de personas, 185 han sido tipificados de acuerdo a  artículo del Código Penal derogado.

Durante la esperada  Sesión del Pleno del Congreso de la República sobre trata de personas, realizada el pasado 3 de diciembre,  la Primera Ministra Ana Jara, estimó que los casos de trata de personas al año llegan al 0.25% de la población del país. Es decir, estima que hoy en día en el Perú  son más de 76,000 los casos en situación de explotación laboral o sexual.

Si se siguiera la proporción  de víctimas menores de edad, que oficialmente son el 59.1% de las víctimas registradas por el Observatorio de la Criminalidad, estaríamos frente a un delito que estaría explotando sexual o laboralmente a más de 45,000 niñas, niños o adolescentes; ante esta dimensión del delito, los poco más de 4 millones de soles destinados a combatir la trata de personas son, como lo han reconocido los ministros y los congresistas, a todas luces  insuficientes.

En este contexto, resulta sorprendente que el ministro del Interior, Daniel Urresti, confunda y no sepa distinguir entre casos de prostitución y  casos en situación de trata y explotación. Consideramos necesario hacer algunas aclaraciones importantes a sus declaraciones durante la mencionada Sesión del Pleno:

1.    Daniel Urresti pidió “precisar leyes para combatir mejor la trata de personas”
La ley es precisa; el 30 de setiembre de 2014, entró en vigencia la Ley 30251, que modificó y perfeccionó la tipificación del artículo 153 del Código Penal, que le da mayor precisión al contenido del tipo penal, facilitando su aplicación en los casos de trata de personas. Correspondiendo ahora al Ministerio Público y Poder Judicial su correcta aplicación.

2.    El Ministro del Interior señaló que “...hay mujeres que, tras ser obligadas a prostituirse, luego rechazan dejar a sus victimarios…” 
Hay muchas víctimas de trata de personas que se ven obligadas a retornar al lugar donde están siendo explotadas sexualmente debido a las amenazas que reciben. Por ello, el Inciso 4 del modificado artículo 153 señala: El consentimiento dado por la víctima mayor de edad a cualquier forma de explotación carece de efectos jurídicos cuando el agente haya recurrido a cualquiera de los medios dados en el inc.1 (violencia, amenaza, coacción, fraude, engaño, etc.).

3.    Necesitamos de manera urgente herramientas legales que nos faciliten este combate, estoy seguro que así será, considerando que hay varios congresistas que están sumamente interesados en el tema y lo conocen perfectamente”, señaló el ministro.
El problema de la lucha contra la trata no es cuestión de normas.  Se cuenta con la ley 28950 Ley Contra la Trata de Personas, la ley 30077 Ley Contra el Crimen Organizado y el recientemente modificado Art. 153 del Código Penal para dar mayor precisión al contenido de este tipo penal, facilitando de esta manera su aplicación en la lucha contra la trata de personas.

4.    Según añadió, “este tema está originando que de los detenidos solo un porcentaje pequeño llegue a la cárcel, porque (el resto) logra evadir la justicia debido a estos vacíos que hay”.
La debilidad del sistema está en el desconocimiento de las leyes por parte de los operadores de justicia que no están realizando una adecuada investigación, juzgamiento y sanción; no en los supuestos vacíos que señala Urresti Elera. Por ejemplo, según la información brindada por el Poder Judicial, de los 300 casos de trata de personas, 185 han sido tipificados de acuerdo al derogado  Art. 182 del Código Penal y no se aplicó la ley 28950, que rige actualmente.

DATO:
Según Informe Alternativo de la Sociedad Civil 2014, los S/.2’963,328 destinados a erradicar la trata de personas representa solo el 0.0025% del presupuesto General de la República, a pesar de reflejar un incremento del 85.2% con relación al año anterior.


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Editorial N° 152: DE 300 CASOS DE TRATA DE PERSONAS, 185 HAN SIDO TIPIFICADOS CON NORMA DEROGADA

Durante la Sesión del Pleno del Congreso de la República sobre trata de personas, realizada el pasado 3 de diciembre, la Primera Ministra Ana Jara, estimó que los casos de trata de personas al año llegan al 0.22% de la población del país. Es decir, estima que hoy en día en el Perú son más de 67,000 los casos en situación de explotación laboral o sexual.
Si se siguiera la proporción  de víctimas menores de edad, que oficialmente son el 59.1% de las  víctimas registradas por el Observatorio de la Criminalidad, estaríamos frente a un delito que estaría explotando sexual o laboralmente a más de 39,600 niñas, niños o adolescentes; ante esta dimensión del delito, los poco más de 4 millones de soles destinados a combatir la trata de personas son, como lo han reconocido los ministros y los congresistas, a todas luces  insuficientes.
En este contexto, resulta sorprendente que el ministro del Interior, Daniel Urresti, durante su declaración en el Congreso, confunda y no sepa distinguir entre casos de prostitución y  casos en situación de trata y explotación ¿qué esperamos entonces de los operadores de justicia? La debilidad del sistema está en el desconocimiento de los términos y de las leyes ya que como consecuencia es esto no se está realizando una adecuada investigación, juzgamiento y sanción; por ejemplo, según la información brindada por el Poder Judicial, de los 300 casos de trata de personas, 185 han sido tipificados de acuerdo al derogado  Art. 182 del Código Penal y no se aplicó el Art. 153 que rige actualmente.
Otra de las declaraciones del ministro del interior que nos sorprende fue considerar que las leyes sobre trata de personas  “no son precisas”; tal vez el ministro no tiene conocimiento que el 30 de setiembre de este año, entró en vigencia la Ley 30251, que modificó y perfeccionó la tipificación del artículo 153 del Código Penal, que le da mayor precisión al contenido del tipo penal, facilitando su aplicación en casos de trata.
Podemos concluir que para la lucha contra la trata de personas, el  problema no es cuestión de normas ya que el Perú cuenta con la ley 28950 Ley Contra la Trata de Personas, la ley 30077 Ley Contra el Crimen Organizado así como el ya  mencionado y recientemente modificado Art. 153 de la Ley 30251, del Código Penal que señala: “El consentimiento dado por la víctima mayor de edad a cualquier forma de explotación carece de efectos jurídicos cuando el agente haya recurrido a cualquiera de los medios dados en el inc.1 (violencia, amenaza, coacción, fraude, engaño, etc.)”  este artículo, ampara a las víctimas de trata de personas que se ven obligadas a retornar al lugar donde están siendo explotadas sexualmente debido a las amenazas que reciben, ya que no es una situación tan ligera de mencionar como hizo el ministro Urresti en el Congreso “…hay mujeres que, tras ser obligadas a prostituirse, luego rechazan dejar a sus victimarios”.
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Se hace ver como que el presupuesto 2015 para lucha contra la trata está creciendo y eso es mentira

Natalie Condori - Congresista de la República

¿Cuáles son susimpresiones en relación a los resultados de la Mesa de Trabajo de la Comisiónde Justicia y Derechos Humanos donde se presentó el Informe Alternativo sobrela situación de la trata de personas en el Perú?
La presentación que se ha dado enesta reunión donde han estado presentes cada uno de los actores participantesdesde instituciones públicas hasta la sociedad civil, cada una ha manifestadosu posición sobre este tema, digamos que no se supera; esta fue una reunión más,en la cual se repiten los mismos problemas y decisiones que tenemos porafrontar en la lucha contra la trata de personas. Es difícil hacer entender alos gobiernos que este es un tema delicado, que si no se posiciona al serhumano como eje fundamental de la sociedad y del país, difícilmente vamos apoder hablar de desarrollo, crecimiento económico, productividad y empleabilidad.La vida del ser humano está siendo pisoteada, denigrada; su dignidad y sulibertad también. No nos estamos dando cuenta que en un largo plazo vamos atener una sociedad debilitada. Sin el ser humano no hacemos nada y eso es loprimero que hay que hacer entender. Incluso se quiere comparar el delito detrata con otros delitos. ¡No se puede comparar! No hay ni medio punto decomparación. La trata de personas, no es igual al tráfico de armas, nicontrabando. La trata de personas involucra personas, seres humanos. Y es poreso que no sólo solicitamos presupuesto, necesitamos acciones. Acciones deprevención para erradicar este delito, pero, lamentablemente, todavía se vemucha resistencia, mucho desconocimiento por parte de las institucionespúblicas. Si las instituciones públicas no están dispuestas a involucrarse enese tema, como le vamos a pedir al ciudadano común y corriente que seinvolucre. Ni si quiera ponen personal especializado a trabajar en el tema. Porel Estado es donde tenemos que empezar a desarrollar las acciones contra latrata de personas.  

¿En qué puntos dela ejecución presupuestal del Plan Nacional de Acción contra la Trata dePersonas podría incidir  el Grupo deTrabajo Contra la Trata de Personas del Congreso, frente a los problemaspresupuestales (escasez de fondos, arreglos de la distribución) y la ejecucióndel presupuesto?
Primero que nada, tener unaacción coordinada y en conjunto en labores de prevención dirigidasespecíficamente a instituciones educativas desde primaria hasta secundaria. Esurgente hacer este trabajo ya que tiene que involucrarse el sector educación yel sector salud. Y a partir de aquí, se puede hacer un trabajo en conjunto. Porotro lado, también se necesita mejorar el trabajo y manejo de Protocolos deatención en la Policía Nacional, en el Ministerio Público, en todos losoperadores policiales y de justicia quienes tienen que estar involucrados con estetema. Hay muchos operadores policiales que no conocen este tipo de delito, ylamentablemente, distorsionan el caso, lo confunden con proxenetismo y conprostitución. Y el tercer eje en el que vamos a incidir bastante en esteperiodo legislativo es con los medios de comunicación. Vamos a promover esto enla reunión que tendremos con el Consejo de Prensa. Necesitamos urgente que los medios de comunicación se involucrencon este tema, si no difícilmente vamos a poder contar mediáticamente estostemas. Muchas veces se revela la identidad de las víctimas. Muchos de losmedios de comunicación confunden el tipo de delito y en muchos también alertanpara que los culpables fuguen. Son varios aspectos los cuales que tenemos quetrabajar. También con los Gobiernos Regionales vamos a continuar trabajando.Asimismo, involucraremos a los Gobiernos Municipales en el momento preciso.

¿Qué estrategiasse deben implementar para garantizar una persecución y sanción adecuada desdeun enfoque de protección a las víctimas?
Nosotros hemos planteado una iniciativalegislativa que refiere a que sin clientes no hay trata, y por ahí tenemos queempezar. Promover una cultura donde oficialmente en la explotación sexual y enla explotación laboral los usuarios de los servicios de las víctimas sean cadavez menos. Cada cliente debe ser sancionado. Y si esta medida se aplica, va aver mucho menos cantidad de gente que quiera los servicios en el aspectolaboral o sexual de las personas, y eso es lo que estamos promoviendo. El Estadodefinitivamente tiene que promover mayor impulso; no es dable que en los Ministerios–los cuales comparten escenarios y responsabilidades– no haya una personaespecífica a cargo de los casos de trata. De esta manera, el GrupoMultisectorial Permanente de Lucha Contra La Trata estaría dando avances ymostrando resultados. No se trata solamente de hacer intervenciones, operativosy luego terminar ahí para la foto; también se trata de la recuperación de lasvíctimas. Y la recuperación de las víctimas la vamos a tener cuando logremosobtener la incautación de los bienes/muebles de los tratantes, facilitando queestos sirvan para financiar las Casas-Refugio de las víctimas de trata. Estamosplanteando una ley para que estas [bienes/muebles de tratantes] pasen a ser losrecursos que sirvan para financiar la recuperación de las víctimas de trata.Eso es lo que pretendemos con la iniciativa legislativa de incautación debienes/muebles e inmuebles de los tratantes. Cuando haya intervenciones ocapturas, lo que queremos es que todo lo que es producto de la mafia de lostratantes –de ese trabajo pernicioso– se embargue a cargo del Estado Peruano, yasí se pueda disponer para financiar la recuperación de las víctimas de trata.

En el país seviene institucionalizando una cultura de corrupción e impunidad. ¿Qué efectostiene esto en la lucha emprendida por el Estado contra la trata de personas?
Definitivamente no estamos deacuerdo cuando se debilita a las instituciones; lo único que logran es denigrara las personas que las dirigen, debilitando a la vida que tiene que proteger y cuidar.Esta situación es un gran favor a las mafias de los tratantes, no a losusuarios y no a los beneficiarios que van a ser usos del servicio. Ante lasociedad, esto es grave, e incluso no se estaba evaluando cuando una autoridaddenigra o debilita a una institución que tiene que velar por los derechos y porla justicia. Estamos sumamente preocupados porque en estos momentos se tiene queaprobar la apelación de cinco Fiscalías Especializadas en Trata, pero elMinisterio Público dijo que no tiene presupuesto. Se ha solicitado y sinembargo no se ha podido incrementar el presupuesto para cinco fiscalías que vana estar en zonas focalizadas del país. Y eso es lamentable, ni si quiera seestá pidiendo una cobertura del 100% de toda las sedes del Ministerio Público,y sin embargo se niegan a dar el apoyo económico que se necesita para implementarestas fiscalías.

El día viernes 28se aprobó el proyecto de ley del Presupuesto General de la República para elaño 2015, el cual no asigna una partida presupuestal específica a las fiscalíasespecializadas en la lucha contra la trata de personas. En su opinión, ¿querefleja esto?
Es verdad, la gran barrera que tenemos–que es producto de varias reuniones de discusión y de diferentes meses detrabajo– es el Presupuesto. Con el mínimo de presupuesto, ¿cómo podemos hablarde fortalecer el sistema RETA? El sistema RETA lo único que hace en estosmomentos es re-victimizar a las victimas reales de la trata. No tenemos lascifras para esclarecer la situación real. Tampoco se cuenta con los protocolos,la preparación y la capacitación del personal de la Policía Nacional. Notenemos ni siquiera los materiales que debían existir para la prevención de latrata. Es decir, lo que se ve aquí es un desinterés. El presupuesto actual esuna muestra de desinterés total con querer erradicar este delito. Eso nospreocupa como política de Estado, más aun como un gobierno donde se estábatallando por la institución y el respeto de los derechos humanos. Por locontrario, lo único que hacen es traerse abajo estas políticas que tienen quever con lo fundamental: los derechos humanos, y no se quiere hacer prevalecerel respeto de los derechos en el tema de las víctimas de trata. En lapresentación de la Premier y el Ministro de Interior hemos abordado estostemas, no sirven los pedidos que tenemos, porque no puede ser que año tras añodesde que se creó el Grupo Multisectorial se esté descuidando este tema tanimportante.

¿Qué acciones ycompetencias deben ser priorizadas por el Ejecutivo en la problemática de latrata de personas?
Queremos ver la voluntad políticadel gobierno en este tema, mucho va depender de la voluntad política que tenemos.Si bien es cierto que se hacen esfuerzos en la lucha contra el contrabando y contrael tráfico de armas, tampoco son muchos. Nuestras fronteras estándesguarnecidas totalmente; hemos solicitado que para evitar la trata depersonas y tráfico ilícito de migrantes se fortalezcan los ejes de vigilanciafronterizas, y lamentablemente ¿dónde están las medidas? En los presupuestosdel 2013 y 2014 hubo dinero para eso, pero ese mismo presupuesto se ha incorporadoa este año y se hace ver como que el presupuesto está creciendo y eso esmentira. Si usamos cifras reales, en esos dos ejemplos nada más, el presupuestono se ha incrementado, es un atraso y una acumulación de lo que no se atendióen los años anteriores y se suman. Entonces, estamos sumamente preocupadosporque no vemos voluntad política para atender este tema y contrarrestarlo. Asíque tenemos que dar la batalla política desde el Congreso; los congresistasestamos en la obligación de velar por el respeto de los derechos humanos detodos los ciudadanos y eso lo hemos planteado en la presentación la Premier yel Ministro del Interior.

¿Cuáles son lasmedidas legislativas que están pendientes para disminuir la problemática de latrata de personas?
Hay muchísimas, hay como ochoiniciativas legislativas que están pendientes de aprobación, Comisión y quepasen al pleno. Y una de ellas –y la que consideramos importantísima– es que latrata de personas sea considerada como un delito de lesa humanidad, para que enlas sanciones también se versifiquen como tal. Es un delito de lesa humanidadporque mata en vida a las personas. Segundo, existe el proyecto de ley en dondese sanciona a los clientes. Hay otra iniciativa legislativa en donde se incautanlos bienes de los tratantes de cualquiera de los que estén en sus distintasetapas, ya sean los que captan, trasladan, reciben y todos ellos. Estamossolicitando eso pero al parecer también aún falta sensibilizar en el Parlamentoa mis colegas. Lo que si deseamos es que estas iniciativas legislativas –que enpromedio suman ocho–  sean vistas y serealicen debates en las Comisiones respectivas. 

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Ana Jara y Urresti darán cuenta sobre trata de personas al congreso

Después de 2 años de silencio sobre el tema, pleno del congreso podrá cuestionar trabajo de prevención y sanción de la trata de personas en nuestro país.


Este miércoles 03 de diciembre a las 4 de la tarde, se presentará en el Congreso de la República, el balance del Estado Peruano en materia de trata de personas, tal como indica la ley N°29918 “Ley que declara el 23 de setiembre de cada año como el Día Nacional contra la Trata de Personas” y que obliga dar cuenta al  Congreso de la República sobre la prevención y sanción de la trata de personas y la protección y asistencia a las víctimas. Esta exposición estará a cargo del Ministerio del Interior, Daniel Urresti y la Premier Ana Jara.

Algunos de los puntos que se espera, den cuenta de la gestión, deben referirse a la ausencia del presupuesto específico para prevenir y combatir la trata de personas, presupuesto que este año ha sido solo el 0.0025% del presupuesto general del Estado, cuando se ha tenido 2080 denuncias de casos de trata de acuerdo a lo reportado por el SISTRA (Sistema de Información Estratégica sobre Trata de Personas - Ministerio Público); estos casos representan más de 3500 víctimas, en su mayoría menores de edad sujetas a explotación sexual y laboral contra su voluntad.

Otro tema importante es la ausencia de recursos para la implementación de albergues para la atención a las víctimas recatadas considerando que se vienen realizando diversos operativos en las regiones con mayor índice de casos registrados así como a la insuficiente dotación de personal capacitado para la persecución del delito y la falta de recursos para el inicio de funciones de las fiscalías especializadas en el delito de trata de personas.

DATO

Los S/.2’963,328 (0.0025% del Presupuesto General de la República) han sido insuficientes para combatir la trata de personas y garantizar la asistencia y protección a las víctimas.

Según el Segundo Informe Alternativo, presentado por CHS Alternativo,  los sectores que han reportado una asignación presupuestal específica para realizar las acciones correspondientes por la normativa son: Ministerio del Interior, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Educación, Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Turismo y Comercio Exterior.

Sectores como el Poder Judicial, Ministerio Público y los Gobiernos Regionales, con amplias funciones y responsabilidades en la lucha contra la trata de personas, no han reportado un presupuesto específico para la implementación de acciones según el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas y el Reglamento de la Ley N°28950.
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Solo el 0.0025% del presupuesto del Estado fue para lucha contra la Trata de personas en el 2014

Los S/.2’963,328 (0.0025% del Presupuesto General de la República) han sido insuficientes para combatir la trata de personas.

El 24 noviembre en el Congreso de la República, se realizó la Mesa de Trabajo “Balance de la Política Nacional Contra la Trata de Personas”, delito que ha sido objeto de una serie de iniciativas legislativas decretadas a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República.

Como parte de esta sesión, Ricardo Valdés Cavassa, presidente de la ONG Capital Humano y Social Alternativo (CHS Alternativo), presentó el Informe Alternativo de la Sociedad Civil sobre la ejecución del Presupuesto de la República de 2014 asignado para la Lucha contra la Trata de Personas, en base a lo establecido en la Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (Ley 28950), su Reglamento y el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 20011-2016 (PNAT), señalando las carencias y dificultades en el trabajo del Estado en la prevención, persecución y sanción, así como la protección y asistencia a las víctimas de este delito así como propuestas a los diversos sectores.


Es imperativo mencionar que la inseguridad ciudadana más corrupción y el crimen organizado son factores contribuyentes a la Trata de Personas. Se necesita clarificar que este es un tema transectorial y todos necesitamos estar involucrados,” dijo Ricardo Valdés, presidente de CHS Alternativo.  

Según el Informe Alternativo, los sectores que han reportado una asignación presupuestal específica para realizar las acciones correspondientes por la normativa son: Ministerio del Interior, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Educación, Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Turismo y Comercio Exterior.

Sectores como el Poder Judicial, Ministerio Público y los Gobiernos Regionales, con amplias funciones y responsabilidades en la lucha contra la trata de personas, no han reportado un presupuesto específico para la implementación de acciones según el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas y el Reglamento de la Ley N°28950.


"La Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos de la Fiscalía de la Nación, este año no ha contado con recursos, ha solicitado para el 2015  un presupuesto de 622 mil soles, pero igual es reducida esta cifra, porque para efectuar un buen trabajo en la protección de las víctimas, se requiere un monto mucho mayor”, anotó Valdés.

La Mesa de Trabajo “Balance de la Política Nacional Contra la Trata de Personas” fue organizada por la Presidencia de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, las congresistas María Soledad Pérez Tello, Karla Scheafer, Luisa María Cuculiza, Natalie Condori Jahuira y la ONG Capital Humano y Social Alternativo.

DATO:
El documento Informe Alternativo de la Sociedad Civil ha sido elaborado por CHS Alternativo con apoyo del Observatorio Latinoamericano de Trata y Tráfico de Personas (ObservaLAtrata), Red Andina de Migraciones (RAM) y la Red Kawsay.

MENSAJES PRINCIPALES DE PARTCIPANTES:

 “A la falta  de presupuesto se debe sumar la falta de decisión política. Se necesita visualizar la problemática de Trata de Personas que está afectando a miles de peruanos.”
- Juan Carlos Eguren, Congresista por el Partido Popular Cristiano, Presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos

“No hay un número suficiente de casas de refugio para atender a las víctimas de trata. No se puede hacer nada sin presupuesto del Estado.”
-  Luisa María Cuculiza, Congresista por el Partido fuerza Popular

“La gran pelea que nos toca hacer es la búsqueda de mayor asignación de presupuesto en el Pleno del Congreso y frente a la Presidenta del Consejo de Ministros.”
- Marisol Pérez Tello, Congresista por el Partido Popular Cristiano

“La sociedad civil juega un papel clave en la educación y concientización de los trabajadores del Estado sobre la problemática de Trata de Personas. Ellos nos proveen de información valiosa para nuestro trabajo como representantes del población.”
- Natalie Condori, Congresista por el Partido Dignidad y Democracia

“Agradecimiento especial a las organizaciones de la sociedad civil por su compromiso a terminar con este delito que vulnera el mayor número de derechos humanos de nuestra constitución.”
- Karla Scheafer, Congresista por el Partido Fuerza Popular
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Secuestro con presunto fin para explotación sexual de menores

Hace más 4 meses que Alcides Geovanny Aguilar Solórzano (45), de nacionalidad ecuatoriana, secuestró a la menor peruana de iniciales A.I.M.M. (13) por el presunto delito de  trata de personas con fines de explotación sexual.

El calvario por el que pasa la familia de la niña, se inició el sábado 9 de agosto a las 10:00 am, cuando Aguilar Solórzano ingresó abruptamente a la vivienda de la menor en Zarumilla - Tumbes, donde ella se encontraba con su hermano. Aguilar amenazó a los dos niños con un arma de fuego y procedió a raptar a la víctima.

Desesperada, la madre de la menor colocó una denuncia por desaparición en la comisaría de Zarumilla el mismo día de los hechos.

Mientras esperaba acciones por parte de los oficiales de Tumbes, la madre de la víctima visitó el puesto de control en la frontera para obtener información del paradero de su menor hija. Afortunadamente, el sistema de video de vigilancia del distrito de Aguas Verdes capturó el momento en que el hombre trasladaba a la menor hacia Ecuador en una motocicleta.

El pase de la menor por la frontera Perú - Ecuador se realizó sin el mínimo control de frontera, debido a que Aguilar Solórzano ya registraba denuncias en su contra por violencia familiar e impedimentos de salida de su país.

La PNP no cumplió con comunicar y derivar la denuncia de manera inmediata al fiscal penal de turno de la jurisdicción, como se establece en la ley, esto se hizo después de 15 días ante la queja realizada por la madre de la menor, en la Defensoría del Pueblo.

De acuerdo a testimonios recogidos, se ha visto a Aguilar Solórzano rondando en la provincia El Oro en Ecuador. Asimismo, los ex vecinos del acusado afirman que Aguilar se dedica a secuestrar a mujeres y niñas para explotarlas en el Ecuador.  Hasta el momento, no se ha obtenido respuesta por parte de la fiscalía de Huaquillas en este país.

La madre de la víctima exige que las autoridades tanto en Perú como en Ecuador no dejen pasar más tiempo e inicien inmediatamente una búsqueda rigurosa de su hija, antes de que una nueva víctima sea captada por el denunciado.

Sobre CHS Alternativo:

Somos una ONG fundada en el año 2001 especializada en la temática de la Trata de Personas.


Más información:
Área de comunicaciones de CHS Alternativo

Teléfonos (511) 446 5834 - #999957952


Calle Piura 750 – Miraflores
www.chsalternativo.org
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Editorial N° 151: INSTITUCIONALIZACIÓN SIN RECURSOS

Avances en la constitución de organismos para combatir la lucha contra la trata de personas; sin embargo éstos no han recibido ninguna asignación presupuestal para iniciar sus funciones.
El último lunes 24, en la Mesa de Trabajo de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, se presentó el Informe Alternativo de la Sociedad Civil sobre la situación de la Trata de Personas en el Perú. En él, si bien se reconoce el progreso alcanzado en la institucionalización de la lucha contra la trata de personas en nuestro país, también se advierte acerca de las carencias presupuestales y la poca voluntad política para priorizarla como un asunto central en la agenda pública. Solo el 0.0025% del Presupuesto General de la Republica ha sido utilizado para combatir un crimen tan complejo como éste, que mueve ilícitamente más de 32,000 millones de dólares anuales a nivel mundial.
De los 2 millones 936 mil nuevos soles que el Estado Peruano asignó a la implementación del Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas para el año 2014, casi la totalidad se destinó a financiar a diez sectores del Gobierno Central, dejando casi sin recursos para este tema a los 25 Gobiernos Regionales, 195 Gobiernos Provinciales y 1643 Gobiernos Distritales. La lógica tras este modelo de repartición de los fondos públicos que se destinan a la lucha contra la trata de personas y la atención a las víctimas expresa varias problemáticas asociadas.
La primera y más evidente es el sustrato centralista que caracteriza a la ejecución de las partidas del Plan Nacional. El Gobierno Central no reconoce que son las autoridades regionales y locales las que enfrentan día a día la problemática del delito, deben llevar a cabo las acciones de prevención y sensibilización de la población, y están involucradas directamente en los procesos de atención y protección necesarios a las víctimas rescatadas. Para todo ello se necesitan espacios de atención adecuados, personal capacitado, compromiso social, voluntad política, y, principalmente, presupuesto.
Es así pues que seguimos encontrando que una vez que las víctimas son rescatadas de los lugares de explotación, ni el Ministerio Publico a través de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos, ni el Ministerio de la Mujer, ni la Policía Nacional, cuentan con los recursos para albergarlas, proveerles una alimentación adecuada, satisfacer sus necesidades primarias, cubrir los gastos de traslado a sus lugares de origen, y facilitar el difícil proceso de reintegración social. Esto principalmente se da con las victimas mayores de edad, para quien los servicios del Estado no ofrecen una alternativa sostenible de salida del ciclo de explotación.
Pero la otra es que a pesar de que los casi 3 millones de nuevos soles han sido repartidos en Lima, entre diez ministerios, incluyendo el Ministerio Publico y el Poder Judicial, ni siquiera aquí existen aún las garantías para proveer una adecuada atención y protección a las víctimas.
La elevación de categoría de división a Dirección de Investigación del Delito de Trata de Personas, y la conversión de dos fiscalías a Fiscalías Especializadas en el Delito de Trata de Personas son pasos fundamentales, sin embargo, más allá del nuevo título, no han recibido los recursos necesarios para poder implementar sus funciones de manera eficiente.
En el caso de una de las Fiscalías Especializadas encontramos que enfrenta una serie de graves problemas presupuestales. Las mismas fiscalías especializadas diseñaron  su estructura, definieron sus necesidades y cómo debería estar conformado el personal, y en base a ello calcularon su presupuesto. Este presupuesto se envío al Ministerio de Economía y Finanzas y a la PCM, sin que hayan obtenido ninguna respuesta. Desde entonces, han estado trabajando con solo dos fiscales a tiempo completo para cubrir todo el distrito fiscal de Lima, y recién en los últimos días han recibido el apoyo de cuatro fiscales más. Aun así, no cuentan con el equipo multidisciplinario que necesitan (psicólogos y asistentes sociales, etc.), ni con equipos (computadoras), ni dinero para la movilidad.
Este mes, por ejemplo, han recibido sesenta casos de víctimas de trata, algunas de las cuáles son mayores de edad. Debido a que no existen albergues especializados para adultos, la Fiscalía optó por enviarlas a un albergue para víctimas de violencia familiar, y algunas debieron ser alojadas en hoteles porque no se encontró espacio disponible para ellas. Cuando debieron negociar con ellas que se acojan a las medidas de protección del Programa para víctimas y testigos, la Fiscalía tampoco contó con las herramientas ni los recursos necesarios para convencerlas de que recibirán una atención y una protección adecuadas. Consecuentemente, muchas de las víctimas alegaron que preferían mantenerse en la situación de explotación y riesgo, a cambio de seguir ganando algo de dinero.
La insuficiencia de los recursos y la desidia por parte de instituciones como el MEF o la PCM en este caso ha sido, pues, evidente.
Si este es el panorama en Lima, que concentra la mayor parte de los recursos, no es difícil imaginar la precariedad presupuestal por la que deben estar pasando los operadores de justicia y los trabajadores de los centros de atención residencial en provincias.
Este patrón de repartición de los recursos se asemeja a la distribución en nuestra sociedad; los grupos más pequeños en número son los más poderos y manejan la mayor parte de los recursos, dejando a los grupos más populares en una situación vulnerable con menos posibilidad para su gestión.
Mientras el Estado Peruano y sus funcionarios no reconozcan la magnitud de los problemas ocasionados por la trata de personas y no lo comprenda como un delito pluriofensivo que afecta la libertad, la dignidad y la vida de los ciudadanos y ciudadanas, vulnerando principalmente los derechos de los niños, niñas y mujeres; constituyéndose como un problema nacional tanto de seguridad ciudadana como de salud pública, y, sobre todo, si no asigna mayores partidas presupuestales y mejora la repartición de las mismas para luchar contra este ilícito y atender a las víctimas, la trata seguirá expandiéndose sistemáticamente, venciendo a las débiles resistencias que le opone el Estado, y fortaleciendo la cultura de impunidad entre los tratantes en complicidad con la apatía e indiferencia de las autoridades.
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