Feria por los derechos de las niñas, niños y adolescentes








A propósito del Día Internacional Contra la Explotación Sexual Infantil, y con la idea de sensibilizar a la comunidad y promover una cultura de protección a los menores de edad, la Asociación Cultural Teatrovivo, Terre des Hommes de Holanda y la Municipalidad de La Victoria organizan la feria educativa comunicacional «POR LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES» este viernes 30 de Setiembre, de 10 a.m. a 2 p.m. en el Parque El Porvenir de La Victoria. El lema es: «A mí sí me importa: no a la explotación sexual infantil. Tener relaciones sexuales con niñas, niños y adolescentes es un delito».

En el evento habrá espacios de teatro, plásticas, malabares, danza y música junto a 14 zonas de juegos tradicionales y educativos, los cuales serán desplegados para la vivencia, información y entretenimiento de más de mil escolares, quienes además podrán acceder a servicios de consejería en diversos temas de interés. Asimismo, los adolescentes participarán en un diálogo público que les permita entregar información, percepciones, preocupaciones y propuestas a las autoridades locales para contribuir con la mejora de su comunidad.

Se contará con un programa de actividades que incluyen presentaciones artísticas, concursos y exhibiciones de los trabajos realizados por los adolescentes.

La FERIA POR LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES busca generar espacios de participación en el que ellos SEAN LOS QUE HABLEN, OPINEN Y PROPONGAN acciones prácticas y mediáticas que impacten y posicionen la importancia de atender la problemática de la explotación infantil hacia otros adolescentes y adultos de la sociedad civil. Asimismo, los adolescentes participantes tendrán más oportunidades de expresarse con sus padres, amigos y comunidades mejorando su autoestima y convirtiéndose en modelos positivos de conducta.

Con su creatividad, energía y entusiasmo, las niñas, niños y adolescentes pueden cambiar el mundo de forma impresionante, logrando que sea un lugar mejor, no sólo para ellos mismos sino también para todos. El ingreso será libre.

Viernes 30 de Setiembre 2011.
Parque El Porvenir de La Victoria (Cruce de Av. Humbolt con La Mar)
Compartir:

Esclavas sexuales






Por Diario El Mundo de España



“Se busca señorita con buena presencia para trabajar de mesera. 1000 soles semanales. Incorporación immediata”. Anuncios como éste tientan cada día miles de jóvenes peruanas que sueñan con una vida más acomodada. Son falsas ofertas laborales bajo las cuales se esconden organizaciones criminales de trata de blancas. Leticia cayó en la trampa.

La pobreza, la baja calidad de la educación, y la falta de oportunidades laborales convierten cada año a millares de niñas y adolescentes en presas fáciles para las redes de trata de personas con fines de explotación sexual. Leticia, nombre ficticio, fue víctima de ello cuando tenía 15 años. Era una joven alegre y extrovertida, que vivía con sus 3 hermanos, su madre y su padrastro en la amazónica ciudad de Iquitos. “Tenía una vida normal, pero a veces mi mamá, que trabajaba vendiendo comida en la calle, no podía comprarme lo que quería o lo que necesitaba para el colegio.”

Por ello, el día que le ofrecieron un trabajo de camarera remunerado con 4.000 soles mensuales, algo más de 1000 euros, un sueldo 15 veces superior al salario medio que suele ganar una camarera en Perú, no dudó en aceptarlo. “Vino una señora a ofrecernos el empleo a mí y a mi vecina. Dijo que viviríamos con otras chicas en Lima, y que nos apoyaría para que pudiéramos continuar estudiando. Además, yo pensaba que así podría ayudar económicamente a mi familia”.

Como muchas otras jóvenes, Leticia y su vecina no sospecharon que la apetitosa oferta laboral era una encerrona, y mordieron el anzuelo. Convencieron a sus familiares para que les permitieran viajar a la capital con esa desconocida, y a los pocos días, las dos adolescentes tomaron un avión rumbo a Lima. “Muchas veces, los tratantes utilizan mujeres o otras jóvenes para captar a las víctimas porque así confían más fácilmente, y las trasladan a otra ciudad para apartarlas de su entorno y su sistema de protección, dejándolas solas, desorientadas y sin recursos económicos”, explica Ana Cecilia Romero, psicóloga de la organización de atención a las víctimas Capital Humano Social Alternativo.

Era de noche cuando llegaron a la capital, y aunque los tratantes las instalaron en las plantas superiores de una casa de masajes, las dos adolescentes nunca imaginaron cuál era su verdadero interés. “Nos dijeron que trabajaríamos en otro lugar y nos dieron un cuarto para nosotras solas”, explica Leticia.

Al día siguiente, la verdad se hizo más que evidente. “Nos dieron unas vestimentas con faldas pequeñas y hilos dentales (tangas) para que bajáramos a la sauna, y nos dijeron que trabajaríamos de otra manera. Nosotras ya nos imaginamos para qué era y nos pusimos a llorar. ¡No queríamos hacer eso!”.

Pero no les dieron otra opción. Los tratantes las retuvieron esgrimiendo que con el pasaje que les habían pagado para viajar a Lima habían contraído una deuda que debían devolver trabajando como prostitutas. Se habían convertido en esclavas sexuales, así que con coacciones y amenazas las obligaron a vestirse con esas prendas para ir a conocer su nueva dedicación. A partir de ese día, las explotarían sexualmente.

Leticia y su amiga fueron encerradas bajo llave, y cuando se resistían a prostituirse, los tratantes no les daban de comer. Clientes no faltaban. “Hay una fantasía sexual del peruano que sexualiza la mujer amazónica y que es altamente rentable para el explotador. Por ello, además de aumentar la represión legal contra el crimen organizado, hay que combatir la cultura que es permisiva con el deseo sexual hacia menores de edad”.

Leticia y su amiga se defendían como podían de los explotadores hasta que al cuarto día, hambrientas, les ofrecieron acompañar un cliente con la exusa que las invitaría a almorzar. “Era un viejito de Japón. Decían que él pagaba bien a las chicas y que nos vendería a alguien. Nos regaló 200 soles a cada una solo por darle compañía”. Durante esas horas, Leticia aprovechó para escaparse unos minutos y llamar a su madre con un teléfono móvil que alguien le había prestado. “Cuando hablé con mi mamá le conté todo lo que había pasado y ella fue a poner una denuncia”, relata entre sollozos.

Pasaron 2 semanas antes que las rescataran. “Entró la policía en el cuarto rompiendo la llave, y cuando bajamos a la sauna encontré a los tratantes que estaban allí detenidos. Eran japoneses”.

Algunos de los integrantes de la organización los pusieron entre rejas, y durante un tiempo Leticia y su familia sufrieron el acoso de otros miembros de la trama. “Ellos sabían donde vivíamos y venían a casa ofreciéndonos dinero para que retiráramos la denuncia. Como no aceptamos,nos amenazaron, pero al final nos dejaron en paz”.

Leticia regresó a su hogar y aunque día a día trata de aprender de nuevo a confiar en los demás, la herida sigue profunda, con el dolor y la culpa persiguiéndola por donde quiera que vaya. “He cambiado. Antes era más alegre y hacía bromas. Ahora no tengo amigos y solo quiero estar sola con mi familia. Tengo miedo que se enteren de lo que pasó y que piensen mal de mí”.

Sin embargo, mira hacia el futuro y se concentra en terminar sus estudios de secundaria para luego hacer un grado en infermería. “Me gusta cuidar a los enfermos”, comenta con una tímida sonrisa. Mientras, hay otras mujeres, niñas y niños que continúan presas de un negocio que mueve cada año 32 mil millones de dólares, y cuya principal finalidad es la explotación sexual. ¿Hasta cuándo tendrán que esperar?

Link: http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/ellas/2011/09/24/esclavas-sexuales.html
Compartir:

Se fortalece la lucha contra la trata de personas en la región Loreto

Rodrigo Rodrich



El Comercio.pe



El técnico Ismael Vásquez Colchado, jefe de los grupos operativos de la División de Trata de Personas de Loreto, de la PNP, suena entusiasta: “Lo de la trata de personas va a cambiar. Somos varias las instituciones involucradas y decididas a conseguirlo”.

Lo dice en serio. En los últimos meses se ha afianzado el combate al tráfico de personas en Loreto. Un crimen organizado que ha convertido a la región en el principal lugar de captación de víctimas en el Perú y cuya lucha para combatirla parece desigual.

Desigual por lo inabarcable que es el territorio loretano, donde es fácil movilizarse por los ríos transportando personas sin control alguno; y porque las mafias se sirven de la pobreza y la falta de oportunidades de sus víctimas para engañarlas con ofertas de trabajo, para luego explotarlas laboral o sexualmente.

Pero para el técnico Vásquez, no es una lucha perdida, es solo que falta sumarle apoyo presupuestal y logístico.



UNIDOS CONTRA LA TRATA



Los resultados de estas instituciones se miden con cifras: en los últimos seis años se pasó de 0 a 51 denuncias. Aunque se estima que esta cifra representa el 2% de los casos reales, la población está mejor informada sobre el delito y más dispuesta a enfrentarlo.



Esto se debe a la labor del gobierno regional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, la ONG Encuentros y el Vicariato Apostólico de San José del Amazonas, que se han unido a una lucha encabezada por la División de Trata de Personas y la ONG Capital Humano Social Alternativo.

La División de Trata de Personas realiza un promedio de 5 operativos semanales a hoteles y embarcaderos, da charlas informativas en colegios y realiza acciones de inteligencia.

Esta labor les ha merecido un local para fortalecer sus actividades, otorgado por el Ministerio del Interior. Además aumentaron de 4 a 12 sus efectivos en el último mes. Por eso el técnico Vásquez no ha perdido las esperanzas.

Esas esperanzas que conserva la oficina local de la ONG Capital Humano Social Alternativo, que desde el 2007 ha alcanzado a más de 8 mil menores en alto riesgo, además de brindar asistencia psicológica y legal a 26 víctimas.

Pero todos reconocen que sus esfuerzos se ven limitados. “Falta más presencia del Gobierno Central”, dice Lizbeth Castro, de la Defensoría del Pueblo. “Falta dotar de aparatos logísticos a policía, fiscalía y Poder Judicial para las investigaciones”, dice Alto Atarama, presidente de la Corte Superior de Justicia. La actitud les sobra. Solo hace falta seguir apoyándolos.




PARA RECORDAR

En el 2008, la Defensoría del Pueblo incorporó como línea de trabajo la lucha contra la trata de personas. Desde entonces hasta la fecha se han registrado 42 quejas, la mayoría por explotación sexual.

El Perú debe presentar este año al Comité de los Derechos del Niño de la ONU su cuarto informe de cumplimiento, lo que constituye una oportunidad para tomarse en serio la trata de menores.

Un informe de El Comercio del 6 de febrero del 2011 advierte que la trata de personas y explotación sexual infantil en el Perú tiene como destino Ecuador.
Compartir:

«Día Internacional contra Trata de Personas»: 236 denunciados y ninguno investigado en lo que va del 2011.



Un 23 de setiembre se promulgó la primera norma legal en el mundo contra la prostitución infantil. A partir de entonces, la fecha quedó definida como el «Día Internacional contra la Trata de Personas», un delito que somete a los ciudadanos a la esclavitud en distintas modalidades y que se ha convertido en el tercer negocio ilícito más lucrativo en el mundo.


De hecho, según cifras de la OIT, una menor de edad sometida a explotación sexual genera una ganancia de 130 mil dólares al año para la red de trata. Solo en América Latina y el Caribe, se calcula que 250,000 personas son víctimas de trata, una actividad que en la región produce beneficios ilícitos por hasta 1,348 millones de dólares anuales.


La trata de personas está penada en el Perú recién a partir del año 2007 a través de la Ley 28950. Según las cifras oficiales del Sistema Reta-PNP que compila la organización Capital Humano y Social Alternativo (CHS Alternativo), en el país existen 1,575 víctimas de trata, de las cuales 727 son niños y adolescentes.


Se sabe que una de las rutas más utilizadas por las redes de trata es la carretera de acceso a Puno, donde diariamente transitan adolescentes con destino tanto a la zona minera informal de La Rinconada, en Puno, como hacia Madre de Dios. Lima también se ha convertido en uno de los principales puntos de explotación sexual, en especial el Cercado de Lima. Peor aún, de las 236 personas denunciadas este año por trata de personas, ninguna está siendo investigada por las autoridades.


Lo cierto es que existe mucho desconocimiento por parte de las autoridades peruanas sobre el delito y poca acción para contrarrestarla.


Entre todas las actividades que CHS realiza para sensibilizar a la población sobre el delito de la trata de personas, ayer y antes de ayer se realizó una serie de conferencias con la reconocida investigadora británica Ruth Van Dyke, quien analizó las estrategias de la Policía Metropolitana de Londres y la posibilidad de su aplicación en nuestro país. La primera se realizó en la Municipalidad de Lima –donde participó la alcaldesa Susana Villarán– y la segunda en el Campus Sur de la Universidad Cayetano Heredia.


En la ponencia de ayer jueves, Van Dyke recalcó que la mayoría de mujeres explotadas –tanto sexual como laboralmente– en Europa son ilegales y provienen de países de la región andina en Sudamérica. Estas no buscarían ayuda de las autoridades por temor a ser deportadas y perder, así, la fuente de remesas hacia sus hogares. «Yo me pregunto: ¿cuántos latinoamericanos de la región andina son víctimas de trata sin identificar solo en Inglaterra?», enfatizó.


En el evento de la Universidad Cayetano Heredia también estuvieron presentes el Dr. Carlos Reaño Balarezo, consultor en Derechos Humanos y docente de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y el Sr. Luis Enrique Aguilar Cardozo, coordinador del Área de Derechos Humanos de la Comisión Andina de Juristas. Ambos reconocieron la necesidad de combatir el delito desde un enfoque de derechos humanos.


Compartir:

Investigadora británica resalta que lucha contra trata de personas debe centrarse en las víctimas



«El trabajo de la policía no debe consistir solo en rescatar a la víctima sino también en enviarla de inmediato a los servicios de apoyo y protección especializados. Solo de este modo se asegurará su integridad física y psicológica». Esas fueron las palabras de la especialista Ruth Van Dyke en una conferencia realizada hoy por la mañana en el Salón de los Espejos de la Municipalidad de Lima.


Van Dyke es una reconocida investigadora británica que analiza las estrategias de la Policía Metropolitana de Londres y la EUROPOL para enfrentar la trata de personas en Inglaterra. Ella ha trabajado con ONG’s dedicadas al tema en España, Italia, Holanda y Escocia, y su presentación en Lima forma parte de un proyecto integral financiado por la embajada de Reino Unido en Perú para generar nuevas claves de acción que permitan desmantelar las redes de trata existentes a nivel metropolitano.


En el evento, organizado por la ONG Capital Humano y Social Alternativo (CHS Alternativo), Ruth Van Dike recalcó que es necesario tener un enfoque nacional centrado en las víctimas de trata de personas, y que en ello deben trabajar juntos una variedad de organizaciones de todo tipo.


Por su parte, el Embajador de Gran Bretaña en el Perú, James Dauris, reveló que este deplorable negocio mueve anualmente 32 mil millones de dólares a nivel mundial y existe cerca de 205 millones de víctimas en el mundo. Tras destacar la labor de CHS en la lucha contra la trata de personas, el diplomático subrayó que este delito no es solo un problema nacional sino mundial y que es necesario unir esfuerzos incluso entre países de la región.


A la vez, la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, manifestó su preocupación de que «Lima se haya convertido en centro de redes de trata de personas, particularmente en el Cercado». Mientras tanto, la directora ejecutiva de CHS, Andrea Querol Lipcovich, resaltó que instituciones como el Serenazgo, la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer, la Defensoría del Pueblo y el Poder Judicial, deben conocer necesariamente la diferencia entre lo que es la trata de personas y otros delitos para garantizar el debido proceso judicial y resguardar los derechos de las víctimas.


Parte del proyecto ha consistido en identificar lugares del Cercado de Lima en los que existirían situaciones de trata de personas con fines de explotación sexual, así como en capacitar a agentes de la Policía y Serenazgo en talleres de prevención y actuación contra este delito.

Compartir:

Publicación revela fallas en procesos penales de trata



Un hombre le pide a su novia que se vayan a vivir juntos a Lima. La joven, muy enamorada, accede. En el trayecto, ella queda embarazada. Entonces la joven decide también traer a su hermana de 13 años para que cuide a su bebé. Días después, el flamante padre fuerza a la madre a prostituirse en un bar. De paso, empieza a violar a la hermana con la idea de colocarla -también- en un prostíbulo.

Un hombre le propone matrimonio a su enamorada y la convence para cambiar de ciudad. Ese mismo hombre le propone matrimonio a una segunda joven y también la lleva a otra ciudad. Y lo mismo ocurre con una tercera mujer. Todas creyendo ser las únicas. Hasta que en sus nuevos hogares son violentadas y obligadas a prostituirse en varias partes del país.

Todos estos hechos tienen a Lima como eje. La capital del Perú. No muy lejos de nuestras casas.

Las historias aparecen en «El Proceso Penal Peruano en el Delito de Trata de Personas», la nueva publicación de CHS en la que se analiza cómo se resolvieron judicialmente 14 casos de trata de personas en el país. ¿Y por qué un informe sobre la actuación de las autoridades? Había una razón importante para ir más allá de la clásica relación víctima-victimario.

Para llegar a las sanciones, las autoridades casi tuvieron que sacrificar a las víctimas.

En el estudio jurídico se eligieron las dos regiones con mayor número de denuncias de trata de personas según el sistema RETA-PNP: Lima y Loreto. Los casos presentan modalidades de captación y formas de explotación tanto a nivel sexual como laboral. Casos en los que la mayoría de víctimas casi siempre son mujeres y que, luego de las denuncias, quedan paradójicamente desprotegidas.

Es decir, sin ninguna medida de seguridad que las defienda de cualquier atentado para silenciarlas. Sin que se realicen pericias médico-legales ni psicológicas sobre sus dramas. Sin que se mantenga la reserva de identidad dado su condición de víctimas. Sin que los montos de las reparaciones civiles sean proporcionales al daño ocasionado.

Eso, sin mencionar que los casos son torpemente resueltos bajo perspectivas distintas a las que considera la trata de personas. Como considerar proxeneta al tratante o simple prostitución a la explotación sexual. Una confusión de términos que termina beneficiando al victimario al momento de recibir las penas: los magistrados no toman en cuenta los agravantes de sus crímenes.

Ejemplos: tras ser denunciado, el hombre del primer caso narrado aquí recibió una sentencia máxima de 30 años de prisión y fue obligado a pagar una reparación de 5 mil soles.

Pero en el segundo caso, el hombre solo recibió una condena de 10 años de prisión y fue obligado a pagar 8 mil soles de reparación a cada una de las jóvenes estafadas.

Y es allí cuando se evidencia el problema: puestos en una balanza la situación jurídica de víctimas y victimarios, uno termina percibiendo que en el Perú más pierde la persona que denuncia que el mismo criminal. Como si una buena cantidad de magistrados aún no se hubiera percatado de que una víctima de este tipo de delitos ha sido devuelta al estado primario de la esclavitud.

Hablamos de un crimen que suele atacar especialmente a poblaciones que no tienen posibilidades para defenderse: aquellas con escasos recursos. La gran mayoría de peruanos.

Reporte Alternativo
Compartir:

«Las limitaciones económicas de los órganos judiciales generan "debilidades"»



Entrevista a Héctor Lama More, Presidente de la Corte Superior de Lima.

El doctor Lama no solo es el Presidente de la Corte Superior de Lima: también es catedrático en las principales facultades universitarias de Lima. Además, conoce de publicaciones porque es colaborador habitual en revistas especializadas de materia jurídica y es autor del libro de consulta «La posesión y la posesión precaria en el derecho civil peruano». Por esa razón es que se le entregó el nuevo informe jurídico de CHS: para que nos explique por qué el Poder Judicial y el Ministerio Público terminan generando errores tan elementales al momento de hacer justicia a las víctimas de trata de personas.

¿Usted cree que hay tipificaciones legales algo flojas en materia de trata de personas?
El concepto de la trata dentro de las normas legales se ha ido afinando en los últimos años. Eso significa que este delito sí puede ser combatido legalmente con las normas vigentes. Ya es un buen avance jurídico que la trata no solo considere la explotación sexual, sino también la laboral, la mendicidad forzada y el tráfico de órganos. Aún así, también percibo confusión, como cuando algunos casos de explotación sexual terminan siendo procesados por proxenetismo.

¿Y cómo se podría evitar este tipo de confusiones?
Con capacitación dentro de las instituciones penales, por ejemplo. Así tendrían más claro el panorama quienes investigan y juzgan estos casos.

¿Solo capacitando a quienes juzgan?
Te comento algo: yo estuve en la presentación del documental de Jhinna Pinchi hace unas semanas y quedé muy impresionado. Allí encontré a varios magistrados pero nunca supe si también asistieron policías.

Estuvieron los representantes de la DIVINTRAP y la División de Personas Desaparecidas...
Sí, pero también debieron estar los operadores de la Policía en general: esos oficiales que hacen la investigación en el mismo campo, aquellos que realizan las intervenciones, los que elaboran los atestados. Yo creo que ellos son el público objetivo de estos eventos. Como soy juez civil, pienso que también pudieron haber asistido jueces penales.

Sí se les invitó, tenga la seguridad...
Pero no fueron. Como Presidente de la Corte Superior de Lima yo sugeriría un curso de capacitación o un taller de discusión sobre estos casos de trata. Apoyaría este tipo de campañas, no tengo ningún problema.

Jueces, policías, ¿algo más?
Otra institución que debería intervenir más en estos temas es el Ministerio Público: al conducir las investigaciones podría asegurar el éxito para obtener pruebas y conclusiones. Porque ese es precisamente uno de los problemas más delicados en el delito de la trata de personas: cómo probar la coerción, la seducción o la extorsión.

¿Por qué es difícil?
Porque la víctima no suele grabar o filmar las amenazas. No llega a generar testigos o pruebas. Y una investigación que en los hechos podría ser considerado trata de personas, termina siendo proxenetismo, lo que implica penas más reducidas.

En el libro de CHS se mencionan algunas deficiencias del Poder Judicial y la Fiscalía, como la falta de medidas de protección a la víctima, por ejemplo...
Sí, y por lo general se argumenta que es por falta de recursos económicos. Ni siquiera a los magistrados se les pone seguridad pese a que lo solicitamos. Creo que es desidia por parte del Estado.

¿Y cree que esto provoca que las partes judiciales no quieran verse involucradas en denuncias muy grandes?
Puede ser que esto genere impunidad y permita que las redes de trata crezcan.

Otra mala práctica institucional que se menciona en el libro es la filtración de la identidad de la víctima. ¿Es muy difícil evitar esto en un proceso judicial?
Las limitaciones económicas de los órganos judiciales suscitan «debilidades» que trascienden y permiten el filtrado de información de las víctimas, algo que no debería ocurrir.

¿Por «debilidad» se refiere a corrupción?
No solo corrupción sino también negligencia, descuido, falta de logística para proteger a las víctimas. Por eso es que muchas personas no se animan a hacer una denuncia puntual contra alguien cuando saben que este tiene poder.

Entonces ese también debe ser el dilema de la policía, ¿verdad? Policías que quieren cumplir con su trabajo pero que luego resultan afectados...
A veces es el mismo efecto de la red de tratantes, que no se sabe hasta qué nivel llega. Por eso hay que impedir interferencias en los procesos judiciales. Y en ese sentido, la Policía, el Poder Judicial y el Ministerio Público deberían prepararse mucho en temas de anticorrupción y transparencia.

¿Transparencia?
Sí, que la gente tenga la certeza de que un hecho se está investigando sin que sea necesario proporcionar detalles que pongan en riesgo a la víctima o entorpezcan la investigación.

Reporte Alternativo
Compartir:

Documental «La Noche de Jhinna» logró compromiso de autoridades en la lucha contra la Trata de Personas


El documental «La Noche de Jhinna» se proyectó oficialmente el jueves 1 de setiembre en el Salón de los Espejos del Teatro Municipal.

En el evento participaron la Coordinadora de la Unidad Central de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos del Ministerio Publico, Rosario Lopez Wong, el Secretario Técnico del Grupo Multisectorial Permanente Contra la Trata de Personas, Alejandro Delgado, el Encargado de Negocios de la Embajada del Reino de los Países Bajos en el Perú, Giovanni Van Der Lugt, el Jefe de Misión Adjunto de la Embajada Británica en el Perú, David Graham, y el Presidente de Capital Humano y Social Alternativo (CHS), Ricardo Valdés, quienes fortalecieron su compromiso en la lucha de la Trata de Personas.

Financiado por la embajada del Reino de los Países Bajos, el documental registra las vivencias de Jhinna Pinchi, una joven peruana que durante dos años fue víctima de explotación sexual y decidió denunciar públicamente a la mafia que la mantuvo secuestrada todo ese tiempo. En el video Jhinna describe cómo a través de una falsa oferta de trabajo terminó siendo captada, encerrada y amenazada para ser prostituida en un nightclub de Piura.

El documental de algo más de 28 minutos fue dirigido por el periodista televisivo Jerónimo Centurión y editado por Natalia Vizcarra, y su grabación se realizó durante dos meses entre las ciudades de Tarapoto y Piura, a fin de reconstruir la ruta de captación y traslado de Pinchi. En uno de los puntos álgidos de la historia, el periodista logra entrevistarse con el dueño del nightclub y desentraña la cadena de mando de la organización delictiva.

Jhinna Pinchi es un caso emblemático, pues con sus declaraciones reconstruye no solo una vivencia personal, sino también el mecanismo de actuación de las mafias de trata de personas que operan impunemente en el país. Si nos atenemos a los datos oficiales del Sistema RETA-PNP, en el país hay 1,556 víctimas de trata, de las cuales 724 son menores de edad. Es más, de 519 denuncias el 74% obedecen a fines de explotación sexual y el 25% a fines de explotación laboral. Si a esto consideramos que los rangos de las edades de las víctimas oscilan entre los 14 y 17 años (en un 41%) y 18 y 30 años (en un 46%), podemos darnos cuenta de este atentado contra los derechos humanos.

Hoy en día Lima es considerado uno de los principales puntos de destino, origen y tránsito de víctimas de trata de personas: la mayoría provienen de la región selvática o la zona altoandina. Algunas son llevadas a las fronteras con Ecuador. Por esto mismo el documental auspiciado por la Embajada del Reino de los Países Bajos busca concientizar a las autoridades peruanas para así enfrentar esa percepción negativa de una gran mayoría de peruanos que siente no existe el suficiente compromiso para luchar contra la trata de personas, delito aún desconocido para gran parte de la población.

Comunicaciones
CHS Alternativo (Capital Humano y Social)
Calle Víctor Larco Herrera 277 - Miraflores
Teléfono: (511) 446 5834 / (511) 242 3625
Celular: (511) 995-201121 / *133007 (rpm)
www.chsalternativo.org
Compartir: