«Las limitaciones económicas de los órganos judiciales generan "debilidades"»

Entrevista a Héctor Lama More, Presidente de la Corte Superior de Lima.

El doctor Lama no solo es el Presidente de la Corte Superior de Lima: también es catedrático en las principales facultades universitarias de Lima. Además, conoce de publicaciones porque es colaborador habitual en revistas especializadas de materia jurídica y es autor del libro de consulta «La posesión y la posesión precaria en el derecho civil peruano». Por esa razón es que se le entregó el nuevo informe jurídico de CHS: para que nos explique por qué el Poder Judicial y el Ministerio Público terminan generando errores tan elementales al momento de hacer justicia a las víctimas de trata de personas.

¿Usted cree que hay tipificaciones legales algo flojas en materia de trata de personas?
El concepto de la trata dentro de las normas legales se ha ido afinando en los últimos años. Eso significa que este delito sí puede ser combatido legalmente con las normas vigentes. Ya es un buen avance jurídico que la trata no solo considere la explotación sexual, sino también la laboral, la mendicidad forzada y el tráfico de órganos. Aún así, también percibo confusión, como cuando algunos casos de explotación sexual terminan siendo procesados por proxenetismo.

¿Y cómo se podría evitar este tipo de confusiones?
Con capacitación dentro de las instituciones penales, por ejemplo. Así tendrían más claro el panorama quienes investigan y juzgan estos casos.

¿Solo capacitando a quienes juzgan?
Te comento algo: yo estuve en la presentación del documental de Jhinna Pinchi hace unas semanas y quedé muy impresionado. Allí encontré a varios magistrados pero nunca supe si también asistieron policías.

Estuvieron los representantes de la DIVINTRAP y la División de Personas Desaparecidas...
Sí, pero también debieron estar los operadores de la Policía en general: esos oficiales que hacen la investigación en el mismo campo, aquellos que realizan las intervenciones, los que elaboran los atestados. Yo creo que ellos son el público objetivo de estos eventos. Como soy juez civil, pienso que también pudieron haber asistido jueces penales.

Sí se les invitó, tenga la seguridad...
Pero no fueron. Como Presidente de la Corte Superior de Lima yo sugeriría un curso de capacitación o un taller de discusión sobre estos casos de trata. Apoyaría este tipo de campañas, no tengo ningún problema.

Jueces, policías, ¿algo más?
Otra institución que debería intervenir más en estos temas es el Ministerio Público: al conducir las investigaciones podría asegurar el éxito para obtener pruebas y conclusiones. Porque ese es precisamente uno de los problemas más delicados en el delito de la trata de personas: cómo probar la coerción, la seducción o la extorsión.

¿Por qué es difícil?
Porque la víctima no suele grabar o filmar las amenazas. No llega a generar testigos o pruebas. Y una investigación que en los hechos podría ser considerado trata de personas, termina siendo proxenetismo, lo que implica penas más reducidas.

En el libro de CHS se mencionan algunas deficiencias del Poder Judicial y la Fiscalía, como la falta de medidas de protección a la víctima, por ejemplo...
Sí, y por lo general se argumenta que es por falta de recursos económicos. Ni siquiera a los magistrados se les pone seguridad pese a que lo solicitamos. Creo que es desidia por parte del Estado.

¿Y cree que esto provoca que las partes judiciales no quieran verse involucradas en denuncias muy grandes?
Puede ser que esto genere impunidad y permita que las redes de trata crezcan.

Otra mala práctica institucional que se menciona en el libro es la filtración de la identidad de la víctima. ¿Es muy difícil evitar esto en un proceso judicial?
Las limitaciones económicas de los órganos judiciales suscitan «debilidades» que trascienden y permiten el filtrado de información de las víctimas, algo que no debería ocurrir.

¿Por «debilidad» se refiere a corrupción?
No solo corrupción sino también negligencia, descuido, falta de logística para proteger a las víctimas. Por eso es que muchas personas no se animan a hacer una denuncia puntual contra alguien cuando saben que este tiene poder.

Entonces ese también debe ser el dilema de la policía, ¿verdad? Policías que quieren cumplir con su trabajo pero que luego resultan afectados...
A veces es el mismo efecto de la red de tratantes, que no se sabe hasta qué nivel llega. Por eso hay que impedir interferencias en los procesos judiciales. Y en ese sentido, la Policía, el Poder Judicial y el Ministerio Público deberían prepararse mucho en temas de anticorrupción y transparencia.

¿Transparencia?
Sí, que la gente tenga la certeza de que un hecho se está investigando sin que sea necesario proporcionar detalles que pongan en riesgo a la víctima o entorpezcan la investigación.

Reporte Alternativo