NP 015 - 2016 - Presupuesto asignado contra trata de personas se redujo más de 50% en 2016

Sociedad civil presentó balance anual sobre trata de personas

En el marco del Mes Nacional contra la Trata de Personas, la ONG CHS Alternativo presentó hoy los principales hallazgos del IV Informe Alternativo 2015-2016, que es un balance de la sociedad civil sobre la situación de la trata de personas en el Perú, en la sede principal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con la participación de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, el viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior, Rubén Vargas, el embajador de Estados Unidos en Perú, Brian A. Nichols, entre otras autoridades.

Sobre la inversión del Estado en la lucha contra este delito, se señaló que “el presupuesto específico asignado para la lucha contra la trata de personas se redujo de 14,1 millones en el 2015 a 6,4 millones en el 2016. Sólo se ha ejecutado el 29% del presupuesto asignado en el 2015”, indicó Pedro Córdova, director ejecutivo de CHS Alternativo. La inversión para frenar este delito equivale hoy a 20 centavos por persona al año.

Según información estadística del Ministerio Público, cada año se registran más casos de trata de personas. Sin embargo, pese a este incremento sostenido, la asignación presupuestal ha ido disminuyendo. “El Gobierno no ha invertido lo suficiente en protección y atención de víctimas de trata de personas”, declaró el Embajador de Estados Unidos en Perú, Brian A. Nichols.

Por otro lado, el Programa de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos del Ministerio Publico solo recibió el 10% del presupuesto requerido para el año 2015. Para el año 2016, esta asignación subió a 11.75%.

Se reveló que de los 26 Gobiernos Regionales, las 43 Municipalidades de Lima Metropolitana y los 108 Gobiernos Locales que fueron consultados en la elaboración del documento, solo 7 informaron sobre la asignación de presupuesto para combatir la trata de personas en sus jurisdicciones.

El viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior, Rubén Vargas, aseguró que se asignarán 8 millones de soles para la lucha contra la trata de personas para el año 2017.

Esta presentación fue realizada gracias al apoyo de la Konrad Adenauer Stiftung (KAS) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Descarga aquí los Principales Hallazgos del IV Informe Alternativo.
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Entrevista “Se requiere un mayor número de abogados defensores para la lucha contra la trata de personas”

Entrevista a la Dra. Gisella Vignolo Huamaní, Viceministra de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
1. Sobre la administración de justicia en casos de trata de personas, entre enero del 2015 y junio del 2016 solo 109 de 4666 imputados han recibido sentencias. ¿Qué se puede hacer desde el Ministerio de Justicia para reducir estos altos índices de impunidad? 
El Ministerio de Justicia está trabajando en tres ejes. El primero es fortaleciendo el trabajo de nuestros defensores de víctimas, tenemos 272 abogados que han atendido a 517 víctimas pero definitivamente sabemos que es insuficiente ya que aún existen cifras ocultas. En un segundo eje estamos trabajando con los Gobiernos Regionales para que existan planes regionales ya que es la única forma de que cada región pueda actuar de una manera articulada. Y el tercer eje es de apoyo en la capacitación de operadores de justicia, para que exista una jurisprudencia que sea más garantista para la víctima ya que hemos encontrado que existen muchas deficiencias.
 2. El Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas (PNAT) 2011- 2016 establece que el 100% de abogados públicos, jueces y fiscales deben ser capacitados sobre el delito de la trata de personas. ¿A qué nivel se ha avanzado?
Si bien no puedo dar un porcentaje, si puedo decir que hasta el momento no hemos logrado ese objetivo. En el caso del Ministerio de Justicia, más que dar capacitación nuestra preocupación se encuentra en incrementar el número de defensores legales. Tenemos que fortalecernos en los dos temas contando con un mayor número de abogados y mejorando la calidad de abogados en las regiones donde más se cometen estos delitos.
 3. En relación a la reintegración y reinserción de víctimas de trata. ¿Cuáles son las acciones que está realizando el MINJUS?
Esa no es una competencia directa del MINJUS ya que la reinserción es una competencia de otros sectores. Sin embargo, si queremos ser un apoyo dentro del plan de reinserción de la víctima ya que todo el esfuerzo que hacemos del estado es inútil sino logramos que salga de estas redes criminales y entienda que puede tener otros proyectos de vida. Queremos trabajar de manera más articulada y por eso vamos a impulsar la aprobación del Plan Nacional de Lucha Contra la Trata de Personas (PNAT) 2017-2021.
 4. Pese a las competencias que establece el Nuevo Reglamento de la Ley de Trata de Personas, muchos gobiernos locales todavía no cuentan con instancias especializadas en la materia ni normativas que desarrollen a nivel local el Plan de Acción contra la Trata de Personas. ¿Qué acciones ejecutará el MINJUS para remediar esta situación?
Nos estamos acercando lo suficiente a los gobiernos regionales para que ellos comprendan que no solamente es una responsabilidad del gobierno central, también le corresponde a los Gobiernos Regionales y Locales. Hasta el momento hemos brindado capacitaciones en cuatro regiones y eso ha permitido que ya contemos, o estén por salir, nuevos planes regionales. Ahí lo que ofrecemos es asistencia técnica para que ellos conozcan en qué consiste y cuáles son los cuatro ejes en los que hay que trabajar (prevención, presupuesto, persecución y protección).
 5. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores solo dos víctimas extranjeras fueron repatriadas entre enero del 2015 y julio del 2016, sin embargo el Ministerio Público reporta por lo menos 169 víctimas procedentes de otros países y la policía 574. ¿Qué se puede hacer para proteger a las víctimas de trata internacional? 
Si bien se están firmando algunos acuerdos internacionales, nos preocupa desde el MINJUS que aún se encuentre pendiente la aprobación de la nueva Ley de Migraciones, el Decreto Legislativo 1236. Hasta este momento no contamos con una condición migratoria regular para las víctimas extranjeras, un número que sigue creciendo. Esto limita nuestra capacidad de darles tratamiento en hospitales, educación y oportunidades de reinserción. Creo que es un tema en el que tenemos una obligación en el Ministerio de Justicia y lo vamos a impulsar junto con el Ministerio del Interior.
 6. Finalmente, ¿qué opina sobre la sentencia de la Sala Permanente de la Corte Suprema que negó el pedio de nulidad del Ministerio Público a una sentencia que absolvía a una supuesta tratante bajo el argumento que no se puede corroborar la existencia de explotación laboral? 
Ya hemos mencionado nuestra preocupación respecto a esa sentencia ya que nos permite demostrar que todavía tenemos que seguir trabajando en el tema de la capacitación para conocer que la trata tiene diferentes modalidades. En esa sentencia se observa, por ejemplo, que el trabajo de dama de compañía por más de 12 horas del día y con ingesta de alcohol no constituye un supuesto de explotación laboral, debido a que esta actividad no agota la fuerza física de la víctima. Esto contraviene el tratado nacional, los tratados internacionales y deja en desprotección a las víctimas. Ellas necesitan nuestro apoyo. Esa decisión judicial no nos ayuda en este caso. Por eso es necesario levantar la voz e insistir que debemos lograr jurisprudencia nacional que proteja a esta población.
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Editorial N° 195: EN LA SOMBRA DE LA REVICTIMIZACIÓN

En setiembre del 2015 la Directora del Centro de Atención Residencial “Hogar Gracia” denunció la violación de una joven de 15 años por parte de un miembro del personal de limpieza de su institución. En la denuncia se detalla que la adolescente fue presuntamente ultrajada sexualmente hasta en tres oportunidades por Máximo César Olivares Sánchez, de 47 años, por lo que el Ministerio Público debió ponerla en custodia de una tía. Sin embargo, la madre de la joven recientemente denunció ante un medio de comunicación que teme que su hija haya regresado a la condición de explotación de la que habían intentado protegerla.
Este caso nos recuerda el peligro a la revictimización al que se encuentran expuestas las víctimas de trata de personas una vez denunciado el delito. Según los Principales Hallazgos del IV Informe Alternativo alrededor del 40% de las denuncias por trata de personas registradas por el Ministerio Público entre el 2009 y julio del 2016 se concentraron en nuestra capital. Sin embargo, Lima solo cuenta con dos albergues especializados en total son tres que entre enero del 2015 y mayo del 2016 lograron atender a 126 casos, según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En el Perú existe una gran carencia de Centros de Atención Residencial (CAR) ya que los existentes solo cuentan con la capacidad de albergar a 80 mujeres, menores de edad, de las cerca de 3500 víctimas reportadas por el Ministerio Público desde el 2009.
La situación de las víctimas de trata de personas necesita nuestra atención urgente. Sin embargo, esa urgencia no se evidencia cuando el Estado toma la decisión de reducir a la mitad el presupuesto asignado para la lucha contra este delito de 14 millones en el 2015 a 6 millones en el 2016. Pero no es solo importante que se incremente el presupuesto sino que el Estado tenga ideas claras de cómo ejecutarlo ya que en los últimos dos años el nivel de ejecución presupuestal no superó el 50% en las 10 entidades gubernamentales consultadas.
Desde el fallo de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que no considera que una denuncia sea un caso de trata con fines de explotación sexual  porque la posibilidad de ser dama de compañía fue solo una sugerencia y no el fin primigenio con el que fue llevada a trabajar a un bar. Hasta las carencias instituciones que pudieron haber dado lugar a que una situación de explotación sexual ocurra mientras la víctima se encontraba en el cuidado de un centro especializado administrado por El Estado. Queda claro que aún queda un camino largo por recorrer en el que el cuidado y la protección de las víctimas son piezas claves en el proceso de reinserción de las sobrevivientes de este delito.
Para que el Estado cumpla su deber y pueda asegurarles que reciban la oportunidad de ver un futuro más allá de la situación de esclavitud que vivieron, se requiere mayor presupuesto para implementar más albergues de atención especializada. Además, en este proceso es necesario dar una atención psicológica a largo plazo que realice un seguimiento para garantizar una mejora real en la calidad de vida de las sobrevivientes. Y, finalmente, es indispensable dar acceso a posibilidades educativas o de formación laboral que les proporcione una alternativa viable para su integración en la sociedad. Los retos son claros y la necesidad apremiante, las víctimas no pueden esperar más.
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NP 013 - 2016 - CHS Alternativo capacita a operadores de Centros de Atención Residencial en Trujillo

Los días 5 y 6 de septiembre, Capital Humano y Social Alternativo realizó en Trujillo un taller de capacitación a 30 operadores de dos Centros de Atención Residencial (CAR) del INABIF, con el objetivo de capacitarlos en el uso de la “Guía para la Atención a víctimas de Trata de Personas en Centros de Atención Residencial de Niñas, Niños y Adolescentes”.


Esta actividad es parte de una serie de capacitaciones que se vienen realizando a nivel nacional en coordinación con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), en regiones como Puno, Cusco, Arequipa, Loreto, La Libertad, Piura, Madre de Dios y Lima.

Este primer taller en Trujillo estuvo enfocado en las características de la trata de personas y los estándares de atención de los Centros de Atención Residencial (CAR), en el marco de un trabajo participativo en el cual se realizaron dinámicas y análisis de casos.


La capacitación permitió que los participantes adquieran un mayor entendimiento sobre el delito de la trata de personas, específicamente, sobre las variables que predisponen a una persona a caer en una situación de explotación y sobre las consecuencias de este delito en las víctimas y sobrevivientes.

Esta actividad fue realizada gracias al apoyo del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América.
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Entrevista “El reto en la lucha contra la trata de personas es incrementar el presupuesto del Estado”

Entrevista al Director General de Seguridad Democrática del Ministerio del Interior, Miguel Huerta.
1. En la agenda de trabajo del Ministerio del Interior se han establecido 29 acciones para los primeros 100 días de gestión. Entre estas se encuentran un programa de recompensas, 30 megaoperativos, la incorporación de 500 detectives para investigación criminal, la conformación de equipos especiales de inteligencia, entre otros. ¿En qué medida estas acciones tienen implicancia en la lucha contra el delito de la trata de personas?
En el caso de la Policía Nacional trabajamos con la Dirección de Investigación de Delitos de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (DIRINTRAP). Tenemos la indicación desde la Alta Dirección del Ministerio del Interior de articularnos con esta Dirección para el desarrollo de las labores de investigación sobre este delito. También, es una disposición realizar megaoperativos para enfrentar este flagelo. Una de las indicaciones claras es la necesidad de que esta Unidad (la DIRINTRAP) se potencie para la realización de estas actividades en estos primeros 100 días. Otro aspecto es la incorporación en la lista de los más buscados a aquellos que están implicados en este delito. Nosotros ya hemos identificado algunos casos emblemáticos y estamos tramitando para que puedan ser incorporados en esta lista. En este marco, también estamos especializando más a la Policía. Hoy se ha inaugurado el sexto curso de capacitación en materia de trata de personas dirigido a 50 efectivos que no solo provienen de la DIRINTRAP de Lima, sino de otras regiones a nivel nacional. Tendrán 5 semanas de capacitaciones tanto teóricas como prácticsa en materia de trata de personas, en una alianza estratégica con la Universidad Católica del Perú.
2. Con respecto al trabajo de la Dirección General para la Seguridad Democrática en la lucha contra la trata de personas, ¿qué va a diferenciar su gestión actual con la gestión anterior? ¿Qué acciones priorizará su Dirección para enfrentar este delito?
Más que diferencias, lo que queremos es fortalecer el trabajo intersectorial en este tema. ¿Eso qué implica? Una articulación muy cercana con la DIRINTRAP para la realización de estos megaoperativos, y también la articulación con otros entes del Estado para el cumplimiento de las normas que existen y para el cumplimiento de las acciones previstas en prevención, rescate, rehabilitación e investigación de este delito. Un aspecto fundamental es articular de la mano con la sociedad civil. Es por ello que en la reciente sesión ordinaria que hemos llevado a cabo el 12 de septiembre, hemos incorporado a dos instituciones de la sociedad civil como miembros invitados formalmente dentro de la Comisión, una de ellas es CHS Alternativo y la otra Movimiento El Pozo. Más allá de que hayan sido elegidos como representantes de la sociedad civil ante la Comisión Multisectorial, nosotros tenemos un espacio abierto de articulación con otros actores de la sociedad civil en sus expertises correspondientes. Lo que nosotros queremos es un trabajo amplio, abierto y que permita una articulación entre el Estado y la sociedad civil en este objetivo que es la lucha contra la trata de personas.
3. En relación a la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, ¿qué estrategias propondría para el fortalecimiento de este espacio de coordinación intersectorial?
Uno de los aspectos que hemos buscado es el fluido diálogo con los distintos actores que forman parte de esta Comisión Multisectorial. Hemos tenido ya reuniones bilaterales con el Ministerio Público, con el Ministerio de Justicia, también estamos estableciendo estas articulaciones con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Lo que queremos, más allá de los espacios de articulación formal que se tienen en las sesiones ordinarias o extraordinarias, es buscar potenciar el diálogo de articulación bilateral con todos estos estamentos. Estamos trabajando muy cercanamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, hay una serie de compromisos binacionales que obran en países de la región. La idea es enrumbar al objetivo de plasmar todo aquello que está comprometido en la normatividad vigente en aras de luchar contra este flagelo. Ese es el horizonte de orientación que se nos ha diseñado a la labor que debemos de cumplir.
4. ¿Cuáles han sido los principales resultados del Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas (PNAT) 2011 – 2016? ¿Cómo se ha venido trabajando en el diseño del nuevo PNAT para el período 2017-2021?
Sobre el PNAT 2011-2016, hay tres líneas estratégicas fundamentales, una es la prevención del delito, otra es la persecución y la tercera es la protección y asistencia a las víctimas. Estas líneas estratégicas están abarcando 10 objetivos estratégicos y 30 metas. En el tema de prevención, se han podido llegar a informar a cerca de 8 millones de personas sobre esta problemática, con todas las campañas que se han realizado, como las tres ediciones de la campaña Corazón Azul, otras campañas anteriores y las que ahora nosotros estamos impulsando como el Movimiento Ramón Castilla. Son más de 69 mil funcionarios públicos, docentes y estudiantes que hemos venido capacitando a lo largo de este tiempo. En el eje de persecución, el funcionamiento de la DIRINTRAP es un aporte muy importante, así como los 26 departamentos desconcentrados de esta Dirección a nivel nacional. Ahora hay ocho Fiscalías Especializadas en la Investigación del delito de Trata de Personas, y lo que estamos avanzando en articulación con el Ministerio Público es el Sistema Intertrata, que es otro reto que hemos asumido. En el 2015 se realizaron 19 megaoperativos. En el eje de persecución, según el Informe que se presentó al Congreso este año, el Poder Judicial nos ha señalado que, de todos sus Distritos Judiciales a nivel nacional, han realizado 42 sentencias condenatorias entre el 2014 y 2015. En el eje de protección, un avance que hay que saludar es el perfeccionamiento del tipo penal del delito de trata de personas, que se consiguió a través de la Ley N° 30251, la modificatoria de Reglamento de la Ley, la aprobación del Protocolo Intersectorial y del Protocolo específico que nosotros tenemos, la Policía Nacional, también se ha avanzado en ello a nivel del Ministerio Público y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y la implementación de 40 Cámaras Gesell y 20 Salas de Entrevista Única con ese objetivo.
5. En las próximas semanas se realizará la presentación del Cuarto Informe Alternativo. Balance desde la Sociedad Civil sobre la situación de la Trata de Personas en el Perú. Para el actual período de gobierno, ¿cuáles considera que son los principales retos y desafíos del Estado en la lucha contra la trata de personas? 
El principal reto es el incremento de presupuesto. Hay la voluntad de la Alta Dirección del Ministerio del Interior de avanzar en ese camino. Otro reto que tenemos es la formulación del nuevo PNAT 2017-2021. También, otro reto es el implementar adecuadamente los protocolos intersectoriales para una debida atención, porque es uno de los serios problemas que tenemos. En relación al nuevo PNAT, hemos contratado a una consultora que está trabajando en ello. se han tenido reuniones y talleres en la formulación de ese plan, y hay un inicial producto que es un marco conceptual, que todavía es inicial y que vamos a compartir con los miembros de la Comisión para poder recibir sus aportes, y continuar en lo que resta del año en el proceso de formulación. Lo que queremos nosotros es que este proceso de formulación del nuevo Plan sea un proceso participativo, por ello, vamos a tener espacios de articulación con los distintos miembros de la Comisión Multisectorial y también con la sociedad civil.
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