En Perú existe una alta tolerancia social y cultural hacia la trata de personas y las prácticas asociadas a este delito, señalaron el Ministerio de Justicia (Minjus) y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), en una feria educativa celebrada hoy en Cuzco (sur) para denunciar esta práctica.
El Minjus y la OEI han organizado la primera feria educativa sobre el fenómeno de la explotación laboral y la trata de personas, en la ciudad de Urcos, provincia cuzqueña de Quispicanchis, por ser esta una zona de captación y transporte de víctimas de trata de personas, indicaron los organizadores.
De acuerdo con la información estadística del Ministerio Público, Cuzco ocupa el cuarto lugar entre los distritos fiscales con mayor incidencia de este delito entre 2009 y 2014.
La provincia de Quispicanchis, que tiene una población de unos 83.000 habitantes y su capital, Urcos, con una población de 10.402 personas, han sido identificadas como un ámbito de captación y transporte de muchas víctimas de trata.
"Estaremos en la 'zona cero' de este problema; en un lugar del que salen muchos y muchas jóvenes que acaban sufriendo después situaciones muy duras en la zona de influencia de las minas informales de Madre de Dios", afirmó el director de la OEI en Perú, Antonio Hernández de Toro.
Hernández, quien apoya esta iniciativa a través del Instituto Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos (IDEDH), señaló que están "convencidos de la necesidad de la articulación de las autoridades nacionales y locales y la sociedad civil".
Y añadió que, por ese motivo, desarrollan esta estrategia preventiva "para avanzar en la sensibilización sobre derechos humanos básicos como los que se ven violados por la trata y la explotación laboral".
La feria también recorrerá otras regiones de Perú, como parte de la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus Formas de Explotación, aprobada en enero de este año para prevenir, controlar y reducir este delito.
Los organizadores señalaron que entre los principales diagnósticos de la política nacional también aparece el desconocimiento sobre este fenómeno, sus consecuencias y los mecanismos de denuncia.
De acuerdo con la información estadística del Ministerio Público, la mayoría de las víctimas de este delito son mujeres jóvenes, de entre 14 y 18 años, por lo que se trata de una población en situación de vulnerabilidad por sus condiciones de acceso a la educación y servicios básicos.
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