Editorial N° 168: NO MAS OÍDOS SORDOS ANTE LA TRATA DE PERSONAS

El Informe de Trata de Personas 2015 publicado recientemente por el Departamento de Estado de Estados Unidos pone especial énfasis en la relación entre la trata de personas y el mercado global. Se destacan los riesgos ocultos que los trabajadores puedan encontrar en la búsqueda de empleo y las medidas que los gobiernos y las empresas pueden tomar para prevenir este delito, incluyendo una demanda de transparencia en las cadenas de suministro mundiales.
El Informe principalmente sirve como un barómetro de cada país en relación a  la lucha contra la trata de personas. Los países son colocados en uno de cuatro niveles, como lo dispone la Ley de Protección de Víctimas de Trata (TVPA). Esta asignación depende del alcance de los esfuerzos de cada gobierno para combatir el delito basándose en las normas mínimas de la TVPA para la eliminación de la trata de personas, las cuales, en su mayoría, son compatibles con el Protocolo de Palermo.
Perú se encuentra en el nivel 2, en otras palabras, no cumplimos plenamente con las normas mínimas de la TVPA pero se está haciendo esfuerzos considerables para mejorar. El Informe hace nueve recomendaciones específicas desde el paradigma de las 3P, pero señala como recomendación principal el aumento de financiamiento para la lucha contra la trata de personas. Considera que nuestros políticos siguen sordos a la recomendación de incremento de presupuesto, observación que se ha hecho en informes anteriores, ya que durante el 2014, el Estado invirtió solo el 0.0025% del Presupuesto General de la República en la lucha contra la trata de personas.
En el 2015, se estima que el Estado está invirtiendo el 0.0032%. A pesar de haberse registrado 3911 víctimas entre el 2009 y el 2014, el informe también crítica la falta de data fiable, remarcando que la trata de personas afecta a las poblaciones más vulnerables con 79.6% de víctimas mujeres y el 56.5% menores de edad, además de que el 84.4% de los casos fueron registrados fuera de Lima.
El paupérrimo presupuesto para luchar contra la trata de personas no sólo refleja la falta de voluntad por parte del Estado de hacerle frente al delito, sino que también refleja su desinterés en las poblaciones que más lo necesitan: madres, padres, hijas e hijos en las diferentes regiones en nuestro país que buscan sobrevivir el día a día. Los tratantes se aprovechan de la necesidad de sus víctimas para captarlas a través de falsas ofertas laborales o promesas de mejorar sus condiciones de vida en el futuro.
Exigimos a nuestros políticos recordar que el Perú es más grande que Lima y que los tratantes aprovechan la ausencia del Estado en las regiones para poder vulnerar los derechos de los olvidados por el gobierno. Para luchar contra la trata de personas necesitamos un presupuesto de acuerdo a la magnitud y complejidad del problema.
Fuentes:
  • Persecución del delito, prevención del delito y protección a víctimas.
  • Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público.
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Esperamos más campañas como "Cárcel" y que esta experiencia se extienda a otras regiones del país

Giovanna Cavero, Oficial de Programa ICCO Sudamérica.


¿Podría describirnos cómo surge el Movimiento Vuela Libre y cómo proyecta su posicionamiento en la región?
ICCO inicia su trabajo de lucha contra la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes (ESNNA) desde el año 2010, a través del financiamiento bilateral a diversas ONG en cada país. Actualmente trabajamos en seis países de Latinoamérica: Nicaragua, Perú, Brasil, Colombia, Bolivia y Paraguay. Empezamos trabajando en tres países (Nicaragua, Perú y Bolivia) pero se identificó que por la vinculación con la trata de personas había otros países de la región afectados por este problema.

Los primeros financiamientos eran muy puntuales y decidimos generar movimientos que involucren participación no solo desde el estado, sino sobre todo de la sociedad civil, incluyendo organizaciones, pero también personas comprometidas. Pueden ser parte del Movimiento Vuela Libre, ONGs, iglesias, organizaciones de base, grupos de comerciantes, asociaciones y todo aquel que de manera voluntaria se sume a la erradicación de la ESNNA, apuntando a que se brinde una mejor atención y prevención. Es decir, generar una mayor  incidencia ante las instituciones del Estado, a poner el tema en la agenda pública. 

El Movimiento Vuela Libre, es un espacio grande de lucha contra la ESNNA que involucra a varios actores y personas, donde el financiamiento potencializan las acciones. Si bien esperamos tener una identidad regional, cada movimiento responde a la necesidad y contexto de cada país pero tienen el mismo objetivo que es erradicar la ESNNA. Contar con una identidad regional, brinda muchas oportunidades de inter aprendizaje entre países y permite compartir experiencias y metodologías, de incidencia, atención y protección. Ayuda mucho a las organizaciones que están trabajando en la temática. Esperamos también que crezca en esta región y en Centro América.
  
“Cárcel” es una campaña dirigida al ámbito del turismo y los viajes que nace de la iniciativa del Movimiento Vuela Libre en el Perú ¿Cuál es la expectativa del Movimiento Vuela Libre en el Perú  a nivel regional en el marco de esta campaña?
El movimiento Vuela Libre en Perú se implementa inicialmente en Lima e Iquitos. Vemos que en Iquitos se ha realizado un buen lanzamiento de la campaña Cárcel, han participado instituciones del Estado, hay compromisos que esperemos que se den a lo largo del tiempos; sin embargo, las acciones del Movimiento son a largo plazo, un trabajo de años y esperamos que tengamos más campañas de la magnitud de Cárcel para mantener el tema en la agenda política y que esta experiencia se extienda a otras regiones del país.

En nuestro país es importante fortalecer los procesos del Estado para sancionar a los explotadores y usuarios/cliente de la ESNNA ya que  la corrupción, impunidad y falta de conocimiento de las normas por parte de los operadores de justicia son una debilidad.  ¿Cuál es el escenario en los países que conforman el movimiento Vuela Libre, en este sentido?
Los escenarios de la región son muy similares. Por ejemplo, en Paraguay, donde recién se está empezando a implementar políticas, la ESNNA es entendida como una modalidad de la trata de personas. Se trabaja con el Estado y también con la población, uno de los temas constantes de trabajo es el “cridazgo” que es la explotación laboral pero asociada a la explotación sexual de niños que vienen del interior, que afecta a la población indígena paraguaya.

En el caso de Bolivia, estamos a la espera del resultado de dos casos de personas que esperamos sean sancionadas por ESNNA. Esta temática está más visible. Como en Perú, hay varias instituciones que son parte del movimiento.
Colombia es uno de los países con políticas muy avanzadas, pero estas no son uniformes en todas las regiones, entonces fortalecemos el trabajo que allí se realiza.

En el Perú, uno de los estereotipos es la hipersexualidad de las mujeres de la selva y se cree que existe una relación entre este estereotipo y la ESNNA, ¿cuáles son algunas de las recomendaciones para erradicar esta mala percepción sobre las mujeres de esta región en relación a la lucha contra la ESNNA?
Las mujeres tenemos derecho a vestir, conversar y hablar de la manera que deseemos. En la sociedad debe existir respeto al otro. Usar un short o una minifalda no significa que se está insinuando algo. Debe reconocerse que cada persona tiene derecho a la libertad. Aún falta trabajar por una mayor equidad entre géneros. Esto implica enfrentar problemas como la prevalencia de estereotipos de género o el problema de las masculinidades. Este trabajo debe enfocarse sobre todo a las niñas, niños y adolescentes que están en las escuelas. Con ellos se debe trabajar enfocados a un cambio de mentalidad y percepción respecto a los roles de género.
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Sociedad Civil se organiza para exigir rendición de cuentas al Estado en materia de la lucha contra la Trata de Personas

Entre el 2009 y el 2014, el Ministerio Público registró 2,241 casos de trata de personas los cuales tuvieron 3911 personas como víctimas teniendo a Lima, Loreto, Madre de Dios y Cusco como las cuatro primeras regiones con mayor incidencia del delito.

En el marco de los esfuerzos de incidencia política por parte  de la sociedad civil, CHS Alternativo, con el apoyo de sus cooperantes USAID e ICCO-SOAIDS, organizó un taller de validación inicial del III Informe Alternativo sobre la Situación de la Trata de Personas en Perú 2014-2015.

En el taller participaron más de 20 invitados representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil, la Iglesia, las Veedurías Regionales de Cusco, Loreto y Madre de Dios, miembros de redes y congresistas y asesoras que conforman el Grupo de Trabajo Multisectorial Permanente contra la Trata de Personas del Congreso de la República.

Esta actividad es parte del trabajo articulado de la sociedad civil para promover la rendición de cuentas del Estado en materia de la lucha contra la trata de personas y contribuir al fortalecimiento de las estrategias de intervención en los distintos ejes de la política pública en la materia como son la prevención, la sanción y persecución y la asistencia y protección a víctimas.

Para tener en cuenta:
  • Actualmente, la trata de personas está considerada como el segundo delito más lucrativo del mundo después del tráfico ilícito de drogas y está considerada como la esclavitud del siglo XXI. [1]
  • La tercera edición del Informe Alternativo tiene como uno de sus objetivos analizar el trabajo hecho por parte del Estado en relación a la asistencia y protección de víctimas de trata de personas (objetivos 7-9 del Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas).
  • Durante el 2014, el Estado invirtió el 0.0025% del Presupuesto General de la República en la lucha contra la trata de personas. En el 2015, se estima que el Estado está invirtiendo el 0.0032%.


[1] Informe PNAT, junio 2014
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Editorial N° 167: TENER SEXO CON MENORES DE EDAD SE PAGA CON CÁRCEL

Este 22 de julio se realizó el lanzamiento de la campaña “Cárcel” contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en el ámbito del turismo y los viajes; una iniciativa del Movimiento Vuela Libre -liderado en el Perú por Capital Humano y Social Alternativo (CHS Alternativo), con el apoyo financiero de ICCO Cooperación-, que está integrado por 38 personas comprometidas, en representación de 35 organizaciones privadas y públicas, incluyendo diversos gremios del sector.
Desde CHS Alternativo venimos trabajando varios años la prevención de la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes (ESNNA) en Iquitos. Nuestras acciones han sido dirigidas principalmente a la población y actores del Estado. Ahora, con la campaña “Cárcel”, abordamos el otro lado de esta problemática: la participación de los denominados “usuario-clientes” de la ESNNA, en este caso en el ámbito del turismo y viajes.
Sabemos que el 73% de la población considera que la ESNNA se desarrolla en este ámbito. También que el año pasado visitaron Iquitos, a través del aeropuerto Coronel FAP Francisco Secada Vignetta, un total de 218,259 personas. Asimismo, han sido públicos diversos casos de ESNNA donde empresas prestadoras de servicios turísticos se han visto comprometidas, como por ejemplo el hotel “El Dorado”, o las hostales “Toro Bravo”, “Princess” y “Pampachica”. Todos casos donde las presuntas víctimas de explotación sexual tenían entre 10 y 16 años, y en los que no hubo sentencia para los involucrados o sanciones ejemplares para los establecimientos.
En este escenario, era imperioso desarrollar una campaña que permita advertir a los turistas y viajeros nacionales y extranjeros sobre las sanciones penales a las que se enfrentan aquellas personas que se involucran en actos sexuales con personas menores de edad; pudiendo ser condenados a más de 30 años de cárcel dependiendo de la edad del NNA. Nuestro objetivo es eliminar o al menos desincentivar la demanda de estos erróneamente denominados “servicios”, a la vez que advertimos al turista nacional o internacional sobre las consecuencias de este tipo de actos, que en el Perú son delito.
Durante la ceremonia de lanzamiento de la campaña participaron el Defensor del Pueblo, Eduardo Vega; el representante del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Sevilla; la presidenta de CHS Alternativo, Andrea Querol; así como representantes del Gobierno Regional de Loreto, DIRCETURA, APAVIT, Ministerio Público, Poder Judicial, Policía Nacional, Aeropuertos del Perú, entre otras instituciones públicas y privadas. En particular, quisiéramos resaltar la propuesta del representante del MINCETUR, quien señaló:  queremos plantearle a DIRCETURA – Loreto que los establecimientos que se hayan suscrito al movimiento [Vuela Libre] firmen una declaración jurada donde declaren que conocen las sanciones establecidas en el Código Penal referidos a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes”.
Esta iniciativa es importante porque toca uno de los puntos críticos del sistema turístico en relación a la ESNNA: la falta de conocimiento de las leyes en caso de ESNNA y las sanciones a los prestadores de servicios turísticos que se involucran en estos actos criminales. Considerando que más del 50% de la población está de acuerdo con la sanción a los “clientes”, intermediarios y a quienes facilitan la ESNNA, hace falta fortalecer las capacidades de las y los prestadores de turismo, y un trabajo más articulado entre quienes deben prevenir y perseguir el delito.
Así surge “Cárcel”, una campaña de comunicación que también busca generar opinión pública en la región Loreto, para que se reclamen las sanciones correspondientes a quienes exploten sexualmente a menores de edad de esta Región y de todo el país, y para que los responsables de evitar estos casos de vulneración de derechos de las niñas, niños y adolescentes consolidemos nuestras acciones considerando que, como dice su mensaje principal: “Tener sexo con menores de edad se paga con cárcel”.
La campaña “Cárcel” es un eslabón más de la cadena de acciones y decisiones que deben desarrollarse desde el Estado y la sociedad civil, y no tiene la pretensión de solucionar inmediatamente el problema pues las tareas son múltiples e involucran a los diversos niveles de gobierno. Por ejemplo, es necesario fortalecer el trabajo desde los gobiernos locales, quienes en su rol de fiscalizador de las autorizaciones que brindan a los establecimientos, deberían establecer sanciones firmes a aquellos que permiten el ingreso ilegal de personas menores de edad; desarrollar un control permanente por parte de sus inspectores municipales o Serenazgo sobre  posibles situaciones que pudieran implicar casos de ESNNA; o, realizar operativos para la prevención y denuncia de casos de ESNNA. Evidentemente, la responsabilidad es compartida pues los gobiernos locales necesitan de la coordinación estratégica con el Ministerio Público, la Policía Nacional o la Dirección Regional de Comercio Exterior, entre otros.
Fuentes:
  • Encuesta urbano nacional- Precepción de la ESNNA. Octubre 2014 – CHS Alternativo GFK
  • Flujo de Visitantes – Aeropuertos del Perú.
  • Encuesta urbano nacional- Precepción de la ESNNA. Octubre 2014 – CHS Alternativo GFK
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Se hace evidente que los servicios existentes de atención a víctimas de trata de personas son insuficientes


Andrea Querol Lipcovich, presidenta de CHS Alternativo
¿Cuáles son los logros y retos que su organización ha identificado dentro del Estado en el proceso de atención y protección de víctimas de trata? 
Entre los logros podemos mencionar una mejor articulación entre los sectores involucrados para brindar atención y protección. En la medida en que hay una mejor comprensión del delito por parte de los funcionarios responsables de la recepción de la denuncia y de la atención, los procesos que incluyen protección y oferta de servicios adecuados para las víctimas se dan con más eficiencia. Esto se hace evidente sobretodo en la atención de menores de edad.   

Entre los retos principales se encuentra la mejora de los estándares de calidad en la atención y el considerar ofrecer servicios integrales. Igualmente se debe establecer mecanismos de monitoreo y seguimiento de los casos, que en este momento son inexistentes. Finalmente, es fundamental que se piense en las víctimas de trata de personas adultas, creando albergues especializados y mejorando la capacidad de atención puesto que actualmente, por lo general se encuentran   desprotegidas.

¿Qué se está haciendo desde la sociedad civil para exigir al Estado el cumplimiento de los objetivos trazados dentro del PNAT, especialmente aquellos enfocados en la protección y asistencia a víctimas?
La sociedad civil presentó en setiembre del 2014 el Segundo Informe Alternativo, en el que se ponía en evidencia que los esfuerzos por mejorar la calidad de la atención y las condiciones en torno a la protección de las víctimas no pueden afianzarse, si no se destina un presupuesto razonable. Por otro lado, en la medida en que hay mayor capacidad para reconocer el delito y voluntad para atenderlo, también se hace evidente que los servicios existentes son insuficientes: hacen falta más albergues, más psicólogos y más fiscalías especializadas, entre otros.

En relación al siguiente Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas ¿Cuáles serían sus recomendaciones para tener un impacto más notable en relación a  sus objetivos? 
Asegurarle el presupuesto necesario a todas las actividades que se propongan. La correcta formación y capacitación de todos los profesionales involucrados en la atención y protección de las víctimas.  Asegurar todos los mecanismos de reintegración, inclusión, y seguimiento de los casos. Es necesario apuntar a un mayor compromiso de los gobiernos locales y regionales en la lucha contra la trata. En el ámbito de la persecución del delito, deben establecerse pautas concretas para que entre otros, durante los operativos de rescate de víctimas se asegure  una intervención en el marco del respeto de sus derechos. Es imperativo que se fortalezcan los procesos y se abran diversos caminos para asegurar el Acceso a la Justicia de las Víctimas.   Solo así se podrá  reparar algo del daño sufrido, y se podrá además  tener un efecto multiplicador positivo que motive a otras víctimas a denunciar.

Uno de los productos del PNAT es la creación del Protocolo Intersectorial de Atención a Víctimas ¿Cuáles son las expectativas en relación a la implementación de este protocolo? ¿CHS Alternativo tiene previsto colaborar en este proceso?
Desde CHS Alternativo, consideramos que contar con un Protocolo Intersectorial de Atención a Víctimas es de suma importancia y ayudaría enormemente a asignar la ruta y responsabilidades de cada quien.  Esto no puede sino facilitar la articulación de todos los involucrados en la atención, y redundar en acelerar los procesos y disminuir las situaciones de vulneración de los derechos y re victimización a los que aún están sometidas muchas víctimas. Como sociedad civil, tenemos toda la disponibilidad e interés de colaborar, y estamos a la espera de ser convocados por el Estado.

En el 2014, el Ministerio Público registró 782 víctimas de trata de personas ¿Nos podría explicar cuál sería el proceso idóneo que estas víctimas tendrían que pasar para que se considere que sus derechos fueron restituidos? 
Los sobrevivientes además de recibir protección y servicios básicos de salud, psicológicos y sociales,  requieren ser apoyados en la reintegración en sus comunidades. En esta fase, aun se observa que hay grandes carencias y dificultades para que los responsables cumplan con sus obligaciones y acompañen a las víctimas en este proceso.  Adicionalmente, hemos observado en el trabajo cotidiano con las sobrevivientes, y corroborado a través de un estudio realizado por CHS Alternativo en el 2014, que para que los afectados sientan sus derechos restituidos,  es fundamental que en primer lugar los  tratantes sean procesados y sentenciados.  De no darse esto, las víctimas sienten que no solo son vulneradas por la situación traumática vivida, sino porque consideran que no se hizo justicia, y están  a merced de los tratantes libres, temiendo por ellas y por los que las rodean.    
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Movimiento Mundial por la Infancia llamó a que América Latina sea la primera región del mundo que prohíba el castigo físico hacia las niñas y niños

El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y otros órganos internacionales y regionales orientados a la defensa de los derechos humanos ya se han pronunciado al respecto y han sido explícitos en señalar que el castigo físico en todas sus formas debe ser prohibido pues constituye una violación a los derechos humanos de niñas y niños.

El MMI-LAC desde sus inicios ha impulsado el seguimiento de la implementación a las recomendaciones del Estudio de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la niñez e identifica el castigo físico y humillante como una de las formas de violencia cotidiana que se ha “normalizado”, afectando a millones de niños, niñas y adolescentes en todo el mundo. El castigo físico y humillante es una forma de violencia contra los niños, niñas y adolescentes, y por lo tanto constituye una violación de su derecho a la integridad física, psicológica y a la dignidad que tienen como seres humanos.

Ningún tipo de violencia contra la niñez es justificable. Cientos de estudios científicos de todo el mundo han evidenciado que el castigo corporal es causa directa de daños físicos que sufren los niños y niñas, impactos negativos a corto y largo plazo en su salud mental y física, su autoestima, en su educación, el desarrollo de su capacidad cognitiva y asimismo, contribuye a una mayor probabilidad de sufrir, aceptar y reproducir la violencia en la adultez. América Latina sufre por ser la región más violenta del mundo, con tasas de homicidios superiores a cualquier otra parte del mundo. Sabemos que la violencia genera más violencia. Nos urge poner fin a la violencia desde las más tempranas edades.

Numerosos Estados latinoamericanos están reformando su legislación para proteger mejor a niñas y niños contra la violencia. De los 19 Estados latinoamericanos, ocho países han reformado sus leyes para prohibir el castigo físico y humillante en todas sus formas y nueve más se han comprometido a hacerlo.


El MMI-LAC considera que América Latina, puede ser una de las primeras regiones en el mundo en declararse libre del castigo físico. Hacemos un llamado para que todos los países adopten leyes prohibiendo el castigo físico y humillante contra la niñez en todos los ámbitos y solicitamos a los líderes de opinión y organizaciones sociales a sumarse y constituir una amplia corriente de opinión por la eliminación de toda forma de violencia contra la niñez.

Fuente: Comunicado MMI-LAC Fecha: 04 de julio de 2015
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Madre de Dios: Sociedad civil se organiza a través de veedurías ciudadanas para luchar contra la trata de personas

CHS Alternativo realizará mesas de trabajo junto a miembros de veedurías durante el 2015

La Trata de Personas en Madre de Dios es una problemática preocupante. Según el Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público, la región ocupa  el tercer lugar a nivel nacional con mayor número de casos. Pese a ser un fenómeno bastante extendido, la falta de denuncias sumada a la indiferencia de autoridades y la sociedad provoca la invisibilidad del problema.

Por tal motivo, La Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado y CHS Alternativo, convocaron a una mesa de trabajo que contó con la participación de representantes de las organizaciones miembros de la Veeduría Regional “Mirada Ciudadana” con el fin de fortalecer su rol como auditores sociales en la lucha contra la trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y personas desaparecidas.

La reunión se realizó el 01 de julio, en la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, en la que se eligió a la Hermana Pamela Robles Espinoza, como la coordinadora de la Veeduría Regional “Mirada Ciudadana” de Madre de Dios.

La mesa de trabajo tuvo como objetivo analizar el Plan Regional de Lucha contra la Trata de Personas, identificar los avances del mismo, así como el fortalecimiento de capacidades de fiscalización que permitirán contribuir al monitoreo y seguimiento de las obligaciones y  compromisos de funcionarios públicos.

Capital Humano y Social Alternativo, a través de sus cooperantes USAID, ICCO y SOAIDS, actualmente viene impulsando las Veedurías a nivel nacional para reforzar estas propuestas y lograr los objetivos señalados.

Para tener en cuenta:
  • El Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público, entre  el 2009 y 2014, registró 227 casos de trata de personas en Madre de Dios convirtiendo a la región en la tercera con mayor número de casos, después de Lima con 350 y Loreto con 243.
  • La región de Madre de Dios es, sobre todo, una región de destino para víctimas de trata y explotación sexual y laboral de niños, niñas y adolescentes. 
  • Los principales lugares de origen desde donde son trasladas las víctimas son: Puno, Cuzco, Apurímac, Arequipa y Ucayali.

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