Ayer, 26 de abril, el Congreso de la República aprobó la Ley que establece los parámetros que seguirá el proceso de reconstrucción de nuestro país después de la situación de desastre dejada por el Niño Costero.
Este plan integral de reconstrucción está basado, sobre todo, en temas relacionados a la infraestructura priorizando salud, educación, vivienda, entre otros; y se espera que su impacto sea positivo a nivel económico, social y ambiental. Además de ser de obligatorio cumplimiento para el gobierno local, regional y central.
El éxito de esta serie de estrategias que apuntan a una reconstrucción organizada desde el gobierno central será una experiencia de aprendizaje no solo para los involucrados en el proceso de implementación y ejecución sino, y sobre todo, para la población beneficiaria, tal como lo señala Marcial Blondet, cuando dice que resulta indispensable escuchar la voz de los damnificados e incluirlos en todas las fases del proceso de reparación y reconstrucción. Solo así los ciudadanos afectados conseguirán convertirse en agentes de su propio desarrollo, en lugar de ser recipientes pasivos de la ayuda del gobierno”.
Partiendo de asegurar esta participación y de las organizaciones especializadas, se requiere que temas transversales relacionados al reconocimiento de los derechos humanos de la población sean considerados, aún cuando los procesos de reconstrucción son macrointervenciones, ya que en todo proceso postdesastre natural existen ciertas condiciones que colocan en situación de peligro o riesgo a los grupos de población afectada que deben ser evidenciados.
La trata de personas es un delito que puede afectar a niñas, niños, mujeres y hombres de cualquier edad, y las finalidades más comunes, además de la explotación sexual, son la explotación laboral y la mendicidad.
En el Perú así como en otros países, este delito suele estar asociado a zonas de explotación de recursos naturales, construcciones de grandes infraestructuras, grandes movimientos migratorios, ente otros; es así que el proceso de reconstrucción que nos deja el Niño Costero requiere además de la buena planificación y monitoreo, un componente de trabajo que involucre a la población, tal como o señalaba Blondet líneas arriba, que permita evidenciar los peligros de los que podrían ser víctimas.
La prevención de la trata de personas es responsabilidad de la gestión de los gobiernos locales y regionales, de acuerdo a los Planes de Desarrollo Concertados, por ejemplo. El abordaje interinstitucional, de la academia, de las organizaciones especializadas, de los medios de comunicación y de la comunidad se vuelve indispensable en el proyecto de reconstrucción que evite y sancione casos de explotación sexual, o explotación laboral como el trabajo forzoso, servidumbre, peores formas de trabajo infantil.
