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Editorial N° 210: UNA MIRADA A LA REFORMA DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

A finales del año pasado, con el propósito de mejorar la calidad de vida de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA), se aprobó el Decreto Legislativo N°1297, elaborado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Este Decreto Legislativo plantea un nuevo sistema de protección integral a NNA sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos a fin de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, priorizando el derecho de vivir, crecer y desarrollarse en el seno de su familia.
Esta acertada iniciativa del gobierno nos lleva a mencionar algunos puntos que consideramos importantes tener en cuenta basados en la experiencia que tenemos como organización que trabaja directamente con niñas, niños y adolescentes en condiciones de riesgo y en situaciones de post explotación sexual o laboral.
Un primer aspecto a considerar es la recuperación y protagonismo del NNA y la familia  el proceso de protección, dependiendo si estamos ante una situación de riesgo o de real desprotección familiar. En ese sentido, frente a la situación de riesgo se establece un conjunto de medidas (artículo 32) que van desde el fortalecer las competencias de cuidado y crianza en la familia, hasta la atención especializada y la formación productiva. En el caso de las situaciones de desprotección se regulan un conjunto de medidas de acogimiento familiar (con familia extensa, con tercero o profesionalizado) y otras adicionales, que pueden implementarse alternativamente a la acogida residencial (en un centro de atención).
En segundo lugar, el Decreto está basado en la importancia de fortalecer el núcleo familiar como un referente positivo para el desarrollo de valores y capacidades que los niños deben desarrollar para tener una vida plena. En este sentido se debe asegurar que la evaluación que se realice, tanto de las NNA y las familias, considerando las particularidades de cada caso, deberá ser prioritario para la valoración del riesgo o de la vulnerabilidad. En relación a las NNA víctimas de trata de personas, se requiere un abordaje especializado que garantice su preparación para la vida independiente con seguridad que les permita su adecuada re inserción a la sociedad.
Un tercer aspecto es la preparación de los operadores que están en contacto directo y permanente con las NNA y su entorno, quienes asumen la responsabilidad de cumplir el rol protector frente a un NNA en situación de riesgo o real desprotección. Consideramos que si bien las llamadas capacidades duras (relacionadas al conocimiento de las normativas, reglamentos y otros aspectos) son  una característica de la mayoría de operadores; nuestra experiencia nos permite sugerir que existen muchos retos  frente al fortalecimiento de las habilidades blandas de los operadores (es decir, aquellas basadas en la proactividad, compromiso, responsabilidad, manejo de conflictos, trabajo en equipo, escucha activa entre otras) que aún necesitan un proceso de fortalecimiento y monitoreo constante.
El cuarto aspecto es que, si bien el DL N°1297 plantea un avance significativo en la protección a los NNA, es importante contar con un presupuesto que permita apuntar al logro de los cambios que se estipulan; y que implican desde el aumento del número de personal calificado y comprometido en las instituciones descentralizadas a nivel nacional, hasta la implementación adecuada de los residencias donde se da el acogimiento residencial.
Finalmente, sabemos que una reforma de esta magnitud requiere de un proceso prolongado de implementación. Sin embargo, el Decreto Legislativo 1297 muestra la voluntad política del Ejecutivo para brindarles un entorno seguro y apropiado a las NNA, pero somos conscientes de que este será un proceso de mediano a largo plazo que implicará un esfuerzo interinstitucional y un monitoreo constante de los avances para asegurar la calidad en los servicios del Estado en beneficio de los NNA.
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Editorial N° 204: FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD EN LAS REGIONES CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

La responsabilidad de la implementación del Plan Nacional de Lucha contra la Trata de Personas – PNAT recae sobre las instituciones del Estado en el ámbito nacional, regional y local.
En este sentido, la reglamentación de la Ley de Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes constituye un paso importante en la institucionalización de la lucha contra este delito. Algunos de los avances de esta norma se concretizaron en acciones como la incorporación dela PCM en la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes; o el debate del Plan de Reintegración del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; entre otras acciones relevantes.
Al fortalecer la base normativa y el trabajo multisectorial se da un paso hacia la articulación institucional en todos sus niveles, además de generar los espacios para disponer de las herramientas que los gobiernos locales y regionales necesitan para asumir sus roles en la lucha contra este delito, como el Protocolo Intersectorial para la Prevención y Persecución del Delito y la Protección Atención y Reintegración de Víctimas de Trata de Personas que estandariza los procedimientos en las instituciones públicas del gobierno nacional, regional y local, para proveer programas y servicios vinculados con este delito.
Consideramos importante el trabajo que se realiza en regiones donde la incidencia de casos de trata de personas es elevada, destacaron en lo que va del año regiones como Moquegua, que recientemente reactivó la Comisión Regional contra la Trata de Personas, asumiendo el compromiso para promover espacios de protección a víctimas comprometiendo la participación de instituciones públicas y privadas.
Por su lado, la región Ayacucho, cuenta con el Proyecto de Inversión Pública y esta asignando mayor presupuesto a proyectos contra la trata de personas, además instaló la Comisión Regional Multisectorial de Acción contra la Trata de Personas e iniciarán la construcción de un plan de trabajo regional; y la región Puno, que presentará el próximo mes el Plan Operativo 2017 de la red de lucha contra la Trata de Personas, que impulsará un presupuesto comprometido desde los distintos sectores que la conforman.
Si bien el involucramiento y compromiso regional es un paso positivo en la lucha contra este delito, creemos que la rectoría del gobierno central debe fortalecer los procesos de solicitud de presupuestos específicos en las regiones, en concordancia con los planes operativos propuestos por los espacios regionales de articulación, y asegurar el fortalecimiento institucional de estos espacios de trabajo, a nivel de desarrollo de capacidades y asesoría técnica  sin descuidar el monitoreo y evaluación de las actividades realizadas por estas redes, mesas o comisiones de trabajo.
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Editorial N° 151: INSTITUCIONALIZACIÓN SIN RECURSOS

Avances en la constitución de organismos para combatir la lucha contra la trata de personas; sin embargo éstos no han recibido ninguna asignación presupuestal para iniciar sus funciones.
El último lunes 24, en la Mesa de Trabajo de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, se presentó el Informe Alternativo de la Sociedad Civil sobre la situación de la Trata de Personas en el Perú. En él, si bien se reconoce el progreso alcanzado en la institucionalización de la lucha contra la trata de personas en nuestro país, también se advierte acerca de las carencias presupuestales y la poca voluntad política para priorizarla como un asunto central en la agenda pública. Solo el 0.0025% del Presupuesto General de la Republica ha sido utilizado para combatir un crimen tan complejo como éste, que mueve ilícitamente más de 32,000 millones de dólares anuales a nivel mundial.
De los 2 millones 936 mil nuevos soles que el Estado Peruano asignó a la implementación del Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas para el año 2014, casi la totalidad se destinó a financiar a diez sectores del Gobierno Central, dejando casi sin recursos para este tema a los 25 Gobiernos Regionales, 195 Gobiernos Provinciales y 1643 Gobiernos Distritales. La lógica tras este modelo de repartición de los fondos públicos que se destinan a la lucha contra la trata de personas y la atención a las víctimas expresa varias problemáticas asociadas.
La primera y más evidente es el sustrato centralista que caracteriza a la ejecución de las partidas del Plan Nacional. El Gobierno Central no reconoce que son las autoridades regionales y locales las que enfrentan día a día la problemática del delito, deben llevar a cabo las acciones de prevención y sensibilización de la población, y están involucradas directamente en los procesos de atención y protección necesarios a las víctimas rescatadas. Para todo ello se necesitan espacios de atención adecuados, personal capacitado, compromiso social, voluntad política, y, principalmente, presupuesto.
Es así pues que seguimos encontrando que una vez que las víctimas son rescatadas de los lugares de explotación, ni el Ministerio Publico a través de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos, ni el Ministerio de la Mujer, ni la Policía Nacional, cuentan con los recursos para albergarlas, proveerles una alimentación adecuada, satisfacer sus necesidades primarias, cubrir los gastos de traslado a sus lugares de origen, y facilitar el difícil proceso de reintegración social. Esto principalmente se da con las victimas mayores de edad, para quien los servicios del Estado no ofrecen una alternativa sostenible de salida del ciclo de explotación.
Pero la otra es que a pesar de que los casi 3 millones de nuevos soles han sido repartidos en Lima, entre diez ministerios, incluyendo el Ministerio Publico y el Poder Judicial, ni siquiera aquí existen aún las garantías para proveer una adecuada atención y protección a las víctimas.
La elevación de categoría de división a Dirección de Investigación del Delito de Trata de Personas, y la conversión de dos fiscalías a Fiscalías Especializadas en el Delito de Trata de Personas son pasos fundamentales, sin embargo, más allá del nuevo título, no han recibido los recursos necesarios para poder implementar sus funciones de manera eficiente.
En el caso de una de las Fiscalías Especializadas encontramos que enfrenta una serie de graves problemas presupuestales. Las mismas fiscalías especializadas diseñaron  su estructura, definieron sus necesidades y cómo debería estar conformado el personal, y en base a ello calcularon su presupuesto. Este presupuesto se envío al Ministerio de Economía y Finanzas y a la PCM, sin que hayan obtenido ninguna respuesta. Desde entonces, han estado trabajando con solo dos fiscales a tiempo completo para cubrir todo el distrito fiscal de Lima, y recién en los últimos días han recibido el apoyo de cuatro fiscales más. Aun así, no cuentan con el equipo multidisciplinario que necesitan (psicólogos y asistentes sociales, etc.), ni con equipos (computadoras), ni dinero para la movilidad.
Este mes, por ejemplo, han recibido sesenta casos de víctimas de trata, algunas de las cuáles son mayores de edad. Debido a que no existen albergues especializados para adultos, la Fiscalía optó por enviarlas a un albergue para víctimas de violencia familiar, y algunas debieron ser alojadas en hoteles porque no se encontró espacio disponible para ellas. Cuando debieron negociar con ellas que se acojan a las medidas de protección del Programa para víctimas y testigos, la Fiscalía tampoco contó con las herramientas ni los recursos necesarios para convencerlas de que recibirán una atención y una protección adecuadas. Consecuentemente, muchas de las víctimas alegaron que preferían mantenerse en la situación de explotación y riesgo, a cambio de seguir ganando algo de dinero.
La insuficiencia de los recursos y la desidia por parte de instituciones como el MEF o la PCM en este caso ha sido, pues, evidente.
Si este es el panorama en Lima, que concentra la mayor parte de los recursos, no es difícil imaginar la precariedad presupuestal por la que deben estar pasando los operadores de justicia y los trabajadores de los centros de atención residencial en provincias.
Este patrón de repartición de los recursos se asemeja a la distribución en nuestra sociedad; los grupos más pequeños en número son los más poderos y manejan la mayor parte de los recursos, dejando a los grupos más populares en una situación vulnerable con menos posibilidad para su gestión.
Mientras el Estado Peruano y sus funcionarios no reconozcan la magnitud de los problemas ocasionados por la trata de personas y no lo comprenda como un delito pluriofensivo que afecta la libertad, la dignidad y la vida de los ciudadanos y ciudadanas, vulnerando principalmente los derechos de los niños, niñas y mujeres; constituyéndose como un problema nacional tanto de seguridad ciudadana como de salud pública, y, sobre todo, si no asigna mayores partidas presupuestales y mejora la repartición de las mismas para luchar contra este ilícito y atender a las víctimas, la trata seguirá expandiéndose sistemáticamente, venciendo a las débiles resistencias que le opone el Estado, y fortaleciendo la cultura de impunidad entre los tratantes en complicidad con la apatía e indiferencia de las autoridades.
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