Lo que siguió para Daysi tendría que haber sido un camino de reparación y protección. Ese mismo día, tras la intervención, Daysi fue entregada a la Unidad de Protección Especial (UPE) de Madre de Dios, que es administrada por el MIMP, por ser una menor de edad, una víctima de trata y por encontrarse en una presunta desprotección familiar. Luego de ser evaluada, la UPE otorgó las medidas de protección a su favor y fue llevada al Centro de Acogida Residencial (CAR) Florecer que fue inaugurado algunos meses antes.
En diciembre de ese año, un mes después de ser rescatada, se confirma que es una menor en situación de desprotección, ya que vivía en riesgo. El 12 de febrero del 2020, poco antes de que se iniciara la pandemia por el COVID-19 en el Perú, la UPE asume su tutela y aprueba el Plan de Trabajo Individual (PTI) con el que se aplicaría la medida de protección de Daysi. Sin embargo, en abril cesaron la medida de protección y ordenaron que volviera con su madre. Un año después, Daysi apareció muerta.
“¿Y la labor de seguimiento? Teniendo plenamente identificado el domicilio de la familia. Y… ¿El proceso de recuperación, reintegración y reinserción? El sistema de atención y protección a víctimas ha vuelto a demostrar sus falencias, con valoraciones inadecuadas de las situaciones de riesgo o desprotección familiar, el poco o nulo acompañamiento durante la institucionalización y en su posterior externamiento, así como las pocas o nulas oportunidades para la reintegración; factores que en su conjunto terminan por forzar a las víctimas a caer nuevamente en las redes de la trata”, dice en un comunicado de la Veeduría Regional Mirada Ciudadana de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes de la Región Madre de Dios, impulsada por la ONG CHS Alternativo.
En el documento, además, exigen una respuesta del Estado frente al asesinato de Daysi y exhortan al MIMP a investigar “el inadecuado cumplimiento de las funciones por parte de las autoridades a cargo de la atención, protección y reintegración de víctimas, por no haber realizado una adecuada valoración de la situación sociofamiliar de (Daysi) y no haber garantizado las medidas de protección necesarias para su integridad física y psicológica, así como su efectiva reintegración”.
¿Qué pasó con Daysi?
A sus 16, Daysi ya era madre de un niño de apenas 2 años que hoy es parte de la larga lista de niños huérfanos del país. Al parecer, cuando fue asesinada tenía tres semanas de embarazo.
La Fiscalía Mixta de Mazuco inició una investigación por feminicidio luego del asesinato de Daysi, sin embargo, la Fiscalía Especializada en Trata de Personas de Madre de Dios también inició una investigación preliminar por el delito de trata para determinar si su muerte estuvo relacionada con las redes de tratantes de personas que dominan esa zona.
El fiscal provincial César Ignacio Pérez precisa que la información obtenida, hasta el momento, aún no es contundente para poder hablar de un caso de trata de personas y señala que se trataría de un caso de feminicidio. Sin embargo, se continuarán realizando diligencias para obtener evidencias que vinculen el asesinato con la red de tratantes de donde escapó Daysi, ya que no se puede descartar que estén involucrados.
“La información que estamos recopilando es que la menor estaba con su mamá y ya no trabajaba en un bar, sino que se dedicaba a otra actividad no tan nociva. Lo recabado por la fiscalía, hasta ahora, es que al salir de una discoteca se encontró con un conocido y desapareció. Los exámenes médicos de la Fiscalía de Mazuko señalan que tenía defloración, lo que significa que aparentemente fue violada. Se ha abierto investigación para ver si estaba trabajando. La duda que tenemos es por que llegó a ese sitio. Según la mamá, ella trabajaba vendiendo churros en esa zona. No tenemos datos ligados a que estaría trabajando a un bar. No hay otro dato más aún de las declaraciones que obtuvo de la policía, ninguno de los vecinos de esa zona la conocía”, dijo el fiscal a El Comercio.
En lo que coincide el fiscal, es en que Daysi quedó desprotegida pese a ser una víctima de trata que necesitaba la atención del Estado. Como una especie de consuelo, recuerda que la explotadora de Daysi fue sentenciada en primera instancia este año a 10 años de cárcel. La reparación civil que le han impuesto es de apenas S/ 2 mil.
“Nosotros hemos podido advertir a raíz de esta muerte que hubo ciertas falencias en la desprotección a esta menor. Cuando la fiscalía rescata a una menor por trata, la traemos del lugar de la explotación a la Unidad de Víctimas y Testigos, y se le da una custodia temporal de 2 hasta 5 días en el peor de los casos para hacer las diligencias. Luego de ello, se dispone que la menor pase a un albergue. Los que están a cargo de ellos son los del MMP. La fiscalía ya se dedica a la persecución del delito. El que hace cargo de la víctima es la UPE quien le da el albergue y la reintegración a la sociedad y su familia. En este caso, la UPE envío un informe diciendo que se le entregó a su progenitora, es decir, se le quitó la protección del Estado. Hay un equipo que tiene que hacer evaluaciones a la víctima y a la familia que va a entregar porque muchas veces las víctimas se escapan de sus casas, por eso tienen que preparar a la familia que las va a recibir”, aseguró el fiscal.
Solicitamos la versión del MIMP en este caso específico sobre la labor de la UPE en Madre de Dios, pero no obtuvimos respuesta.
Las víctimas
Solo en el 2020, en plena pandemia por el COVID-19, hubo 372 denuncias por trata de personas en el país. El 86% de las víctimas son mujeres. Peor aún, de este total, el 39% son menores de edad. Durante ese mismo año, las unidades especializadas de Trata de Puno, Juliaca y Madre de Dios realizaron 63 operaciones de donde se rescataron a 259 víctimas. Solo en lo que va de este año, en las 49 operaciones realizadas en Lima, Madre de Dios, Cusco y Puno se han rescatado a 220 víctimas. La mayoría son mujeres que eran explotadas sexual y laboralmente, según informó la Dirección general de seguridad democrática del Ministerio del Interior.
¿Qué acciones está implementando el Estado para luchar contra la trata de personas? Inés Martens, jefa de la Dirección general de Seguridad Democrática, recuerda que desde el 2017 el Estado peruano suscribió con Estados Unidos la Alianza de Cooperación para Niños, Niñas y Adolescentes (CPC) para trazar objetivos que busquen reducir los casos de trata de personas en el país. Este año el convenio fue ratificado por ambos países.
Martens precisó cuáles son los objetivos a lograr en base a este convenio.
“El compromiso inicialmente era una cooperación de 4 años. Ahora, debido a la pandemia, va a hasta el próximo año. Los objetivos son tres básicamente. El primero está orientado a mejorar la calidad de las investigaciones, centrado en las víctimas y enfocado en los casos de trata de menores de edad. El segundo es fortalecer la capacidad del Estado y la sociedad civil para identificar y prestar servicios integrales. Y el tercero es incrementar esfuerzos para prevenir la trata a través de mecanismos comunitarios y situaciones que facilitan el tema de trata”, indicó a El Comercio.
Martens detalló que ya han habido dos reuniones sobre los avances logrados, a inicios del 2020 y este año. Uno de los logros que se han concretado en la lucha contra la trata, dice Martens, es la elaboración de la Guía Operativa para la Investigación del Delito de Trata de Personas por parte de la policía y el Mininter.
“Con esta guía se habla de cómo abordar a la víctima, si es un tercero el que denuncia y además el que investiga tiene que ser consciente de que tiene que entender las realidades particulares de las víctimas como no reconocerse como tal. Esto es necesario ponerlo sobre las autoridades. Puede haber algún apego sentimental de la víctima al tratante, por ejemplo. Se aprobó a fines del año pasado, además de distribuirla a nivel nacional, en febrero de este año se capacitó a capacitadores, para que no solo se reparta sino que se explique entre las autoridades”, precisó.
Más información:
A denunciar
Quienes tengan información sobre algún caso de trata de personas o de explotación sexual pueden denunciar el hecho en cualquier comisaría.
Línea gratuita
El Mininter dispone de una línea gratuita de ayuda: 1818. Atiende las 24 horas, todos los días. La fiscalía cuenta con el WhatsApp 93948-2768.
Nota original: https://bit.ly/3crwaRf
