Avances en la constitución de organismos para combatir la lucha contra la trata de personas; sin embargo éstos no han recibido ninguna asignación presupuestal para iniciar sus funciones.
El último lunes 24, en la Mesa de Trabajo de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, se presentó el Informe Alternativo de la Sociedad Civil sobre la situación de la Trata de Personas en el Perú. En él, si bien se reconoce el progreso alcanzado en la institucionalización de la lucha contra la trata de personas en nuestro país, también se advierte acerca de las carencias presupuestales y la poca voluntad política para priorizarla como un asunto central en la agenda pública. Solo el 0.0025% del Presupuesto General de la Republica ha sido utilizado para combatir un crimen tan complejo como éste, que mueve ilícitamente más de 32,000 millones de dólares anuales a nivel mundial.
De los 2 millones 936 mil nuevos soles que el Estado Peruano asignó a la implementación del Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas para el año 2014, casi la totalidad se destinó a financiar a diez sectores del Gobierno Central, dejando casi sin recursos para este tema a los 25 Gobiernos Regionales, 195 Gobiernos Provinciales y 1643 Gobiernos Distritales. La lógica tras este modelo de repartición de los fondos públicos que se destinan a la lucha contra la trata de personas y la atención a las víctimas expresa varias problemáticas asociadas.
La primera y más evidente es el sustrato centralista que caracteriza a la ejecución de las partidas del Plan Nacional. El Gobierno Central no reconoce que son las autoridades regionales y locales las que enfrentan día a día la problemática del delito, deben llevar a cabo las acciones de prevención y sensibilización de la población, y están involucradas directamente en los procesos de atención y protección necesarios a las víctimas rescatadas. Para todo ello se necesitan espacios de atención adecuados, personal capacitado, compromiso social, voluntad política, y, principalmente, presupuesto.
Es así pues que seguimos encontrando que una vez que las víctimas son rescatadas de los lugares de explotación, ni el Ministerio Publico a través de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos, ni el Ministerio de la Mujer, ni la Policía Nacional, cuentan con los recursos para albergarlas, proveerles una alimentación adecuada, satisfacer sus necesidades primarias, cubrir los gastos de traslado a sus lugares de origen, y facilitar el difícil proceso de reintegración social. Esto principalmente se da con las victimas mayores de edad, para quien los servicios del Estado no ofrecen una alternativa sostenible de salida del ciclo de explotación.
Pero la otra es que a pesar de que los casi 3 millones de nuevos soles han sido repartidos en Lima, entre diez ministerios, incluyendo el Ministerio Publico y el Poder Judicial, ni siquiera aquí existen aún las garantías para proveer una adecuada atención y protección a las víctimas.
La elevación de categoría de división a Dirección de Investigación del Delito de Trata de Personas, y la conversión de dos fiscalías a Fiscalías Especializadas en el Delito de Trata de Personas son pasos fundamentales, sin embargo, más allá del nuevo título, no han recibido los recursos necesarios para poder implementar sus funciones de manera eficiente.
En el caso de una de las Fiscalías Especializadas encontramos que enfrenta una serie de graves problemas presupuestales. Las mismas fiscalías especializadas diseñaron su estructura, definieron sus necesidades y cómo debería estar conformado el personal, y en base a ello calcularon su presupuesto. Este presupuesto se envío al Ministerio de Economía y Finanzas y a la PCM, sin que hayan obtenido ninguna respuesta. Desde entonces, han estado trabajando con solo dos fiscales a tiempo completo para cubrir todo el distrito fiscal de Lima, y recién en los últimos días han recibido el apoyo de cuatro fiscales más. Aun así, no cuentan con el equipo multidisciplinario que necesitan (psicólogos y asistentes sociales, etc.), ni con equipos (computadoras), ni dinero para la movilidad.
Este mes, por ejemplo, han recibido sesenta casos de víctimas de trata, algunas de las cuáles son mayores de edad. Debido a que no existen albergues especializados para adultos, la Fiscalía optó por enviarlas a un albergue para víctimas de violencia familiar, y algunas debieron ser alojadas en hoteles porque no se encontró espacio disponible para ellas. Cuando debieron negociar con ellas que se acojan a las medidas de protección del Programa para víctimas y testigos, la Fiscalía tampoco contó con las herramientas ni los recursos necesarios para convencerlas de que recibirán una atención y una protección adecuadas. Consecuentemente, muchas de las víctimas alegaron que preferían mantenerse en la situación de explotación y riesgo, a cambio de seguir ganando algo de dinero.
La insuficiencia de los recursos y la desidia por parte de instituciones como el MEF o la PCM en este caso ha sido, pues, evidente.
Si este es el panorama en Lima, que concentra la mayor parte de los recursos, no es difícil imaginar la precariedad presupuestal por la que deben estar pasando los operadores de justicia y los trabajadores de los centros de atención residencial en provincias.
Este patrón de repartición de los recursos se asemeja a la distribución en nuestra sociedad; los grupos más pequeños en número son los más poderos y manejan la mayor parte de los recursos, dejando a los grupos más populares en una situación vulnerable con menos posibilidad para su gestión.
Mientras el Estado Peruano y sus funcionarios no reconozcan la magnitud de los problemas ocasionados por la trata de personas y no lo comprenda como un delito pluriofensivo que afecta la libertad, la dignidad y la vida de los ciudadanos y ciudadanas, vulnerando principalmente los derechos de los niños, niñas y mujeres; constituyéndose como un problema nacional tanto de seguridad ciudadana como de salud pública, y, sobre todo, si no asigna mayores partidas presupuestales y mejora la repartición de las mismas para luchar contra este ilícito y atender a las víctimas, la trata seguirá expandiéndose sistemáticamente, venciendo a las débiles resistencias que le opone el Estado, y fortaleciendo la cultura de impunidad entre los tratantes en complicidad con la apatía e indiferencia de las autoridades.
