El viceministro de Derechos Humanos, Ernesto Lechuga, llegó a la ciudad para realizar en la Universidad Nacional de Piura los “Diálogos Regionales por los Derechos Humanos” en temas de justicia, trabajo, educación, salud, infancia y mujer. El Tiempo aprovechó la visita para preguntarle sobre temas como la trata de personas, la inseguridad y la justicia popular.
–¿Cuál es el objetivo de los diálogos regionales?
–Llevar el mensaje de los derechos humanos hacia adentro, mirar a las regiones y saber sobre la protección, el goce y el acceso a estos. Fortalecer las políticas públicas en derechos a nivel local y regional. Recoger cuál es el estado de los derechos humanos en Piura: sus ventajas, deficiencias… Tenemos una hipótesis.
–¿Cuál es su estado?
–Los derechos humanos en los últimos 15 años han mejorado sustantivamente. Vemos mayores oportunidades laborales, carreteras…y en materia de justicia, hay múltiples problemas, lo reconozco, pero se ha dado una implementación importante para el país, que es el Código Procesal Penal; es decir, aumento del número de jueces y fiscales, por ejemplo.
–¿La democracia está consolidándose aún más?
–También reconocemos que la apertura democrática en el Perú ha generado una multiplicación de las demandas sociales. Los pueblos reclaman, han aprendido a defender sus derechos; es un reflejo de que los estándares democráticos se han elevado.
– En este punto, ¿Cuál es el panorama de la trata de personas?
–Es un delito que no se ve, que permanece invisible, que en este hotel se podría dar. Sin embargo se da, sobre todo en zonas de frontera y explotación de los recursos naturales, como en la región Piura, Tumbes o Madre de Dios. Comercio sexual, explotación laboral, mendicidad… niños que venden caramelos, puede ser un caso de probreza, pero detrás de ellos hay un explotador. Lo que se necesita es una respuesta enérgica de la autoridad, de la Policía Nacional y el Ministerio Público.
–¿La trata se da por falta de información?
– Sí. Se debe tener mucha información. Es un delito que se aprovecha de la inocencia de los jóvenes, los más vulnerables. Cuando se ofrecen trabajos bien remunerados a las mujeres…
– ¿El anfitrionaje, por ejemplo?
–El anfitrionaje puede encerrar prácticas delictivas, aunque es peligroso generalizar, las oportunidades laborales deben darse. Por eso, tiene que haber un rol de supervisión exhaustivo por parte de las familias y del Estados. A veces la víctima genera oportunidades para que el delito ingrese a sus vidas. Tienen que saber el contexto y los peligros en el que viven.
– Otro punto. ¿Cuál es su posición frente al ‘Chapa tu Choro’?
–Lamentamos esto y somos claros: la justicia de mano propia nunca llegará a buen puerto. Por eso, hacemos un llamado a la ciudadanía para que recupere la confianza en la autoridad. Que intervengan dentro del marco de la ley, la cual establece la figura del arresto ciudadano para poner a disposición al delincuente, no para maltratarlo.
–¿La presión por la inseguridad más la justicia popular juegan en contra?
– La justicia de mano propia puede desencadenar graves injusticias. Han sucedido temas de confusión, exceso de castigo con mucha frecuencia. La turba de personas, en su afán de justicia, no se le puede hacer atender.
–¿Cómo darle solución a este problema?
–Yo creo que la autoridad debe demostrar, dar una respuesta fuerte de que a través de la ley es posible combatir y sancionar el delito. Ahora contamos con una ley que establece los marcos en los que la Policía Nacional ya cuenta con criterios para hacer uso preventido o letal de sus armas de fuego.
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