Trata de personas. Del total de casos denunciados por trata en Ministerio Público la mayoría son mujeres engañadas para prostituirse. Predomina el padrinazgo, modalidad de servidumbre que afecta a menores cuyos padres los ceden para que mejoren su vida. Hay cárcel para explotadores.
Siete de cada diez víctimas de trata de personas son mujeres sometidas a explotación sexual en Arequipa. La cifra alarma y revela la situación que afronta la región sureña respecto a las actividades delictivas forzadas perpetradas de forma silenciosa.
Y si el 70% de víctimas, en su mayoría adolescentes y jóvenes, son obligadas a actos de servidumbre sexual, el otro 30% son explotadas laboralmente, detalla la fiscal especializada en Trata de Personas de Arequipa, Lissbeth Adriazola Begazo.
Este despacho no tiene un año de creación, funciona desde el 29 de diciembre del 2020, pero registra 121 denuncias, una carga elevada de investigaciones para dos fiscales. Pero ¿en qué consiste el delito de trata de personas? Según el Código Procesal Penal es el proceso de captar, trasladar, acoger, recepcionar o retener a una persona con fines de explotación (sexual o laboral) u otros fines ilegales (venta de niños), por diferentes medios (amenaza, abuso de poder, engaño o estado de vulnerabilidad).
El padrinazgo
La trata por explotación laboral preocupa a decir de Adriazola. Desde el siglo pasado, existe en el Perú una modalidad denominada ‘padrinazgo’. Mediante esta, niñas, niños y adolescentes –en su mayoría- provenientes de zonas altoandinas llegan a las ciudades y son acogidos por personas que se hacen llamar ‘padrinos o madrinas’. Estos les ofrecen techo, comida y, algunas veces, estudios a cambio de que los menores ‘ayuden’ en las labores domésticas.
La explotación laboral-dice la fiscal- califica cuando hay trabajo excesivo, humillación y falta de una remuneración. La magistrada sostiene que las condenas por estos actos van de 8 a 20 años de cárcel, pero cuando las víctimas son menores de 14 años la pena es no menor de 25 años.
Sin embargo, Adriazola Begazo señala que en el Perú la cultura del ‘padrinazgo’ se normalizó, al punto que los infractores no reciben sentencias ejemplares. “Tenemos un problema con los juzgados de investigación preparatoria y colegiados, (los jueces) no consideran que los casos de padrinazgo sean un tipo de explotación laboral, por lo que la mayoría son absueltos”, dice.
Un ejemplo de ello, es el caso de una niña de 8 años que fue rescatada de una vivienda en Cerro Colorado de Arequipa. La menor vivía junto a Henry Gallegos V. e Yrma Huaricallo H. La pareja la tenía bajo su custodia. En el juicio, el Ministerio Público señaló que ambos convencieron a la madre de la niña de entregársela. Prometieron bautizarla, ser sus padrinos y darle una mejor vida. No ocurrió eso, a la menor le impusieron una serie de labores domésticas, sino cumplía la maltrataban de manera física y psicológica. La Fiscalía solicitó una condena de 31 años y 8 meses para Huaricallo y 28 años y 4 meses contra Henry Gallegos.
El Juzgado Penal Colegiado de Paucarpata los encontró culpables del delito de trata de personas en su forma agravada, pero solo les impuso 4 años de pena privativa convertidos a 208 jornadas de prestación de servicios comunitarios. Los jueces apelan a la figura del ‘padrinazgo’ para reducir extremadamente la condena. Refieren que se trata de “una costumbre” de la sociedad peruana.
Explotación sexual
En julio pasado, una extranjera de 18 años llegó hasta la Policía huyendo de una pareja que pretendía explotarla sexualmente. No sería la única.
Horas después, la Policía detuvo a Victoria Zamora Brito (20) y Luis Rivera Acosta (28), una pareja también de extranjeros, encargada de colocar los clientes a las tres mujeres traídas de Venezuela y Colombia. Por cada encuentro sexual ellos retenían la suma de 150 soles. De esa manera cobraban una deuda de 15.000 soles que les imponían por haberlas traído, bajo engaños y con una oferta de trabajo distinta, desde sus países de origen.
Zamora y Rivera se encuentran en el penal de Socabaya de Arequipa, cumplen una prisión preventiva de 12 meses, mientras se inicia el juicio.
Las tres agraviadas rindieron sus manifestaciones iniciales, pero hasta hace unos días, la Fiscalía les había perdido el rastro. Probablemente tienen miedo, dice Adriazola. Las víctimas fueron captadas en sus países de origen por otras personas quienes a su vez las contactaron con ‘asesores’, responsables de entregarles los boletos. Una organización criminal podría estar operando detrás de este caso, pero descubrirla, demostrarlo y desbaratarla es una tarea pendiente de las autoridades peruana
Pornografía infantil
La historia de María del Carmen Anco Ortiz (51) pasó casi desapercibida por las páginas policiales pero en la Fiscalía de Trata de Personas su caso estremeció. La mujer ahora está presa en el penal de Socabaya por el delito de pornografía infantil y tocamientos sin consentimiento.
La víctima de María es un niño de su entorno familiar, un menor que fue protagonista de manera constante y desde su tierna infancia de imágenes pornográficas. Todo el material, a través de los años, fue remitido a Fabricio Mojaras Ruiz de Somocurcio, esposo de la mujer, quien también cumple prisión preventiva en Piura por el mismo caso.
Una alerta de Google a las autoridades peruanas propició que la División de Investigación de Alta Tecnología (Divindat) de la Policía y la Fiscalía especializada a nivel nacional iniciaran una serie de acciones para identificar al propietario de un correo electrónico que subió material de video ilícito a la nube.
Las imágenes, María las compartía por su red social Facebook, de acuerdo a la verificación realizada por los detectives de la Divindat. A Mojaras, quien se desempeñaba como docente, lo encontraron en poder de una memoria donde no solo albergaba imágenes del niño de Arequipa sino de varios otros.
“Ella (María) no solamente grababa, sino que compartía los videos, con contenido sexual, a terceros”, refiere la fiscal Adriazola, quien explica que la condena por el delito de pornografía infantil va de 10 a 12 años de cárcel.
Enfoque
Recuperación de víctimas
Ruth Gallegos Esquivias- Psicóloga y psicoterapeuta
Las víctimas de explotación sexual pierden la seguridad en sí mismas y en su entorno. El primer paso para garantizar su recuperación es darles protección. Temen que alguien les sigue. Muchas de ellas, fueron captadas por redes de trata.
Padecen del trastorno por estrés postraumático y cuadros ansiosos depresivos como consecuencia de la retención contra de su voluntad o bajo engaños. Su autoestima se ve lesionada, ya no se sienten personas dignas, situación que podría contribuir a que caigan en la promiscuidad o consumo de sustancias. Es clave trabajar en la revaloración de ellas.
En el caso de quienes padecen de explotación laboral, se crea una especie de indefensión dado que se reconocen con menor fuerza física que sus agresores por lo que se ven sin salida.
Aquí surge la dependencia emocional porque saben que, si escapan de sus agresores, al salir a la calle estarán solos.
, pero además para ponerse a salvo entienden que deben denunciar a quienes los someten por lo que el sentimiento de culpa invade a las niñas y niños.
Al tener un sentimiento de desprotección y abandono, se vuelven reservados, frustrados y desesperanzados. Y aunque los menores, con el paso del tiempo, tratan de mostrarse como que no ha pasado nada, lo cierto es que las repercusiones se muestran en la edad adulta. Por ello, no es tan cierto, que los niños se recuperan rápido de sus traumas.