Entrevista a Wilson Hernandez
Investigador adjunto de GRADE
Hace unos días compartió una información en la que manifestaba
que el consumo de pornografía en Perú mostraba una tendencia en caída, ¿porque
considera que sucede? ¿Se podría decir también que ha disminuido la generación
de material de abuso sexual de NNA en Perú?
En primer lugar, según Google Trends, desde la cuarentena en el
Perú ha disminuido el número de personas que buscan directamente en Google
“videos xxx”. Esto no considera a las personas que entran directamente a las
páginas pornográficas. Por tanto, hay cierto grupo de personas que han bajado
su nivel de consumo. ¿Por qué? Hay varias hipótesis, pero la más lógica es que
este tipo de consumidores está más monitoreado en el hogar y no dispone de la
facilidad para acceder a este tipo de contenidos.
La generación de material de abuso sexual de niñas, niños y
adolescentes durante la cuarentena puede ser analizada desde dos perspectivas.
Primero, La oferta disponible sobre material pornográfico de NNA
lamentablemente es amplia y siempre ha estado en la web. Segundo, lo que puede
haberse frenado es la subida de nuevos videos, pero eso es un problema pequeño
si lo comparamos con el material ya disponible. La oferta de este tipo de
material no está contenida.
Elmer Cuba, de Macroconsult afirmó que la pobreza aumentará 8 puntos. Es decir, pasaría
del 20% al 28%, ¿cómo
estima que el incremento de la pobreza impactará en los NNA que se encuentran
en situaciones de vulnerabilidad?
El impacto puede ser variado. Primero apuntaría a un tema de
sostenibilidad alimentaria. Se deteriora la calidad del consumo con la caída de
ingresos en los hogares. Hay un segundo tema, que es el educativo. Si bien hay
una gran cantidad de estrategias para tratar de que los niños, niñas y
adolescentes no pierdan el año escolar, las personas con mayor vulnerabilidad
también son aquellas con problemas para conectarse al internet y los contenidos
audiovisuales de Aprendo en Casa y las alternativas virtuales de cada colegio.
La radio ha sido una salida inteligente para llevar la escuela al hogar. Pero
tengamos en cuenta que los contenidos por radio pierden el componente visual e
interactivo que propicia el internet. Además, también habría que analizar que
los ingresos familiares pueden haber disminuido, afectando a aquellos padres
que, por mandato judicial o por voluntad propia, solventaban esta necesidad.
Según INEI más de 1 millón 216 personas en Lima Metropolitana
perdieron su empleo en el trimestre comprendido entre febrero y abril, ¿cómo
evalúa el incremento de la ESNNA y trata de personas como consecuencia de esta
situación?
Es incierto. Siempre habrá alguna persona que busque engañar a
un niño, niña o adolescente con motivos de explotación sexual y trata.
Pero en términos generales, la cuarentena no debería haber incrementado
la estructura de incentivos para que esto suceda más que antes. Mi preocupación
actual va por el lado de las niñas, niños o adolescentes que ya se encuentran
en esta situación. Si bien lo que conocemos sobre ellos es escaso, pueden estar
expuestos a mayor violencia debido a las consecuencias que genera un mayor
estrés económico de sus explotadores. Por otro lado, lo que se podría estar
dando es una sobreexplotación de estas niñas, niños y adolescentes ni bien
exista la posibilidad que esta actividad nefasta se reinicie.
Se ha hablado ya de los riesgos que conlleva el confinamiento
respecto a la violencia contra la mujer y otros miembros del hogar, al
respecto, ¿qué rol debe cumplir el Estado?
Hablemos de lo que no se está cumpliendo. Lo primero es
que no se ha desplegado una mayor capacidad estatal para identificar y luego
proteger a víctimas. Los Centros de Emergencia Mujer se declararon servicios no
esenciales y solo queda la sobrecargada Línea 100. Las comisarías atienden, por
supuesto, pero la prioridad es sanitaria. Y eso ha generado limitantes en la
atención. Todos estos servicios son reactivos. Dependen de la propia víctima.
No hay estrategias claras de identificación. ¿Dónde hallo a las víctimas? Hay
formas. Se debería buscar a las mujeres que en los últimos 6 meses
interpusieron denuncias contra sus agresores, al margen que tengan o no medida
de protección. Especialmente, aquellas que en los últimos años han acumulado
más de una denuncia al mismo u otro agresor. Los datos están. Hay que
trabajarlos. Además, en muchas de esas medidas, los jueces ordenan que las
agresiones cesen. Es como pedirle por favor al agresor que no le pegue a su
pareja. Otra fuente es la Encuesta Nacional de Demografía y Salud Familiar del
INEI. Es una encuesta que pregunta a mujeres si sufrieron violencia. Un 10%
aproximadamente dice que la sufrió en los últimos 12 meses. En este contexto
actual, ellas están en mayor riesgo. En el mismo sentido, deben ser buscadas en
su hogar y protegidas por el Estado. E igual debería suceder con quienes han
llamado a la Línea 100 en los últimos seis meses. Ubicarlas y buscarlas. Todo
esto requiere trabajo intersectorial, iniciando con la Policía. Pero el problema
es que la cantidad de policías dedicados a protección familiar se ha reducido
puesto que se encuentran actualmente dedicados a los temas de la crisis por
covid-19.
¿Existen diferentes perfiles de agresores? Y si así fuera, ¿cuál
de ellos es más susceptible de actuar (en el sentido de agresión) en una
situación de encierro?
En efecto, existen varios tipos de agresores. Hace un par de
años, realizamos un estudio con hombres recluidos en cárceles por delitos que
implicaron agresiones a mujeres, incluyendo incluso feminicidios. Identificamos
tres tipos de agresores. El primero se puede definir como el más complejo y
difícil, pero mucho menos frecuente. A este lo denominamos “violentos en
general”. Son personas agresivas con su pareja, con sus círculos cercanos e
incluso con terceros. Son los únicos que presentan psicopatologías. Pero,
reitero, son pocos. Menos del 5% en nuestra muestra. La cuarentena puede haber
intensificado su condición de agresor que antes del aislamiento ya era muy
grave e implicaba incluso riesgo de feminicidio.
En el otro extremo, están los denominados “violentos en lo
familiar de baja intensidad”. Son personas que solo agreden a su pareja y lo
hacen con una frecuencia y severidad bajas. Este grupo es mayoritario entre los
agresores. El riesgo con este tipo de agresores es que la violencia escale y
acarre consecuencias físicas y psicológicas mucho más fuertes. Mi hipótesis es
que este tipo de agresores son los que han aumentado más su ritmo de agresión
habitual. El riesgo de letalidad es bajo en este grupo, pero las consecuencias
de la violencia no letal son amplias y limitan el día a día de las mujeres en
lo social y laboral.
En cuanto a las víctimas, además de hacer la denuncia, ¿existe
alguna conducta recomendable mientras las autoridades actúan?
Mientras las autoridades actúan, es deseable que las víctimas
busquen sostén legal, psicológico y hasta económico. Si lo encuentran del
Estado, mucho mejor. Pero esto no siempre es posible con la calidad deseada.
Afrontar una denuncia dura meses y hasta años hasta la sentencia. Se debe
fortalecer o acudir a las redes familiares y locales. Y mientras que las redes
locales que pueden brindar apoyo escasean, las redes familiares suelen apoyar
pero también presionar para que no se quiebre la relación con el agresor por la
vergüenza de tener una mujer con hijos y sin un hombre que la cuide. Es también
ideal elaborar un plan de seguridad que, basado en evidencia, le permita a la
víctima saber qué acciones debe tomar para estar segura. Asimismo, esto incluye
saber qué hacer cuando esté en peligro inminente de agresión.
¿Qué rol debe cumplir la sociedad civil en estas circunstancias?
Sumaría a la sociedad civil y al académico. Por el lado de la
sociedad civil, creo que es necesario no solamente reportar las cifras, sino
decirle con detalle y directamente al Estado qué medidas son probadamente más
efectivas para combatir la violencia. En estos dos meses de cuarentena, el
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables no ha cubierto las
expectativas del hipo de violencia de género que vivimos. Se han emitido un par
de decretos legislativos interesantes, pero con utilidad práctica bien
limitada. Son poco accionables. Paralelamente, la atención de la crisis
sanitaria se ha sobrepuesto al de la violencia familiar y le ha quitado
notoriedad a lo que algunos han llamado una pandemia en la sombra.
Desde la academia, habría que poner más atención al tema de
violencia, hay muy poca gente investigando el tema a pesar de la relevancia de
este. Debería preguntarse cuáles son las intervenciones que funcionan mejor
para resolver este problema, tanto a nivel nacional, regional e institucional.
La idea es ir más allá de solo brindar recomendaciones generales o de sentido
común.
Finalmente, si bien toda solución tiene varias aristas y la
mejor forma de responder es hacerlo de forma integral, ¿en qué aspecto de la
lucha contra este tipo de violencia debería hacerse más énfasis?
La respuesta es complicada. Existe un montón de aristas que se
tienen que trabajar de manera paralela. Pero algo necesario justamente por su
ausencia es el trabajo de violencia en parejas adolescentes. En este grupo aún
existen posibilidades importantes para cambiar comportamientos a futuro. Cuando
se trabaja con mujeres u hombres mayores a 20 años, la posibilidad de cambiar
una situación de agresión es mucho más baja. Ya hay habitualidad. Las campañas
de comunicación rara vez tiene resultado. Hay que buscar iniciativas pensadas
en cambios de conducta, giro de estereotipos e incentivos para el cambio.
