Esta última semana el norte del Perú se conmovió ante la denuncia de la desaparición de 10 menores de edad, todos escolares, en Cajamarca. Dos días después ubicaron a 4 de ellos en un hotel de Chiclayo. De los demás aún no se tiene rastro. ¿Quién los captó? ¿Cómo se trasladaron de Cajamarca a Chiclayo sin permiso de los padres? ¿Qué hotel los alojó sin autorización escrita?
Por otro lado, ya han transcurrido más de 4 meses desde la trágica desaparición y muerte en San Juan de Lurigancho de la niña de 11 años, María Jimena. La indolencia de la policía para aceptar la denuncia por desaparición de una niña al interior de una comisaría causó mucho malestar. Malestar que se transformó en indignación y rabia cuando la niña fue encontrada violada, asesinada e incinerada.
A partir de ese momento diversos medios de comunicación iniciaron una campaña con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la necesidad de prevenir a los niños, niñas y adolescentes sobre los diversos riesgos que implica ausentarse de un lugar sin el conocimiento de los padres o tutores.
Pero, sobre todo, la campaña estaba orientada a sacudir al Estado de su indolencia e indiferencia.
Se recordaron otras tragedias. Se miró al exterior para aprender de las experiencias. Se habló de la alerta Amber. Se recordaron normas, reglamentos y directivas, todas vigentes, orientadas a facilitar las denuncias por desaparición de un menor de edad, persona mayor o discapacitada. El ministro del Interior de la época anunció el inicio de un moderno sistema de alertas y la puesta en marcha de un sistema nacional para el registro y la búsqueda de personas desaparecidas. Prometió una policía en constante alerta y dispuesta a salir en búsqueda inmediata. Todo para marzo de este año.
¿Qué tenemos hoy? ¿Ha cumplido la Policía Nacional con entregar un sistema de búsqueda de personas desaparecidas de alcance nacional? Sólo en parte, pues el actual registro “Te Estamos Buscando”, solo reúne las denuncias de menores de edad desaparecidos en Lima y una que otra denuncia en el ámbito nacional. Tampoco se está registrando a los adultos mayores o discapacitados, como manda la ley. Por ejemplo, los menores de edad desaparecidos en Cajamarca lamentablemente no se encuentran en el actual registro, lo que hubiera podido permitir que los transportistas, dueños de hoteles y la población pudiesen identificarlos. La policía debe evaluar la mejor manera de que su registro pueda usarse a nivel nacional. No es fácil, pero hay que hacer el esfuerzo. En lo que va del año el Registro Policial alberga a 152 menores de edad desaparecidos (119 mujeres y 33 hombres). La búsqueda que hemos realizado en los medios de comunicación sobre personas desaparecidas da cuenta de decenas de casos más que aún falta registrar.
¿Qué hacer? Invocar a los medios de comunicación para que vuelvan a poner el tema en la agenda; solicitar a nuestros congresistas de las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos, de Mujer y Familia y, de Defensa y Orden Interno, que convoquen al Ministro del Interior y al Director General de la Policía Nacional para que informen sobre el cumplimiento de sus obligaciones y se comprometan a un plan de trabajo, con responsables y tiempos definidos para poder contar con un adecuado sistema de registro integral , moderno y nacional.
Por último, solicitar a la Defensoría del Pueblo que se interese en cada una de las regiones del país sobre el registro de personas desaparecidas, sin importar sexo, edad o cualquier condición, pues toda persona desaparecida merece ser buscada por el Estado Peruano. Invocar a la sociedad civil y motivar a los familiares de quienes no son habidos –y que no ven avance alguno en la búsqueda de sus familiares– a que denuncien públicamente esta situación, pues mientras más tiempo pasen sin encontrarlos, más se pone en riesgo la vida y la salud de las personas desaparecidas.
A ver si con estas medidas el Estado adquiere un nuevo impulso para trabajar en favor de las personas desaparecidas.
