16.05.2018 por Andina
La Defensoría del Pueblo pidió a la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Tumbes intensificar las intervenciones en establecimientos, como bares y cantinas, ante las denuncias de captación de mujeres –entre ellas ciudadanas venezolanas– para este tipo de actividad ilícita.
Agregó que la Oficina Defensorial (OD) de Tumbes constató que en las últimas semanas han surgido una serie de avisos en redes sociales promoviendo la contratación de mujeres, en especial de nacionalidad venezolana debido al incremento del ingreso de este grupo de ciudadanas a nuestro país por la frontera peruano–ecuatoriana.
En tal sentido, la Defensoría del Pueblo considera necesario que se realicen más operativos en negocios como bares y cantinas de Tumbes, lugares donde estas personas estarían siendo víctimas de explotación laboral y sexual, vulnerando claramente sus derechos.
En esa línea, el lunes 14 de mayo la OD de Tumbes realizó el seguimiento a la intervención policial a un establecimiento que promovía aparentemente la trata de personas. En el operativo se rescataron a 4 víctimas, entre ellas una menor de edad de nacionalidad venezolana.
Los comisionados defensoriales verificaron a través de una serie de diligencias que la menor se encuentra bajo custodia de la Unidad Central de Asistencia a Víctimas y Testigos del Ministerio Público.
Además, se han realizado entrevistas a las demás víctimas para brindarles la asesoría correspondiente y se ha coordinado con la Organización Internacional para las Migraciones a fin de que se atiendan sus necesidades de kits de higiene personal.
La Defensoría del Pueblo recuerda que la trata de personas constituye un delito que vulnera un conjunto de derechos humanos y que afecta principalmente a mujeres, entre niñas, adolescentes y adultas.
En este sentido, recomendó en su último informe “Trata de personas con fines de explotación sexual en agravio de mujeres adultas. Estudio de casos en las regiones de Lima, Madre de Dios, Piura, Paco, Lambayeque, Huánuco y Cusco” optimizar la coordinación entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, mediante la implementación de un plan comunicacional, a fin de realizar las diligencias policiales oportunas y necesarias para la identificación de los presuntos/as responsables, así como disponer lo operativos policiales que son vitales para combatir esta grave problemática.
