Los peruanos y las peruanas, los medios de comunicación y las redes sociales están conmocionados por la inexplicable historia del asesinato de María Jimena, una niña de once años que fue engañada, secuestrada y asesinada por un depravado que ya tenía antecedentes de agresión sexual a otras menores de edad.
María Jimena, a su corta edad, tuvo que vivir una situación indeseable para cualquier ser humano. Su familia también sufrió las consecuencias de esta pérdida, pues tuvieron que afrontar la inacción, poca preocupación y desidia de algunos y algunas integrantes de un sistema policial que, en vez de proteger a la ciudadanía, la expone al peligro.
Como María Jimena, muchas otras niñas, niños y adolescentes, son engañados y manipulados para cumplir con la voluntad de algún depravado, inclusive en el marco de la trata de personas. Por ejemplo, en setiembre del año 2014, se hizo pública la violación y explotación sexual de una menor de edad. La responsable de esta aberración fue una persona de su propio entorno y dos de sus clientes explotadores eran policías, uno de ellos, de alto rango. Por este caso se vienen realizando varios procesos penales, en uno de los cuales se ha sentenciado a la persona tratante a 35 años de prisión.
Sin embargo al inicio de este caso, conocido como “Aucayacu”, hubo una seguidilla de malas prácticas policiales y fiscales, que felizmente fueron detectadas y corregidas a tiempo. Asimismo, se ha podido conocer la poca consideración que tienen algunas autoridades para recibir e investigar este tipo de casos, donde se vulnera los derechos y la integridad física y psicológica de una menor de edad.
Los errores se iniciaron desde que los fiscales competentes en Aucayacu tomaron la declaración de la menor en las instalaciones de la fiscalía y no a través de una Cámara Gesell, como está establecido, justamente para evitar la re victimización de la niña. Asimismo, y a pesar de que los hechos narrados por la menor claramente evidencian un caso de trata de personas, algunos responsables solo han sido procesados por violación sexual y favorecimiento a la prostitución.
Otra enseñanza del caso Aucayacu, así como el de Canto Rey, es que la policía elude sus responsabilidades, encubriendo voluntaria o involuntariamente a los perpetradores o agresores sexuales. Mientras que en el caso Canto Rey no reaccionaron inmediatamente frente a la denuncia de la familia por la desaparición de María Jimena, en el caso Aucayacu la policía no abrió el proceso de investigación respectivo a los presuntos responsables. Por si fuera poco, los policías que estaban siendo procesado, no fueron retirados de sus cargos, sino que se les derivó a otras localidades o puestos a cumplir tareas administrativas.
Entonces, ¿en qué situación se encuentran nuestros menores de edad? ¿Nuestras autoridades los están defendiendo realmente o nos falta voluntad política para ello? Peor aún, ¿qué estamos haciendo nosotros como ciudadanos? ¿Cómo podemos permitir que más niñas y niños tengan que pasar por estas situaciones? ¿Qué está haciendo el Estado por prevenir, por un lado la participación de sus propios agentes en este tipo de delitos y, por otro, la impundad que generan con sus malas prácticas?
Estado y sociedad civil debemos reflexionar y tomar decisiones sobre nuestras acciones para evitar que eventos como la muerte de María Jimena o el caso Aucayacu no sucedan con tanta cotidianeidad y para que los niños, niñas y adolescentes dejen de pagar las consecuencias de nuestras adyacencias.
