De la misma manera en que crece y se moderniza el comercio, la industria, las comunicaciones, entre otras actividades lícitas de la región, lo hace el delito.
Sin olvidar que los atracos cometidos por carteristas, cogoteros y pericotes de poca monta son los más numerosos y por tanto afectan a la mayoría de la población, es cada vez más visible en la región la presencia de poderosas organizaciones que de modo sistemático logran amasar grandes fortunas por la vía de la extorsión, el sicariato, estafa o trata de personas.
Primero fueron -desde inicios de la década pasada- los crímenes por encargo ligados a la minería ilegal en Suyo y Las Lomas; les siguieron el accionar de las mafias de tratantes como la del caso La Noche; las jugosas extorsiones de la Cruz de Piura puestas al descubierto el año pasado; y ahora los “Gatilleros de Caracol”, organización con tentáculos en varias regiones, parecida a la “Gran familia”.
No llama la atención que estas mafias pongan la mira en Piura, dado el crecimiento poblacional, económico y comercial que experimenta la región; pero sí preocupa que el Estado no se fortalezca, ni modernice sus mecanismos locales en la lucha contra el crimen organizado.
Tal como sucedió con la Cruz, la Dirincri Lima y la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado han tenido que venir a hacer lo que debieron haber hecho los policías y fiscales piuranos. Más grave aún, se sabe que un equipo de la Divincri Piura ya había detectado a la organización, e incluso pidió la detención de dos de ellos, pero ¿no tuvo respuesta del Ministerio Público?.
Así el panorama, urge que la región cuente de una vez por todas con una unidad élite contra el crimen organizado y replantee el trabajo de sus agentes de Inteligencia.
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