Experto internacional sostiene que el
castigo físico y humillante debe prohibirse con norma específica
Integrantes
de diversas organizaciones de sociedad civil vinculadas a la promoción de los
derechos de la niñez se reunieron ayer para analizar los mecanismos y acciones
necesarias para la protección de miles de niñas, niños y adolescentes, quienes,
bajo la modalidad del castigo, son víctimas de agresiones propinadas por sus
propios padres, madres y otros familiares.
Para esta
finalidad, las organizaciones, agrupadas en el Colectivo
Interinstitucional por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes “Vota
por la Niñez”, coordinado por la Mesa de
Concertación para la Lucha contra la Pobreza, dialogaron con el experto
internacional Peter Newell, coordinador de la Iniciativa Global para poner fin al
Castigo Físico y Humillante de niñas, niños y adolescentes, quien señaló la necesidad de la aprobación de una ley específica
que prohíba de manera expresa toda forma de castigo físico y humillante hacia
niñas, niños y adolescentes. “El propósito es darle un mensaje muy claro a los
padres y a toda las sociedad de que ya no es aceptable golpear a un niño, como
tampoco lo es golpear a nadie más”, afirmó.
El
especialista explicó que con la aprobación de una norma específica y corta, que
vaya acompañada de educación pública dirigida a las personas adultas se puede lograr cambios muy rápidos de actitudes
tradicionales y prácticas violentas hacia la niñez. Recordó que en el año 1979,
Suecia fue el primer país que prohibió de manera específica toda forma de
violencia para lo cual impulsó campañas de difusión y educación “en solo un año
más del 90 por ciento de la población sabia acerca de la ley”.
De la misma
manera resaltó que no se puede permitir ninguna forma de castigo corporal o
humillante y que se debe respetar la igualdad de los derechos humanos de la
niñez, “los niños son más vulnerables al impacto de la violencia que otras
personas” sostuvo.
Las
representantes de las organizaciones exhortaron a los poderes Legislativo y
Ejecutivo a impulsar una norma específica con estas características debido a
que facilitaría su difusión. Recordaron que este pedido ya fue realizado en el mes de febrero tanto a la
presidenta del Congreso Ana María
Solórzano, como a la titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables, Marcela Huaita.
