En las investigaciones contra la criminalidad organizada, la policía no necesitará autorización judicial ni fiscal para proceder a la incautación de los objetos, instrumentos, efectos o ganancias del delito.
Además, se autoriza la interceptación telefónica en investigaciones de 14 delitos: secuestro, trata de personas, pornografía infantil, robo agravado, extorsión y tráfico ilícito de drogas.
Igualmente en: tráfico ilícito de migrantes, delitos contra la humanidad, terrorismo y traición a la patria, peculado, corrupción de funcionarios, delitos aduaneros y lavado de activos.
Estos aspectos forman parte de las modificaciones legales introducidas por la Ley N° 30077 contra la criminalidad organizada.
En tanto, en la lucha contra la delincuencia callejera, carteristas y 'cogoteros', la Ley N° 30076 autoriza a los jueces a disponer la obligación de los procesados de someterse a tratamientos de desintoxicación de drogas o alcohol, como reglas de conducta.
Para estos malhechores, la posibilidad de recuperar la libertad, después de ser detenidos, solo será en la primera oportunidad que lleguen ante un juez.
Luego, las penas se incrementarán, en caso de reincidencias o habitualidad del delito hasta en una mitad por encima del máximo legal, lo que implicará su ingreso a prisión, sin la probabilidad de acogerse a los beneficios de semilibertad y/o liberación condicional.
Además, se buscará que el delincuente restituya el bien robado ya sea mediante su devolución, y si esto no fuera posible por haber sido destruido, usado o vendido, se procederá a decomisar los bienes que tenga el agresor hasta por el valor del objeto sustraido.
Dado que las penas y los procedimientos policiales y judiciales se han hecho más estrictos, las leyes 30076 y 30077 han establecido una serie de reglas que deberán tener en cuenta las autoridades durante la investigación y juzgamiento.
CONFESIÓN
Así la confesión solo tendrá valor cuando sea corroborada por otro elemento de convicción, sea sincera y prestada ante el juez o el fiscal, con presencia de su abogado.
Para suplicar la confesión, el principal elemento utilizado actualmente por la policía para resolver un crimen común, ahora los agentes dispondrán de otros mecanismos de investigación, como el agente encubierto, objeto controlado y/o seguimiento y filmación.
Igualmente, una sentencia a uno de los participantes en la comisión de un delito, se considerará prueba cuando se juzgue a sus cómplices, lo que evitaría la repetición de algunas diligencias e incluso amenazas a los testigos.
Otro tema en el que las nuevas leyes hacen hincapié, es que el fiscal tendrá que sustentar en una audiencia pública por qué un procesado debe ingresar a prisión de inmediato, sin esperar la sentencia.
Lo mismo cuando un condenado pida una liberación condicional o semilibertad, en los pocos delitos leves en el que aún persisten estos beneficios, el juez realizará una audiencia en la que debatirá si el reo ya no es un peligro, para otorgársela.
A estos condenados que recuperen su libertad se les podrá establecer un mecanismo de vigilancia, como las esposas (marrocas) electrónicas.
LAS NORMAS YA EMPEZARON A APLICARSE EN LIMA Y CALLARO
Los jueces de Lima y Callao ya empezaron a aplicar las reglas de procedimiento dispuestas por las leyes 30076 y 30077.
En el Callao, el primer caso en el que se aplicaron dichas normas, fue en la denuncia presentada por el fiscal adjunto Juan Rosas Castañeda contra las jóvenes "burriers" Michaella McCollum Connolly y Melissa Reid por el transporte de 11,5 kilos de cocaína. El juez Dilo Huamán Quintanilla dispuso realizar una audiencia pública, en la que luego de escuchar al fiscal y a las detenidas, dispuso su ingreso a prisión.
En Lima, el juez de turno César Riveros Ramos, en audiencia pública, dispuso el ingreso a prisión de Maritza Mallque Gavilán, por delito de robo y secuestro.
FINANCIAMIENTO
El presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza Ramírez, saludó las leyes números 30076 y 30077 señalando que recogieron los aportes de los jueces penales de todo el país.
Sin embargo, Mendoza advirtió problemas por la falta de financiamiento para su implementación y que todos los casos de criminalidad organizada a nivel nacional se concentren en la Sala Penal Nacional, con sede en Lima.
