16 de febrero de 2010

Informe Especial: Trata de menores e impunidad.


Extraído del Diario la Primera / Vilma Escalante

(1) Los menores de edad continúan siendo las principales víctimas (2) Los tratantes asientan su sucio negocio cerca a las minas. (3) La Policía requiere más apoyo del Ministerio Público y del Poder Judicial.

La pasividad ante casos comprobados de trata de personas y, sobre todo, de menores de edad, continúa siendo una constante de la justicia peruana, como demuestra la decisión del juez del juzgado de Investigación Preparatoria de Espinar (Cusco) Prudencio Aymituma Quispe de ordenar sólo la comparecencia de tres adultos que explotaban sexual y laboralmente a adolescentes en diversos centros nocturnos de la provincia cusqueña de Espinar, prostituyéndolas con trabajadores mineros. Los tres acusados fueron sorprendidos en flagrante delito durante un operativo coordinado entre efectivos policiales de la sección de Trata de Personas de la Divincri Cusco y el ministerio Público; delito que significa una pena no menor de 12 años por tratarse de un grupo de víctimas sometidas a una organización criminal,

Así esta región de gran atracción turística nacional e internacional, lamentablemente asociada a la explotación sexual de menores y a la pornografía infantil, es nuevamente escenario de casos de trata de personas que alcanzan ribetes alarmantes, favorecidos por la falta de operatividad de las entidades judiciales.

Al respecto, Claudio Bonatto, representante legal de la veeduría Mirada Ciudadana del Capital Humano y Social (CHS)-Alternativo, afirma que la situación denunciada demuestra que todavía persiste desconocimiento del tema por parte de las autoridades llamadas a sancionar a los responsables, así como más mecanismos de prevención para hacer efectiva la lucha contra este flagelo que azota a la humanidad entera y que atenta contra los principales derechos de las personas que son convertidas en “cosas” y mercancía con la que lucran estas poderosas mafias.

Menores prostituidas
La jefa de la Sección de Investigación de Trata de Personas de la Divincri-PNP-Cusco, teniente Suly Vásquez Revilla, reveló a LA PRIMERA que los investigadores obtuvieron información sobre menores que se encontraban trabajando en los nigth clubs de Yauri-Espinar y eran explotadas en forma laboral y sexual.

Resulta que los tratantes las ofrecían como damas de compañía a los trabajadores de la minera cercana Tintaya, que acudían todos los fines de semana hasta estos centros a libar licor y mantener relaciones sexuales con las menores.

Explicó que, ante la falta de logística, el personal especializado en trata de personas bajo su mando, recién pudo viajar recientemente hasta la zona para cumplir con el plan aprobado por el general jefe de la X-Dirtepol-Cusco. Es así que desde el doce de enero se desarrollan trabajos de inteligencia con el fin de corroborar la veracidad de los datos obtenidos, objetivo que fue alcanzado.

Detalló que el 17 de enero fueron intervenidos a las 01.15, en forma simultánea y con participación de los representantes del ministerio publico de Espinar, los locales nocturnos “Caribeña”, “El Embasy” y “Venus”, ubicados en la provincia de Espinar-Yauri.

Precisó que en el local “Caribeña” había 29 varones y mujeres que laboraban en dicho establecimiento como mozos, cajera, propietaria y damas de compañía y luego de la correspondiente identificación se rescató a dos menores víctimas de explotación laboral y sexual, de iniciales L.M.M. y M.Q.H., ambas de 17 años .

Asimismo, fue detenida Stefany Laura Oblitas (30), administradora y propietaria del local “El Embasy”, en el que fueron encontradas 7 mujeres y 2 varones y rescatada una menor de edad de iniciales Y.T.V. (17), víctima de explotación laboral y sexual.

Entre los detenidos estuvieron el administrador, Mauricio Santamaría Castro (32), la propietaria del inmueble, Gaby Nely Díaz Díaz (25), y el cajero Daniel Fernando Huamán Turpo (25). En el “Venus” fueron halladas cinco personas, un varón y cuatro damas de compañía, entre las se identificó a la menor S.R.V.T.(15), razón por la que fue detenido a Paul Elvis Gavilán Ramos (39), administrador y encargado del local.

La jefa de la sección de Investigación de Trata de Personas del Cusco afirmó que, tras las diligencias correspondientes y luego de poner a disposición de la autoridad competente a los detenidos, el 21 de enero, la policía entregó a las cuatro menores recuperadas a la ciudad de Cusco, por disposición del Fiscal Provincial de Familia de Espinar para ser internadas en calidad de custodia en el hogar “Virgen de Natividad”, en vista de encontrarse en Abandono Moral y Peligro material, para luego ser entregadas a sus progenitores previa identificación de éstos.

Luego del dictamen del juez del juzgado de Investigación Preparatoria de Espinar, Prudencio Aymituma Quispe, quien ordenó la comparecencia a los presuntos autores, solo Estéfani Laura Oblitas quedó detenida en virtud de una de orden de captura por otra acusación, referida al delito contra la fe pública.

Cusco, punto de origen y tránsito
Las adolescentes rescatadas provienen de: Cusco (Quillabamba, Sicuani), Arequipa y Puno y la teniente Vásquez advierte que el execrable delito de trata de personas se ha incrementado considerablemente en el Cusco, que se ha convertido en una zona de origen y tránsito de víctimas.

Graficó que los tratantes llevan chicas del sur del país hacia el norte y vicerversa, usando los mecanismos que distinguen a este delito, como la amenaza y las falsas promesas laborales, para lo cual usan diferentes medios, antes de separarlas de sus familias e incomunicarlas, como forma de dominarlas por completo.

Relató que en la calle Belén de la ciudad del Cusco existen tres locales que colocan avisos de trabajo como medio para captar menores a los que ofrecen buenos trabajos y un buen ingreso como meseras, para cuidar niños, empleadas del hogar, etc. Sin embargo, luego las víctimas son llevadas a diferentes ciudades como Quillabamba, Puerto Maldonado, Huaypetue, Puno, Moquegua, Tacna, Juliaca y Arequipa.

La teniente Vásquez comentó que durante el 2008 y 2009, luego de realizar seguimientos en la calle Belén, que es un centro de trata, la policía logró intervenir en 20 casos de flagrante delito y recuperar menores de edad.

“Lo más triste es que los fiscales y jueces desconocen este delito y recién el año pasado algunos han llevado seminarios de Trata de Personas, pero son pocos los que han tomado conciencia de ello, pues el mayor problema que afrontamos es que estas autoridades no nos apoyan y toman este delito a la ligera” se lamentó la jefa policial.

El abogado de Mirada Ciudadana coincidió con ella, pues dijo que, efectivamente, a las autoridades encargadas de sancionar a los responsables de trata les falta más conocimiento del tema y sus complejidades y puso como ejemplo que la mayoría de casos son presentados como proxenetismo, delito penado con penas leves.

Empero, consideró positivo que hasta la fecha se haya podido obtener 17 sentencias privativas de libertad por la comisión del delito de Trata de Personas y señaló que el Código Penal establece escalas de penas que, según los agravantes, oscilan entre 12 y 20 años de cárcel para quienes resulten responsables de este horrible delito, aunque se da casos que han merecido penas de hasta 30 años como una sentencia dictada en Trujillo que sentó precedente en la materia, y para ello se conjugaron no sólo que las víctimas sean menores de edad, sino otros factores de riesgo ante su vida por parte de la acción de una organización criminal como son las mafias de tratantes de personas.

El representante de Mirada Ciudadana refiere que, si bien es cierto que aún falta mucho por hacer, la Comisión Multisectorial constituida en el Perú a partir de la Ley 28950, denominada Ley contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes y fundamentada en los acuerdos establecidos en el Protocolo de Palermo, hizo posible con su esfuerzo la reglamentación de la referida ley.

Esta Comisión Multisectorial, al estar constituida por diferentes organismos del Estado, como los ministerios de la Mujer y Desarrollo Social, Interior, Transporte, Justicia, Trabajo y otros organismos, compromete a estos a aportar para el cumplimiento de las norma y de los compromisos asumidos por el Estado.

Finalmente, el doctor Bonatto subrayó que las menores recuperadas de las redes de sus explotadores en Espinar requieren de una ayuda sicológica y atención adecuada antes de retornar a sus hogares y una vez en ellos, afirmó, hay que tener mucho cuidado, toda vez que las mafias de tratantes pueden intentar volver a captarlas o atentar contra ellas y sus familias.

A veces hay complicidad familiar
Bonatto subrayó que las propias familias de las menores deben ser investigadas porque muchas veces sucede que algunos de sus seres cercanos son los promotores de la explotación de las muhachas. Si no son los padres son los tíos, padrinos o hermanos. Precisamente, en el caso de Espinar una de las víctimas resultó siendo hermana de una de las presuntas tratantes.

La sentencia de 30 años dictada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de la Libertad en contra de Elvis Paz Barrientos por el delito de Violación de la Libertad Sexual y Trata de Personas en agravio de la menor M.LL.U., si bien es cierto sentó precedente, todavía es insuficiente debido que son pocos los casos de sentencias efectivas impuestas a las mafias de tratantes.

La menor fue captada en Tumbes por el delincuente, quien la invitó a su domicilio con el pretexto de que viera unas blusas y polos para luego proponerle ir a Chiclayo a vender la mercadería. Al llegar a su destino, la menor se percató que se encontraba en la ciudad de Trujillo, donde fue trasladada a un hospedaje llamado La Cochera ubicado en el asentamiento humano El Milagro, donde fue sometida a vejámenes sexuales y posteriormente obligada a trabajar en un prostíbulo, a cambio de cuarenta nuevos soles por servicio, hasta que logró escapar.

Tras desbaratar los argumentos esgrimidos por la defensa, el tribunal estableció plenamente que se cometió el delito de Trata de Personas pues se conjugaron todas las características propias de este crimen como el engaño, el traslado de la menor a Trujillo. En lo que se refiere al consentimiento, el suyo carece de relevancia, máxime si se tiene en cuenta que la agraviada, al momento de ocurrido los hechos, tenía 13 años, 7 meses y 13 días de edad.

Vilma Escalante
Redacción

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