En el mes de agosto se realizó la presentación del VII Informe
Alternativo – Balance de la sociedad civil sobre la situación de la trata de
personas en el Perú a nivel nacional, este es un exhaustivo y detallado balance
de la sociedad civil sobre las acciones adoptadas por las instituciones
públicas de los distintos niveles de gobierno los dos últimos años para
implementar el vigente Plan Nacional contra la Trata de Personas.
Este documento, desarrollado por CHS Alternativo con el apoyo de
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional- USAID,
señala importantes retos que el Estado debe cumplir a corto plazo; tales
como la implementación de un programa presupuestal multisectorial para encarar
la trata de personas en todos los niveles de gobierno.
El pasado 2 de agosto el jefe del Gabinete, Walter
Martos, y la ministra de Economía y Finanzas, María
Antonieta Alva, sustentaron, ante el pleno del Congreso, los
proyectos de Ley de Presupuesto, de Endeudamiento y de Equilibrio
Financiero del Sector Público para el Año Fiscal 2021, el cual suma S/ 183 029
millones, un 3,2% más respecto al presupuesto público del 2020 (S/
177 367 millones).
Los sectores cuyo presupuesto se ha incrementado son educación y
salud, que considera el financiamiento de la atención sanitaria en el marco del
Covid-19.
“Es necesario incrementar la asignación presupuestal para la
lucha contra estos delitos, se estima que se requieren, al menos, 96 millones
de soles para financiar el PNAT el 2021. Queda de nuevo como un pendiente, pese
a que ya se cuenta con la Ley 30925, que se inicie un programa presupuestal
para financiar el plan ya mencionado”.
Es comprensible que se priorice la atención y prevención
sanitaria del Covid-19, pero no se puede dejar de lado, las otras consecuencias
que esta pandemia está generando. El incremento de la pobreza, la informalidad,
el subempleo y la inseguridad están trayendo consigo más víctimas de
trata de personas, trabajo forzoso y explotación sexual.
Es necesario incrementar la asignación presupuestal para la
lucha contra estos delitos, se estima que se requieren, al menos, 96 millones
de soles para financiar el PNAT el 2021. Queda de nuevo como un pendiente, pese
a que ya se cuenta con la Ley 30925, que se inicie un programa presupuestal
para financiar el plan ya mencionado.
Asimismo, los gobiernos regionales y locales deben asignar en
sus presupuestos las partidas correspondientes para la lucha contra la trata de
personas y no descuidar su ejecución correspondiente.
Los animamos a exigir una respuesta más decidida y eficiente del
Estado peruano; un primer paso será a través de la firma de un petitorio para
que el presidente del Consejo de Ministros y el Ministro del Interior rindan
cuentas este 2020 ante el Congreso sobre las acciones de prevención y lucha
contra la trata de personas. Que sustente la necesidad de un incremento
presupuestal. Hagamos que se cumpla la Ley 29918.
Ver también: entrevista a Percy
Castillo
