Por El Búho
Es llamada la “nueva esclavitud” y no es percibida como un delito por gran parte de la población. Hablamos de la trata de personas, un delito que afecta a miles de personas en el país y no es ajeno a Arequipa.
En nuestra región, las modalidades de trata más comunes están relacionadas a la explotación sexual y laboral. Ambas relacionadas a la minería ilegal, prostitución y aprovechamiento doméstico.
Las provincias de Caravelí y Camaná, en las localidades de Secocha, Ocoña y Chala, son los focos donde se comete este delito. Las cifras son alarmantes. Allí las víctimas son obligadas a trabajar en “prostibares”, campamentos mineros o en trabajos domésticos.
No obstante, la mayoría de casos denunciados corresponden a la provincia de Arequipa. Según información de Capital Humano y Social Alternativo, el 50% de casos de trata se registró en la capital de la región. La tercera parte de los casos corresponde a explotación laboral, mientras que una de cada cinco denuncias es por mendiciadad. Le sigue la ya mencionada provincia de Caravelí, con 15%.
"Arequipa es la sexta región con más casos de trata de personas, con 75 casos registrados en el 2017. De cada 10 víctimas, 8 son mujeres. El 78% son captados con falsas ofertas laborales."
VI Informe Alternativo de Trata de Personas en Perú 2017 – 2018
La problemática no es ajena a la opinión pública en Arequipa. En julio del 2016, la Policía y el Ministerio Público intervinieron viviendas de dueños de la cadena de chifas “El Gavilán”. El operativo permitió el rescate de 33 jóvenes de entre 17 y 25 años. Los dueños del negocio, los esposos Gabino Apaza y Lourdes Candia, huyeron antes que el Poder Judicial dictara prisión preventiva contra ambos.
Difícil de probar
Pese a los esfuerzos de los operadores de justicia y colectivos, la trata de personas tiene un índice de encarcelamientos poco alentador. Según la fiscal de Crimen Organizado, Rosmery Mendoza, se trata del delito más difícil de probar. Al depender de las declaraciones de las víctimas, los cambios de testimonio o retiro de denuncias terminan por echar abajo las investigaciones. Mayormente, por amenazas de los tratantes o miedo a represalias.
De otro lado, el desconocimiento de algunos operadores de justicia hace que las denuncias no reciban el tratamiento debido. Un ciclo que se repite entre las víctimas y efectivos de la Policía Nacional. Quienes la sufren, en su mayoría, no son conscientes del delito de trata.
Además, las defensas de los denunciados también entorpecen los procesos. Principalmente, interponen quejas en contra de los fiscales encargados del caso. Algunas con el fin de excluirlos de las investigaciones y otros para afectarlos con multas y reparaciones.
Finalmente se informó que el Ministerio Público recibe entre 3 a 4 denuncias de trata de personas a la semana.
