17.04.2018 por El Comercio
“Fui fiscal antidrogas y pensé que había conocido el peor de los delitos, pero me equivoqué”, confiesa Andrónika Zans, actual titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas del Cusco. Zans ha descubierto (a la fuerza y con pesar) que internarse en el mundo de la trata es más que un calvario. Peor aun, lograr meter a la cárcel a los implicados en captar a las jóvenes para explotarlas sexual y laboralmente.
“Nosotros vivimos de cerca el drama de las víctimas. Por eso, nos indignamos cuando un juez nos dice que no condenarán a los detenidos”, cuenta Zans.
En el Perú, la trata se castiga con penas de entre 12 y 20 años de prisión y hasta con un máximo de 25, si la víctima es menor de edad.
Sin embargo, lograr sentencias condenatorias se ha convertido en un dolor de cabeza para los fiscales y un martirio para las víctimas.
Las estadísticas de la fiscalía lo confirman. Entre el 2016 y el 2017, solo se emitieron 68 sentencias por trata en ocho regiones del país, pese a que hubo 122 operaciones y más de 200 investigados. De las sentencias emitidas, 46 fueron condenatorias y 22 absolutorias.
Para el coordinador de las fiscalías especializadas contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina, el problema se da porque los jueces no estarían entendiendo la complejidad jurídica de la trata y la están confundiendo con el proxenetismo y la explotación sexual.
“Nosotros les tenemos que demostrar que la trata es un delito que tiene varias fases, como la captación y el traslado de la víctima, y tiene como finalidad última la explotación sexual”, explica.
En Madre de Dios, una de las regiones con el mayor número de operaciones contra la trata, se identificó un problema mayor. De las 13 sentencias dictadas, en cinco absolvieron a los investigados.
Según Luis Sánchez Villarán, titular de la Fiscalía de Trata de Personas de esa región, las cinco sentencias tuvieron el mismo argumento de la polémica sentencia de Javier Villa Stein. “Los jueces dijeron que no hubo explotación porque no hubo ‘agotamiento físico’ de la menor. Felizmente, esos jueces ya no están”, alerta Sánchez.
—Impunidad cero—
La policía ha advertido que el 30% de los menores que desaparecen termina en manos de tratantes. Por ello, asegura Ricardo Valdés, director de la ONG CHS Alternativo, es necesario que se frene la impunidad que impera con este delito. “Sabemos que solo seis de cada cien imputados por trata reciben una sentencia. Hace seis años, el ratio de impunidad era 1,8 por cada 100 imputados”, afirma. Buscamos a los jueces para que expliquen su versión, pero no tuvimos respuesta.
—La pena más alta es de 35 años—
En diciembre del 2017, la fiscalía de Andrónika Zans consiguió ganar una batalla: el Poder Judicial sentenció a 35 años de prisión a Benito Callo Lipa por el delito de trata de personas y explotación sexual.
Lipa fue capturado cuando, junto a su pareja, pretendía llevar a tres adolescentes a trabajar en un bar en Madre de Dios. Las niñas tenían documentos de identidad falsos. Esta es la condena más alta que se ha logrado por trata.
Vía El Comercio
