Entrevista “Trata de personas, responsabilidad compartida”


Entrevista a Ariel Ramírez Quiroga. Sub director de la Fundación Munasim Kullakita.
Ante la celebración del II Gabinete Binacional entre Perú y Bolivia que tuvo lugar en Sucre, Ariel Ramírez Quiroga de la organización sin fines de lucro boliviana Munasim Kullakita discute la importancia de ampliar las acciones binacionales más allá de los compromisos y el diálogo. El objetivo, asegura, es ofrecer soluciones a situaciones urgentes como las que se viven en la zona minera de La Rinconada en Puno donde miles de personas, víctimas de trata, viven bajo condiciones de explotación.
1. ¿Cuáles son las modalidades de trata internacional más frecuentes entre Perú y Bolivia y a qué sectores de la población suele afectar más? 
Nuestra Fundación efectuó una profunda investigación sobre el problema de la trata en Bolivia que publicó en el texto “Dinámicas de la Trata, Proxenetismo y Violencia Sexual Comercial en NNA en Bolivia”. En base a esta investigación identificamos que la forma más común de captación de adolescentes bolivianos con fines de trata al Perú es mediante el engaño con falsas promesas de trabajo, utilizando como puntos de salida fronterizos Desaguadero y Casani.
En estos estudios también logramos identificar numerosos casos de captación mediante acciones coercitivas, como las son el secuestro o amedrentamiento. En estos casos las niñas, niños y adolescentes son sacados el sector de Apolo, colindante con Iquitos y Madre de Dios. Las poblaciones más afectadas son niñas y adolescentes mujeres entre los 11 a 17 años.
2. Actualmente se estima que más de 2,500 adolescentes bolivianas, entre 14 y 17 años, son víctimas de trata con fines de explotación sexual en la zona minera de La Rinconada en Puno. ¿Qué acciones han tomado los gobiernos de Perú y Bolivia para lidiar con este problema?
Lamentamos comentar que las acciones binacionales solo han quedado manifestadas en seminarios o talleres. Es fundamental que existan operativos conjuntos en estos sectores tanto la policía, fiscalía y si es posible sociedad civil como veedores, situaciones que hasta la fecha no existen.
En La Rinconada el delito de la trata de personas no solo alcanza a las niñas y adolescentes sino a otros sectores de la población. Además, desde Bolivia hemos identificados muchos casos de trata que tienen como destino Iquitos y Madre de Dios, por lo que las acciones no se deben concentrar en Puno sino en otros puntos clave del país.
3. ¿Qué políticas públicas conjuntas entre Perú y Bolivia de deberían tomar para luchar contra la trata de personas? 
Como primera acción los gobiernos siembre buscan aprobar protocolos, sin embargo, protocolos existen muchos. Lo que falta son acciones operativas en terreno efectivas.
Para que estas operaciones sean efectivas deben implicar necesariamente la utilización de agentes encubiertos de ambos países, para identificar e investigar los casos de niños, niñas y adolescentes en La Rinconada, Iquitos y Madre de Dios.
Una operación efectiva también implica la realización de Operativos Conjuntos con las instancias competentes de ambos países, una vez efectuada la investigación. Luego de estas operaciones se debe priorizar el resguardo y protección de las víctimas y finalmente, se debe gestionar y procurar su repatriación.
4. El año pasado ¿qué compromisos se firmaron en la isla de Esteves con respecto a la trata de perdonas? ¿Esta semana en Sucre se vio un avance sobre estos acuerdos? 
En el I Gabinete Binacional que se desarrolló en la Isla de Esteves en Puno en el 2015 entre Perú y Bolivia, se llegó a tres principales acuerdos competentes a la trata de personas.
El primero consistió en llevar adelante una agenda estratégica de cooperación que atienda los desafíos del presente y se proyecte con visión de futuro, particularmente en beneficio de los pueblos de las zonas fronterizas andina y amazónica, de gran riqueza natural y diversidad cultural.
En un segundo acuerdo ambas naciones reiteró su  voluntad de enfrentar decididamente el narcotráfico, el lavado de activos, la corrupción, el contrabando, la trata de personas y la minería ilegal, a cuyo efecto dispusieron se otorgue la máxima prioridad al cumplimiento de los compromisos del Plan de Acción adjunto, como punto de partida de una estrategia binacional integral.
Finalmente en un tercer momento se resolvió la suscripción de un acuerdo para fortalecer la lucha contra la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y los delitos conexos. Todos estos puntos fueron ratificados este año durante el II Gabinete Binacional que se desarrolló en Sucre y esperamos se puedan cumplir e implementar de manera certera.
5. ¿Qué avances puntuales se lograron en la lucha contra la trata de personas durante el II Gabinete Binacional?
Durante el II Gabinete Binacional se llegó a dos acuerdos visibles. El primero tiene que ver con la elaboración de un Protocolo Binacional de investigación, rescate y repatriación. Y un segundo relacionado al trabajo con organizaciones especialistas de la sociedad civil y el estado boliviano en las acciones mencionadas a través de reuniones binacionales destinadas a compartir experiencias.
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Editorial N° 197: LA TRATA DE PERSONAS ENTRE PERÚ Y BOLIVIA: UN PROBLEMA MÁS ALLÁ DEL PROTOCOLO

El intercambio vivo de culturas, pueblos, lenguas, y costumbres entre Perú y Bolivia, así como la historia y topografía que los unen, hacen que sean los dos países que mayores puntos en común comparten de todo el Continente Americano. Lamentablemente esta concordancia también se traslada a la lucha en común que libran contra la trata internacional de personas que afecta a ambos países.
Según la Secretaría de Estado de los EEUU, Perú y Bolivia son catalogados como países de Tier2, una categoría que describe a aquellos Estados que no cumplen con los estándares mínimos internacionales pero que realizan esfuerzos contra la trata. Es un problema que se origina en los grandes paralelos de pobreza y desigualdad que hacen que los ciudadanos y ciudadanas de los dos Estados sean blancos fáciles para los tratantes. Y que se potencia por las rutas fronterizas de contrabando y tráfico de drogas que nutren a las rutas de trata de personas y tráfico de migrantes.
Las consecuencias de este problema en común, que afecta en su mayoría a víctimas procedentes de Bolivia como país de origen, podemos verlo en zonas de alta concentración de minería ilegal como La Rinconada, en Puno. En este lugar las autoridades estiman que más de 2500 bolivianas, en su mayoría jóvenes y adolescentes, se encuentran en condiciones de trata con fines de explotación de sexual. La localidad cuenta con cerca de 71 mil trabajadores de diversas industrias informales que alimentan el círculo delictivo, sin embargo, la localidad solo cuenta con 48 efectivos policiales.
Esta semana el Presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski viajó a Sucre para reunirse con su homólogo Evo Morales en el II Gabinete Binacional entre Perú y Bolivia. Entre los temas prioritarios en agenda se encontraba la articulación de esfuerzos para luchar contra actividades ilícitas entre las cuales se enumeró a la trata de personas. A su regreso de Bolivia, la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana María Romero, quien anunció como parte de un plan estratégico la convocatoria de reuniones trasnacionales destinadas a compartir experiencias sobre este delito.
CHS Alternativo celebra que desde el año pasado -cuando se llevó a cabo el I Gabinete Ministerial en la Isla de Esteves en Puno- la lucha contra la trata de personas sea un tema de agenda bilateral. Sin duda la aprobación del Acuerdo entre la República de Perú y la República de Bolivia para fortalecer la lucha contra la trata de personas, el tráfico de migrantes y los delitos conexos, será fundamental para el desarrollo de políticas de Estado certeras en esta material. Sin embargo, de año en año los avances del Estado no son lo suficientemente significativos para disuadir a los delincuentes que encuentran en la trata de personas un negocio extremadamente rentable debido a los altos índices de impunidad que se manejan entre ambos países.
Desde la conformación de la Fiscalía Especializada de Trata de Personas en Puno en agosto del 2015, el Ministerio Público ha liderado más de 15 intervenciones, rescatado a más de 300 víctimas en colaboración con la policía y ha denunciado más de 100 casos penalmente. De esta pequeña experiencia podemos deducir que la realización de operaciones conjuntas en el terreno es la mejor forma de recabar información que de otra manera permanecería oculta a simple vista. Luego de estas operaciones, el resguardo y protección de la víctima, así como su repatriación y reinserción debería ser prioridad. Sobre este último punto el II Gabinete Binacional logro importantes avances aprobando el “Protocolo Binacional de Investigación, Rescate y Repatriación”, pero ese es solo el primer paso.
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Editorial N° 196: DE LA ESCLAVITUD A LA MESA

Los peruanos invertimos millones de soles al año en conservas de atún sin preguntarnos los procesos que confluyeron para que ese producto llegue a nuestra mesa a los precios de oferta que solemos aprovechar en el escaparate. Desde hace varios meses la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) viene denunciando que, desde la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Tailandia en él 2010, el Perú consume conservas de atún producto de la utilización de mano de obra proveniente de niños, esclavos e inmigrantes ilegales.
Una publicación de la revista Caretas muestra la cruda e injusta realidad a la que son sometidas miles de personas, incluidos niños, niñas y adolescentes, que son obligados a vivir en condiciones insalubres en barcos pesqueros, trabajando más de 20 horas al día. Según la SNI, la industria pesquera en el Perú es cómplice de esta realidad a través de las empresas Fanny, A-1, Bell’s y Florida, cuyos empresarios deciden ignorar una realidad denunciada internacionalmente para generar mayores ganancias.
Desde CHS Alternativo, consideramos que situaciones como éstas generadas por amplias brechas económicas y sociales, son inaceptables y configuran una de las peores formas de trata de personas con fines de explotación laboral.  En este sentido, las políticas de nuestro país deben apuntar al respeto de los derechos humanos de todas las personas que son parte de la cadena de producción de los bienes que consumimos las y los peruanos, sean o no elaborados en nuestro país.
Lamentablemente, estas empresas no son las únicas. En el Perú esto ya ocurre en otras industrias como la agrícola, textil, minera y tala. Para afrontar esta tendencia y hacer que estas prácticas no sean económicamente viables, existen dos caminos. El primero, implica que el estado sancione a estas empresas por incurrir en prácticas de competencia desleal al comprar materia prima que no cumpla con los estándares mínimos de respeto a los derechos humanos. El segundo, que requiere la  participación de todos como ciudadanos/as, es sancionar con la no compra de sus productos a empresas que sabemos están aprovechándose de las malas prácticas que ocurren en otros países para bajar sus precios.
Según la SNI, en los últimos tres años se han perdido más de 125 mil empleos en la industria pesquera producto del ingreso de materia prima importada a un menor precio. La esclavitud moderna en la forma de trata de personas con fines de explotación laboral nos afecta directa o indirectamente a todas y todos. Por eso, ya no es suficiente revisar las etiquetas en los mercados para corroborar si las empresas a las que les compramos cumplen con estos entandares. Es nuestro deber ciudadano estar informados y utilizar el consumo responsable como un arma de lucha y respuesta solidaria.
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NP 017 - 2016 - Sala de Villa Stein tiene hasta el 13 de octubre para sustentar fallo en caso de trata ante el CNM

La resolución del Consejo Nacional de la Magistratura abre investigación preliminar por presunta infracción al deber de motivación de las resoluciones judiciales.

Lima, 05 de octubre del 2016 - El Consejo Nacional de la Magistratura otorgó diez días hábiles, hasta el 13 de octubre, a los miembros de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia para que presenten la documentación “que consideren pertinente” en su defensa. Esto luego que el CNM resolviera investigar a los doctores Javier Villa Stein, Josué Pariona, Dubelí Rodríguez, César Hinostroza y José Neyra por considerar que existe una “presunta infracción al deber de motivación” del fallo que emitieron frente a un caso de trata de personas. Si la investigación determina la existencia de una falta grave, como lo es la falta de “motivación”, los magistrados de la Sala Pena Permanente de la Corte Suprema podrían ser sancionados.  

Al considerar que la sentencia emitida por la sala presidida por Villa Stein no estaría suficientemente “motivada”, el CNM quiere decir que los criterios que usó la Sala podrían haber sido insuficientes para resolver el caso; o, que los magistrados no justificaron suficientemente su decisión. Para Luis Enrique Aguilar, Sub Director de Capital Humano y Social Alternativo (CHS Alternativo), en este caso los jueces no consideraron leyes nacionales e internacionales que protegen a una adolescente frente a la explotación en prostitución y el trabajo infantil.

Antecedentes:

En el 2015 el Ministerio Público presentó ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema un recurso de nulidad solicitando se revierta el fallo de la Corte Superior de Madre de Dios que absolvía del delito de trata de personas a Elsa Cjuno Huillca. En este caso, donde la víctima tenía 14 años, quedó probado que la menor era explotada más de 12 horas al día vendiendo alcohol en un “prostibar” de propiedad de Cjuno Huillca. El 28 de enero, sin embargo, la Sala presidida por Villa Stein rechazó el pedido de nulidad bajo el criterio que el trabajo de dama de compañía, por más de doce horas al día, realizado por una menor de edad, “no implica por sí mismo explotación laboral,” debido a que no produce cansancio físico.

En su oportunidad CHS Alternativo consideró preocupante “cómo los jueces interpretan la explotación laboral, ya que la capacidad de una persona de estar explotada o no, no tiene que ver con el esfuerzo que requiere el trabajo, sino principalmente con la capacidad de poder decidir si está o no en una relación laboral,” asegura Aguilar.  Por eso, entre el 13 y 14 de setiembre del 2016, Capital Humano y Social Alternativo (CHS Alternativo), Grupo de Iniciativa Nacional por los Derechos del Niño (GIN) y Terre des Hommes Suisse denunciaron el fallo ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Posteriormente, el 28 de setiembre el CNM resolvió abrir una investigación preliminar que podría terminar en una sanción a los magistrados de la Sala Pena Permanente de la Corte Suprema si se determina que no “motivaron” adecuadamente su sentencia.

CHS Alternativo interpreta que existe una clara falta de motivación en la sentencia de la Sala presidida por Villa Stein, debido a que no se consideraron leyes vigentes como el Código de Derechos del Niño, la Convención de Derechos de Niño e incluso nuestra regulación en relación al trabajo infantil, al trabajo forzoso o la  trata.  “La sentencia parece no considerar que la víctima era una menor de edad realizando actividades prohibidas para una menor de edad, como vender alcohol; que es una actividad peligrosa,” razona el subdirector de CHS Alternativo. Asimismo, para Aguilar resulta más grave que “los magistrados no consideren que la situación de dama de compañía en una menor de edad, más allá si hayan contacto sexual con los clientes, ya es una situación de explotación sexual porque se la está colocando en un lugar sexuado con la finalidad clara de explotarla.”

El 13 de octubre los magistrados deberán presentar por escrito cualquier prueba que consideren pertinente al Consejo Nacional de la Magistratura. Por un lado, para CHS Alternativo, esta es una oportunidad para los jueces de aclarar su decisión. Por otro, si es que se llega a la conclusión de que los magistrados no resolvieron adecuadamente y son sancionados, esta podría ser una oportunidad para la víctima de iniciar un proceso constitucional de amparo. Recordemos que, en el largo plazo, el Tribunal Constitucional es el único que tendría la potestad de decirle a la Corte Suprema que revise el caso.

CHS Alternativo realizará un seguimiento permanente a este caso por su trascendencia, ya que el objetivo es que las cientos de denuncias por trata de personas que esperan un veredicto no caigan en la impunidad por la mala interpretación de la norma de algunos jueces.

Datos Informe Alternativo 2015-2016:

1. Entre enero del 2015 y mayo del 2016, la DIRINTRAP-PNP reportó la realización 32 mega-operativos y 195 operativos donde se rescataron a 2,361 víctimas.

2. Del 2009 a julio del 2016 de 2666 imputados solo 109 han recibido sentencias. Además menos de tres de 100 procesados son sentenciados.

3. De enero a diciembre del 2015, de 321 procesos penales que ingresaron por mesa de partes, solo dos recibieron sentencias.

4. De enero a mayo del 2016, en un total de 302 casos en proceso, 42 obtuvieron sentencias condenatorias y 11 fueron absueltos. 227 siguen en proceso.  

5. 86% de las víctimas que denuncian no son derivadas por la PNP ni reciben atención por parte del ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
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