Entrevista al Dr. Gino Costa, Congresista de la República
1. Como congresista de la República comprometido en la lucha contra la trata de personas y considerando las propuestas sobre trata de personas establecidas en el Plan de Gobierno del Partido “Peruanos Por el Kambio”, ¿qué medidas legislativas en torno a este delito piensa proponer en el Congreso?
Debemos destacar que la Constitución Política de 1993 prohíbe la trata de seres humanos en cualquiera de sus formas. En la última década se han dado normas importantes, como la Ley 28950 del 2007, que adecúa nuestra legislación al Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que Complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Protocolo de Palermo), así como la Ley 30251 del 2014, que precisa el contenido del delito y facilita su aplicación.
No obstante, continúa en agenda la modificación de algunos artículos del Código Penal que describen delitos de explotación, como la violación de la libertad de trabajo (artículo 168) y la exposición a peligro de persona dependiente (artículo 128), para brindarles el mismo grado de protección que a las víctimas de trata de personas. Asimismo, como llaman la atención la Defensoría del Pueblo y CHS Alternativo, sería necesario ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), relacionado al trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores del hogar.
2. Tomando en consideración la composición del actual Parlamento, ¿cuáles cree usted que son las posibilidades para un trabajo multipartidario en torno al delito de la trata de personas? ¿Qué medidas considera que se pueden desarrollar?
La trata de personas es un delito que afecta la propia dignidad humana, especialmente de los grupos más vulnerables. El Perú no es ajeno a este fenómeno delictivo, cuya lucha no tiene tinte político. Es más, durante la última legislatura se constituyó en el Congreso de la República el Grupo de Trabajo de Lucha contra la Trata de Personas, impulsado sobre todo por la congresista Karla Schaefer Cuculiza, la actual ministra de Justicia y Derechos Humanos Marisol Pérez Tello y la excongresista Natalie Condori.
Definitivamente, me sumaré a dichas actividades, con el propósito de contribuir a fortalecer la lucha contra la trata de personas en nuestro país, especialmente con la labor de control y fiscalización de las políticas y los planes que se implementan, la constitución de mesas de trabajo y la realización de audiencias públicas especializadas.
3. El Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2017 – 2021 se encuentra actualmente en diseño. Como congresista de la República, ¿qué recomendaciones de objetivos usted pediría incorporar para este plan?
Como se señaló en el Plan de Gobierno de Peruanos Por el Kambio, en las secciones sobre seguridad ciudadana y derechos humanos, es prioritario fortalecer la lucha contra la trata de personas. Ello exige el diseño y la implementación de un nuevo Plan Nacional de Acción para el próximo quinquenio, en el marco de la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus diversas Formas de Explotación, las leyes nacionales e internacionales vigentes, principalmente bajo una perspectiva de prevención y protección de los derechos humanos de las víctimas y sobrevivientes de este delito. El Poder Ejecutivo debe asegurar los recursos presupuestales necesarios para ello, quizá con la creación de un programa presupuestal, bajo la lógica del presupuesto por resultados.
El enfoque del Plan Nacional debe ser integral, que incluya, cuando menos, los ejes de prevención; de persecución y sanción; de protección y asistencia a las víctimas; y, de cooperación internacional. Asimismo, debe definir instrumentos e indicadores claros para su monitoreo y seguimiento.
4. En el libro Trata de Personas e Inseguridad Ciudadana, elaborado por Ricardo Valdés y Carlos Basombrío, se menciona la necesidad de institucionalizar espacios de diálogo, de decisión compartida y vinculante, entre la sociedad civil y los gobiernos locales y regionales. ¿Qué posibilidades existen para que estas recomendaciones puedan implementarse? ¿Qué nuevas medidas usted propondría implementar?
En efecto, el actual ministro del Interior Carlos Basombrío y su viceministro de Gestión Institucional Ricardo Valdés, han recomendado “la institucionalización de espacios de diálogo, decisión compartida y vinculante, entre la sociedad civil y los gobiernos regionales y locales”.
Cabe destacar que, en este aspecto, algunos Gobiernos Regionales han avanzado con la constitución de redes y comisiones regionales, y la aprobación de sus correspondientes planes de acción. Debe garantizarse que las ciudades con mayor incidencia de trata de personas cuenten con estos instrumentos.
Esta labor debe ser acompañada por el Gobierno Central, especialmente a través de la nueva Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, presidida y dependiente del Ministerio del Interior, para su adecuado funcionamiento y la asignación de los recursos necesarios. También deben establecerse indicadores claros que permitan su seguimiento y monitoreo, entre otros, por parte de los congresistas de las regiones concernidas.
También es importante que estas instancias coordinen sus esfuerzos con los comités de seguridad ciudadana de sus respectivas jurisdicciones, que forman parte del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC), que son los encargados del diagnóstico de la inseguridad, la violencia y el delito, y la formulación de las respuestas de política pública para hacerles frente.
5. El nuevo Reglamento de la Ley contra la Trata de Personas atribuye responsabilidades y competencias en la lucha contra la trata de personas a los gobiernos locales y regionales. Como especialista en temas de seguridad ciudadana, ¿qué medidas recomendaría más allá de lo que la Ley y su Reglamento establecen como obligatorias y prioritarias?
Respecto a esta última pregunta, quisiera relevar dos acciones que, en Peruanos Por el Kambio, consideramos especialmente relevantes.
Primero, asegurar la adecuada protección integral de las víctimas de trata de personas, especialmente la construcción de albergues especializados, bajo la rectoría del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En la actualidad, CHS Alternativo nos recuerda que solo una de cada 23 víctimas menores de edad puede ser atendida en un albergue especializado.
Segundo, hacer más efectiva la persecución penal de los tratantes, toda vez que menos de dos de cada cien imputados son sentenciados.
