Entrevista “Acciones del estado en la lucha contra la trata de personas en Puno requieren estrategias de sostenibilidad”

Entrevista al Padre Michael George Imhof Dangel, miembro de la Red Kawsay
1. Por la experiencia de trabajo que tiene en Puno, ¿cuál considera que es el giro más relevante que ha tenido el delito de trata de personas, en esta región, durante los últimos años?
Los números aumentan. Hay más casos, hay también más ingresos por el lado de Bolivia, es decir, entran personas por Cojata. Sabemos que es un tema grande, y creo que un giro positivo es que ahora tenemos una Fiscalía Especializada en Juliaca y que también estamos por implementar una sala para las personas, ahora podremos acoger a unas seis. Eso es lo que estamos trabajando. Siento que también que hay más conciencia al respecto, como operativos frecuentes en Juliaca también, pero mientras haya oro en La Rinconada, no va haber solución.
2. Considerando que existe una alta presencia de actividades ilícitas como el contrabando y la minería en la región Puno, así como también, que la pobreza y la informalidad son problemas característicos de la región. Desde su perspectiva, ¿qué debería caracterizar a las estrategias de prevención que se realizan desde el Estado?
Lo que yo más digo es que el movimiento de las personas no se presenta tanto en las fronteras clásicas de contrabando, es decir, en Ilave, en la parte norte, Desaguadero o en Kasani, sino que es más hacia el norte, en la entrada directamente hacia la Rinconada, donde, efectivamente, la informalidad es un modo de vida, en Puno, y en Juliaca particularmente. El fiscal hace sus operativos, cierra los locales, pero estos vuelven a abrir. No hay una coordinación por parte del Estado con respecto a este problema. También siento que la gente se ha acostumbrado. Nosotros escuchamos historias terribles, por ejemplo, en la “Andina” (la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez de Puno) hay gente que va y ofrece servicios de personas en La Rinconada, y obvio, el dinero es rápido, en dos meses las chicas pueden tener suficiente dinero para costear sus estudios. El costo humano no lo perciben. Esa es mi impresión. La imagen que tienen las chicas de ellas mismas, que tienen historias de violencia, explotación y machismo, las hacen más vulnerables, les parece casi normal. Con tal que ellas obtengan dinero por eso, están dispuestas a hacer cualquier cosa. Quien se quiere y se estima no va a caer tan fácil en eso.
3. En el marco de la próxima presentación del Cuarto Informe Alternativo, ¿cuál cree que es la percepción de la sociedad civil en Puno sobre el trabajo del Estado en la lucha contra la trata de personas en la región?
Claramente, hay conciencia de que hay mucha más acción por parte del Estado. En la prensa, permanentemente, hay informes, y por ello existe la percepción de que el Estado está actuando. Ahora, no sé si ante la magnitud del problema, en qué sentido esto realmente es sostenible a largo plazo. Nosotros nos damos cuenta cada vez más de la magnitud del problema por las intervenciones del Estado y hay cierta inercia. A mediano plazo, mi esperanza es que los números efectivamente vayan disminuyendo. En ese momento, la sensación es que los números aumentan porque el Estado hace más, sobretodo la Fiscalía. La Fiscalía Especializada en delitos de Trata de Personas tiene un equipo muy bueno, su personal es de primer nivel, la sala de acogida también está bien. Lo que también es claro es que no se cierra el ciclo. Es decir, no se les da [a las víctimas] la posibilidad de una real reinserción, para eso todavía no hay una estrategia.
4. ¿Cómo ha venido trabajando la Red Kawsay la lucha contra la trata de personas en Puno? ¿Qué ejes de trabajo (prevención, persecución, atención, asistencia) se han priorizado? 
Nuestro fuerte es la prevención, entregamos materiales de CHS Alternativo, trabajamos en la catequesis, en las comunidades campesinas, hemos hecho cientos de eventos de sensibilización en Chucuito, en Puno mismo. Desde el 2015, la decisión es trabajar mucho más en incidencia, por eso tenemos presencia en la Red de Puno contra la Trata de Personas. Hemos perfeccionado la sala de atención en Juliaca en coordinación con la Fiscalía. Nuestro sueño es tener un espacio de reinserción para víctimas mayores de edad. En ese momento, estamos colaborando con el Centro de Atención Residencia (CAR) “Fátima”, vamos con cierta frecuencia, conocemos a las chicas, hacemos talleres para los que trabajan ahí, para un poco también atender a los que atienden, es un trabajo que no se hace mucho. Nuestro sueño es hacer un trabajo de continuidad con las chicas, es decir, una vez que cumplan 18 años, que puedan trabajar con nosotros y que tengan espacios de reinserción. El trabajo fuerte en Juliaca es sobre todo la prevención. La trata de personas es un tema muy duro en la región, entonces, como iglesia no podemos hacernos los desentendidos, en los talleres que hicimos con sacerdotes, todavía tenemos poca respuesta, pero hay que apuntar al que sí quiere comprometerse. De esta forma, para muchas parroquias el tema de la trata de personas ya es parte de la formación en la catequesis.
5. En Puno, la existencia de fronteras vivas y de pasos ilegales son un factor que posibilita la existencia del tráfico ilícito de migrantes en la región, ¿cuál considera que es la capacidad de respuesta del Estado para rescatar a las víctimas en estos casos? ¿Existen rutas de atención elaboradas para la atención de ellas?
Cuando son menores de edad las ingresas al CAR, tanto CHS Alternativo como nosotros estamos haciendo presencia con el CAR “Fátima” para que los profesionales sepan un poco cómo es el perfil de las víctimas. Hemos hecho todo lo que pudimos, hemos hecho lo del Protocolo, todo en teoría y en articulación esta trabajado, ahora, lo único que falta es hacerlo y ponerlo en práctica. Si nosotros caminamos con el Estado, desde nuestra experiencia, la gente de buena voluntad se mueve. Lo más importante, como sabemos, es ponerle presupuesto. Otra cosa que me preocupa es que dicen que en Juliaca van a hacer un centro grande de reinserción. Yo tengo mis reservas frente a eso porque nuevamente terminan de matizarlas. Si tú tienes un espacio identificable sobre esa problemática, las chicas no van a querer estar ahí, es nuestra convicción, tienes que trabajar de forma más inteligente, de perfil bajo.
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Editorial N° 193: SOCIEDAD CIVIL ELABORA CUARTO INFORME ALTERNATIVO SOBRE TRATA DE PERSONAS

La trata de personas o también señalada como la esclavitud del siglo XXI, sigue siendo un delito desconocido para gran parte de nuestra población, sin embargo existen muchos involucrados, en el sector público, privado y sociedad civil, que trabajan con la fuerza que este flagelo social, requiere para ser combatido.
Identificar a la trata de personas como un delito dependerá, en parte, de quienes tienen mayor oportunidad de informar a la población, es así que los medios de comunicación se convierten en aliados principales en esta lucha. Durante el año 2015 identificamos una cobertura de más de 700 notas de prensa, abordándola desde distintos ángulos; en el mismo periodo de tiempo, durante el 2016, hemos contabilizado más de 1300 notas. Podemos deducir que esta problemática empieza a ser reconocida y tornarse un tema importante para los periodistas y editores que eligen, entre muchos temas prioritarios, difundir alguno relacionado a una de las más extremas expresiones de violencia contra una persona.
Otro de los puntos fuertes en el trabajo contra la trata de personas, tal vez menos visible que la desarrollada por los medios de comunicación, pero que genera una lucha frontal contra este delito, se ubica en la labor emprendida por la  sociedad civil. Son muchas y diversas las organizaciones que apuntan sus esfuerzos a trabajar para el fortalecimiento de la prevención, persecución del delito, protección y atención a las y los sobrevivientes, buscando que se incremente el compromiso político y éste se refleje  en mayores recursos y mejores capacidades para enfrentar este delito que afecta a miles de ciudadanas y ciudadanos de nuestro país.
Desde CHS Alternativo, como auditores sociales de la gestión pública y en coordinación con otras instituciones de la sociedad civil, elaboramos cada año el Informe Alternativo: balance de la sociedad civil sobre la situación de la trata de personas en el Perú, que consolida un análisis desde la visión de los actores sociales sobre el cumplimiento de las responsabilidades de las instituciones públicas contra este delito. Para la elaboración de este Cuarto Informe Alternativo, se solicitó información de más de 140 instituciones del Estado entre gobiernos locales, regionales y gobierno central involucrados, y se ha validado la información recibida de más de 50 organizaciones de la sociedad civil de  Lima, Puno, Cusco, Madre de Dios y Loreto.
Consideramos que el Informe Alternativo, como expresión de la vigilancia que realiza la sociedad civil a las políticas públicas, es un instrumento que contribuye a medir la voluntad política para prevenir el delito, proteger y reintegrar a las víctimas y perseguir y sancionar a los tratantes; para lograrlo se requiere que el Estado, a través de sus instituciones, se encuentre a la altura del reto que implica poner al ser humano como el centro de la política pública.
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Editorial N° 192: LA REVICTIMIZACIÓN COMO VULNERACIÓN A LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS

Desde CHS Alternativo, nos sumamos a esta iniciativa que busca unir a la sociedad contra todo acto desarrollado que genera una vulneración de la integridad de la mujer, tanto a nivel físico como psicológico, incluyendo la trata de personas. Sin embargo, las acciones violentas no solamente se expresan en la muerte o graves lesiones físicas que deben soportar sus víctimas. Existen otras menos visibles, pero que igualmente dañan a la persona, y que son expresión de una violencia estructural contra la mujer víctima de violencia.
Nos referimos a la revictimización a la que están expuestas las víctimas de esta forma de violencia durante su búsqueda de justicia, protección o reparación, y que se expresa muchas veces, a pesar de algunas medidas estatales existentes, en constantes entrevistas sobre la violencia que vivieron,  realizadas en lugares inapropiados y por personal no especializado; los largos procesos judiciales donde muchas veces deben volver a enfrentarse a sus agresores; la convivencia con operadores de justicia que manejan estereotipos sobre las causas y consecuencias de la violencia contra la mujer, entre otras situaciones.
Frente a este escenario, se han realizado diversos esfuerzos desde el Estado para evitar la revictimización de las personas durante los procesos penales. En este sentido, el Ministerio Público (MP)  ha implementado desde el año 2008 un total de 30 Cámaras Gesell y 31 salas de entrevistas únicas en el país, con el objetivo de realizar una entrevista única a niños, niñas y adolescentes que han sufrido violencia sexual (abuso sexual, explotación sexual y trata con fines de explotación sexual), en un lugar adecuado, con la tecnología adecuada que permita su reproducción posterior para evitar que la misma persona sea quien vuelva a narrar los sucesos; y con personal especializado que realice entrevistas considerando las características individuales de cada uno de los casos.
Si bien el esfuerzo del MP está destinado a los y las menores de edad cuyo fin de explotación fue el sexual consideramos clave determinar los mecanismos que se están utilizando para evitar también la revictimización de las víctimas mayores de edad, y de las niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de otras de finalidades de la trata de personas, como la explotación laboral, mendicidad, entre otras.
Estaremos atentos a las estrategias de gestión desde el Estado que apunten a resarcir la falta de, presupuesto, de personal especializado, de documentación especializada en el trato a víctimas, e incrementar la cantidad de Cámaras Gesell, considerando que independientemente de los servicios que el Estado ofrece  a las víctimas para su recuperación y reintegración a la sociedad, la no revictimización debe ser una prioridad en el abordaje y trabajo dirigido hacia las víctimas de trata de personas, y debe plasmarse en el nuevo Plan Nacional de Lucha Contra la Trata de Personas 2017 – 2021.
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CHS Alternativo realizó actividades contra la trata de personas en Puno

Del 18 al 22 de junio, la ONG Capital Humano y Social Alternativo, en coordinación con la Mesa de Concertación de Juliaca, Puno, realizó diversas actividades en la lucha contra el delito de la trata de personas en la región.

En el primer día se llevaron a cabo charlas educativas a más de 250 alumnos de centros educativos, esta actividad se realizó en coordinación con la Mesa de Concertación de Juliaca y tuvo como objetivo prevenir a los escolares sobre la problemática de la trata de personas y sus formas de captación.


El segundo día, el 19 de Julio, se efectuó un taller de capacitación dirigido a más de 35 miembros de la Red Kawsay de la región sur, con el objetivo de sensibilizarlos en la temática de la trata de personas.


El día 20 de Julio, de forma conjunta con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) se realizó un taller de capacitación dirigido a mas de 50 personas de los equipos técnicos de los Centros de Atención Residencial de la región Puno, con el objetivo de capacitarlos en el uso de la “Guía para la atención a víctimas de trata de personas en Centros de Atención Residencial de niñas, niños y adolescentes”.


El 21 de Julio se llevó a cabo un taller dirigido a miembros de la Mesa de Concertación de Juliaca – Puno, con el objetivo de brindarles información relacionada a la temática de trata de personas.


Finalmente, el 22 de Julio se realizó un taller de capacitación a operadores de justicia, atención y servicios de la región Puno, con la finalidad de garantizar la protección adecuada de los derechos de las victimas de trata de personas.


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Entrevista “La lucha contra la trata de personas no tiene tinte político”

Entrevista al Dr. Gino Costa, Congresista de la República
1. Como congresista de la República comprometido en la lucha contra la trata de personas y considerando las propuestas sobre trata de personas establecidas en el Plan de Gobierno del Partido “Peruanos Por el Kambio”, ¿qué medidas legislativas en torno a este delito piensa proponer en el Congreso?
Debemos destacar que la Constitución Política de 1993 prohíbe la trata de seres humanos en cualquiera de sus formas. En la última década se han dado normas importantes, como la Ley 28950 del 2007, que adecúa nuestra legislación al Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que Complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Protocolo de Palermo), así como la Ley 30251 del 2014, que precisa el contenido del delito y facilita su aplicación.
No obstante, continúa en agenda la modificación de algunos artículos del Código Penal que describen delitos de explotación, como la violación de la libertad de trabajo (artículo 168) y la exposición a peligro de persona dependiente (artículo 128), para brindarles el mismo grado de protección que a las víctimas de trata de personas. Asimismo, como llaman la atención la Defensoría del Pueblo y CHS Alternativo, sería necesario ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), relacionado al trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores del hogar.
2. Tomando en consideración la composición del actual Parlamento, ¿cuáles cree usted que son las posibilidades para un trabajo multipartidario en torno al delito de la trata de personas? ¿Qué medidas considera que se pueden desarrollar?
La trata de personas es un delito que afecta la propia dignidad humana, especialmente de los grupos más vulnerables. El Perú no es ajeno a este fenómeno delictivo, cuya lucha no tiene tinte político. Es más, durante la última legislatura se constituyó en el Congreso de la República el Grupo de Trabajo de Lucha contra la Trata de Personas, impulsado sobre todo por la congresista Karla Schaefer Cuculiza, la actual ministra de Justicia y Derechos Humanos Marisol Pérez Tello y la excongresista Natalie Condori.
Definitivamente, me sumaré a dichas actividades, con el propósito de contribuir a fortalecer la lucha contra la trata de personas en nuestro país, especialmente con la labor de control y fiscalización de las políticas y los planes que se implementan, la constitución de mesas de trabajo y la realización de audiencias públicas especializadas.
3. El Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2017 – 2021 se encuentra actualmente en diseño. Como congresista de la República,  ¿qué recomendaciones de objetivos usted pediría incorporar para este plan?
Como se señaló en el Plan de Gobierno de Peruanos Por el Kambio, en las secciones sobre seguridad ciudadana y derechos humanos, es prioritario fortalecer la lucha contra la trata de personas. Ello exige el diseño y la implementación de un nuevo Plan Nacional de Acción para el próximo quinquenio, en el marco de la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus diversas Formas de Explotación, las leyes nacionales e internacionales vigentes, principalmente bajo una perspectiva de prevención y protección de los derechos humanos de las víctimas y sobrevivientes de este delito. El Poder Ejecutivo debe asegurar los recursos presupuestales necesarios para ello, quizá con la creación de un programa presupuestal, bajo la lógica del presupuesto por resultados.
El enfoque del Plan Nacional debe ser integral, que incluya, cuando menos, los ejes de prevención; de persecución y sanción; de protección y asistencia a las víctimas; y, de cooperación internacional. Asimismo, debe definir instrumentos e indicadores claros para su  monitoreo y seguimiento.
4. En el libro Trata de Personas e Inseguridad Ciudadana, elaborado por Ricardo Valdés y Carlos Basombrío, se menciona la necesidad de institucionalizar espacios de diálogo, de decisión compartida y vinculante, entre la sociedad civil y los gobiernos locales y regionales. ¿Qué posibilidades existen para que estas recomendaciones puedan implementarse? ¿Qué nuevas medidas usted propondría implementar?
En efecto, el actual ministro del Interior Carlos Basombrío y su viceministro de Gestión Institucional Ricardo Valdés, han recomendado “la institucionalización de espacios de diálogo, decisión compartida y vinculante, entre la sociedad civil y los gobiernos regionales y locales”.
Cabe destacar que, en este aspecto, algunos Gobiernos Regionales han avanzado con la constitución de redes y comisiones regionales, y la aprobación de sus correspondientes planes de acción. Debe garantizarse que las ciudades con mayor incidencia de trata de personas cuenten con estos instrumentos.
Esta labor debe ser acompañada por el Gobierno Central, especialmente a través de la nueva Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, presidida y dependiente del Ministerio del Interior, para su adecuado funcionamiento y la asignación de los recursos necesarios. También deben establecerse indicadores claros que permitan su seguimiento y monitoreo, entre otros, por parte de los congresistas de las regiones concernidas.
También es importante que estas instancias coordinen sus esfuerzos con los comités de seguridad ciudadana de sus respectivas jurisdicciones, que forman parte del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC), que son los encargados del diagnóstico de la inseguridad, la violencia y el delito, y la formulación de las respuestas de política pública para hacerles frente.
5. El nuevo Reglamento de la Ley contra la Trata de Personas atribuye responsabilidades y competencias en la lucha contra la trata de personas a los gobiernos locales y regionales. Como especialista en temas de seguridad ciudadana, ¿qué medidas recomendaría más allá de lo que la Ley y su Reglamento establecen como obligatorias y prioritarias? 
Respecto a esta última pregunta, quisiera relevar dos acciones que, en Peruanos Por el Kambio, consideramos especialmente relevantes.
Primero, asegurar la adecuada protección integral de las víctimas de trata de personas, especialmente la construcción de albergues especializados, bajo la rectoría del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En la actualidad, CHS Alternativo nos recuerda que solo una de cada 23 víctimas menores de edad puede ser atendida en un albergue especializado.
Segundo, hacer más efectiva la persecución penal de los tratantes, toda vez que menos de dos de cada cien imputados son sentenciados.
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Editorial N° 191: LA AGENDA PENDIENTE

Un nuevo gobierno y un nuevo Congreso han iniciado funciones y se encuentran en proceso de organización y planificación, lo que genera, como es típico, una incertidumbre funcional que en algunos casos lleva a la parálisis. Mientras tanto, la trata de personas no espera. Las redes criminales, sin importar su dimensión o estructura, siguen captando cada 10 minutos a una víctima de trata, y 200,500 personas siguen esperando salir de la situación de explotación en la que se encuentran, según el Índice Global de Esclavitud. Necesitamos que este periodo sea el más breve posible porque la lucha contra la trata debe continuar.
El Ejecutivo tiene funciones que cumplir y se necesitan acciones urgentes. Por ejemplo, el plan de los 100 días del Ministerio del Interior contempla medidas contra el crimen organizado, que necesariamente deben impactar en la lucha contra la trata de personas. Aunque no se menciona explícitamente la lucha contra este delito, entendemos que medidas como el fortalecimiento de los órganos de inteligencia, la realización de megaoperativos, la conformación de equipos policiales especializados, rigurosos controles contra la corrupción e, inclusive, el programa de recompensas, tendrán en cuenta la urgencia de perseguir este delito. Por supuesto, las responsabilidades del Ejecutivo no se reducen a perseguir el delito y urge también fortalecer los servicios asociados a la atención de las víctimas (por ejemplo, los servicios de salud mental), contar con albergues para víctimas adultas y aumentar los albergues especializados para niñas y niños, fortalecer el servicio de abogacía para víctimas para generar un equipo de respuesta rápida, especializado y eficaz en sus intervenciones frente a los órganos de justicia, entre otros aspectos.
El sistema judicial tiene el gran pendiente y reto de adoptar medidas eficaces para reducir la impunidad y la corrupción que se evidencia en cada proceso judicial contra tratantes. Esto se evidencia en que  de 100 personas procesadas, solo 2 han recibido sentencias condenatorias. El Poder Judicial en especial debe asumir protagonismo frente al Lineamiento General N° 6 de la Política Nacional contra la Trata de Personas que orienta la acción del Estado hacia un mejor procesamiento y sanción de las personas victimarias. En especial, debe existir una justicia predecible para la sociedad y que repara el daño causado a las víctimas, quienes deben percibir que sus denuncias tienen consecuencias positivas para su proceso de recuperación.
El Congreso también tiene una agenda pendiente y es necesario retomar el trabajo multipartidario que caracterizó al Congreso anterior, donde la principal responsabilidad recae, no hay duda, en la primera mayoría. Una de las más importantes tareas a corto plazo es la aprobación de un presupuesto para el año 2017 que demuestre un compromiso compartido entre el gobierno y el Congreso por la lucha contra la trata. El Congreso debe fiscalizar que el gobierno central, los gobiernos regionales y locales, así como los órganos constitucionalmente autónomos, hagan uso del pliego presupuestal establecido por ley, y responsabilizarse que este pliego sea aprobado.
Asimismo, a finales del Congreso pasado se planteó la urgencia de un proceso de armonización de la legislación vinculada a la trata de personas y todas las formas de explotación, específicamente en materia penal, por sus consecuencias en la labor de los operadores de justicia e, inclusive en la labor de los operadores de atención y servicios complementarios. Por ejemplo, urge armonizar las penas entre la trata de personas y los delitos asociados a la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes (las penas son menores en este último caso); es necesario diferenciar la sanción frente a la trata y la explotación sexual infantil de aquellas vinculadas a la explotación de mayores de edad (proxenetismo, favorecimiento de la prostitución, etc.). Además, debe contemplarse sancionar explícitamente otras formas de explotación como el trabajo forzoso o la servidumbre, entre otros. Sólo con una clara voluntad política del actual gobierno podremos avanzar en combatir este delito y evitar que más peruanas y peruanos sean víctimas de la llamada esclavitud moderna.
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