Entevista a Rosa Mavila – Congresista de la República.
1. Según el Índice Global de Esclavitud (IGE), el Perú es el tercer país de América con más víctimas de esclavitud moderna. ¿Qué acciones cree usted que debería tomar el Estado peruano frente a esta realidad? ¿Cree usted que este grave problema debería priorizarse dentro de la agenda política nacional?
Sobre lo primero, en el balance anual sobre el tema de la trata de personas en el Congreso de la República, se desprendía rápidamente una conclusión: Hay mucho hecho sectorialmente de forma no muy coordinada, se priorizan actividades de capacitación, difusión, propuestas de reforma normativa, pero no hay políticas ejecutivas directas contra la trata de personas. Estoy hablando de casas de refugio en lugares de alta vulnerabilidad como Madre de Dios, Puno, Ayacucho o la propia Lima, donde estamos enterados de que hay un importante contingente en temas de trata de personas. En otras palabras, casas de refugio especialmente para que transitoriamente estén ubicadas las víctimas.
Otro tema que me parece muy importante tiene que ver con la política represiva. Según el Poder Judicial, lamentablemente no llegan a 30 los casos de sentenciados por el delito de trata. En los operativos, como en Madre de Dios, hay muchos detenidos y pocos procesados. Aquí tenemos un tema del sistema de justicia, que está significando que hay impunidad en el delito de trata.
La percepción cívica de la problemática es francamente mínima, casi el 70% del país no comprende bien el significado deshumanizador de la trata. Entonces, no solo se deben realizar acciones de sensibilización a operadores, sino también sensibilización mediática, sensibilización institucional, además de también políticas emblemáticas y casos de aplicación de la ley penal.
2. Según estadísticas del Ministerio Público, en el 2015 se ha presentado un incremento en el número de casos de trata de personas con relación a años anteriores. Sin embargo, para el 2016, el presupuesto asignado estaría reducido a un tercio en comparación al 2015. ¿A qué cree usted que se deba este poco compromiso de las autoridades en la lucha contra la trata de personas?
En general, la trata de personas, la criminalidad juvenil y asuntos de género son cárceles, son la “Cenicienta” de los presupuestos públicos porque, por ejemplo, en trata de personas y en juventud se tienen que asignar pedazos de presupuestos sectoriales asignados o subordinados a otros objetivos más macropolíticos. Esto se debe a una incomprensión y a un desconocimiento sobre el significado que tiene la trata de personas desde un punto de vista penal político-criminal, pero también, se debe a una omisión de una política de Estado que debe tener prioridad en el desarrollo humano.
3. Solo 1 de cada 23 víctimas de trata de personas menores de edad puede ser atendida en un albergue especializado. ¿Considera usted que en la actualidad el Estado está asumiendo de forma eficiente la atención y protección de las víctimas de trata de personas?
No se está asumiendo a plenitud, por ejemplo, las Cámaras Gessell, que son los espacios de relatoría con condiciones básicas dirigidas por un psicólogo y que se aplican en delitos de maltrato y violación, no se aplican en casos de trata de personas, o no existen en sitios donde elementalmente deberían estar como en Puno o en Madre de Dios. En Lima, por lo que conozco, no se ha aplicado en casos de trata de personas como parte de una política general institucional del Ministerio Público. Este es un reto para el Estado, es asumir la trata de personas más allá de la denuncia o más allá de la sensibilización o de la capacitación, hay que pasar del dicho al hecho en esas materias.
4. ¿Cuál piensa usted que es el rol que deben tener los congresistas en la lucha contra la trata de personas?
Hay algunas cosas que sí se pueden hacer en el corto plazo, por ejemplo, en el caso del Código Penal, ayer varios congresistas propusimos que no hay que esperar a la promulgación integral del Código Penal, se debe precisar el tipo de trata de personas para introducir las conductas típicas, se puede verificar el cumplimiento real de los protocolos que ya existen, en función de la aplicación de la tarea de fiscalización en el Congreso, pero lo principal es la construcción cívica mayoritaria de una sanción moral, política y a la vez criminal frente a la problemática de la trata de personas.
5. ¿Usted cree que el Estado esté realizando acciones eficientes a fin de reducir la tolerancia social de la trata de personas?
No creo que el Estado esté haciendo algo, hay que hacer campañas promovidas y direccionadas desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, desde el Ministerio de Educación, este ente coordinador debe funcionar con políticas reales de sensibilización masiva, en todos los medios de opinión periódicos, no una vez cada dos años. Hay que construir una identidad ciudadana antitrata. Creo que ese es el objetivo.
