En el marco de las actividades de la Veeduría Ciudadana
Juliaca, oct. 28 - La ciudad de Juliaca fue sede de la presentación del Tercer Informe Alternativo: “Balance de la sociedad civil sobre la situación de la trata de personas en el Perú 2014-2015”. Asimismo, se presentó un informe sobre el trabajo realizado por las veedurías ciudadanas de Juliaca y Puno en materia de trata de personas.
El evento tuvo como panelistas a Rina Sánchez Gamarra, jefa de la Defensoría del Pueblo de Puno; Enrique Álvarez Segura, coordinador de la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza de la provincia de San Román y vocero de la veeduría ciudadana de Puno-Juliaca; Oscar Canales, vocero de la veeduría ciudadana de Puno-Juliaca; Nivardo Enriquez Barriales, comisionado del módulo de la Defensoría del Pueblo de Juliaca; Gladys Quispe Nina, cónsul de Bolivia; y Alicia Solari Caetano, coordinadora de Proyectos de la Organización Capital Humano y Social Alternativo.
De acuerdo al Informe, para el próximo ejercicio fiscal se destinó ocho millones 863 mil 724 nuevos soles, es decir se incrementó en 0.0059%; sin embargo continúa siendo insuficiente. “Esto representa 30 céntimos por ciudadano peruano al año”, dijo Alicia Solari.
Solari agregó que el monto resulta insuficiente para atender, por ejemplo, la creación e implementación de Centros de Atención Residencial y/o albergues para víctimas de trata, tanto para personas mayores y menores de edad, así como para fortalecer la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos del Ministerio Público. “Necesitamos un incremento considerable en el presupuesto,” puntualizó.
Según el Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público, entre el 2009 y el 2014, se registraron 95 casos de trata de personas en Puno, convirtiéndose en la sexta región con mayor número de casos de explotación sexual, laboral y mendicidad. Se informó que en la provincia de San Román se ha incrementado la incidencia de este delito debido a la alta tolerancia social.
“Buscamos mayor compromiso por parte de la ciudadanía para que ayude a identificar los casos de víctimas que sufren esta dura realidad, y denuncien a las instancias correspondientes… de igual forma, buscamos sensibilizar al gobierno local para luchar juntos contra la trata de personas,” acotó Álvarez Segura.
El evento contó con la participación de regidores/as, promotores/as de la sociedad civil, y representantes de juntas vecinales y comités de barrios.
Esta actividad fue posible gracias al apoyo de ICCO Cooperación Sudamérica.
Esta actividad fue posible gracias al apoyo de ICCO Cooperación Sudamérica.
ACUERDOS
En el marco del trabajo de las veedurías de Puno y Juliaca se acordó[1]:
- Evaluar el Plan Regional para la Lucha contra la Trata de Personas y las acciones de la mesa multisectorial de trabajo.
- Desarrollar acciones de incidencia para trabajar y sensibilizar a la ciudadanía y autoridades sobre la problemática.
- Verificar la veracidad de lo informado por los distintos ministerios sobre acciones de capacitación en materia de trata de personas brindadas el 2014.
- Exhortar al Ministerio Público y al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables la creación de un albergue para víctimas de trata de personas.
DATOS
Las principales rutas de trata de personas que involucran a la región Puno como origen son Puno – Madre de Dios, Puno – Tacna, Puno – Cuzco, y Puno – Lima. Las rutas que tienen como destino a Puno son Cuzco – Puno, Madre de dios – Puno, Bolivia – Puno, Apurímac – Puno, y Tacna – Puno.
La Rinconada es conocida como el centro más grande de trata de personas en el Altiplano puneño. Cobija alrededor de 30 mil personas ligadas a la minería informal. La escasa presencia del Estado en esta zona cercana a la frontera con Bolivia hace que el número de policías sea rebasado y sus intervenciones queden inutilizadas. Tras las jornadas laborales los mineros asisten a los casi 200 bares nocturnos. Los favoritos son aquellos que ofrecen servicios sexuales.
