A propósito de los últimos acuerdos alcanzados con mineros informales y del próximo 19 de abril en que se cierra el proceso de formalización ¿qué más podemos decir de este complicado proceso de formalización?
Lo bueno:
Que duda cabe que en un país donde aproximadamente hasta el 35% del PBI y el 70 % de la PEA provienen de la actividad informal, la minería informal ha sido y viene siendo una actividad válida para miles de familias peruanas que han encontrado esta forma de ganarse la vida, como otras familias lo hacen en múltiples actividades informales ligadas a la agricultura, la pesquería , la industria textil, el transporte, el comercio o los servicios por citar unos pocos ejemplos. Nuestra dinámica económica no puede ocultar esta verdad, ni el dinero que esta produce y moviliza.
Por otra parte el Perú siempre ha sido un país con actividad minera ancestral y de iniciativas emprendedoras que no siempre se acomodaron a la vida económica formal. Apenas hace un par de años la minería no formal era una y no se distinguía dentro de ellas a la ilegal. Las normas del 2011 recién trazaron la línea entre lo informal y lo ilegal, al inicio de manera confusa y concentrados tan sólo en Madre de Dios, para luego corregir su alcance a nivel nacional.
Pero ya eran miles los que estaban en esta actividad y, por lo mismo, emergieron dramáticamente los daños económicos, sociales y ambientales que hicieron necesaria su regulación. Se hacía necesario encontrar una salida y el Estado la abordó desde lo legal y programático. Ahora contamos con normas y, en principio, con una estrategia para enfrentar los problemas derivados de la minería informal y de la ahora, minería ilegal.
Lo malo:
El sinnúmero de problemas sociales y ambientales ( los más dramáticos) asociadas a este tipo de actividad informal son inaceptables. La explotación laboral y sexual, la trata de personas, el envenenamiento de fuentes de agua, la eliminación de bosques, la corrupción, todo tipo de tráfico ilícito y, en fin, varias lacras más han rodeado esta actividad ( como otras , incluso formales, hay que decirlo) y se hace necesario enfrentarlas con energía y con recursos, pues así como está determinado el rol persecutorio del delito, también lo están la prevención y la protección de todos aquellos que se han visto afectados por el mismo.
Hay áreas absolutamente liberadas para la delincuencia y el abuso. La explotación de niñas y niños se encuentra documentada con miles de víctimas (al menos más de 10,000 entre Puno y Madre de Dios). Sin embargo también se encuentra documentada la falta de presupuesto para poner en marcha las estrategias de lucha, la incompetencia funcional del Estado y el abandono que nuestro Estado termina por hacer de sus ciudadanos y de sus funcionarios.
La estrategia para enfrentar la minería ilegal e informal debe ser integral, debe contemplar a toda la cadena logística de provisión y comercialización para su control y regulación, así como políticas de inclusión social, de incorporación de las familias dedicadas a la minería a otro tipo de actividad con visión de desarrollo sostenible. Deben contemplarse también medidas de inclusión social para todas las actividades que, como "daño colateral" , se asocian a la práctica informal e ilegal de la minería, incluyendo a todas las personas involucrados en este problema complejo.
Lo feo:
No se puede ignorar la dimensión del fenómeno social que se encuentra tras la minería informal e ilegal. La simple respuesta represiva desde el Estado es insuficiente, estrecha de entendimiento e hipócrita. ¿Cómo no dotar entonces de un presupuesto especial a la lucha contra la minería ilegal o la trata de personas cuando el Estado peruano ha gastado para hacerse publicidad, solo en el año 2013, 467 millones de soles?
En este negocio de la minería informal existe una larga cadena de financistas y concesionarios (mineros formales) que están dispuestos a maximizar sus ganancias con el menor riesgo posible. Ellos también se mueven entre la delgada línea de lo informal y lo ilegal. Tanto los que financian, como los que adquieren y comercializan los productos informales, lo hacen sin declarar muchas veces este lado del negocio.
Así , algunas empresas mineras peruanas "prestan" sus concesiones sin importarles los niveles de explotación laboral de la informalidad, mientras sean estas empresas las que finalmente adquieran la producción informal y se apropian del excedente del menor costo, como consecuencia de la explotación humana, controlando el precio que le pagan al minero informal.
Hay pues demasiados ángulos en este fenómeno social, demasiada gente involucrada en este negocio complejo, así como demasiada debilidad en las políticas del Estado y en la dotación de recursos, como para pensar que se habrán acabado los problemas con este sector a partir del 19 de abril en que se cierra el proceso de formalización.
http://compartidoespacio.blogspot.com/2014/04/lo-bueno-lo-malo-y-lo-feo-de-la-mineria_9.html