28 de marzo de 2014

Editorial: Ni un centímetro


Las protestas de los mineros ilegales que buscan una nueva extensión del plazo para su formalización (que vence pronto) han dejado, hasta el momento, un penoso saldo: varias personas heridas, las carreteras Panamericana e Interoceánica temporalmente bloqueadas y violentos actos vandálicos en el interior del país y en el Centro de Lima. No obstante, afortunadamente el gobierno ha decidido no retroceder y la estrategia dirigida por Daniel Urresti, el alto comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería, Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental, viene dando importantes frutos. 

El Ejecutivo tiene que mantenerse firme, como lo ha venido haciendo, sin retroceder ni un centímetro. Primero, porque no hay nada que discutir con quienes cometen delitos (como agredir a la policía, vandalizar propiedad privada o bloquear carreteras) para forzar al gobierno a sentarse a negociar. A quien extorsiona no se le puede premiar cediendo a sus demandas (salvo que se quiera generar incentivos para que más ciudadanos se conviertan en extorsionadores). En conflictos anteriores el gobierno cometió ese error y envió el mensaje de que la violencia es un camino legítimo para conseguir lo que se quiere de los poderes públicos. Por suerte, en esta oportunidad el primer ministro fue enfático cuando señaló que no negociará “con quien toma como rehenes a los propios ciudadanos”, como también lo fue el presidente Humala cuando precisó que “no vamos a aceptar chantajes de nadie”. 

Es más, según el gobierno, detrás de la marcha se encontrarían organizaciones criminales. De acuerdo con Urresti, el 70% de los manifestantes en Lima son pobladores de Madre de Dios y Puno, quienes han sido contratados por S/.5.000 por mafias dedicadas a la extracción de oro en la selva para que se hagan pasar por mineros descontentos y para que realicen desmanes.

Asimismo, no podemos olvidar que los mineros que no operan dentro de la ley usualmente realizan sus actividades usurpando titularidades ajenas y sin ninguna supervisión ambiental, lo que significa que toman algo que no es suyo y que pueden estar envenenando a la ciudadanía y al medio ambiente con sus actividades. Por ello, no es un argumento válido para extender el plazo de formalización el que muchas familias dependan de esa actividad. ¿Acaso, por ejemplo, sería razón para tolerar temporalmente los robos o el sicariato el que la manutención de las familias de los delincuentes que los cometen dependa de estas actividades?

Finalmente, el Ejecutivo no puede ceder ante las presiones porque ello equivaldría a tirar al agua los enormes esfuerzos que se han venido realizando hasta el momento para combatir a la minería ilegal. Bajo la dirección de Urresti, se han dinamitado varias plantas ilegales de procesamiento, se ha restringido el abastecimiento de combustible y se han establecido puestos de control, entre otras acciones exitosas. Sería un despropósito, luego de tanto trabajo, darles a los ilegales una tregua en este momento.

No han faltado los políticos, sin embargo, que han aprovechado la oportunidad para llevar agua para su molino y han criticado al gobierno por no sentarse a discutir un nuevo plazo con los mineros. Keiko Fujimori tuiteó: “Presidente Humala, los mineros ya se cansaron de la mecedora. Están esperando una salida real para acceder a la formalidad que Ud. ofreció”. El titular del Legislativo, Fredy Otárola, se comprometió a coordinar con las bancadas la posibilidad de ampliar el plazo. El parlamentario Lescano declaró que el gobierno no tenía voluntad para mover nada en este asunto. Y parlamentarios como Amado Romero y Julio Rosas prometieron intermediar en la PCM para que el Ejecutivo atienda el pedido de los ilegales. 

Es, sinceramente, una vergüenza que ciertos políticos respalden a los mineros que actúan fuera de la ley. Por ganarse su simpatía (y sus votos), están defendiendo a una mafia que exporta mercadería ilegal por mayor valor que el narcotráfico, que destruye la Amazonía, que envenena poblaciones enteras y que se dedica a la trata de personas en sus campamentos. Afortunadamente, el gobierno no ha cometido el mismo error y está mostrando valentía al hacer lo correcto.

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