20 de marzo de 2014

Con 3 fiscales y 11 PNP se combate la minería ilegal en Huepetuhe


A pocas semanas para que la actividad minera en la zona de amortiguamiento de la reserva de Tambopata sea desterrada, las autoridades no cuentan con los medios logísticos ni el personal preparado debidamente para enfrentar a los más de 30 mil mineros desplegados aún en la zona.

Esta situación fue constatada por el propio fiscal supremo de Control Interno, Carlos Ramos Heredia, durante una visita que efectuó a Puerto Maldonado, y a Mazuko y Huepetuhe, dos localidades que concentran la minería informal e ilegal.

El alto magistrado del Ministerio Público confirmó en estos puntos que el número de fiscales es insuficiente y que los fiscales no están debidamente preparados para combatir el delito ambiental.
En algunos casos los fiscales ponen en manos de los mismos mineros el oro o el dinero incautado en un primer momento. El 11 de mayo del 2013, la policía intervino a Simeón Rivas Condori y Franco Rivas Cabrera con 3,300 gramos de oro, cargamento cuya procedencia lícita no pudieron demostrar.

Pese a la evidencia, el 18 de mayo, el fiscal provincial adjunto de Mazuko, Juvenal Calcina Alpi, devolvió al minero Rivas Condori el oro, en calidad de custodia, mientras duren las investigaciones, medida que fue recién conocida por la fiscalía especializada dos meses después. Ahora, el procesado Rivas busca acogerse al procedimiento de sentencia anticipada, pero nadie ha vuelto a ver los más de tres kilos de oro.

Medidas poco efectivas

En febrero del 2012, el gobierno del presidente Ollanta Humala modificó el Código Penal para combatir la minería informal, estableciendo penas de hasta 10 años de cárcel para "todo aquel que realice exploración, extracción, explotación u otros actos similares, de recursos metálicos o no metálicos, sin contar con la autorización" de la autoridad administrativa y que cause daño o pueda causar perjuicio al medio ambiente.

Sin embargo, desde esa fecha poco se ha hecho para hacer efectivas las sanciones. La policía o el Ministerio Público no cuentan con medios adicionales para hacer cumplir la ley. Los operativos de interdicción son esporádicos y la policía nacional, aún con los 2,000 efectivos que llegaron el domingo último a Puerto Maldonado, solo se moviliza ante la posibilidad de que se organice una protesta minera.

La misma ley quedó en suspenso al otorgarse a los mineros un plazo para “insertarse en programas sostenidos de formalización de minería”. El plazo vence este 19 de abril; de ahí que los mineros planean realizar este 20 de marzo una movilización en Lima para buscar cambiar las reglas de juego. Ninguno se ha formalizado y saben que no hay cupo en las cárceles ni manos para detener a tanto “minero ilegal”.

Solo tres fiscales

En el distrito de Huepetuhe,  en la provincia del Manu, el centro poblado está controlado por Gregoria Casas “Mamá Goya” y su esposo y el ex alcalde Cecilio Baca. En esta localidad, hay 16 grifos, manejados por Petroperú y por privados; y en la plaza principal se luce la estatua dorada de un minero, un regalo, dicen, de “Mamá Goya”, luego que Huepetuhe lograse ser considerado un distrito.
Pese a imperar la minería ilegal en esta zona, solo 11 policías y tres fiscales mixtos laboran en esta zona. Ninguno de ellos está especializado en delitos ambientales, que es el que tiene jurisdicción para combatir la minería informal.

Se sabe que en esa localidad de fuerte influencia de los mineros, debería haber al menos cinco fiscales con sus respectivos asistentes y administrativos. Los fiscales en Huepetuhe atienden en un edificio de dos plantas, alquilado al municipio, que no cuenta con conexión a internet, al quedar inoperativa la antena parabólica hace dos años. Al costado de la fiscalía, en otro edificio alquilado, el sábado último se mudó el juzgado penal de Huepetuhe, luego de que se revelara que funcionaba en una casa alquilada a la familia Baca Casas.

Rodeada de campamentos mineros, esa fiscalía vive  amenazada. En una ocasión el notificador Roberto Quiñónez estuvo a punto de ser enterrado vivo, cuando llegó a un campamento a entregar una notificación. En toda la región Madre de Dios rige el nuevo Código Procesal Penal, por lo que el procesamiento de un crimen está en manos de los fiscales; al Poder Judicial solo van para escuchar la sentencia.

Mazuko, capital del distrito de Inambari, no tiene campamentos mineros cerca, pero es el principal punto de llegada, desde Cusco y Puno, a los campamentos Delta 1, Delta 2, Mega 11 o Mega 17. Por ahí también ingresa el combustible a la zona. Los camiones cisternas bajan el combustible, a través de largas mangueras, a balsas cisternas que lo llevan a la otra orilla del río Inambari, rumbo a Huepetuhe, Caychihe Colorado y otros asentamientos mineros.

En Mazuko también hay tres fiscales, cuando debería haber cinco. El asistente de fiscal nombrado cuando se creó esta sede es ahora el fiscal provincial principal. Los demás se fueron, los cambiaron o salieron por irregularidades. El local que ocupan, parcialmente deteriorado por las lluvias, fue cedido por el alcalde de Mazuko. “Por eso no investigan los casos de corrupción de las autoridades municipales”, se quejó el presidente del Frente de Defensa y Desarrollo de Inambari, Albino Mosquipa Salas.

Los fiscales que laboran en las proximidades de los centros mineros no pueden actuar contra la minería ilegal. Cualquier intervención o hallazgo que realicen debe ser notificada a la fiscalía contra los delitos ambientales que tienen su sede en las capitales de las regiones de Cusco y Madre de Dios.
En Puerto Maldonado, el fiscal supremo de Control Interno, Ramos Heredia, no encontró en su despacho al titular de la fiscalía provincial en materia ambiental y lavado de activos, Pedro Farfán Corrales. Nadie de su personal pudo dar razón de su paradero. Ese día debió reintegrarse a sus labores después de una licencia, pero aparentemente, explicó  alguien, el vuelo de Lima no llegó a tiempo.

Esta fiscalía tampoco tiene a su personal completo para atender más de 2,600 casos. El fiscal adjunto fue suspendido por una riña familiar, luego que el 31 de enero de este año logró que el juzgado penal colegiado de Tampobata dicte la primera sentencia por minería ilegal en el país. Benito Atauchi Huamán (quechuahablante), Richard Vargas Sánchez y Guido Mariño Calle fueron condenados a penas de 6 años, 5 años y 5 años de prisión, respectivamente, aunque todavía se discute el monto de la reparación civil.

Los tres fueron detenidos por realizar actividades mineras en la reserva de Tambopata durante un operativo policial el 6 de mayo del 2013.  De inmediato, como suele suceder en estos casos, los tres admitieron su responsabilidad y se acogieron al proceso de terminación anticipada, que les permitió negociar su pena con la fiscalía, aunque el juicio se dilató porque las diligencias se realizaban con el juzgado de investigación preparatoria de Mazuko, a tres horas de Puerto Maldonado. Todo parece indicar que mientras la fiscalía, la policía y el Poder Judicial no se refuercen y coordinen sus funciones, la minería seguirá impune.


Supremo Carlos Ramos: Se necesita más apoyo del gobierno


¿Cuál fue el objetivo de su visita a Madre de Dios?

Está relacionado estrictamente con la labor que cumple la fiscalía de control interno, supervisar el trabajo que realizan los fiscales en esta parte del Perú.

¿Qué ha encontrado?

De manera general, vemos que hay nuevas formas de criminalidad cuya incidencia aumenta como la trata de personas, la minería informal. Esto produce la necesidad de incrementar el servicio del Ministerio Público en esta parte del Perú. Debemos tener una nueva visión del apoyo y fortalecimiento de las fiscalías especializadas.

¿De qué manera?

Una fiscalía especializada no debe tener más de 2,500 expedientes. Se necesita una participación proactiva en la investigacion de los delitos de minería y tala ilegal, afectación al medio ambiente, para lo que se necesitan más fiscalías con un soporte tecnológico adecuado, con logística para el transporte y sobre todo una política desde el Estado, que debe dar los recursos necesarios. Sin ese apoyo del gobierno no podríamos incrementar las fiscalías.

Claves

El Ministerio Público y el Poder Judicial tienen terrenos en Huepetuhe para construir su propio local, pero les falta presupuesto.

El terreno de la fiscalía permanece abandonado y en cualquier momento puede ser invadido, advirtió la fiscal provincial Teresa Bustinza Fernández, coordinadora de las fiscalías de Huepetuhe.  

El presidente del PJ, Enrique Mendoza, dispuso esta semana que una comisión de la Gerencia General de su institución, al mando del ingeniero Gustavo García, realice los trabajos de reconocimiento, para buscar los recursos necesarios, en el próximo presupuesto anual.

http://www.larepublica.pe/20-03-2014/con-3-fiscales-y-11-pnp-se-combate-la-mineria-ilegal-en-huepetuhe