Cerrando filas a lo ilegal


El Estado fortalece su labor ante esta actividad ilícita que destruye el medioambiente, se alimenta del lavado de activos y promueve la trata de blancas, el trabajo infantil y otras actividades penadas, amén de generar pérdidas en el fisco. Hoy se fomenta la formalización de los mineros y se han multiplicado las interdicciones.

Dos mil 900 millones de dólares genera la minería ilegal en el Perú. Se calcula que tiene presencia en 21 de las 25 regiones del país, mas el 50% de esta actividad ilícita se concentra en Puno, Cusco y Madre de Dios. En esta última, ha destruido 68,000 hectáreas de bosque.


La destrucción del medioambiente en Madre de Dios ha sido muy mediatizada. Sin embargo, el mayor daño estaría en Puno, en las cuencas altas de los ríos Suche y Ramis. Ahí la minería ilegal a tajo abierto ha depredado 94,000 hectáreas. En la zona se realizaron dos megaoperativos –en noviembre y este mes–; se trata de una gran minería que utiliza 1,000 maquinarias grandes y 400 volquetes; que diariamente mueve hasta cinco veces la producción diaria de Southern Perú en la región Moquegua.

“Estamos en una guerra sin cuartel contra la minería ilegal, que genera contaminación ambiental y le hace un daño increíble al país. Y no vamos a detenernos hasta evitarla”, recuerda en el conversatorio de TV Andina Daniel Urresti, alto comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería, Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental. “Hasta 2011 no se hizo prácticamente nada y la minería ilegal fue creciendo. Hoy el gobierno al tratar de darle una solución y ve el tema desde el punto de vista social porque tenemos 70,000 mineros y detrás de cada uno hay una familia, casi 400,000 personas”, resume.

Si bien el minero informal se diferencia del ilegal porque realiza sus actividades en zonas permitidas y donde el daño ambiental es mínimo, “la realidad nos demuestra que la gran mayoría de los mineros en proceso de formalización se han dado cuenta de que si no lo hacen, pasará el tiempo y se convertirán en ilegales y serán erradicados”, dice Urresti.

El régimen especial de formalización –cuyo primero de los cinco pasos es la declaración de compromiso– tiene 77,000 mineros, entre personas naturales y jurídicas, quienes ya han firmado su declaración de compromiso. La lista se depuró hasta los 69,000. “Pero de ellos están realizando acciones realmente para formalizarse, aproximadamente 10,000. Los demás esperan un status quo para que, mientras siga el proceso de formalización, ellos pueden seguir operando”.

Acción multisectorial

El funcionario resalta que en la actualidad la erradicación de la minería está cambiando “porque hay, por primera vez, una coordinación efectiva entre el Poder Ejecutivo, Ministerio Público y Poder Judicial”. Y ya se cuenta con resultados medibles en sus dos frentes: la producción y la comercialización.

Urresti resume que en producción, además de las interdicciones, se han colocado diversos controles de insumos químicos. También hay buenos resultados en la comercialización, gracias al trabajo con Sunat.  

“Se ha descubierto que de las 120 empresas solo 40 tenían solidez histórica legal, las otras 80 eran empresas golondrinas, con la meta de exportar dos o tres toneladas y luego desaparecer. Hoy la Sunat ha montado un laboratorio donde define, de acuerdo a la coloratura y la calidad, de qué parte del Perú es el oro. Si viene de una parte que se sospecha que es ilegal, se inmovilaza momentáneamente la exportación y se inicia la investigación”, explica Urresti.

En la actualidad, cuatro empresas golondrinas han sido judicializadas y otras 38 están en plena investigación. “Con esta acción se ha paralizado toda la cadena, los acopiadores dejaron de comprar desde fines de diciembre, y eso ha dado como resultado que el gramo de oro, baje en boca de mina de 105 a 65 nuevos soles. Esto es importante porque la estrategia es que la minería ilegal deje de ser rentable”.

Accionar legal

Por su parte, el fiscal superior Antonio Fernández, coordinador de las fiscalías especializadas en materia ambiental, explica que desde febrero de 2012 existe un nuevo marco normativo que faculta a los fiscales a hacer acciones de interdicción, destruir la maquinaria y los insumos de la minería ilegal. Se está en plena implementación de un organismo estatal para almacenar y custodiar estos bienes.

Sin embargo, Fernández reconoce que “nos falta construir más el sistema jurisdiccional para erradicar estos delitos”. Si hablamos de sentencias efectivas, en Madre de Dios solo se dieron dos casos y 13 sentencias suspendidas. “Por eso saludamos la decisión del presidente del Poder Judicial de haber intervenido por 60 días la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios. Se está renovando el equipo humano y esto debe dar resultados con cárcel efectiva”.

La minería ilegal mueve mucho dinero y si hoy hay pocos procesados se debe a la corrupción de funcionarios. Fernández suma otros aspectos como la carencia en el Poder Judicial de juzgados especializados en material ambiental (salvo los dos últimos creados en diciembre y en plena implementación: Piura y Cusco), una capacitación de los jueces en materia ambiental y que los involucrados (“asesorados por grandes estudios limeños”) no tengan los vacíos legales que les ayudan a archivar sus procesos. 

Sin representatividad 

Los dirigentes de los gremios y federaciones de pequeños mineros que están convocando a una movilización para el 17 de marzo “representan poco”: varios no son mineros y no cuentan con actas de compromiso. Por ello, “en el futuro, no negociaremos con quienes no presenten su declaración de compromiso y demuestren que son mineros”, informa el alto comisionado Daniel Urresti.

Dice que estos dirigentes se han acostumbrado a que les financien sus actividades las plantas de tratamiento de Nasca y Chala. Ya las 21 plantas formales y en proceso de formalización de Nasca –donde recientemente se realizó una interdicción en cinco plantas ilegales–, se han comprometido a no financiar la protesta.

Por su parte, las plantas de Chala han aceptado que un equipo multisectorial vaya a fiscalizarlos y que las plantas ilegales sean interdictadas. Tampoco irán al paro, igual que los mineros de Arequipa, adelanta Urresti.

“Está claro que a esos dirigentes les mueve apoyar a los ilegales. No les interesa la formalización. Están pidiendo que Sunat deje de inmovilizar el oro ilegal, que no se realicen las interdicciones a los ilegales, que no se controle el combustible en Madre de Dios, que se remueva al ministro Pulgar-Vidal y al alto comisionado”.

Urresti explica que a futuro el Gobierno negociará directamente con las bases y no con estos dirigente, “que engañan a sus bases y lo único que quieren es crear caos. Hay una disposición del Presidente de la República para no retroceder en este tema”, finaliza. 


Proceso de formalización 

El 19 de abril vence el proceso de formalización para los mineros. Al día siguiente se iniciará la etapa de saneamiento para la cual trabaja una comisión especializada. Se analiza que los mineros que cuenten con acta de compromiso y contrato de explotación puedan presentar hasta diciembre el Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC), pero no podrán operar durante el proceso.  

http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia-cerrando-filas-a-ilegal-15995.aspx#.UxCSxON5M8E
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