El 2014 es un año especial para la niñez y para quienes estamos comprometidos en garantizar a niños, niñas y adolescentes su pleno desarrollo físico, mental y social. En noviembre, la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) cumple 25 años de promulgación.
La CDN establece en uno de sus artículos el “Interés Superior del Niño”. Es decir, que toda decisión que involucre a los infantes debe garantizar lo mejor para su desarrollo y bienestar.
A lo largo de estos años hemos aprendido que esta tarea no es fácil, que siempre está latente el riesgo de anteponer diversas libertades o que se privilegien situaciones de conflicto que vulneren los derechos de la infancia.
Por ello, la semana que pasó recibimos con alegría la noticia de la entrada en vigor el próximo 14 de abril del Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Se trata de una valiosa herramienta que garantiza la participación de niños y niñas en la defensa de sus derechos y refuerza su derecho a ser escuchados y al acceso a la justicia.
Este protocolo les da la potestad a niños y niñas, como individuos o en grupo, de denunciar violaciones específicas a sus derechos en virtud de la CDN, el Protocolo Facultativo relativo a los niños en los conflictos armados, y el Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en pornografía. Es necesario que antes se hayan agotado todas las instancias nacionales.
También faculta al Comité de los Derechos del Niño a iniciar una investigación sobre un presunto caso de vulneración de derechos. Igualmente, un Estado puede presentar una queja hacia otro Estado sin que se requiera la identificación individual de víctimas y sin que se limite a casos de violaciones graves o sistemáticas.
Es innegable que desde que se promulgó la CDN, millones de niños y niñas han podido ejercer sus derechos a la educación y a la salud, a crecer libres de violencia, a jugar y opinar, por citar algunos de sus derechos.
Sin embargo, todavía la infancia en el mundo es víctima de violencia sexual, explotación laboral, maltrato físico y de crímenes de guerra.
El Estado peruano está decidido a erradicar la violencia contra la infancia, la explotación sexual y laboral de niños y niñas, y su utilización en actos delictivos. Para hacerlo requiere de la participación y compromiso de las familias, y de que los propios niños puedan promover y velar por el respeto de sus derechos.
Confiamos en que el Perú reconocerá en el Tercer Protocolo una herramienta de apoyo para garantizar los derechos de la infancia y pronto se sumará a los diez estados del mundo que ya lo ratificaron. Así reafirmará su liderazgo regional y compromiso con la niñez y adolescencia.
