El Dr. Jorge Vega Fernández, Comisionado de la Adjuntía para la Niñez y la Adolescencia de la Defensoría del Pueblo presentará en Huánuco el Informe Defensorial 158 “La trata de personas en agravio de niños, niñas y adolescentes”, a fin de solicitar a las autoridades y funcionarios públicos del departamento fortalecer los sistemas descentralizados de protección para nuestra infancia y adolescencia.
La presentación se realizará en el auditorio del Grand Hotel Huánuco, el martes 3 de diciembre , donde también se informará sobre el seguimiento a las recomendaciones planteadas en el Informe Defensorial 126 para la aplicación de la justicia penal ante casos de violencia sexual perpetrados contra niños, niñas y adolescentes.
Cabe recordar que alrededor de 49 mil niñas y adolescentes fueron víctimas de violaciones sexuales en el país entre el 2008 y 2010, sin que los autores sean debidamente sancionados, ya que el 90 por ciento de estos casos se archivan creando una preocupante impunidad. De los más de 5 mil violaciones sexuales en el 2012[2], sólo se detuvieron a 2 mil 573 personas sindicadas de cometer este delito contra niñas y adolescentes, y sólo 332 de ellos han sido sentenciados. De enero a septiembre del 2013 el MIMP atendió 3056 casos de abuso sexual infantil de los cuales sólo 720 de los denunciados están procesados penalmente.
En Huánuco, durante el 2012, el Ministerio Público recibió 758 casos de abuso sexual infantil en todo el departamento, de los cuales 484 denuncias correspondían específicamente a violaciones sexuales. De enero a junio del 2013 ya tenían registrado 167 casos de violaciones sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
El Estado, a través del Ministerio de Justicia, sólo ha asignado 25 defensores públicos de víctimas para todo el país, 10 en Lima y los otros 15 repartidos en las principales ciudades del Perú, Huánuco no tiene ninguno, lo que muestra una disparidad desproporcionada para que niños, niñas y adolescentes accedan a la justicia, pues, mientras que para un agresor sexual el Estado le pone un abogado para garantizarle su derecho a la defensa, una niña o adolescente víctima de violencia sexual no tiene ese mismo beneficio en cantidad y accesibilidad.
Niñas y adolescentes víctimas
Según el Informe Defensorial Nº 158 sobre la trata de personas en agravio de niños, niñas y adolescentes, publicado en marzo de este año, el 63% de las víctimas de explotación sexual en el país son niñas y adolescentes mujeres, que son captadas mediante falsas ofertas de trabajo que se difunden en plazas, bodegas y mercados; y, que considera a Huánuco como uno de los principales lugares de captación para explotar sexualmente a adolescentes en campamentos mineros informales.
El puesto de periódicos de la Plaza Santo Domingo, en cuyos tablones de tripley también se difunden avisos informales de trabajo, sigue siendo el punto de captación para las bandas dedicadas a la trata de personas, quienes con falsas ofertas de trabajo engañan a las adolescentes sin saber a dónde van, qué tipo de trabajo les espera, o quién es el empleador, convirtiéndose en potenciales víctimas de la explotación sexual. Las municipalidades, como lo señala la Ley 28976 “Ley Marco de Licencia de Funcionamiento”, deben cumplir su obligación de verificar que las licencias otorgadas a ciertos establecimientos no excedan las funciones para las que se les otorgó dicha autorización; es decir, un puesto de periódico en una plazuela, una bodega o un mercado de abastos no es una agencia de empleo y menos un intermediario para conseguir trabajo.
Sin embargo, la explotación sexual comercial de niñas y adolescentes también puede esconderse en bares, cantinas, video pubs, night clubs y hasta discotecas. Sigue siendo tarea de los municipios verificar si las licencias que se entregan también a estos establecimientos cumplen con los requerimientos para funcionar o si están incurriendo en la propagación de estos delitos de explotación sexual contra las adolescentes; y es también tarea del gobierno regional tomar acciones frente a la minería ilegal, siempre asociada a este delito de explotación sexual de adolescentes, pues según la Dirección Regional de Energía y Minas, en Huánuco hay cerca de 400 empresas que operan de manera ilegal para extraer minerales en las provincias de Puerto Inca, Marañón, Leoncio Prado, Pachitea, Huamalies, Lauricocha, Ambo y Huánuco.
Este evento lo organiza la Defensoría del Pueblo con el apoyo del proyecto “Infancia sin violencia” que ejecuta Save the Children con su socia en Huánuco, Paz y Esperanza, que es financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
