El Balance 2013 de la lucha contra la trata de personas, concluye en primer lugar que este delito es aún un problema activo debido a la falta de interés político y el desconocimiento en cuanto a las prácticas que se deben llevar a cabo, y que se requiere un mayor presupuesto para enfrentarla.
Evidenciamos que, pese a que existen campañas y acciones preventivas del delito, es necesario un presupuesto adecuado para combatir esta problemática que envuelve una serie de consecuencias y se genera por factores que aún no se visibilizan como directamente relacionados en la consecución del delito como la minería informal, la falta de información en centros educativos, la necesidad de monitorear a las víctimas a través de servicios de salud y otras acciones que pueden colaborar en la prevención, detección y control del delito.
El Estado Peruano ha dispuesto solo el 0.000015% (S/.1’600,000.00 soles) del presupuesto nacional para la prevención y persecución de la trata de personas en el país, así como, para la asistencia y protección de las víctimas de este delito. Ínfimo porcentaje que contrasta con otros gastos onerosos que realiza el gobierno central, tales como la publicidad o la mejora de equipos para el canal estatal (30 millones de soles).
Por otro lado, el Sistema de Información Estratégica sobre la Trata de Personas (Sistra) que registra los casos llegados al Ministerio Público, señala que entre los años 2007 y 2013 se han registrado 1,548 casos, de los cuales el 50 % corresponden a explotación sexual, con un total de 2,426 víctimas. El 57 % de las víctimas son mujeres entre 13 y 17 años de edad.
Asimismo, CHS realizó una encuesta de percepción de los peruanos sobre el delito de trata de personas, cuyos resultados fueron consignados en la publicación Percepción y realidad: ¿hay trata de personas en el Perú?, demostrando que el delito se relaciona más con la explotación laboral en un 52.7 %; y con la explotación sexual en 51.6 %, teniendo en cuenta que la encuesta comprendía preguntas múltiples.
Se debe tener en cuenta que durante 2012, el Sistema alternativos RETA – PNP (que registraba las denuncias, operativos e investigaciones policiales en cada comisaría) reportó que el 59,9 % de los casos registrados correspondían a explotación sexual y el 11,9 % al delito de trata de personas genérica. Siete de cada 10 casos correspondían a explotación sexual.
A la fecha, Perú no cuenta con un registro de trata de personas capaz de recoger las denuncias que se producen a nivel policial que se encuentran en fase de investigación. El sistema RETA, se mantiene desde abril de 2012 inoperativo, hecho que ya se puso de manifiesto, expresando las fatales consecuencias de no contar a nivel nacional con datos fiables que permitan elaborar una estrategia firme de lucha contra el delito.
Asimismo es necesario impulsar la investigación de casos denunciados por desaparición, supuesto que estrechamente continúa vinculado a la trata de personas.
Las condiciones de pobreza en el país es solo uno de los factores aceleradores de la trata de personas, acompañada de la casi inexistente presencia del Estado en zonas como el Vraem, la triple frontera amazónica, la frontera norte del país y el altiplano peruano – boliviano.
Tras dos años de implementación del Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas, y a pesar de que este nació sin presupuesto, las instituciones continúan sin generar los mecanismos que permitan cumplir a cabalidad las responsabilidades que la legislación impone.
Como parte de la muestra de falta de voluntad política en la petición de información relacionada con la ejecución del Plan Nacional y cumplimiento del reglamento, solo 6 de los 12 ministerios relacionados con la ejecución respondieron a las peticiones.
Dentro de la asignación presupuestaria ministerial, solo el Ministerio del Interior reporta tener una asignación específica para atender la temática, mientras que por su parte, el portafolio de Trabajo refiere que dentro del presupuesto a otro rubro asignado enlaza actividades que tienen que ver con el Plan Nacional, en ese mismo sentido se encuentran los ministerios de Transportes y Comunicaciones y el de Comercio Exterior y Turismo.
Si bien todos los ministerios detallan actividades llevadas a cabo para combatir el fenómeno, la mayoría está centrada en acciones de corte preventivo, como talleres, charlas y convenciones. Son pocos los que atienden de manera directa la relación entre las responsabilidades según el Reglamento y los Objetivos específicos del Plan.
Durante el Balance sobre la implementación de la Ley 28950 y su reglamento realizado en el periodo 2010 – 2012, al Ministerio de Salud se le observó la necesidad de establecer medidas específicas para la atención integral de salud a víctimas de trata de personas. Además, se resaltó la importancia funcional del sector para elaborar estrategias para la detección de víctimas y servicios de salud, especialmente de aquellas que acuden a servicios de prevención de ITS y VIH; y la atención integral, especialmente la salud mental, incluyendo las que padecen enfermedades crónicas como consecuencia de la situación de explotación.
Otro hecho resaltante fue la reapertura del juicio oral del emblemático caso La Noche, donde, pese a que varios de los imputados volvieron a aparecer en esta nueva etapa y que el grupo de magistrados encargados fueron cambiados debido a malas prácticas con el anterior, el principal implicado aún se mantiene en condición de reo contumaz.
Al igual que balances anteriores, relatos de víctimas muestran diversos actos de corrupción así como conducta funcional indebida, como por ejemplo:
- Generar denuncias falsas por robo a clientes, a aquellas víctimas que pretenden escapar de los establecimientos en donde son explotadas.
- Inducir a las víctimas a afirmar declaraciones policiales exculpatorias de los denunciados.
- Realizar operativos con victimas menores de edad sin la debida presencia fiscal.
- Grabación de videos con el relato de las victimas menores de edad o exposición de imágenes de víctimas y familiares.
- Petición de cantidades económicas para la realización de operativos o diligencias policiales.
En agosto de 2013 un reportaje de un medio de comunicación mostró la corrupción existente en el paso de ciudadanos haitianos en el sur del Perú, especialmente en Madre de Dios. Se sabe actualmente que ciudadanos de dicha nacionalidad estarían siendo víctimas de trata de personas en esa localidad.
Queda mucho aún por realizar y en ese sentido el compromiso de CHS Alternativo se renueva, dirigiendo sus esfuerzos durante 2014 en exigir al Estado el presupuesto debido para combatir el execrable delito de la trata de personas.
