PROMSEX denuncia que el Congreso Peruano no garantiza los derechos de niños, niñas y adolescentes


Mientras Perú se suma a la celebración del Día Internacional de la Convención de los Derechos del Niño, el Congreso de la República legisla en contra los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Actualmente existe un dictamen en mayoría propuesto por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que se encuentra en agenda para su debate en el pleno del Congreso. Dicho dictamen plantea que la educación sexual integral no es responsabilidad del Estado sino de los padres y tutores. Según Promsex, este dictamen constituye un grave retroceso para los derechos de los niños, niñas y adolescentes en un país en el que la tasa de embarazos adolescentes no deseados afecta al 68,2% de las mujeres, y la mortalidad materna por suicidio se ha incrementado hasta alcanzar al 56% de adolescentes.

El Proyecto de Ley del Nuevo Código de Niños, Niñas y Adolescentes ha pasado por un largo proceso de revisión por dos comisiones del congreso: Justicia y Derechos Humanos y Mujer y Familia.

“La aprobación de este Código entraría en conflicto con el recién aprobado Plan Multisectorial para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 2013-2021. El Estado con este documento  se marcó el objetivo de reducirlos en un 20% mediante el acceso de los niños, niñas y adolescentes, sin un límite fijado de edad, a anticonceptivos modernos y a una educación sexual integral. Para su cumplimiento se le dotó de  un presupuesto total de 300.022.172 nuevos soles y se contempló la creación de un Comité de Seguimiento a nivel nacional. Sin embargo no se va a poder implementar este Plan, ni asegurar la educación sexual integral ni el acceso a métodos anticonceptivos para los adolescentes”, señala Brenda Alvarez, responsable de Incidencia Jurídica de Promsex.

“Creemos que las normas nacionales de tanta importancia deben de garantizar los derechos fundamentales de los niños y adolescentes y responder a los propios estándares normativos nacionales, como lo señala la Constitución, las sentencias del Tribunal Constitucional, y las normas internacionales”, sentencia la experta. 

Así, este artículo espinoso del dictamen plantea que el Estado únicamente se limite a brindar asistencia a los padres o tutores para orientar la educación sexual integral de sus hijos. Desde Promsex recuerdan que este  artículo entra en conflicto con la sentencia del Tribunal Constitucional emitida en diciembre del 2012 por la cual se ratificaba la titularidad de los derechos sexuales de los adolescentes mayores de 14 años y la obligación del Estado de generar todas las condiciones necesarias para que este derecho se ejerciera de manera efectiva. Además, como explica Brenda Álvarez: “La juventud no vive en una situación armónica con sus padres. La mayor parte de las situaciones de agresión que sufren vienen por personas de su entorno familiar”. 

Despenalización del aborto terapéutico en peligro:
Otro punto en cuestión del nuevo dictamen es que el derecho al concebido tiene una protección “especial y privilegiada” (Artículo IV). “Esto es penalizar el aborto terapéutico, dice Álvarez, que está legalizado en nuestro país desde 1924, pues se antepondría la vida del embrión frente a la de la mujer gestante que tiene la vida en peligro. 


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