La presidenta ejecutiva del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), Susana Chávez, manifestó que para lograr la reducción de indicadores de la trata de personas, el Estado “debe desarrollar estrategias en el campo social y debe estar presente a través de acciones concretas en la educación y la salud, teniendo en consideración las particularidades que ofrece la región Madre de Dios y el fenómeno de fiebre de oro”.
Chávez aconsejó desarrollar “una estrategia humanitaria” dirigida hacia las víctimas de la trata, asunto que hasta el momento ha estado ausente en las acciones estatales.
Asimismo, demandó que se realice una verificación de cuántos niños no van a las escuelas; y también indicó que debe tomar acciones para modificar las normas laborales, para contrarrestar no solamente los efectos de la trata, sino de la explotación laboral, consecuencias directas de la minería ilegal en Madre de Dios.
“Este problema (trata de personas) ocurre donde el Estado está ausente. No puede entenderse esta realidad si no se tiene claro la problemática”, expresó.
Manifestó que el Gobierno Regional de Madre de Dios, Chávez ha hecho esfuerzos con diversas instancias multisectoriales pero que necesita un apoyo político de alto nivel.
“No es fácil la intervención cuando hay autoridades inmersas en este delito”, denunció. Asimismo, recomendó atender este problema “no solamente de manera policial, sino socialmente”.
Cabe destacar que Promsex ha elaborado un estudio denominado “En Madre de Dios lo único que brilla es el oro”, el mismo que revela la ausencia de estrategias gubernamentales para atender las consecuencias que viene generando la fiebre del oro en esta región, como los graves impactos en la salud de las víctimas por la falta de acceso a los establecimiento de salud.
El informe indica que estos problemas son originados por la debilidad del Estado para poder brindar servicios de salud. La Pampa, área donde se realiza la minería ilegal y que está ubicada entre la carretera Interoceánica por el sur y el río Inambari por el norte, tiene una alta prevalencia de accidentes y que pese a ello solo cuenta con siete establecimientos de salud que carecen de las condiciones necesarias para atender los problemas de salud. A ello se agrega la inaccesibilidad impuesta por las denominadas “redes de seguridad” de la minería informal que opera en este lugar, que con el uso de la violencia impiden que las autoridades policiales y fiscales ingresar a las zona.
Estrategias como la Atención Integral de Salud a Poblaciones Excluidas y Dispersas (AISPED), no han sido pensadas para las víctimas de trata por lo que su alcance es deficitario. Tampoco se adecuan a las necesidades de esta población que, en su mayoría, son migrantes, indocumentados, quechua hablantes o nativos, que se trasladan a estas zonas enfrentándose a un hábitat totalmente inhóspito e insalubre, acrecentado por la terrible contaminación por mercurio.
La investigación se realizó con la colaboración de 40 informantes secretos quienes ayudaron a construir un perfil de salud de las víctimas de trata, quienes se encuentran afectadas por una serie de enfermedades.
El informe revela los principales problemas de los establecimientos de salud, sus precarias condiciones, ausencia de medios para traslado de paciente, ausencia de medios de comunicación, poca coordinación con autoridades de salud, barreras de idioma, junto al desconocimiento de cómo enfrentar el problema de la trata de personas.
