El Estado peruano tiene falta de voluntad política en la prevención y persecución del delito de trata de personas en el país, reflejada en una insuficiente asignación de recursos, concluyó hoy un balance presentado en el Congreso de Perú en el Día Nacional contra la Trata de Personas.
La organización no gubernamental Capital Humano y Social Alternativo realizó una revisión de las responsabilidades del Estado, en varios ministerios, definidas en el reglamento de la ley contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, aprobada en 2007.
El documento afirmó que "el cumplimiento de las responsabilidades que a cada institución compete se cruza con la falta de asignación financiera que viabilice llevarlas a cabo".
El Estado peruano ha dispuesto 1,6 millones de soles (medio millón de dólares) para la prevención y persecución de la trata o tráfico de personas, a pesar de que el presupuesto nacional para el 2013 ascendió a 108.000 millones de soles (38.500 millones de dólares).
"La asignación que confiere el Estado para atender la problemática resulta cuanto menos insuficiente", agregó el informe.
Las acciones del Estado están dirigidas en su mayoría a la realización de talleres, charlas y convenciones sobre la prevención del delito.
El balance recomendó invertir fondos que garanticen la capacitación y especialización de los operadores jurídicos, instrumento que "permitirá que el delito se visibilice no favoreciendo así la impunidad".
Asimismo, remarcó la necesidad de implementar un registro del delito capaz de brindar información confiable y completa que permita elaborar estrategias para enfrentarlo.
Al identificar las responsabilidades de cada institución, el informe señaló que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables "no ha logrado implementar ningún servicio de alojamiento transitorio para víctimas".
En el caso del ministerio de Salud, el informe afirmó que no hay ninguna dirección de esa entidad, norma técnica, protocolo o programa dirigido a la detección de víctimas de trata de personas en servicios de salud, especialmente aquellas que acuden a servicios de prevención de infecciones por transmisión sexual y VIH.
Respecto al ministerio del Interior, el documento resaltó la necesidad de reforzar el control migratorio en las zonas de frontera y la pertinencia de inversión tecnológica sin la cual no sería posible controlar el paso de las víctimas hacia dentro y fuera del territorio peruano.
Asimismo, señaló que Perú no cuenta con un registro de cifras del delito de trata de personas capaz de recoger las denuncias que se producen a nivel policial o que se encuentran en fase de investigación.
El informe recogió testimonios de víctimas que revelaron actos de corrupción en la Policía referidos a la formulación de denuncias falsas e inducir a las víctimas a firmar declaraciones exculpatorias de los denunciados, entre otras acciones. EFE
