En momentos en que el Estado Peruano declara que la seguridad ciudadana es una prioridad ineludible, el Ministerio del Interior con un presupuesto anual autorizado de más de 5,600 millones de soles no dispone de 600 soles para que la DIRINCRI pagué el servicio de Internet que permite el registro e investigación de los casos de trata de personas a nivel nacional.
Resulta incomprensible que un país con los excelentes resultados económicos, deba cerrar por falta de pago el RETA, la principal herramienta de investigación de uno de los delitos más violentos y execrables que existen en el mundo moderno, como es la esclavitud sexual y/o laboral.
Las más de 1600 víctimas registradas como rescatadas de la constante violación que implica la trata de personas no deben entender que un evento como este suceda en un país que se enorgullece de contar con el primer Registro Latinoamericano para la investigación de casos de Trata, con una Policía especializada y con un Plan Nacional que, en principio, debe guiar la acciones de prevención y persecución del delito en todo el país, así como la protección de víctimas y testigos.
En realidad es incomprensible para cualquier ciudadano que demande respeto por sus derechos. Por el derecho a la vida y a la libertad. Por el derecho a la seguridad y a la dignidad.
En ese sentido, este “corte del servicio por deuda”, guarda relación con la preocupación expresada por CHS Alternativo con respecto al financiamiento del Plan Nacional. Cuando en Octubre de 2011 se aprobó dicho Plan, nosotros lo aplaudimos, pero también denunciamos que el artículo 3 del Decreto Supremo destacaba que dicho Plan Nacional no contaba con financiamiento especial.
Y esa preocupación continúa vigente, pues a la luz de los hechos no hay dinero ni para lo más elemental: la línea telefónica y el internet.
¿Qué debemos esperar de la policía? ¿Cómo exigirle que haga su trabajo? ¿Qué dicen las autoridades? ¿Qué piensa el Presidente, que lidera la Seguridad Ciudadana en el Perú?
La Trata de Personas es un mal nacional. Se encuentra en todo el país y, lamentablemente, cuenta con la indolencia de autoridades y parte de la ciudadanía. Se instala en la informalidad. Busca el lucro, así les cueste la vida a las niñas y a los niños. Se prende del intercambio económico, cual sanguijuela, para obtener parte de las ganancias asociada a las inversiones.
Así, hay centros de trata de personas, como parte de la “cultura de entretenimiento”, en los puertos, cerca de los campamentos mineros o petroleros, en la construcción de grandes obras de infraestructura, en las ciudades grandes o medianas, en pueblos de paso como los que vemos en Madre de Dios o en Piura asociados a la minería informal.
Con una realidad así de cruda, el que un Ministerio con una gran responsabilidad en la persecución del delito no pague una cuenta menuda pese a contar con un presupuesto millonario, no sólo es inaudito, es indignante...pero sólo la indignación de todos hará que las cosas cambien.
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