(Entrevista) Reporte Alternativo Nº 89: López Wong: «La Unidad Central de Asistencia a Víctimas y Testigos necesita cerca de dieciciés millones de sol



La fiscal superior Rosario López Wong es la coordinadora de la Unidad Central de Asistencia a Víctimas y Testigos, un programa del Ministerio Público que se encarga de garantizar la integridad de todas aquellas personas que se encuentran inmersas en un proceso judicial por algún tipo de delito.

En la entrevista explica cuáles son sus alcances, cómo desarrolla sus tareas y cuántos ciudadanos se han visto beneficiados. De paso, también indica sus limitaciones en torno al presupuesto limitado que pone en riesgo a las víctimas.

¿A quiénes ayuda la Unidad Central de Asistencia a Víctimas y Testigos?
En principio, el Programa comprende a las víctimas de todos los delitos, incluyendo los de violencia familiar. Se inició el 2006 pero empezó a operar recién en el 2008.

¿Qué busca exactamente el Programa?
Antes, el imputado de un hecho solía contar con defensores para probar su inocencia mientras que la víctima no los tenía. Hoy, el nuevo Código Procesal Penal otorga a la víctima y testigo los mismos derechos y facultades del imputado. Entonces el objetivo del Programa es proteger a estas personas por cuanto son el único sustento probatorio del proceso.

¿Y por qué cuenta con un servicio de asistencia?
El hecho de participar en una investigación penal genera temor, inseguridad y preocupación en las víctimas y testigos, sobre todo si hay amenazas contra su vida. Antes las víctimas se quedaban en el vacío, lo cual explicaba ese número negro de casos que no eran denunciados.

Hoy cuentan con asistencia legal, social y psicológica.

¿Asistencia y protección es lo único que necesita una víctima?
Queremos implementar un sistema de seguimiento para víctimas y testigos porque no deberíamos perderlos de vista: queremos evitar su re-victimización.

¿Y pueden ya realizar ese seguimiento?
Pretendemos fortalecer el sistema, lo que significa que la víctima no necesariamente tenga que estar siempre con nosotros: puede ser derivada hacia otros circuitos. Por ejemplo, en el caso de trata de personas tenemos una coordinación efectiva con CHS Alternativo, y lo mismo con distintas instancias como hospitales y consultorios jurídicos.

¿Cuántas personas se han acogido en el Programa hasta ahora?
Cerca de veinte mil personas a nivel nacional y solo de los distritos judiciales donde está vigente el nuevo Código Procesal Penal –y que hasta el momento son 17 de 31-. Hay que recordar que desde el 2006 existe un calendario progresivo para completar todo el país. Este año deberán ingresar Huánuco, Loreto y El Santa –que debió ingresar al sistema el año pasado pero no lo hizo por falta de recursos-.

Y de las veinte mil víctimas acogidas, ¿cuántas eran de trata de personas?
No muchas en comparación con las de otros delitos: hasta el año pasado se contabilizaron 168 víctimas procedentes de once distritos judiciales. La mayoría sufrió fines de explotación sexual.

Y de esa cifra de veinte mil víctimas, ¿cuántas eran menores de edad?
Un gran porcentaje, diría que más de la mitad, porque llegan por casos de violación sexual. Casi siempre las víctimas son mujeres.

Mientras está en el Programa la víctima no puede trabajar. ¿Qué alternativa tiene en este aspecto?
Solo en casos muy extremos la víctima es obligada a salir de su lugar de residencia y perder, por tanto, su empleo. Con todo, hacemos trabajo social con ella y si vemos que ha de estar mucho tiempo con nosotros, le conseguimos una ocupación laboral así no lo necesite, pues el Programa le ofrece manutención.

¿En todo ese tiempo asisten a talleres o capacitaciones laborales?
No tenemos talleres que sean parte del Programa pero sí suelen ser derivadas a distintos circuitos de atención. Por ejemplo, Jhinna Pinchi [enlace] ha recibido clases de cosmetología para que más adelante pueda valerse por sí misma. Por ahora estamos analizando dónde colocar a las víctimas para que rehagan su vida sea estudiando o trabajando. En este aspecto, tenemos mucha ayuda de las parroquias.

Durante la entrevista usted ha mencionado que el Programa tiene problemas económicos. ¿Qué tan grave es esto?
Es muy grave porque nunca se entregó el presupuesto para el Programa de Asistencia y Protección de Víctimas y Testigos, si bien existe un decreto supremo de febrero del año 2010 que lo aprueba. Por eso es que hemos tenido que asumirlo a nivel institucional, con recursos del mismo Ministerio Público, y por eso es que muchas veces hemos tenido problemas para que el Programa nunca se detenga y dejemos a alguien sin apoyo.

¿Por qué el Programa necesita recursos? ¿Qué comprende?
No solo se trata de pagar los sueldos del personal y costear las oficinas en las que son atendidos las víctimas y testigos -lo que implica no solo contar con computadoras e impresoras sino también con sistemas de telefonía fijos y móviles-. Además, para los procesos de investigación se requieren equipos distorsionadores de voz, biombos, material de caracterizaciones y disfraces, así como también recursos para los traslados, los hospedajes y la alimentación -y en este punto no es solo para la víctima sino también para sus familiares, pues muchas veces tienen hijos pequeños-.

¿El Programa no cuenta con albergues?
No tenemos un sistema de albergues propios, y por lo tanto colocamos a las víctimas en instituciones privadas o públicas. Cuesta dinero el hecho de que las víctimas salgan del lugar en el que viven y se les mantenga temporalmente. Y eso que no hablamos de armas, vehículos o la unidad policial que debería trabajar con nosotros.

¿Cuánto dinero necesitaría la Unidad Central de Asistencia a Víctimas y Testigos?
Dieciséis millones de soles, es decir, cerca de cinco millones de dólares. En el presupuesto aprobado para el Ministerio Público no hay un fondo disponible con esa cantidad de dinero. Por eso buscamos recursos en otros rubros institucionales...

¿No se pone en riesgo a la víctima haciendo malabares con su lugar de destino o traslado?
Sí, y por eso es necesario que existan albergues: una gran deficiencia a nivel nacional. Con todo, implementar un centro de acogida requiere análisis: hay situaciones y lugares en los que un albergue no podría mostrarse como tal, no podría llevar un cartel que diga «Albergue para Víctimas y Testigos» porque su idea es el anonimato. Que los que ingresen allí no sean identificados ni estigmatizados por la población -sobre todo en casos de explotación sexual y violación sexual-.

La congresista Natalie Condori ha presentado un proyecto de ley para crear un fondo especial exterior al Programa. ¿Está de acuerdo o cree que este fondo debería ser administrado directamente por el Ministerio Público?
Debería ser administrada directamente por nuestra institución, porque el objetivo del Programa fue centralizar las normas dispersas sobre protección y asistencia de las víctimas y testigos, y evitar que otras instituciones del Estado malgasten esfuerzos y recursos.

¿Por qué el Ministerio Público debería responsabilizarse de ese fondo?
Es que si bien el proyecto de la congresista es positivo, preocupa el manejo de los recursos de ese fondo. Pongo un ejemplo: los casos de trata suelen ser muy rápidos de atender, en el sentido de que los requerimientos de las víctimas se presentan de inmediato y no hay mucho tiempo para pensar en soluciones. ¿Qué ocurriría si para ayudarlas primero tuviésemos que esperar a que el administrador del fondo verifique la información de sus casos?

Mientras eso sucede, cualquier cosa podría ocurrir a las víctimas o testigos...
Exacto, y como institución ya tenemos experiencia porque siempre debemos justificar el uso de los recursos. Es decir, si hay un pedido de protección, de inmediato empezamos a oficiar cuidándonos de que los papeleos y comprobaciones de su caso no impidan su protección. ¿Te imaginas si todo esto hubiese que derivarlo a otra instancia? Sería generar burocracia y dificultaría nuestra función.

Reporte Alternativo

http://www.chsalternativo.org/contenido.php?men=N&pad=475&pla=3&sal=2&id=E
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