Se estaría confundiendo trata de personas con prostitución en operativos de Madre de Dios. Hasta el momento la policía no ha registrado oficialmente ningún caso por este delito y la cantidad de detenidos como sospechosos no corresponde con la cifra de mujeres.
Una vez más, los operativos policiales con gran cobertura en medios no estarían teniendo el tratamiento adecuado para acabar con el delito de la trata de personas con fines de explotación sexual.
Resulta sorprendente considerar que de 293 personas rescatadas, solo 10 sean menores de edad, cuando se sabe que esta es la población más vulnerada en la zona. Más aún, resulta curioso que el Ministerio del Interior haya otorgado estas cifras con celeridad mencionando que todas las víctimas han sido forzadas a trabajar ofreciendo servicios sexuales, cuando se sabe que este tipo de delitos de trata solo se puede detectar a través de investigaciones a profundidad y labores de inteligencia.
Lo más probable es que las jóvenes halladas en los burdeles de Madre de Dios hayan estado ejerciendo simple prostitución, lo cual no es un delito penado en el país salvo en la figura del proxenetismo y el proxenetismo agravado con menores.
Lo que tampoco coincide con la información oficial es la cantidad de detenidos como supuestos tratantes. Solo cuatro sospechosos por 293 mujeres implicarían que cada uno de ellos habría estado a cargo de 73 víctimas, lo que no es viable en caso de trata debido al carácter subterráneo de este delito. Esta situación sí resulta factible, en cambio, bajo la modalidad de prostitución.
A todo esto habría que agregar que la cantidad de sospechosos detenidos es mínima considerando el despliegue de todo el operativo policial.
Por otro lado, tampoco existe una actualización de datos en el Sistema RETA-PNP dedicado a procesar la cantidad de acusaciones por trata de personas. Solo hasta el mes pasado este mostraba cero casos denunciados.
Asimismo, las zonas intervenidas recientemente en Madre de Dios no abarcan siquiera la mitad de lugares donde se producen casos de explotación sexual. Según nuestras propias investigaciones, estas ocurren en zonas de difícil acceso, a kilómetros de las principales carreteras de la región, y a las que solo se puede acceder a pie o motocicleta. Algunos de esos lugares son Delta Uno, El Mirador, Setapo y Huepetuhe.
Cabe destacar que la presencia del Estado y el gobierno regional en la zona intervenida es muy pobre, pues se sabe que allí solo se cuenta con 10 policías. Esto resulta complejo considerando que en Madre de Dios viven 120 mil habitantes, de los cuales alrededor de las dos terceras partes son migrantes, muchos convocados por actividades como la minería informal pero también por el negocio ilegal de combustible, el tráfico de madera y especies vegetales, entre otros. Es precisamente este público el que ha ampliado la demanda de servicios sexuales de adolescentes y mujeres en la zona.
Tampoco se cuenta con albergues para víctimas de trata y garitas de control en la región, pese a que esto último fue propuesto oficialmente hace dos años y que ahora nuevamente se vuelve a citar. Los albergues no solo sirven para asistir a las víctimas rescatadas, sino también para asegurar un traslado seguro a su lugar de origen, así como su asistencia médica, psicológica, social y legal.
Considerando esa situación, cabe preguntarse cómo hizo el Estado para poder atender a las 293 ciudadanas rescatadas en el operativo, en el sentido de las condiciones en las que se les tomó las declaraciones sin poner en riesgo sus vidas. Lo mismo habría que plantearse sobre la forma y el lugar donde se les brindará terapia y ayuda para su reinserción en sociedad.
Se aplaude la labor del Ministerio del Interior y sus intentos por resolver la delicada situación de cientos de víctimas de trata en la región de Madre de Dios, pero CHS Alternativo también considera que esto no se podrá lograr si antes no se establece toda una estrategia integral de acción que no solo permita desactivar las redes delictivas sino también proporcionar asistencia a las víctimas.
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